1. Se está celebrando
desde el 25 de noviembre, y nuevamente de forma virtual debido a la crisis
sanitaria, la segunda parte de la 109ª reunión anual de la Conferencia
Internacional del Trabajo, con fecha de finalización prevista para el 11 de
diciembre.
La primera parte
dela reunión tuvo lugar del 28 de mayo al 11 de junio, con la presentación por
el director general de la OIT, Guy Rider, de una Memoria muy relevante sobre el
mundo del trabajo y el impacto de la crisis que estamos viviendo desde marzo de
2020, que fue objeto de detallada atención por mi parte en esta entrada , y de la que permito recuperar ahora, ya que su contenido sigue completamente
vigente, unos fragmentos:
“Siempre partiendo
de los objetivos marcados en la Declaración del Centenario, y por ello
reiterando en buena medida, y adaptándola o modificándola cuando sea necesario,
el documento aborda en primer lugar las “medidas urgentes para promover una
recuperación centrada en las personas”, que pasan primeramente por un crecimiento económico y de empleo
inclusivos, entre cuyas medidas creo que debe destacarse la de “ofrecer
incentivos a los empleadores para que retengan a los trabajadores a pesar del
descenso de la actividad empresarial debido a la crisis, por ejemplo, mediante
el trabajo compartido, semanas de trabajo más cortas, subsidios salariales,
exenciones temporales del pago de impuestos y de cotizaciones a la seguridad
social, así como el acceso a medidas de apoyo a las empresas condicionadas a la
retención de los trabajadores”.
Respecto a la
protección de todos los trabajadores, la OIT recupera sus líneas básicas de
actuación a lo largo de toda su historia, poniendo el acento en “… el respeto
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; un salario mínimo
adecuado, establecido por ley o negociado; límites máximos al tiempo de
trabajo; la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, y la
seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta en particular los desafíos
que plantea la pandemia de COVID-19”.
No menos relevante
es que el avance tecnológico en el mundo laboral debe ir de la mano con el
respeto de la normas internacionales del trabajo y de la conciliación de la
vida laboral y la vida privada; muy importante igualmente es la defensa de “la
continua pertinencia de la relación de trabajo como medio para proporcionar
seguridad y protección jurídica a los trabajadores, reconociendo el alcance de
la informalidad y la urgente necesidad de emprender acciones efectivas para
lograr la transición a la formalidad”, y el logro del acceso universal a una
protección social “integral y adecuada, con pisos de protección social, que
asegure como mínimo que, durante el ciclo de vida, todas las personas que lo
necesiten tengan acceso a una seguridad básica del ingreso y a la atención de
salud esencial”.
En fin, qué les
parece en los tiempos que corren (¿se mantendrá en el texto final?) la mención
a “fortalecer el papel esencial que ejerce el sector público en el apoyo al
buen funcionamiento de la economía y la sociedad, reconociendo en particular la
importante función que desempeñan los sistemas públicos de salud y del cuidado
en tiempos de crisis sanitaria y en la prevención de futuras pandemias”.
Recordemos también
que fue objeto de debate el documento preparado sobre la protección social,
titulado “Forjar el futuro de la protección social para un mundo del trabajocentrado en las personas” ,
con varios puntos propuestos para el
debate .
Un texto, cuya
relectura cobra si cabe aún mayor interés en España debido a los debates
existentes sobre la reforma de contenidos muy importantes del sistema de
Seguridad Social y que de momento se han plasmado en el Proyecto de Ley degarantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzode la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones ,
que fue aprobado por el Pleno de Congreso de los Diputados el 2 de diciembre y
remitido al Senado para continuar la tramitación parlamentaria hasta su
definitiva aprobación y publicación en el BOE, en cuya exposición de motivos se
destaca la trascendencia política y social del texto en estos términos:
“El pasado 19 de
noviembre de 2020 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Informe de evaluación
y reforma del Pacto de Toledo en el que, por tercera vez desde su aprobación
inicial en 1995, se recogen un conjunto de recomendaciones que reivindican la
centralidad del sistema público de pensiones dentro del entramado institucional
que conforma nuestro Estado social y marca las líneas de actuación para la
defensa y mejora del citado sistema en los próximos años.
