La COVID y el mundo del trabajo. Notas a la Memoria del Director General de la OIT en la 109ª reunión de la CIT.

 

1. Hoy se reanuda la 109ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que por primera vez en su historia se celebra en formato virtual y dividida en dos partes en el tiempo, la primera desde su inauguración el 28 de mayo hasta el 19 de junio, y la segunda desde el 25 de noviembre al 11 de diciembre.

Y justamente hoy es un día importante ya que el Director General de la OIT, Guy Rider, presenta la Memoria como primer punto del orden del día, dedicada este año, como creo que no podía ser de otra forma, a “El trabajo en tiempo de a COVID”   ,  que además contiene el proyecto de documento final de la Conferencia que lleva por título “Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente”, que debería aprobarse durante la celebración de la “Cumbre sobre el mundo del trabajo” a celebrar los días 17 y 18.

En efecto, la recuperación centrada en las personas es el eje sobre el que gira la Memoria y que se completa, a efectos de un mucho más detallado conocimiento de los datos del mundo  del trabajo antes y durante la crisis sanitaria, con el Informe IV(objeto de debate en la segunda parte de la CIT) , dedicado a “Las desigualdades y el mundo del trabajo”,  y también en el muy recientemente presentado Informe sobre “Perspectivas sociales y de empleo en el mundo. Tendencias 2021”  (texto completo en inglés  y resumen en castellano  , cuya muy breve presentación en la página web ya da cuenta de la gravedad de la situación: “Se calcula que en 2020 se perdió el 8,8 por ciento del total de horas de trabajo, el equivalente a las horas trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo. Este indicador resumido refleja las distintas vías a través de las cuales la pandemia ha afectado a los mercados laborales” 

2. Justamente el Director General ya señala en la presentación de la Memoria que su intención es contribuir a tal recuperación y para ello analiza en el texto “el impacto social y económico de la crisis, la respuesta que se le ha dado, las lecciones que hemos aprendido hasta el momento y el desafío de construir mejor para el futuro en el marco de una recuperación centrada en las personas”, con el objetivo de cambiar una situación que ha llevado en pocos meses, y así se constata en la Memoria y en los demás documentos de la CIT y los informes periódicos efectuados sobre el impacto de la crisis, a “un importante retroceso en el desarrollo mundial y en el cumplimiento de la  Agenda 20230”.

La Memoria está estructurada en cinco capítulos, a los que se acompaña como anexo el citado Documento final de la Conferencia, que obviamente tiene como punto de referencia, con las inevitables y obligadas adaptaciones derivadas de la irrupción de la pandemia en la vida económica y social de todo el planeta, la Declaración sobre el futuro del trabajo adoptada por la anterior CIT, celebrada en junio de 2019, con ocasión de la celebración del centenario de la OIT.

En el primero se realiza una radiografía de cómo ha afectado esta crisis a un mundo del trabajo que se encontraba en transformación como consecuencia de cambios tecnológicos, demográficos y medioambientales, pasando el segundo a sintetizar las medidas adoptar para superar aquella, siendo necesario, y muy conveniente, acudir a los informes periódicos efectuados desde el inicio de la crisis sobre “La COVID y su impacto sobre el mundo del trabajo” para disponer de un más amplio conocimiento de todo ello. Del inmediato pasado, que aún sigue siendo presente en buena medida, da cuenta el capítulo tercero al abordarse “las lecciones que hemos aprendido”, que deja paso a propuestas para tratar, en el cuarto, “el camino de la recuperación”, y cuál debe ser la acción de la OIT en esta nueva fase post-pandemia (capítulo quinto)

Destaco a continuación aquellos contenidos de la Memoria que me parecen más relevantes, con la petición que formulo a todos los lectores y lectoras en todas aquellas ocasiones en las que lo considero necesario por su interés, cuál es que lean con atención e íntegramente el documento.

