Actualizo en
esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así
como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y
reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad
serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y
parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización,
y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen
más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo
con sus contenidos.
Dado que el número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy
difícil de seguir con regularidad, es necesario remitirse al Código electrónico “Covid-19 Derecho
Europeo, Estatal y Autonómico” https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355¬a=1&tab=2 que ha publicado el Boletín Oficial del
Estado y que se actualiza a medida que se van dictando
1. Diario de Sesiones del Senado.Pleno 2 de junio.
. A)
PREGUNTA SOBRE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON CARGO A LAS CUALES EL MINISTRO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES PRETENDE HACER FRENTE A LOS COSTES
DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.
(Núm. exp. 680/000130)
AUTOR: JAVIER PUENTE
REDONDO (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al
señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Pregunta del senador don Javier
Puente Redondo, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.
El señor PUENTE REDONDO: Gracias,
señora presidenta.
Buenas tardes.
Sean mis primeras palabras de
recuerdo y homenaje a las personas fallecidas en la tragedia de la COVID-19 y
vaya mi oración por todos ellos y mi más sentido pésame a todas las familias.
Buenas tardes, señor ministro. ¿Con
cargo a qué partidas presupuestarias pretende hacer frente a los costes del
ingreso mínimo vital? ¿Se reducirán las pensiones? ¿Se reducirán los sueldos de
los funcionarios?
Muchas gracias, señor ministro.
Señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
El señor MINISTRO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Señora presidenta,
señor senador Puente, creo que la mejor forma de contestar a su pregunta es
leerle lo que dice el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social:
La acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y
universal se financiará mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la
Seguridad Social. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor
ministro.
Tiene la palabra su señoría.
El señor PUENTE REDONDO: Gracias,
Me gustaría que esta medida tuviese
éxito, siendo el verdadero éxito que nadie tuviese que necesitarla porque todos
tuviésemos un empleo digno.
En relación con el presente, es una medida que
no viene a salvar al mundo puesto que ya existía en las comunidades autónomas
como renta mínima de inserción. Asociaciones como Cáritas, que con silencio
están realizando una enorme labor ayudando a miles de familias, confirman
aquello que todos estamos viendo: el incremento de la pobreza en los dos
últimos años. Considero que es totalmente necesaria esta medida extraordinaria
y completar esas ayudas de las comunidades autónomas para ayudar a las personas
más necesitadas.
En cuanto al futuro, desde una
posición totalmente constructiva, más que un ingreso mínimo a este Gobierno le
pedimos un mínimo de visión de futuro para entender que, si no se respalda a
los autónomos, a los empresarios, a los pequeños comerciantes, a los que crean
valor, vamos a tener un país cada vez más pobre. Igualmente, les pedimos un
mínimo de análisis para aceptar que, si no se pone un límite a este tipo de
medidas extraordinarias, terminan eliminando el incentivo a la búsqueda de
empleo. Señor ministro, le pedimos, de forma constructiva como digo, un mínimo
de respeto para quienes no tienen trabajo, para entender que, si no se promueve
el empleo, no se respeta la dignidad de las personas.
La mayoría de las personas, la
mayoría de los españoles no quieren vivir de subvenciones y sí de su propio
trabajo. El riesgo de los gobiernos populistas es siempre el mismo: son capaces
de repartir dinero, pero incapaces de generar empleo. Si solo legislamos
mínimos, nos vamos a ver en septiembre con más desempleo que nunca. ¿Dirán que
nadie lo esperaba, que nadie los avisó, como ya ha pasado con la crisis
sanitaria? Le reitero, señor ministro, que si no respaldan a los autónomos, a
los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, el paro va a ser
histórico en septiembre.
Finalmente, reitero la pregunta:
¿habrá alguna reducción en las pensiones o en los salarios de los funcionarios?
Muchísimas gracias, señor ministro.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador
Puente Redondo.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Respecto al último
punto que me plantea, ya entro directamente en el propio real decreto ley, que
me da la sensación de que no lo ha leído. La disposición adicional tercera
dice: Se fija el crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso vital en el
ejercicio del 2020. Por tanto, en la propia ley está ya el crédito
presupuestario incorporado.