La relevancia de
este gran acuerdo político es extraordinaria en, al menos, cuatro planos. Para
empezar, la renovación del Pacto de Toledo supone el reforzamiento de las señas
de identidad de nuestra Seguridad Social despejando las incertidumbres que
derivan de la magnitud del reto demográfico provocado por la jubilación de la generación
del baby boom y de la orientación fallida de la reforma de 2013; y recuperando
la senda de la mejor tradición reformista en este ámbito que tiene como último
hito la reforma consensuada de 2011”.
El documento
presentado a la CIT aporta un dato tan significativo, a fin y efecto de
subrayar la importancia de adoptar las medidas necesarias para garantizar una
adecuada protección social, como es el de que el derecho humano a la seguridad social
todavía quejo lejos de una buena parte de la población mundial, ya que “sólo el
45 por ciento de dicha población cuenta con una cobertura efectiva de al menos
una protección social, mientras que 55
por ciento restante – unos 4.000 millones de personas – carece de
protección”, algo que demuestra el muy largo camino que queda por recorrer
hasta alcanzar la protección social universal tal como se plantea en la Agenda
2030 de la ONU.
Para lograr los
objetivos marcados, el documento propone ocho medidas que deben orientar la
actividad de la OIT de cara a 2030, desde un planteamiento general previo en el
que se destaca la importancia de “generar una mejor compresión de la
importancia de la solidaridad para corregir las deficiencias de cobertura y
financiación, y mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de
protección social”. Siendo relevantes sin duda todos ellos, me parece especial
importancia el séptimo, que reproduzco a continuación:
“Adaptar los
sistemas de protección social después de la crisis y en el contexto del futuro
del trabajo a fin de prestar apoyo y protección a los trabajadores y
empleadores en sus transiciones vitales y laborales, capacitarlos para
aprovechar las nuevas oportunidades y facilitar al mismo tiempo la recuperación
de la crisis de la COVID-19. Se prestará especial atención a las transiciones
de la escuela al trabajo y del trabajo a la jubilación, las transiciones en el
mercado de trabajo y la movilidad laboral, la migración laboral, la crianza y
el cuidado de los hijos, la rehabilitación y reinserción laboral, las
transiciones justas hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles y
las transiciones de la economía informal a la economía formal. Además, la
Oficina prestará apoyo a los mandantes para promover una mayor coherencia con
otros ámbitos de política como el empleo, el mercado de trabajo, la política
sectorial, las competencias, los salarios, la política fiscal y otros ámbitos
de política social. Ello podría implicar lo siguiente: transformar las medidas
de emergencia ad hoc de protección social en sistemas sostenibles de protección
social; elaborar orientaciones para garantizar que las plataformas digitales
cumplen la legislación nacional sobre seguridad social de los países de residencia
o empleo de los trabajadores; prestar asistencia a las empresas para garantizar
el acceso a protección social a los trabajadores que realizan tareas en sus
cadenas de suministro; formular políticas y medidas para proteger a los
trabajadores y sus familias afectados por crisis económicas, catástrofes
naturales, crisis sanitarias y perturbaciones de otro tipo (por ejemplo el
cambio climático y la degradación del medio ambiente); formular políticas y
medidas de protección social para facilitar una transición justa hacia
economías y sociedades ambientalmente sostenibles; y concertar e implementar
acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad social,
reforzando las medidas unilaterales e incluyendo disposiciones de protección
social en los acuerdos laborales bilaterales”.
2. La segundaparte de la 109ª reunión se centra en dos debates y discusiones de carácter general, ambos sin duda muy
importantes: el primero sobre las desigualdades y el mundo del trabajo, y el
segundo sobre las competencias y el aprendizaje permanente.