3. El capítulo I es la historia de una crisis que ha alterado y transformado la vida de millones de personas y que ha tenido consecuencias devastadoras sobre el mundo del trabajo, que queda reflejada en los datos que se aportan y que ponen de manifiesto la gravedad de una crisis que aún no puede en modo alguno darse por superada, y que tal como se explica en el Informe sobre tendencias y perspectivas del empleo seguirá teniendo serias repercusiones en términos de incremento del número de personas desempleadas durante lo que resta del año en curso y también durante 2022, con especial impacto sobre colectivos que ya habían sufrido con mayor dureza las consecuencias de crisis anteriores (jóvenes, mujeres, población migrante, personas con alguna discapacidad, quienes trabajan en la economía informal que son nada más ni nada menos que dos mil millones de personas, “seis de cada diez participantes en la fuerza de trabajo mundial” tal como se subraya en la Memoria).

Y también afecta de manera desigual al mundo empresarial, siendo las pequeñas y medianas empresas las más afectadas, poniéndose de manifiesto en los informes periódicos de la OIT que las pymes experimentan “un 50 por ciento más de dificultades financieras que las empresas más grandes”, sin olvidar ni mucho menos el impacto que la crisis ha tenido en las cadenas mundiales de suministro, calculándose que ha significado una pérdida de 96 millones de puestos de trabajo.

Con respecto a una cuestión de capital importancia, cual es la igualdad de género, tanto la Memoria como el Informe sobre Perspectivas sociales y de empleo en el mundo constatan la preocupación por lo que la crisis está significando de puesta en peligro de los avances conseguidos en este ámbito, ya que las mujeres “han sufrido mucho más pérdidas de empleo, a la vez que ha aumentado el tiempo de trabajo no remunerado”, alertando adicionalmente de que los retrocesos “son especialmente preocupantes en aquellas regiones donde las brechas de género ya eran muy acusada antes de la crisis”.

Las horas trabajadas en 2020 disminuyeron a escala mundial en un 9 % en comparación con el último trimestre de 2019, siendo el equivalente a una perdida de 255 millones de puestos de trabajo a jornada completa. La importancia y magnitud de este dato se comprueba cuando la Memoria subraya que su impacto “es cuatro veces mayor que el de crisis financiera de 2008”. En esa disminución influye tanto el número de personas que perdieron su empleo y aquellas que lo abandonaron (33 y 81 millones respectivamente) como quienes trabajaron en régimen de reducción de jornada y quienes mantuvieron la relación de trabajo en suspenso (el ejemplo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo en España es suficientemente significativo). Consecuencia de la reducción de las horas de trabajo fue la caída de los ingresos de las personas trabajadores, de tal forma que, sin contar las medidas de apoyo público instrumentadas en gran parte de los Estados miembros de la OIT, “los ingresos del trabajo se redujeron en un 8,3 por ciento en 2020 con respecto a los niveles anteriores a la pandemia”.

Y no solo es relevante la magnitud de los datos estadísticos de reducción de empleo y de tiempos de trabajo, y de aumento del desempleo, sino también sus consecuencias sociales y muy especialmente entre la juventud, alertándose por el Director General, con pleno acierto a mi parecer, que una de las patologías más peligrosas que podría causar la COVID-19, y me pregunto si ya la está causando, sería “el aumento del sentimiento de desencanto con las instituciones públicas y de desilusión con las perspectivas de trabajo futuras”.  

Corolario de todo lo anteriormente expuesto, y mucho más desarrollado tanto en la Memoria como en los documentos antes referenciados, es el incremento de las desigualdades en el mundo del trabajo, tanto entre países como entre grupos de personas. Así se sintetiza: “Las personas con salarios bajos, no calificadas y menos protegidas, las mujeres, los jóvenes y los migrantes se han llevado la peor parte de la crisis económica y social. Los países menos desarrollados han padecido más que las economías avanzadas. La pandemia profundiza la desigualdad, que ya alcanzaba niveles inaceptables, tanto dentro de los países como entre ellos. La OIT estima que el número de trabajadores que viven en situación de pobreza moderada o extrema aumentará 108 millones en 2020, revirtiendo cinco años de progreso continuado”.

