viernes, 24 de julio de 2020

UE. Semestre europeo. Aprobación de la Recomendación sobre la política económica de la zona euro y de la Recomendación específica sobre España.


El Consejo europeo celebrado los días 17 a 21 de julio aprobó, además del trascendental acuerdo de reconstrucción económica y social, la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro, con fecha 20 de julio y publicada en el Diario Oficial de la UE el día 23.

Igualmente, aprobó el texto definitivo de las recomendaciones específicas dirigidas a cada país.


Adjunto a continuación el contenido específicamente laboral y de protección social de la Recomendación general, y también el texto comparado de la propuesta de Recomendación y el texto final para España, que como se podrá comprobar son casi prácticamente idénticos.

Buena lectura.  



  
“… (11) El pilar europeo de derechos sociales establece veinte principios para favorecer la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión sociales. Se ha concebido como un instrumento de orientación destinado a promover una convergencia al alza con vistas al logro de mejores condiciones de vida y de trabajo. Lograr unas economías y unas sociedades más fuertes e integradoras puede fomentar, a su vez, la resiliencia de la Unión y de la zona del euro. Las reformas y la inversión en la adquisición de cualificaciones, las transiciones laborales y una protección social más eficaz revisten asimismo importancia como medidas de acompañamiento en un proceso de transición justo y equitativo hacia una economía ecológica y digital. La plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales a todos los niveles, teniendo debidamente en cuenta las competencias respectivas, será esencial para promover la convergencia al alza.

(12) Las reformas que incrementan la participación en el mercado de trabajo, luchan contra el desempleo juvenil y de larga duración, promueven la creación de empleo de calidad, facilitan que las transiciones en el mercado laboral se resuelvan de manera satisfactoria, reducen la segmentación y promueven el diálogo social pueden contribuir a estimular un crecimiento integrador, mejorar la resiliencia económica y la estabilización automática, reducir las desigualdades y hacer frente a la pobreza y la exclusión social. El apoyo individualizado a la transición laboral, la formación y el reciclaje profesional son fundamentales para promover la oportuna reinserción de los solicitantes de empleo. Las políticas activas del mercado de trabajo deben integrarse correctamente con las políticas sociales y fomentar la integración activa en el mercado laboral y en la sociedad. El acceso a una educación y una formación de calidad a lo largo de la vida requiere una inversión adecuada destinada a mejorar el capital humano y las cualificaciones, también a la luz de la transición digital y ecológica. Ello contribuye a mejorar la empleabilidad, la productividad, la capacidad de innovación y los salarios a medio y largo plazo, aumentando la resiliencia de la zona del euro. La legislación en pro de la protección del empleo debe ofrecer condiciones de trabajo equitativas y dignas a todos los trabajadores, teniendo en cuenta especialmente las formas atípicas de empleo que están surgiendo y que brindan nuevas oportunidades, aunque también plantean retos desde la perspectiva la seguridad del empleo y la protección social.

Unos sistemas de protección social eficaces y sostenibles también son fundamentales para garantizar unos ingresos adecuados y el acceso a servicios de calidad. Las reformas de las pensiones y las políticas de conciliación de la vida profesional y la vida privada pueden contribuir de manera significativa a fomentar la participación en el mercado de trabajo, y, de este modo, salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas europeos de bienestar social. La reducción de la fiscalidad del trabajo en beneficio de otros factores podría orientarse de modo que favorezca a las personas con bajos niveles de ingresos o que aportan la segunda fuente de ingresos en un hogar. La participación de los interlocutores sociales en las reformas laborales, sociales y económicas es esencial con vistas a reforzar su responsabilización al respecto y apoyar la aplicación de estas. De forma similar, es beneficiosa la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es importante que los acuerdos colectivos contribuyan a los objetivos de las recomendaciones 1 a 5 abajo mencionadas respetando plenamente la autonomía de los interlocutores sociales.


RECOMIENDA que, durante el período 2020-2021, los Estados miembros de la zona del euro adopten individual y colectivamente medidas, dentro del Eurogrupo, con el fin de:
 1. En los Estados miembros de la zona del euro con déficits por cuenta corriente o con una deuda exterior elevada, proseguir las reformas para impulsar la competitividad y reducir la deuda externa. En los Estados miembros de la zona del euro con grandes superávits por cuenta corriente, reforzar las condiciones que favorecen el aumento de los salarios, respetando al mismo tiempo el papel de los interlocutores sociales, y aplicar medidas que fomenten la inversión pública y privada. En todos los Estados miembros, estimular la productividad mejorando el entorno empresarial y la calidad de las instituciones, y reforzar la resiliencia mediante la mejora del funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, en particular a través de la profundización del mercado único. Respaldar una transición justa e integradora hacia una economía ecológica y digital competitiva mediante inversiones tangibles e intangibles, tanto públicas como privadas.


... 3. Reforzar los sistemas de educación y formación y la inversión en la adquisición de cualificaciones. Aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que apoyan la integración en él y la resolución satisfactoria de las transiciones en el mercado de trabajo, en particular hacia la creación de más empleos en los sectores digital y ecológico. Promover la participación en el mercado laboral, en particular la de las mujeres y los grupos vulnerables, y desplazar la presión tributaria del trabajo hacia otros factores, en particular en beneficio de las personas que perciben pocos ingresos y las segundas fuentes de ingresos del hogar. Fomentar la creación de empleo de calidad y unas condiciones laborales justas, promover el equilibrio entre vida privada y vida laboral y abordar la segmentación del mercado laboral. Mejorar el acceso a unos sistemas de protección social adecuados y sostenibles. Aumentar la eficacia del diálogo social y promover la negociación colectiva.





RECOMIENDA a España que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

1. En consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.




2. Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones. Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital.

3. Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente  evitando retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible.

4. Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente.

RECOMIENDA a España que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:

1. Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales.

2. Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las capacidades. Reforzar la protección por desempleo, en particular para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital.

3. Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pymes y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible.


4. Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente.


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