Mi atención se
centra principalmente en esta entrada en el documento que es el obligado punto
de referencia para los debates y discusiones sobre la primera temática
abordada, es decir las desigualdades y el mundo del trabajo, cuya última versión
data del 20 de octubre ,
y para el que la Oficina Internacional del Trabajo propuso estos tres puntospara discusión :
“¿Cómo han
evolucionado las desigualdades entre los países y dentro de ellos durante los
dos últimos decenios y cuáles han sido las consecuencias económicas y sociales
de esta evolución?
¿Cuáles han sido
las principales causas de las desigualdades dentro y fuera del mercado de
trabajo? ¿Qué políticas y medidas eficaces con perspectiva de género han
introducido los Estados Miembros para reducir las desigualdades dentro de los
países y promover el crecimiento de la productividad, asegurando al mismo
tiempo una distribución equitativa, en particular a través de las políticas e
instituciones del mercado de trabajo, la protección social y la política
fiscal? ¿En qué medida se deberían ajustar esas políticas y medidas teniendo en
cuenta las enseñanzas extraídas de la crisis generada por la COVID- 19? ¿Cuál
es la mejor combinación de políticas para reducir las desigualdades, promover
un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible, en particular en el contexto
de la recuperación tras la pandemia?
A la luz del mandato
de la OIT, ¿qué medidas deberían adoptar los mandantes de la OIT y la Oficina,
a nivel nacional e internacional, inclusive a través de alianzas de
colaboración y coherencia de las políticas, para reducir las desigualdades y
promover un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible, como lo preconiza
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en un mundo del trabajo en
transformación que se ha visto gravemente afectado por la pandemia de COVID-19?”.
3. No obstante, creo
importante, siquiera sea de forma muy esquemática, mencionar algunos contenidos
destacados del documento que está siendo debatido en el segundo bloque, el dedicado
a “Configurar las competencias y el aprendizaje permanente para el futuro deltrabajo” , presentado el 15 de julio, y con cuatro cuestionessometidas a debate , de las que destaco la segunda:
“¿Cómo configurar
y, de ser necesario, modernizar los elementos fundamentales de los sistemas de
competencias, a saber, las políticas, la gobernanza, la previsión de las necesidades,
la financiación y la ejecución, al tiempo que se afrontan los cambios y perturbaciones
provocados por la pandemia de COVID-19, a fin de: a) asegurar un acceso más
equitativo y efectivo a un aprendizaje permanente de calidad para desarrollar
las capacidades productivas y dar acceso al empleo pleno, productivo y
libremente elegido y al trabajo decente para todas las personas; b) reducir la
inadecuación y la infrautilización de las competencias, así como la segregación
de género; c) facilitar una participación más efectiva de los principales
actores (docentes, formadores, centros de EFTP y mandantes tripartitos); d)
aprovechar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para promover el
aprendizaje digital y la digitalización de los sistemas de competencias y
hacerlos accesibles a todos; e) reconocer todas las formas de aprendizaje
formal y, según proceda, las formas de aprendizaje informal y no formal; f)
promover el desarrollo de las competencias fundamentales (incluidas las
habilidades humanas y sociales), y g) fomentar una cultura y una mentalidad
adecuadas que favorezcan este proceso de transformación?
En el documento se
destaca la importancia de la permanente adecuación y perfeccionamiento de las
competencias, y del reciclaje profesional, en todas las etapas de la vida y no solo durante el período central de la
actividad laboral, considerándolo como una condición previa y una factor de
aceleración para que las personas “tengan
acceso a oportunidades de trabajo decente y para posibilitar una transición fluida
al mercado de trabajo y dentro del propio mercado de trabajo”, prestando especial
atención a las necesidades de aquellos grupos que más lo necesitan, que se
identifican en el documento como “las mujeres, las personas con empleo precario y todos los grupos
desfavorecidos y vulnerables”, y adaptándose a las necesidades más concretas de
los diversos territorios, en el bien entendido que, se subraya, “los sistemas
de educación y formación existentes en todo el mundo se enfrentan al imperativo
común de replantear, adoptar e implementar el aprendizaje permanente como
principio organizativo de la educación y el desarrollo de competencias, en cuyo
marco el diálogo social desempeña una función fundamental en todas las etapas del
desarrollo y aplicación de esas políticas y programas”.