Por ello, me parece necesario destacar como concluye el Informe sobre las desigualdades, tras haber efectuado un exhaustivo repaso de estas en todo los ámbitos geográficos y laborales: “Reducir las desigualdades es una cuestión de voluntad, que depende de las decisiones que se tomen; y el coste de la inacción aumenta cada día. En las últimas décadas se han tomado decisiones de política que han exacerbado, incluso de manera involuntaria, diferentes formas de desigualdad. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto —y en muchos casos ha profundizado— algunas de estas desigualdades preexistentes, lo que a su vez está socavando la capacidad de los países para generar respuestas y adaptarse a la crisis. En muchos países, las desigualdades y sus devastadoras consecuencias para las personas están poniendo en peligro la sostenibilidad social y económica. En muchos lugares, los costes sociales y económicos de la inacción aumentan cada día. Actuar contra las desigualdades se ha convertido en un asunto de la máxima urgencia”.

Cobra entonces si cabe más importancia el establecimiento y adopción de medidas que garanticen unas protección social plena, adecuada y sostenible, para toda la población trabajadora, y sobre ello se centra el Informe V, dedicado a “Forjar el futuro de laprotección social para un mundo del trabajo centrado en las personas”,  ya que “sólo el 45 por ciento de la población mundial cuenta con una cobertura efectiva de al menos una prestación social, mientras que el 55 por ciento restante – unos 4.000 millones de personas – carecen de protección”, siendo especialmente relevante que se defiende que la protección social deje de verse como un coste económico y pase a percibirse “como un requisitos previo para la dignidad humanas, la justicia social y el desarrollo sostenible”.

Entre las líneas de actuación propuestas se recoge que la OIT “Procurará prestar más apoyo a los Estados Miembros para formular y aplicar políticas de protección social que estén coordinadas con las políticas económicas y de empleo y se fundamenten en marcos jurídicos con perspectiva de género que incluyan a las personas con discapacidad, se basen en el diálogo social y tengan en cuenta las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Esta labor incluye prestar apoyo a los mandantes tripartitos en sus iniciativas para extender la cobertura a los trabajadores que todavía no cuentan con una protección adecuada (por ejemplo, los trabajadores de la economía rural, los trabajadores de las pymes, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores migrantes), mejorar la adecuación de las prestaciones y servicios, y abordar mejor las necesidades relacionadas con la asistencia a la infancia y los cuidados de larga duración”.

4. El capítulo segundo aborda las medidas adoptadas durante la crisis, a las que ya he prestado mi atención en varias ocasiones al examinar los informes periódicos sobre la COVID y el mundo del trabajo, reafirmándose el documento, y no le falta razón sino más bien todo lo contrario, en que a pesar de la gravedad de la situación “el mundo del trabajo hubiera salido mucho peor sin estos esfuerzos”.

Valgan estos datos para sustentar tal afirmación: las medidas fiscales instrumentadas en un periodo de doce meses fueron de cerca de 16 billones de dólares EEUU, “lo cual refleja un nivel de estímulo inédito en tiempos de paz”; en la UE “a finales de 2020, 35 millones de trabajadores se habían acogido a un plan de reducción del tiempo de trabajo, frente a 50 millones en los países de la OCDE en mayo de ese mismo año, lo que supone una cifra diez veces superior a la de la crisis financiera mundial”; hasta abril de este año la OIT había documentado “no menos de 1 622 nuevas medidas de protección social a las que se habían acogido cientos de millones de personas y que consistían en la ampliación o el ajuste de programas existentes o la creación de nuevos programas, en particular de transferencias directas en efectivo y ayudas de emergencia”, precisándose, en línea con lo anteriormente expuesto, que “el alcance que han tenido estas medidas es destacable, pero también pone de manifiesto las carencias de la adecuación y cobertura de los sistemas de protección social existentes”.