La verdad es que, sinceramente, no
me parece bien; no me parece bien que intente dar la más mínima insinuación de
que algo como es el ingreso mínimo vital, que nos lo iban pidiendo año tras año
las autoridades europeas, el Consejo Europeo, desde el año 2014, insinúe usted
que se va a financiar por los pensionistas o por los funcionarios con lo que le
acabo de leer. Es que no me parece bien. (Aplausos).
Y ahora vamos al fondo de la
cuestión, a los incentivos al empleo. Tampoco, quizá, pudo leer el otro día un
artículo extenso del Financial Times
donde aparecía el ingreso mínimo vital que acabamos de aprobar como un ejemplo
para los demás países europeos, precisamente por los incentivos que creaban
empleo y por la modernidad a la hora de diseñar nuevos elementos en una
prestación y en una política pública de este tipo. Se está reflejando a nivel
internacional como un ejemplo justamente de incentivos. Yo le sugiero -no tengo
tiempo- que mire la cantidad de disposiciones en la ley donde aparecen
elementos justo en la dirección que usted plantea y que, por supuesto, no
existen en muchas de las prestaciones de las comunidades autónomas a las que ha
hecho referencia, porque el Consejo Europeo, justamente hace una semana, pero
lo lleva diciendo en las recomendaciones específicas que hace a España cada año
el Consejo Europeo, es decir, las autoridades europeas, nos llevan pidiendo
que, por favor, establezcamos un mínimo nacional, porque una prestación que
tiene como objetivo la redistribución de renta, tal como se despliega de forma
tan asimétrica y dispar entre los distintos territorios en España, al final
termina amplificando las desigualdades y no reduciéndolas. Por eso, hemos
introducido una prestación nacional que yo creo -me da la sensación- que
debería ser algo que generara el máximo consenso por parte de todos nosotros.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor
ministro.
B)
PREGUNTA SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PROLONGAR LOS EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) MÁS ALLÁ DEL 30 DE JUNIO.
(Núm.
exp. 680/000137)
AUTOR:
JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)
La señora PRESIDENTA: Preguntas
dirigidas a la señora ministra de Trabajo y Economía Social.
Pregunta del senador Martí... (Rumores.)
Silencio, por favor, no me
interrumpan.
Pregunta del senador Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario
Esquerra Republicana−EH Bildu.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MARTÍ DEULOFEU: Señora
ministra, quiero mostrar toda nuestra solidaridad con los trabajadores y
trabajadoras de Nissan.
La crisis sanitaria de la COVID−19 no debe
convertirse en un pretexto para precarizar aún más a las clases trabajadoras.
Pues bien, aunque teóricamente los ERE están prohibidos, la realidad es bien
distinta. El presidente Sánchez y usted misma confirmaron la prohibición de
despedir por razones de la COVID−19, pero existe una forma encubierta de ERE.
Así, muchas empresas alegan que el despido es a causa de la pandemia y pagan el
despido improcedente, o bien alegan que el trabajador ha mostrado un bajo rendimiento,
cuando lo que ha sucedido es que ha caído el volumen de trabajo. La única
diferencia es la penalización a la hora de pagar una indemnización por despido
improcedente, de 20 a 33 días; y esta es también una de las consecuencias
nefastas de la reforma laboral del 2012.
Aun así, los ERTE, con una
prestación que cubre el 70% del sueldo, son el único instrumento de la
autoridad laboral para proteger el empleo y evitar que las empresas recorten
sus plantillas en una crisis económica y social sin precedentes.
Por todo esto, señora ministra, le pregunto:
¿Tiene previsto el Gobierno prolongar los ERTE más allá del 30 de junio?
La
señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y
ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias. Buenas tardes, señor Martí.
Gracias por su pregunta, que creo
que es de máximo interés, aunque muestro disconformidad respecto al alcance
jurídico de la prohibición que hemos establecido en el artículo 2 del Real
Decreto Ley 9/2020. Y digo disconformidad, pero vamos a ver cómo resuelven los
tribunales respecto de cuál ha de ser la calificación de los despidos que se
produzcan por causas que tengan que ver con razones económicas, organizativas,
técnicas o de producción. Digo esto, porque estoy segura que muchos tribunales
van a decir que la calificación va a ser muy otra, y se van a distanciar de la
reflexión que usted ha hecho.
