1. El 11 de septiembre se difundieron en la página web de la Confederación SindicalInternacional los resultados de la “Encuesta mundial 2020”, junto con una buena síntesis de estos en el artículo “La Encuesta Mundial de la CSI 2020 revela la urgente necesidad dereparar el Contrato Social
No tengo conocimiento, y me gustaría equivocarme, de que haya sido objeto, hasta este momento, de atención en los medios de comunicación y redes sociales, probablemente porque no se incluye a España entre los países en donde se llevó a cabo la encuesta, aunque también puede ser por los intensos debates que hay en nuestro país sobre cómo abordar la grave crisis económica y la dedicación casi exclusiva de los agentes sociales a negociar, junto con el gobierno, asuntos como la regulación del trabajo distancia, con avances muy importantes en el sector público que se concretarán la próxima semana y que hay que esperar que también se den en la regulación para el sector privado, y la prórroga, y en qué condiciones y para qué sectores y empresas, de los expedientes de regulación temporal de empleo, los tan conocidos (sin duda alguna de manera no deseada por muchas empresas y sus trabajadores y trabajadoras) ERTES.
2. Dado que la crisis sanitaria que vivimos es de alcance mundial, y las devastadoras consecuencias económicas y sociales que está teniendo también lo son, el conocimiento de cómo viven las y los trabajadores los problemas que les afectan tanto en su vida laboral como en cuanto que ciudadanos y ciudadanas me parece que es de extraordinaria importancia, y por ello es altamente recomendable la lectura de los resultados de la Encuesta Mundial 2020, que es continuación de las ya realizadas en 2012, 2013, 2014 y 2017, y también de las efectuadas en 2015, 2016 y 2019 sobre “Nuevos Frentes de la CSI”.
Cabe destacar que la encuesta se llevó a cabo entre el 12 de febrero y el 9 de marzo de este año, es decir justo antes de la declaración por la Organización Mundial de la Saludde la consideración de la Covid-19 como pandemia , y hay que añadir que durante los meses posteriores la CSI ha ido realizando periódicas encuestas sobre cómo afectaba la crisis a los trabajadores y trabajadoras, de las que he ido dando cuenta en este blog. Sirva como ejemplo una entradapublicada el 6 de junio en la que exponía que “Las Américas y Europa son los continentes más afectados, en el 100% de los países en las Américas y el 90% de los países en Europa indicaron que las compañías han empezado a despedir personal. En el 80% de los países en África y el 76% de los países en Asia-Pacífico hay compañías donde los trabajadores están perdiendo su empleo. Los resultados de la cuarta Encuesta Mundial de la CSI sobre el COVID-19, en la que participaron 130 sindicatos de 100 países –incluyendo 16 países del G20 y 32 de la OCDE– y realizada entre el 25 y el 28 de mayo de 2020, muestra que el mundo está al borde de la mayor crisis global en décadas, que afecta al empleo y los ingresos, y que hace que disminuya el apoyo a las medidas de Gobiernos y empleados”.
En la nota de prensa en la que se recogen los principales resultados de la encuesta 2020, tenemos conocimiento de los 16 países encuestados, con un total de 3.100 millones de personas mayores de 18 años, que representan el 56% de la población mundial: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica.
Se pone de manifiesto que “realizada antes de la propagación de la COVID-19, la Encuesta Mundial de la CSI 2020 aporta una desoladora imagen de un mundo precario donde predominan la ansiedad respecto al trabajo y la falta de confianza en los Gobiernos, además de una clara demanda por parte de la mayoría e la población reclamando un cambio”, y que sus resultados “constituyen una advertencia de que los Gobiernos deberán trabajar con los sindicatos y con la sociedad civil para asegurar que sus planes de recuperación creen confianza y resiliencia”. Muy dura es la valoración realizada por Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, para quien “Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 viene a sumarse a una crisis preexistente de bajos salarios y empleos inseguros. Una de cada dos personas no cuenta con un colchón financiero y no es capaz de ahorrar para hacer frente a futuras dificultades, dependiendo de cada paga para sobrevivir. Sin ahorros o al no disponer de una red de seguridad, millones de personas afrontaron la pandemia debiendo escoger entre seguir trabajando o morirse de hambre”.
La CSI constata la necesidad de tomar en consideración los resultados facilitados por la encuesta para seguir avanzando en las tres campañas que tiene en marcha, que abordan la democracia y la responsabilidad de los gobiernos, un nuevo contrato social, y la adaptación de los trabajos al clima y al empleo con una transición justa”, a fin y efecto de intentar dar un cambio a la situación que vivimos y “relegar al pasado” (tarea hercúlea, sin duda, a mi parecer y que no debe merecer más que el aplauso) “las fisuras que han creado ya enormes desigualdades de ingresos, raciales y de género, la desintegración de un mercado de trabajo regulado, una emergencia climática y el crecimiento desbocado de monopolios globales y una codicia corporativa sin freno –que está ocasionando gran parte del caos y la incertidumbre de nuestros días–“.