Entre las medidas instrumentadas en muchos países se encuentra el trabajo a distancia (regulado en España por el Real Decreto-Ley 28/2020 de 22 de septiembre, actualmente en fase de tramitación parlamentaria como proyecto de ley tras su convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados), del que se destacan sus aspectos positivos y también los conflictivos, es decir sus luces y sombras, encontrándose entre estas últimas “los problemas psicosociales y ergonómicos, así como los que se derivan de la falta de las estructuras habituales propias de los lugares de trabajo colectivos —ritmo de trabajo, tiempo de trabajo, interacción con otras personas, límites claros entre el trabajo y la vida privada”, y entre las primeras “mayor facilidad para organizar el tiempo de trabajo, posibilidad de que los mercados de trabajo sean más inclusivos, mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y eliminación del tiempo y el estrés de los trayectos entre el domicilio y el trabajo”.

Gran parte de las medidas adoptadas se acordaron en el seno del diálogo social abierto entre los agentes sociales y con la participación de las autoridades políticas competentes en cada Estado, principalmente en materia laboral y de protección social. Dado que el tripartismo es el santo y seña, el ADN, de la OIT, es lógico que se valore muy positivamente la implicación de todas las partes en la búsqueda de soluciones, con una llamada a su mantenimiento de manera permanente, y así se manifiesta de forma concluyente: “Es importante recurrir al diálogo social no solo en tiempos de crisis profundas, sino con carácter permanente, y mantener ese compromiso mientras dure la pandemia, a medida que aumenta la presión social, escasean los recursos y se aleja el consenso. Todas las partes deben asumir una responsabilidad compartida y emprender acciones conjuntas durante la pandemia, pero también en la etapa de recuperación”.

5. Es especialmente interesante la lectura del capítulo III dedicado a las lecciones que todos hemos aprendido de la crisis; bueno, no sé realmente si todos, pero si al menos todas aquellas personas que la han (hemos) vivido y sufrido, de forma directa o a través de nuestros familiares, amigos y/o compañeros de trabajo, siendo la más significativa a mi parecer, y está siendo machaconamente repetida por todos quienes conocen la gravedad de la situación a escala mundial, que estamos en presencia de problemas mundiales que requieren soluciones mundiales, y basta dedicar unos minutos de nuestro tiempo para conocer que está ocurriendo en cada uno de los cinco continentes, y en diferente importancia según los Estados, para constatar la veracidad de tal afirmación, y de ahí la importancia de las instituciones multilaterales como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud en el ámbito sanitario, la OIT en el laboral, y en nuestro ámbito territorial europeo la UE; y desde luego, sin olvidar ni mucho menos la importancia del papel que ha de jugar la ONU.

Así se expone en el documento: “En un momento de grandes tensiones geopolíticas y de escasa adhesión al multilateralismo, esta profusión de apoyo popular a la acción multilateral podría considerarse un resultado positivo de las enseñanzas extraídas de la pandemia. Pero solo tendrá sentido si los Gobiernos se muestran decididos a actuar en consecuencia. Diversas necesidades y problemas urgentes pondrán a prueba esa voluntad política: no solo será crucial emprender campañas de vacunación rápidas y equitativas, también será preciso impulsar una acción climática para neutralizar las emisiones de carbono, remediar las situaciones lacerantes de vulnerabilidad puestas al descubierto por la pandemia, ampliar la conectividad y un largo etcétera”. Y esa voluntad política pasa ineludiblemente por medidas que garanticen la financiación para llevar a cabo todas las acciones necesarias.  

La Memoria pone de manifiesto la falta de previsión para enfrentarse a situaciones como la resultante de la crisis, incluso poco antes de su inicio, así como también que se ha puesto de manifiesto, “de forma descarnada, la creciente existencia de desigualdades de todo tipo en nuestras sociedades, que, en su mayoría, se originan en el mundo del trabajo”, con el riesgo añadido de que una pandemia prolongada, que en estos momentos no parece previsible pero que tampoco puede descartarse en amplias zonas geográficas, “podría generar aún más desigualdades e injusticias en un futuro próximo”.