En cuanto a la cuestión que me formula, seré
clara. Como sabe, el miércoles de la semana pasada trabajó la comisión
tripartita, fruto del diálogo social; y doy las gracias, una vez más, a los
actores sociales y a esa mesa que inició entonces su andadura. Me consta que
esta semana seguirán trabajando y, desde luego, el Gobierno de España trabaja
para transitar hacia una segunda generación de ERTE que −ojalá no fuera así−
van a tener que extenderse más allá del 30 de junio. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias,
señora ministra.
Senador Martí Deulofeu, tiene usted
la palabra.
El señor MARTÍ DEULOFEU: En Cataluña,
de un total de 721 557 trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERTE a
fecha 1 de junio, se calcula que, aproximadamente unas 80 000 personas,
que tienen el derecho reconocido a la prestación, aún no han cobrado o no lo
han hecho correctamente; en numerosos casos, desde el mes de marzo. La
Generalitat de Catalunya ha recibido más de 3000 quejas. Los problemas de
gestión del SEPE claman al cielo. Las prestaciones, todas, tienen que pagarse
con carácter inmediato y, si fuera necesario, las entidades bancarias deberían
anticipar su cobro. Tenemos que respetar a las personas.
Ante un incremento del paro de más
del 18 por ciento en marzo y abril, no alcanzamos a comprender la reducción en
un 55% de la financiación de las políticas activas de ocupación de la
Generalitat de Catalunya, unos 215 millones de euros. La prolongación de
los ERTE va a ser necesaria más allá del 30 de junio −en esto, estamos de
acuerdo− y en algunos sectores, incluso, de doce meses.
Para finalizar y pensando en los
servicios de la temporada turística, muy presentes en Cataluña y en les comarques gironines, nos preocupa la
situación de los trabajadores fijos discontinuos, cientos de miles en todo el
Estado, cuya empresa no haya presentado un ERTE. Para aquellos que hayan
agotado la prestación de desempleo y no tengan derecho a volver a percibirla
por no haber cotizado el período suficiente, solo les queda la posibilidad de
cobrar una prestación no contributiva por un máximo de 90 días, tres meses.
Quizá, debería pensarse en crear una prestación equivalente a las condiciones
de los trabajadores sujetos a un ERTE –del 70% del sueldo− y por un período
similar al de la duración de la actividad de la temporada −unos seis meses−,
que genere el derecho a la prestación de desempleo.
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA:
Gracias, señoría.
Tiene la palabra la
señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y
ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Muchas gracias.
Señor Martí, fíjese que en el caso
de los trabajadores fijos discontinuos la norma propicia que se extienda su
protección hasta el 31 de diciembre, y fíjese también que fue modificada para
que se hiciera un buen uso de ella. La primera norma que formalizamos, en el
artículo 25 del Real Decreto 8/2020, ya permitía la protección de los fijos
discontinuos, pero observamos que las empresas no hacían el llamamiento, de tal
manera que quedaban desprotegidos y, por ello, se cambió la norma para que, a
día de hoy, a pesar de no existir llamamiento, tengan protección por desempleo.
Este es el único caso en el que tienen protección de desempleo garantizada y la
hemos extendido hasta el 31 de diciembre. Todo es mejorable, pero quiero
señalar que creo que la protección es positiva.
Respecto a los datos de Cataluña,
señor Martí, yo sé que siempre hay diferencias en cuanto a los datos pero,
desde luego, quiero señalar la colaboración del conseller de Treball, que es muy positiva. El conseller nos facilitó unos datos de impacto de ERTE de
prestaciones públicas, hasta el día 25 de mayo, de 718 825, personas, y
ayer mismo nos hablaban de 721 532. Hoy le consta al SEPE el abono total,
en número de prestaciones de ERTE pagadas, de 752 849 -es decir, por
encima de lo que la propia Generalitat reconoce-, con un total en Cataluña,
señor Martí, de prestaciones públicas, más allá de las de los ERTE, de
965 334. La nómina asciende, si me permite, a 982 millones de euros, que
junto con las cuotas de la Seguridad Social hacen un total de 1204 millones de
euros solo este mes en Cataluña. Creo que la clave de los ERTE es el
mantenimiento del empleo.
En relación con las empresas que ha
citado, el Ministerio de Trabajo ha dado instrucciones para que se vele por la
recuperación del dinero público, para que devuelvan hasta el último céntimo de
euro de lo que hayan percibido, y no solo en concepto de ERTE, porque hay otros
conceptos en materia laboral que tendrán que devolver.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora
ministra.
C) PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL
GOBIERNO PIENSA ADOPTAR PARA SUSPENDER LOS PLAZOS DE EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN
DE DESEMPLEO DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA.
(Núm. exp. 680/000138)
AUTOR: BERNAT PICORNELL
GRENZNER (GPERB)
La señora PRESIDENTA:
Pregunta del
senador Picornell, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH
Bildu.
Tiene la palabra su
señoría.
El señor PICORNELL
GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra,
Esquerra Republicana es absolutamente consciente de la dificultad de
gestionar un ministerio como el suyo, el Ministerio de Trabajo, ante una
situación de crisis social, de crisis laboral como la que estamos sufriendo
desde hace ya unas semanas. Créame que lo sabemos, porque también gestionamos
el Departament de Treball de la Generalitat y nos hacemos cargo de la magnitud
de la tragedia que tenemos encima; pero, aun así, en los momentos difíciles hay
que tomar decisiones valientes, decisiones que son necesarias e incluso diría
que hasta urgentes.
Usted sabe que estos últimos días en
Esquerra Republicana hemos estado negociando con su Gobierno la prórroga del
estado de alarma, que se debatirá mañana mismo en el Congreso. En este sentido,
aunque hemos llegado a un acuerdo, han quedado algunos temas encima de la mesa,
que para nosotros son absolutamente importantes. De hecho, ya hace dos meses
que presentamos una propuesta en el Congreso de los Diputados para que no se
descuenten los días de paro durante el tiempo que acabe durando el estado de
alarma. Usted sabe que preocupa a muchísimos ciudadanos y ciudadanas el que los
plazos de extinción no se hayan parado, que no se haya parado el reloj. De
hecho, la situación de paro −y usted lo sabe− va asociada inevitablemente a una
búsqueda activa de ocupación; una búsqueda activa de ocupación que de ningún
modo se ha podido desempeñar a lo largo de estas semanas, de estos meses, ni de
forma efectiva ni de forma real. Y no solo eso, también sabe que a partir del
séptimo mes la prestación de desempleo baja considerablemente para muchas
personas y, en consecuencia, habrá muchos que entraron con una situación en el
estado de alarma y saldrán absolutamente agraviados, en una situación peor. Por
lo tanto, señora ministra, nosotros le queríamos preguntar si van a parar el
reloj, si van a dar respuesta y salida a la propuesta de Esquerra Republicana
de parar el reloj y volver a la situación anterior a la proclamación del estado
de alarma.
Muchas gracias.
La
señora PRESIDENTA:
Gracias, senador Picornell.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y
ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, presidenta.
Señoría, es una pregunta muy
importante, que seguramente se harán muchos trabajadores y trabajadoras de este
país. Sinceramente, le agradezco su aportación y la reflexión de su grupo
político.
No sé si es una enorme responsabilidad,
que lo es, estar al frente en este momento del Ministerio de Trabajo y Economía
Social, pero tengo un referente: analizar la situación cuando gobernaba el
Partido Popular en España, y lo que sé es que en el Real Decreto 20/2012 se
recortó la prestación de desempleo 25 puntos. Quizás, mirándonos en ese espejo,
podemos decir en nombre del Gobierno de España que, lejos de hacer lo que se
hizo en la crisis financiera antecedente, hemos desplegado una enorme marea de
protección social para intentar amortiguar la enorme crisis en nuestro país,
que hoy ya es económica y social. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
ministra.
Senador Picornell, tiene la palabra.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, presidenta.
Señora ministra, estoy de acuerdo con su reflexión
respecto a la gestión del Partido Popular de la anterior crisis económica, pero
mucha gente está siguiendo esta intervención y espera una respuesta clara,
nítida.
Como le he dicho al principio, nos hacemos cargo de la
enorme dificultad en la que se encuentra usted al frente del Ministerio de
Trabajo. En cualquier caso, le rogamos encarecidamente que dé salida, que dé
respuesta a la propuesta de Esquerra Republicana de forma absolutamente urgente
porque, de hecho, si el Estado de alarma se va a acabar dentro de 15 días,
tenemos encima de la mesa una patata muy caliente. Por lo tanto, le pediría
claridad en su respuesta, una respuesta nítida que dé tranquilidad a muchos
trabajadores que hoy están sufriendo por esta situación. Estamos convencidos
que con usted vamos a poder llegar a un acuerdo a lo largo de los próximos días
y semanas, y así conseguir dar respuesta a la propuesta de Esquerra Republicana
de parar el reloj de la prestación de desempleo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz
Pérez): Señoría, querría poner en valor algunas de las medidas que, en tiempo
récord, ha llevado a cabo el Gobierno de España.