3. Justamente sobre dos de dichas “fisuras” las desigualdades de ingreso y de género, ahora unidas en una sola, se celebra el 18 de septiembre por primera vez el DíaInternacional de la Igualdad Salarial de las Naciones Unidas.
Para la ONU lajustificación de la lucha por igualdad salarial es algo más que evidente: “representa los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Esta lucha se basa en el compromiso de las Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y las niñas. En todas las regiones, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada en un 23% a nivel mundial. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres. El progreso para reducir esa brecha ha sido lento. Si bien se ha respaldado ampliamente la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, su aplicación en la práctica ha sido difícil”.
4. El título del resumen ejecutivo de la encuesta deja bien clara la preocupación ya manifestada en las referencias realizadas con anterioridad: “Un mundo en situación precaria y al borde del colapso”, que trae a mi memoria la extraordinaria serie “El colapso” , en la plataforma Filmin, que retrata, y ojala se quede en una ficción, como puede derrumbarse todo una sociedad ante una crisis como la que vivimos.
Partiendo, como ya he indicado, de que la encuesta se realizó ante de la crisis sanitaria, y que por consiguiente los datos serán peores en el momento actual, se afirma de forma contundente que “el contrato social se ha roto”, siendo una de las razones, y desde luego no la menos poderosa, que una de cada dos personas encuestadas no contaba con un colchón financiero, y que no era capaz de ahorrar para hacer frente a futuras dificultades, viviendo pues “al día”, o lo que es lo mismo “dependiendo de cada paga para sobrevivir”. Más preocupante aún, en perspectiva de futuro y pensando en cómo vive, y sufre, la crisis actual la juventud, es que el 42 % de las personas encuestadas pensaba que “la próxima generación tiene pocas probabilidades de encontrar un empleo digno”.
En la misma línea que el documento sindical, si bien centrándose en las perspectivas económicas, de preocupación por la situación actual y las perspectivas de futuro se encuentra la OCDE tal como se pone de manifiesto en su informe anual de “Perspectivaseconómicas provisionales”, hecho público el 16 de septiembre y sintetizado en una nota de prensa titulada “En un entorno de recuperación económica incierta es esencial generar confianza”.
Se subraya que “la incertidumbre sigue siendo elevada y la fortaleza de la recuperación varía notablemente en función de los países y los sectores empresariales. Las perspectivas de un crecimiento económico inclusivo, resiliente y sostenible dependerán de varios factores, como la probabilidad de que se produzcan nuevos brotes del virus, el grado de cumplimiento de las medidas sanitarias y de las restricciones, la confianza de consumidores y empresas, y la medida en que las ayudas públicas dirigidas a conservar empleos y apoyar a empresas logren impulsar la demanda”.
Me parece importante (“nunca es tarde si la dicha es buena”, aunque no se pueda aplicar el refrán a quienes sufrieron en sus carnes la decisiones anteriores) que en el informe se manifieste la necesidad de “no cometer los mismos errores que en recesiones anteriores” y que se destaque la necesidad de seguir prestando “apoyo fiscal, financiero y de otro tipo en la fase actual de la recuperación y durante 2021”. Tesis semejante fue la defendida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en el Parlamento Europeo el 16 de septiembre, en el que afirmó contundentemente que “está claro que no es el momento de retirar la ayuda”, ya que nuestras economías necesitan un apoyo político continuo y habrá que encontrar un delicado equilibrio entre la prestación de apoyo financiero y la garantía de sostenibilidad presupuestaria”.
5. Se afirma en la Encuesta que existe “ansiedad global en cuanto al mundo del trabajo”, y un dato de especial interés es la preocupación por la pérdida del puesto de trabajo, unido a la mala situación económica de su país y la preocupación por la poca influencia que tiene la población trabajadora sobre la toma de decisiones que le afectan directamente, mientras que es muy superior, y no sorprende dese luego esta apreciación, la influencia del mundo empresarial.
Hay especial interés por la creación de empleos en el ámbito de la economía de los cuidados (74 %), la potenciación del aprendizaje permanente para hacer frente a los retos que ya tenemos antes nosotros (69 %), y por la protección de la estabilidad en el empleo tanto de las y los trabajadores migrantes como de las personas del país encuestado. Sobre la necesaria adaptación de las personas trabajadoras, y de las empresas, a los cambios económicos y sociales también se manifiesta la OCDE en el informe antes citado, que pone de manifiesto la necesidad de “…lograr el equilibrio entre la prestación de apoyo inmediato para potenciar la recuperación y para animar a los trabajadores y las empresas de los sectores más afectados a dedicarse a actividades más prometedoras”.