Más relevante aún, es que la desigualdad no es sólo económica, sino que tiene un carácter transversal ya que afecta a múltiples ámbitos de la vida de una persona, casi desde su nacimiento. En efecto, no se trata solo de la escala que una persona ocupe en la escala de ingresos y riqueza, sino que la desigualdad “también guarda relación con el acceso a la atención de la salud, las oportunidades educativas, la conectividad a Internet, la protección social, una vivienda digna, la situación financiera, el empleo formal, la justicia, los servicios públicos básicos, las vacunas y muchos otros factores”. O dicho de otra forma, pero llegando al mismo resultado: “Las ventajas y desventajas tienden a acumularse de tal manera que la desigualdad cuantitativa se transforma en injusticia estructural, en incapacidad crónica para poder aprovechar las oportunidades y acceder a la movilidad social, y, en definitiva, en exclusión”, habiéndose agudizado estos problemas “como consecuencia de la dinámica impuesta por la crisis”.

Y vuelve sobre los cambios operados en el mundo del trabajo, con particular atención al trabajo a distancia, para subrayar que la rapidez con que se han instrumentado, y su aceptación más o menos crítica, hubiera sido impensable en épocas “ordinarias”, apostando por lo que parece ser una tendencia que se irá desarrollando en años venideros cual es un “trabajo hibrido” o más exactamente un trabajo que combine la presencialidad con la virtualidad, siempre y cuando, permítanme que diga una perogrullada, sea posible combinarlas.

La Memoria es prudente, pues, respecto al futuro, y sí destaca que ahora que se ha experimentado, una vez superada la COVID “los empresarios y trabajadores ya no ser verán obligados a adoptar determinadas formas de trabajo, sino que podrán elegir entre diferentes opciones”. Y esas opciones han de seguir siendo válidas para todo el mundo del trabajo en general, y aquí la Memoria trae a colación la Declaración del Centenario de la OIT para volver a recordar y subrayar que “el futuro del trabajo no está predeterminado, sino que será el resultado de las preferencias de la sociedad y de las decisiones de los Gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores”.

6. ¿Cuál es el camino de la recuperación? Es probablemente a mi  parecer el capítulo más optimista de la Memoria, y que se manifiesta de forma muy clara en la afirmación de que “parece que se ha abierto el camino de la recuperación”. No obstante, la prudencia sigue siendo mucha en este texto, por las consecuencias de la crisis y por el agravamiento de las desigualdades entre Estados y entre grupos de personas.

No deja de ser significativo, y me parece muy acertado, que se cite a la “nueva economía” con valores éticos impulsada por el Papa Francisco, abriendo la vía para replantear las políticas económicas y sociales existentes, siendo un ejemplo recientísimo el acuerdo del G7 de introducir un impuesto mínimo internacional a las empresas transnacionales. También, que se abra la vía a la necesidad de un nuevo contrato social al haberse radicalmente alterado el existente desde la finalización de la segunda guerra mundial.

Y todo ello, nuevamente insisto, desde una visión transversal, ya que “la crisis provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto que solo es posible avanzar mediante la combinación de medidas sanitarias, económicas, sociales y humanitarias. Del mismo modo, también es necesario abordar de forma conjunta los aspectos de la recuperación y el desarrollo relativos a la salud, el medio ambiente, la educación, las finanzas, la digitalización, el trabajo y la sociedad, entre otros. Todos esos aspectos deben converger y tener cabida en procesos que reconozcan la complementariedad objetiva de los 17 ODS y en las políticas necesarias para avanzar hacia su consecución” Es lógico, y muy necesario también, que en esa recuperación se vuelva a recordar la importancia de una política que aborde el futuro del trabajo, tal como se recogió en la Declaración del Centenario, desde tres ámbitos: la potenciación de las capacidades de las personas, la de las instituciones de trabajo para garantizar una protección adecuada a todas las personas trabajadoras, y un crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

6. Para lograr todos estos objetivos es necesaria la plena implicación de la OIT y así se reconoce de forma expresa en el capítulo V que primero destaca lo ya hecho hasta ahora para pasar después a destacar que la CIT actual es una “excelente oportunidad” para fijar las nuevas líneas de actuación y de transmitir sin ambigüedades “un mensaje de esperanza y compromiso en el que establecerán cómo quieren que sea la recuperación y cómo van a colaborar para que esta recuperación contribuya a alcanzar el objetivo común de configurar el futuro del trabajo que convinieron hace dos años, al adoptar la Declaración del Centenario”.