Antes hablábamos, y es cierto, de una protección
exhaustiva a los trabajadores que se acojan a los ERTE, que pueden acceder a la
prestación pública de desempleo incluso careciendo de los requisitos para poder
acceder a ella –esto es la primera vez que acontece− y, como usted mismo ha
dicho también, poniendo el contador a cero. Es decir, que les repondremos las
prestaciones a las que se acojan. Y no solamente esto, quiero poner en valor,
en nombre del Gobierno de España, ya que a pesar de no haber ratificado el
Convenio 189 de la OIT, por primera vez en la democracia española hemos
accedido a un subsidio de desempleo para las mujeres −y hablo en femenino−
trabajadoras del hogar, y creo que es muy positivo. Además, hemos intentado
crear un subsidio extraordinario ex novo
para acoger a los trabajadores con contratos temporales. También, como le he
respondido al señor Martí en la intervención anterior, hemos prolongado la protección
de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos hasta el 31 de diciembre,
en la convicción de que es un sector muy debilitado. Asimismo, hemos
establecido una prórroga automática, desde el SEPE, de todas las prestaciones y
de su gestión. También hemos llevado a cabo la protección para los trabajadores
y las trabajadoras de la cultura. Soy consciente de que habrá que hacer mucho
más.
Antes les daba los datos de prestaciones públicas en
Cataluña y ahora les voy a dar los datos de prestaciones públicas en toda
España. Hemos reconocido y pagado 5 988 572 prestaciones públicas,
por un valor de 5121 millones de euros. El compromiso de este Gobierno es
absoluto.
Por tanto, estudiaremos sus propuestas –le doy las
gracias−, con el fin de dar la protección que se merece a la gente de este país
que está sufriendo y, desde luego, a la que hemos de dar una salida. Fíjese,
comparemos el modelo de protección social con otros países no lejanos,
prendamos de lo que tenemos, velemos y cuidemos el servicio público de
desempleo y, desde luego, por las prestaciones públicas de desempleo.
Gracias. (Aplausos).
2.
LaAEPD analiza por primera vez el cumplimiento de la protección de datos en elámbito de la atención sociosanitaria 2 de
junio.
Las inspecciones de oficio de la
AEPD, que no tienen carácter sancionador sino preventivo, tratan de obtener una
visión integral para detectar deficiencias y plantear mejoras
El plan incluye recomendaciones
dirigidas a organismos públicos, empresas e instituciones titulares de centros
sociosanitarios que inciden en actuaciones necesarias para una correcta
aplicación del RGPD y la LOPDGDD
También incluye un decálogo que
resume las principales conclusiones y un grupo de preguntas y respuestas
frecuentes con las dudas recogidas a lo largo de su ejecución
Texto del plan de inspección de oficio de la atención sociosanitaria.
4. John Evans.. A global economy in uncharteredwaters 3 de junio.
Los comentaristas económicos han advertido que no se
deben establecer paralelos entre el impacto económico de la pandemia Covid-19 y
el de la crisis financiera de 2008-09 y la gran recesión subsiguiente.
Sin embargo, a medida que los países salen del bloqueo y
la atención se centra en evitar una depresión duradera, todavía se pueden
extraer lecciones del trauma económico más reciente. Cuando se produjo la
crisis financiera, las empresas que operaban en mercados laborales
"flexibles", como los Estados Unidos, despidieron a sus trabajadores
y el desempleo se disparó. Los sindicatos y las empresas de los mercados
laborales "corporativistas", sobre todo en Alemania, se unieron para
negociar acuerdos para mantener a los trabajadores empleados en las empresas
que se enfrentan a la caída de la demanda, a cambio de planes de trabajo a
corto plazo subvencionados. Cuando se produjo la recuperación, el empleo se
recuperó más rápidamente en ese país.