También se pone de
manifiesto la muy estrecha relación que guardan el desarrollo de competencias,
la educación de calidad y el aprendizaje permanente para el empleo y el trabajo
decente con los compromisos políticos adquiridos por todos los Estados miembros
con la aprobación de loa Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, con
especial atención a la reconfiguración de los sistemas de educación y formación
para el mundo cada vez más cambiante en el que vivimos, algo que requiere sin
duda, se enfatiza en el documento, “invertir en la capacidad de los docentes y formadores
aprovechando las tecnologías digitales y los métodos innovadores y apoyando sus
derechos y la mejora de las condiciones de trabajo”.
4. Es muy recomendable
la lectura del documento “Las desigualdades y el mundo del trabajo”, tanto por
la calidad de su contenido y de las fuentes bibliográficas utilizadas, como por
los muy numerosos datos e informaciones que facilita sobre la realidad laboral
a escala mundial, en muchas ocasiones desconocida.
Sobre las aportaciones
del grupo de trabajadores para el debate puede leerse la nota informativa preparada
por la Confederación Sindical Mundial en la que, tras efectuar una síntesis del documento, se formulan propuestas
para enriquecer el debate, siendo destacadas a mi entender las que subrayan la
importancia de mejorar la distribución de la riqueza.
El proyecto de conclusiones fue presentado el 4 de diciembre y será objeto de debate y, en su caso, aprobación, la próxima semana.
En el documento de
trabajo se pone de manifiesto que al examinar las muy variadas formas de
desventajas que se dan en el mundo del trabajo, “todo parece indicar que la
pandemia mundial tiende a agravar las desigualdades y las divisiones de manera
totalmente insólita”, con importantes diferencias en términos de segmentaciones
por niveles de retribución, de protección social y de empleo, “entre hombres y
mujeres, personas de edad y jóvenes, y pueblos indígenas, migrantes, personas
con discapacidad y otros grupos”.
El objetivo del
documento, así se expone en su introducción, “es destacar la importancia
crucial del trabajo —teniendo en cuenta la constelación de condiciones del
mercado de trabajo, los derechos de los trabajadores, las instituciones laborales
y el desempeño económico y empresarial— para llegar a entender la desigualdad.
A lo largo del texto se hace hincapié en la desigualdad de los ingresos porque
es la clave para entender cómo las personas y sus familias obtienen su
sustento, dado que la gran mayoría de los ingresos de los hogares del mundo
proceden, de una u otra forma, del trabajo remunerado. Se analizan, desde la
óptica de la desigualdad de los ingresos, los distintos factores del mercado de
trabajo que determinan los niveles relativos de ingresos y la calidad de las
oportunidades de empleo, prestando atención a las divisiones interseccionales
que persisten entre los grupos que componen la fuerza de trabajo, en particular
las que se basan en el género, la edad, la educación, el estatus migratorio, la
raza y el origen étnico, la discapacidad y el grupo indígena o tribal, así como
entre los trabajadores de la economía formal y los de la economía informal”.
Un dato muy importante,
y completamente desconocido, me atrevo a afirmar, para gran parte de la población
mundial, es que hay 477 millones de personas indígenas, alrededor del 6 % de la
población mundial, con el dato muy preocupante de que el 19 % se encuentran en
situación de pobreza extrema; otro no menos importante, aunque mucho más conocido,
es que la población rural representa aún casi la mitad de la población mundial,
concretamente el 48 %.