Ese mensaje es el que se pretende que sea el documento final de la Conferencia, por lo que habrá que esperar a conocer las enmiendas que se presenten al mismo hasta llegar a su aprobación final. En cualquier caso, no creo que haya discrepancias sobre la tesis defendida en el proyecto de “acelerar la aplicación de la Declaración a través de medidas que incrementen su visibilidad y aumenten las inversiones”, que debe convertirse “en una prioridad esencial de las políticas públicas, la acción de las empresas y la cooperación internacional”.   

Siempre partiendo de los objetivos marcados en la Declaración del Centenario, y por ello reiterando en buena medida, y adaptándola o modificándola cuando sea necesario, el documento aborda en primer lugar las “medidas urgentes para promover una recuperación centrada en las personas”, que pasan primeramente por  un crecimiento económico y de empleo inclusivos, entre cuyas medidas creo que debe destacarse la de “ofrecer incentivos a los empleadores para que retengan a los trabajadores a pesar del descenso de la actividad empresarial debido a la crisis, por ejemplo, mediante el trabajo compartido, semanas de trabajo más cortas, subsidios salariales, exenciones temporales del pago de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social, así como el acceso a medidas de apoyo a las empresas condicionadas a la retención de los trabajadores”.

Respecto a la protección de todos los trabajadores, la OIT recupera sus líneas básicas de actuación a lo largo de toda su historia, poniendo el acento en “… el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; un salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado; límites máximos al tiempo de trabajo; la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, y la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta en particular los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19”.

No menos relevante es que el avance tecnológico en el mundo laboral debe ir de la mano con el respeto de la normas internacionales del trabajo y de la conciliación de la vida laboral y la vida privada; muy importante igualmente es la defensa de “la continua pertinencia de la relación de trabajo como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores, reconociendo el alcance de la informalidad y la urgente necesidad de emprender acciones efectivas para lograr la transición a la formalidad”, y el logro del acceso universal a una protección social “integral y adecuada, con pisos de protección social, que asegure como mínimo que, durante el ciclo de vida, todas las personas que lo necesiten tengan acceso a una seguridad básica del ingreso y a la atención de salud esencial”.

En fin, qué les parece en los tiempos que corren (¿se mantendrá en el texto final?) la mención a “fortalecer el papel esencial que ejerce el sector público en el apoyo al buen funcionamiento de la economía y la sociedad, reconociendo en particular la importante función que desempeñan los sistemas públicos de salud y del cuidado en tiempos de crisis sanitaria y en la prevención de futuras pandemias”.

Por último, en el apartado dedicado al liderazgo y apoyo de la OIT para una recuperación centrada en las personas, además de insistir en la importancia del diálogo social, se apuesta por llevar a cabo medidas de cooperación con los Estados miembros para “priorizar, en las políticas nacionales y en la cooperación para el desarrollo: la inversión en las instituciones del mercado de trabajo para trasponer las normas internacionales del trabajo a la legislación nacional y velar por su plena aplicación; el desarrollo de competencias y otras políticas activas del mercado de trabajo; la igualdad de género, y la financiación de la continuidad de la actividad de las empresas desproporcionadamente afectadas por la crisis, incluyendo las pequeñas y medianas empresas”.

7. Concluyo mi atenta lectura y examen de la Memoria del Director General en la 109ª CIT. Sin duda, me habré dejado muchas cosas igual de importantes en el tintero, perdón en el ordenador, si bien creo que he destacado aquellas de mayor relevancia. Ahora toca esperar y desear el éxito de esta CIT en la adopción de medidas que permitan proteger adecuadamente en materia laboral y de protección social a todas las personas trabajadoras.

Mientras tanto, buena lectura.