¿Hay confianza en la actuación de los gobiernos? El interés de la población es que actúen para abordar la resolución de los problemas que más directamente les afectan, ahora centrados especialmente en los ámbitos sanitarios y del empleo, pero una parte nada menospreciable cree, y en muchas ocasiones no creo que les falte razón, que las medidas adoptadas no van precisamente en la dirección de atender los problemas de la población trabajadora, y se refleja de esta forma: “… casi la cuarta parte de los encuestados (22%) considera que las medidas de su Gobierno a este respecto les hacen sentir enojo. Apuntalando la sensación de que la democracia está en crisis, patente en otros resultados, una de cada tres personas (36%) siente enojo o desesperación al preguntarle su reacción respecto a las medidas del Gobierno para cubrir sus necesidades y las de su familia”. Mejoraría mucho la confianza de las personas encuestadas si los gobiernos incrementaran el salario mínimo y se comprometieran, en los términos reflejados en propuestas y documentos de la OIT, con el trabajo digno (64 %), e igualmente si responsabilizaran a sus empresas de como tratan a sus empleados y el medio ambiente (61 %)
5. Otro apartado de la encuesta aborda como llevar cabo transiciones justas respecto al cambio climático y la tecnología, figurando el primero entre las tres principales preocupaciones de la población mundial y que está enlazada con las que tienen quienes trabajan para saber cómo las decisiones políticas en este ámbito afectaran a sus empleos. Igual preocupación se manifiesta por la influencia de las grandes multinacionales tecnológicas no sólo sobre la vida de sus trabajadores y trabajadoras sino sobre la del conjunto de la población, y de ahí que haya un sentimiento ambivalente entre las personas encuestadas, ya que mientras que el 73 % piensan que “han tenido un impacto positivo haciendo la vida más fácil”, se añade inmediatamente por la restante que están teniendo un impacto negativo sobre la sociedad, con especial preocupación respecto al uso y abuso de sus datos personales, es decir de la desprotección que sufren para mantener su privacidad, por lo que no es de extrañar que un 66 % sea partidaria de incrementar la regulación de dichas empresas.
Puede observarse, en definitiva, la estrecha relación entre el cambo tecnológico, la problemática medioambiental y las desigualdades de género, subrayándose en la encuesta la necesidad de abordar la problemática de todos ellos, algo que desde una reflexión de alcance general ha sido también puesto de manifiesto muy recientemente por el profesor Ignacio Muro en un artículo justamente publicado el mismo dia de la publicación de la Encuesta Mundial y que lleva por título “El mundo del trabajoante el diálogo sobre un futuro alternativo”,
El autor subraya, con acierto a mi parecer que debe haber un diálogo permanente sobre todo ellos, y que “ese diálogo no puede ser abstracto ni elitista, sino que debe atraer la atención de los sujetos sociales que aportan las energías del cambio, comenzando por el mundo del trabajo y la actividad sindical”, destacando que “buena parte de la gente, y en particular del mundo del trabajo de los países desarrollados, está retornando a preocupaciones mucho más básicas que pivotan alrededor del miedo a la precariedad”, y que por ello “cómo conectar las soluciones a los problemas de este mundo a las necesidades concretas de los sectores precarizados que más padecen la desigualdad es la gran tarea del momento”.
6. Para una persona, como es mi caso, que opera en el ámbito de las relaciones de trabajo y que tiene como eje principal de su actividad el estudio de la normativa laboral y de seguridad social, y por supuesto de su efectiva aplicación, es satisfactorio comprobar los resultados de la encuesta respecto a la valoración positiva que se realiza de dicha normativa y de la actuación de las organizaciones sindicales en la defensa de los intereses de las personas trabajadoras, sin que existan diferencias relevantes en cuanto a los porcentajes según el grupo de edad y el género.
Especial interés tienen las y los encuestados en medidas normativas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo (92 %), pero no es mucho menos el de quienes defienden la potenciación de la negociación colectiva (85) y la instauración de un salario mínimo digno (88 %), el derecho de afiliación (81 %) y el derecho a la huelga (71 %). Otros derechos laborales y de protección social sobre cuya regulación se manifiestan positivamente las personas encuestadas guardan relación con buena parte de los pisos de protección social recogidos en la Recomendación 212 de2012 de la OIT : “… el 84% de los encuestados estaba a favor del acceso a la educación (90%), la sanidad (91%), pensiones de jubilación dignas (91%), licencia de maternidad remunerada (87%) y prestaciones por desempleo (84%).
7. En fin, no querría terminar estas notas sin dejar de subrayar, por su estrecha relación con toda la temática tratada en la encuesta de la CSI, algunas “preocupaciones sociales” manifestadas por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen en el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en el Parlamento Europeo el día 16. ya mencionado con anterioridad, y que deberían concretarse en medidas normativas en unos casos, y en efectiva aplicación en otras, en los próximos meses si se desea avanzar en la Europa Social.