Más conocidos,
pero no por ello deben dejarse de resaltar ya que demuestran claramente la
diversidad del mundo del trabajo por lo que respecta tanto a las condiciones
laborales como de protección social, son los datos de que nada mas ni nada
menos que el 61,2 % de la población ocupada a escala mundial, el 61,2 % del
total desempeña su actividad en la economía informal, , y que dentro de este
gran grupo “los trabajadores
independientes (con o sin empleados asalariados) representan el 47,7 por ciento
de los trabajadores del sector informal, los trabajadores asalariados el 36,2
por ciento y los trabajadores familiares auxiliares el 16,1 por ciento”, con
especial afectación por lo que respecta a los (inferiores) ingresos obtenidos
por las mujeres, aportándose el dato muy significativo de que “una mujer en la
economía informal gana, en promedio, el 47 por ciento del salario mensual de un
hombre en el empleo formal, un hombre con empleo asalariado en la economía
informal gana el equivalente al 66 por ciento, mientras que una mujer con
empleo asalariado formal gana, de media, el 79 por ciento de lo que ganaría un
hombre en la misma situación”. El impacto de la economía informal también es
muy significativo cuando examinamos los datos del nivel de pobreza, ya que, excluyendo
al sector de la agricultura, mientras que dicho nivel es del 15,1 % en el
empleo formal, se duplica hasta llegar al 31,3 % en el empleo informal.
Reitera el documento
una tesis ya expuesta en anteriores informes y que no parece que haya sido
tomada muy en consideración, al menos hasta el inicio de la crisis sanitaria,
cual es que los niveles de desigualdad son excesivos y por ello “socavan los
progresos sociales, ambientales y económicos”, o dicho de otra forma, pero con
contenido sustancialmente idéntico, los altos niveles de desigualdad de ingreso
“erosionan la cohesión social y aumentan el riesgo de inestabilidad y conflictos
sociales”, enfatizándose algo que hemos vivido muy recientemente, cual es que “en
algunos países con crecientes niveles de desigualdad —en especial cuando esta
va aparejada a un estancamiento de los ingresos medios— el malestar social ha
alcanzado a las clases medias y el pacto social ha empezado a quebrarse; esto
ha socavado la confianza de la población en las políticas y las instituciones
y, a veces, ha llegado incluso a provocar disturbios sociales. En casos más extremos,
la persistencia de las desigualdades y de la discriminación”.
Igualmente, se pone
el acento en el carácter “previo” de las desigualdades entre personas, y
grupos, antes de acceder al mercado de trabajo, ya que para muchas personas la
experiencia de la desigualdad “comienza con el nacimiento o a una edad
temprana, con oportunidades desiguales de acceso a la atención sanitaria, la
alfabetización o una educación de calidad debido a la pobreza, el género, la
situación familiar u otros factores, como la falta de condición o personalidad
jurídica, que más tarde se traduce casi inevitablemente en menos oportunidades
de empleo e ingresos más bajos”.
Con respecto a la
desigualdad de ingresos el estudio constata que América Latina y África son las
dos regiones menos igualitarias del mundo, y que en Asia es menor debido al
crecimiento económico en China e India, algo que no es óbice para que la
reducción de la pobreza haya ido acompañada de una mayor dispersión de los
ingresos desde el decenio de 1990, así como también que los niveles de desigualdad
de ingresos, desde el decenio de 1980, “aumentaron mucho mas en América del
Norte que en Europa”, si bien en general con una erosión progresiva de la clase
media, aportándose datos de la OCDE que ponen de relieve que “la proporción
media de personas que viven en hogares de ingresos medianos (definidos como los
hogares que perciben entre el 75 y el 200 por ciento de la mediana del ingreso
nacional) disminuyó del 64 por ciento a mediados del decenio de 1980 al 61 por
ciento a mediados del decenio de 2010”.