La plena aplicación del programa SURE, enfatizando que “si Europa ha evitado hasta ahora el desempleo masivo observado en otros lugares, se debe en gran medida al hecho de que unos cuarenta millones de personas solicitaron acogerse a regímenes de reducción del tiempo de trabajo”.
La presentación de una propuesta para el establecimiento de “un marco para el salario mínimo”, que respetando plenamente la competencia de los Estados miembros en materia de negociación colectiva, permita a todas las personas trabajadoras disponer de unas condiciones salariales dignas, afirmando con contundencia que “en nuestra Unión la dignidad del trabajo es algo sagrado”, y que por ello hay que evitar que haya “trabajadores pobres” (working poors) con remuneraciones por debajo del nivel de pobreza que además de dañar esa dignidad de la personas trabajadora constituyen un dumping salarial ya que también “penaliza el empresario que paga salarios dignos y falsea la competencia leal en el mercado único”.
Respecto al cambio climático y su impacto sobre los empleos y los puestos de trabajo ante la reconversión de muchas actividades que puede significar, la presidenta manifestó que “tenemos una promesa solemne de no dejar a nadie atrás en esta transformación” que supondrá la aplicación del Pacto Verde Europeo, y que “con nuestro Fondo de Transición Justa apoyaremos a las regiones que deban realizar un cambio mayor y más costoso”.
No menos importante, tanto desde una perspectiva general como por el impacto que ya está teniendo, y que previsiblemente se incrementará en el próximo futuro, sobre el mundo del trabajo, son las manifestaciones vertidas sobre la inteligencia artificial, que “nos abrirá nuevos mundos… que también necesitan normas”, afirmando que “queremos un conjunto de normas que sitúe a las personas en el centro. Los algoritmos no deben ser una caja negra, y deben existir normas claras en caso de que algo salga mal. La Comisión propondrá una ley a tal efecto el próximo año”.
Mucho más generalista a mi parecer, y no es de extrañar dadas las dificultades existentes en la elaboración del nuevo Pacto Europeo sobre la Migración, fueron las tesis vertidas sobre la realidad migratoria, por lo que habrá que esperar a la próxima semana para conocer el contenido de dicho pacto y poder proceder a su análisis, si bien avanzó algunas pistas: “Adoptaremos un enfoque humano y humanitario. Salvar vidas en el mar no es una opción. Y aquellos países que cumplen sus obligaciones legales y morales o que están más expuestos que otros deben poder contar con la solidaridad del conjunto de nuestra Unión Europea. Garantizaremos un vínculo más estrecho entre asilo y retorno. Tenemos que establecer una línea divisoria clara entre los que tienen derecho a quedarse y los que no. Tomaremos iniciativas para luchar contra los traficantes, reforzar las fronteras exteriores, afianzar nuestras asociaciones externas y crear vías legales. Y nos aseguraremos de que las personas que tengan derecho a quedarse se integren y se sientan bienvenidos. Tienen un futuro por delante y no les faltan capacidades, energía ni talento.
En fin, quien desee profundizar en la problemática laboral y social de la Unión Europea deberá acudir al informe 2020 hecho publicado recientemente por la Comisión Europea, “Leaving no one behind and striving for more: fairness and solidarityin the European social market economy” y cuya nota de prensa, de la que ahora reproduzco un fragmento, de presentación nos proporciona una buena síntesis de su contenido:
“En la edición de 2020 del examen del empleo y la evolución social en Europa (ESDE) de la Comisión, titulada "No dejar a nadie atrás y esforzarse por conseguir más: equidad y solidaridad en la economía social de mercado europea" se explica por qué la equidad y la solidaridad social son más importantes que nunca. El examen proporciona un análisis basado en pruebas sobre cómo lograr una mayor equidad en toda la UE frente a crisis como la pandemia COVID-19 y los desafíos a largo plazo derivados del cambio estructural debido al envejecimiento demográfico, el cambio climático y la digitalización.
Como señala la ESDE, la pandemia COVID-19 está teniendo profundos efectos en la salud, la economía, el empleo y la sociedad, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables de la sociedad y amenazando gran parte de los progresos que la UE había logrado anteriormente en los mercados laborales y los resultados sociales. En este contexto, la ESDE de este año analiza la situación y los retos de la justicia social y la inclusión del crecimiento en la UE. También explora políticas e instrumentos específicos que pueden mejorar las perspectivas de una mayor justicia social y una mayor solidaridad en el futuro. La ESDE proporciona una base empírica para la reflexión sobre la forma en que la política puede ayudar a lograr la recuperación y una mayor normalización, satisfaciendo al mismo tiempo las expectativas de los europeos en materia de equidad y solidaridad….”.
Buena lectura.
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