5. Desde la
perspectiva laboral, el capítulo del estudio que sin duda concitará mayor
interés para todas las personas interesadas en el mundo del trabajo, es el
segundo, en el que se examina cuál es el papel que cumple este en la desigualdad,
centrándose en “la distribución desigual del trabajo y los ingresos del
trabajo; el alcance de la desigualdad y discriminación de género en el mundo
del trabajo; el alcance de la informalidad como una de las causas principales
de desigualdad; los niveles y las diferencias de productividad entre las
empresas; los déficits de protección social, y la incidencia de los acuerdos
contractuales en las desigualdades”, alertando ya inicialmente de cuáles son
los grupos o colectivos que se han visto especialmente perjudicados por el
impacto de la COVID-19 sobre el mercado de trabajo, como han sido los trabajadores
con empleos mal remunerados y precarios o los trabajadores independientes con
ingresos bajos, las mujeres por la asunción mayoritaria de las tareas de
cuidados, y trabajadores de la economía
informal, que en realidad son, se subraya en el informe, “la mayoría de los
trabajadores de los países de renta baja”. Además, dentro de cada uno de estos
grupos ha habido subgrupos que se han visto especialmente perjudicados, como han
sido los jóvenes, migrantes y personas de comunidades étnicas o indígenas”, y
concretando aún más ha habido especial afectación negativa a quienes tenían un
nivel de formación bajo.
Al referirse a la
problemática de las personas que están fuera, involuntariamente, del mundo del
trabajo, el documento no opera sólo con el dato de las tasas de desempleo, sino
que presta también atención a las personas trabajadoras que desearían trabajar
más horas y también a quienes querrían trabajar pero no buscan empleo
activamente o no están disponibles para trabajar, siendo pues “fuerza potencial”.
Ello permite reflejar mucho más adecuadamente el número y porcentaje de
personas que desean cambiar su situación laboral, siendo un total de 473
millones, un 13,1 % de la población mundial, un porcentaje sensiblemente
superior al de la tasa de desempleo (5 %) (165, 119 y 188 millones de personas
respectivamente).
El estudio dedica
un amplio apartado a la desigualdad y discriminación por razón de género en el
mercado de trabajo, calificando ambas situaciones de “un fenómeno universal” y recordando, con sustento
tanto en las normas internacionales aprobadas como en los numerosos estudios
llevados a cabo al respecto, que aun cuando se ha avanzado mucho en materia de
educación, sigue existiendo la brecha de género en el empleo, con estos datos
muy significativos: “la probabilidad de las mujeres de acceder al empleo era
26,0 puntos porcentuales menor que la de los hombres. Sin embargo, en una
encuesta por muestreo de alcance mundial realizada en 2018, la mayoría de las
mujeres (70 por ciento) expresaron el deseo de tener un empleo remunerado 163.
A escala mundial, en las tres últimas décadas la brecha de género en el empleo
se ha reducido menos de 2 puntos porcentuales. Esa brecha sigue siendo muy
grande en los Estados Árabes, África Septentrional y Asia Meridional, regiones
que registran valores superiores a los 50 puntos porcentuales”. La brecha
salarial entre hombres y mujeres oscila entre el 13 % y 21 % según se trate de países
de ingreso bajo y de ingreso mediano-alto, con interseccionalidades que pueden
afectar aún más negativamente a una parte de la población femenina, como es el
caso de las mujeres indígenas y migrantes.
6. El documento
muestra también su preocupación por el impacto negativo que pueden tener las
nuevas (¿o no tan nuevas?) formas de prestación laboral en la llamada economía
de plataformas. Sin dejar de desconocer los aspectos positivos que pueden tener
esas formas de trabajo, en especial el trabajo en plataformas online, para una parte
de la población que tiene más dificultades para acceder a los mercados
regulares de trabajo, se enfatiza desde el plano negativo, y visto lo que está
ocurriendo en la realidad laboral del día a día en numerosos países no le falta
en absoluto razón, que “las nuevas formas de acuerdos contractuales pueden
contribuir a aumentar las desigualdades en el mercado de trabajo, ya que por lo
general ofrecen a los trabajadores una protección laboral limitada, cuya
naturaleza y alcance varían en función del tipo de contrato, y dejan a muchos
trabajadores con poca protección en el mercado de trabajo y frente a las
circunstancias adversas de la vida”.
Dicho sea incidentalmente,
cabe recordar que el día 8 de diciembre la Comisión Europea tiene previsto
presentar la propuesta de Directiva sobre la mejora de las condiciones de los
trabajadores y trabajadoras de empresas de plataforma digitales, habiéndose
solicitado por parte de varios ministros y ministras responsable de trabajo en
diversos Estados de la UE, por la Confederación Europea de Sindicatos, y por
varios grupos del Parlamento Europeo, en una carta abierta dirigida a la
presidencia de la Comisión que “debe establecer una presunción de
laboralidad que establezca el estatuto del trabajador como punto de partida. La
carga de la prueba debe transferirse del trabajador a la empresa de plataforma.
Merecen la pena ser mencionadas experiencias anteriores de países europeos en
los que se han dado pasos en esta dirección. Esto significa que los
trabajadores de las empresas de plataforma digitales son en principio
empleados, a menos que las plataformas digitales puedan demostrar que son
trabajadores por cuenta propia. Esto supondría un cambio con respecto a la
situación actual, en la que existe una presunción de trabajo por cuenta propia
por la que los trabajadores de plataformas digitales están deliberadamente
clasificados de forma errónea como trabajadores por cuenta propia y tienen que
demostrar que existe una relación laboral”.
Las diferencia
salariales entre trabajadores con contratos indefinidos y contratos de duración
determinadas son también subrayadas en el documento, Si para España se
constatan en el análisis del decir del salario del empleo principal, tal como
expuse en una entrada anterior ,
a escala mundial la OIT afirma que hay una diferencia “inexplicable”; de hasta
el 30 %, aun habiendo tenido ya en consideración las diferencias edad, educación,
ocupación y sector de actividad”.
7. La síntesis, y
propuestas, se encuentra en el capítulo IV, que lleva por título “Hacia un
crecimiento que beneficie a todos en condiciones de equidad y dignidad: respuesta
propuesta por la OIT a la desigualdad”, en el que, reiterando tesis ya
expuestas en los capítulos anteriores,
se manifiesta, con plena razón a mi parecer, que “no existen soluciones
universales, y las respuestas políticas deberán ser específicas para cada país,
teniendo en cuenta las diferentes opciones y las situaciones existentes a nivel
nacional, que difieren considerablemente entre los países según su nivel de
desarrollo o la región en la que se encuentren”, y siendo el último párrafo del
documento un muy claro ejemplo de la importancia que debe conferirse a la
reducción de la desigualdad si se quiere avanzar en el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de toda la población y de disponer de un trabajo decente y digno
para todas las personas trabajadoras: “Reducir las desigualdades es una
cuestión de voluntad, que depende de las decisiones que se tomen; y el coste de
la inacción aumenta cada día. En las últimas décadas se han tomado decisiones
de política que han exacerbado, incluso de manera involuntaria, diferentes
formas de desigualdad. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto —y en
muchos casos ha profundizado— algunas de estas desigualdades preexistentes, lo
que a su vez está socavando la capacidad de los países para generar respuestas
y adaptarse a la crisis. En muchos países, las desigualdades y sus devastadoras
consecuencias para las personas están poniendo en peligro la sostenibilidad
social y económica. En muchos lugares, los costes sociales y económicos de la
inacción aumentan cada día. Actuar contra las desigualdades se ha convertido en
un asunto de la máxima urgencia”.
Igualmente, me
parece importante reseñar el apartado 22 del proyecto de conclusiones, por el
mensaje claro y contundente que pretende transmitir:
“Para reducir las
desigualdades, alcanzar la justicia social y asegurar que nadie se quede atrás,
es necesario actuar simultáneamente en varios ámbitos de política, y deberían evitarse
los enfoques fragmentados y aislados. La reducción de las desigualdades en el contexto
de una recuperación inclusiva y centrada en las personas exige intervenciones combinadas,
coordinadas y coherentes a distintos niveles, atendiendo a las circunstancias específicas
de los países. La reducción de las desigualdades también exige reconocer que
existe una interconectividad entre las naciones y los pueblos. El
fortalecimiento bilateral, regional y multilateral de la [solidaridad y la]
cooperación también debe formar parte integral de una estrategia exitosa para
afrontar las desigualdades”.
Buena lectura.
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