… La organización del trabajo cambiará mucho más
radicalmente de lo que se creía posible hace sólo tres meses: el crecimiento
del teletrabajo será sólo un ejemplo. Se necesitan negociaciones para proteger
a los trabajadores en nuevas formas de trabajo, esto requiere una mayor
sindicalización. Hay que alentar a los trabajadores a que se afilien o formen
sindicatos, y no penalizarlos. Hay que dar a los empleados derechos de
codeterminación, información y negociación, a cambio de los sacrificios
sociales realizados durante la pandemia. Existe la oportunidad de ampliar la
verdadera democracia industrial.
Un nuevo contrato social posterior a la crisis debe
garantizar un salario decente, condiciones de trabajo y seguridad para los
grupos de trabajadores hasta ahora olvidados.
5. Elisa de la Nuez
Sánchez-Cascado Ingreso mínimo vital: laregulación del Real Decreto-ley 20/2020
3 de junio.
El 1 de junio
de 2020 se publicó en el BOE el RDley 20/2020 de 29 de mayo por el que se
establece el ingreso mínimo vital, cuya Exposición de Motivos –para variar-
resulta de muy recomendable lectura, al contener un resumen muy ilustrativo de
la literatura existente en la materia, así como de los datos sobre la pobreza
en España. Esto demuestra que esta norma tiene un trabajo técnico importante
detrás, lo que siempre es muy de agradecer y más en los tiempos que corren. Es
también lo que se desprende de su articulado. Más allá de las valoraciones
económicas, que exceden del ámbito de mis competencias profesionales, lo cierto
es que la primera impresión técnica de la norma es muy buena. En cuanto a la
valoración política, considero que es un avance importantísimo para nuestro
Estado del bienestar pero también una forma de abrir la puerta a muchos
conciudadanos para salir de la trampa de la pobreza y para poder tener las
oportunidades en la vida que los más privilegiados solemos dar por descontadas.
A continuación, me referiré a los aspectos esenciales de su regulación,
siguiendo la estructura de la norma y la presentación que se realiza en la
propia Exposición de Motivos.
6. UGT Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’ingrés mínim vital 1 de junio.
La aprobación
del Ingreso mínimo vital y su puesta en marcha inmediata significa que se
empezará a proteger un colectivo que ahora mismo está fuera de la red de
protección social y que no está recibiendo ningún tipo de cobertura económica
7. David Carrizo Aguado . Balón de oxígeno para los extranjeros en
España: prórroga a sus autorizaciones 3
de junio.
El Derecho de
Extranjería, sustentado esencialmente por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero y, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, impone al extranjero el
deber de renovar su autorización de residencia y/o trabajo cuando esta presenta
carácter temporal. De igual forma, exige solicitar la prórroga de la
autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no
laborales o servicios de voluntariado. Tal renovación, debe peticionarse
durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la
vigencia de esta, así como dentro de los noventa días naturales posteriores a
la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización.
Con motivo de
la pandemia ocasionada por la COVID-19 se ha materializado la imposibilidad de
presentar las solicitudes de renovación; ello está generando gran inseguridad
jurídica tanto para los extranjeros que se hallan en España, como para los
empleadores y, el resto de operadores sociales y económicos.
Así las cosas,
ante esta extraordinaria situación y evitar que, una vez se levante el estado
de alarma, los extranjeros puedan hallarse en una situación de irregularidad
sobrevenida, es necesario proceder a prorrogar automáticamente todas aquellas
autorizaciones que venzan durante la vigencia del estado de alarma. De esta
suerte, queda erigido por la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que
se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y
residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (BOE núm. 142 de 20 de mayo de 2020), la prórroga
automática que surtirá efectos a partir del día siguiente al de la caducidad de
la autorización y se extenderá durante los seis meses siguientes a la
finalización del estado de alarma.
…. Indudablemente,
esta decisión gubernativa va a suponer un alivio para el conjunto de
extranjeros residentes en España que, incluso, antes de la pandemia, padecían
intensos meses de espera para renovar cualquiera de sus documentos públicos,
fruto del colapso de las administraciones competentes en materia de
Extranjería.
8. Francisco Longo, Eloisa del Pino Matute y Víctor Lapuente Por un sectorpúblico capaz de liderar la recuperación. 2 de junio
Es hora de extraer conclusiones de lo ocurrido, recuperar diagnósticos
existentes desde hace años y habitualmente relegados, y pensar en reformas que
garanticen que el sistema público se sitúa en condiciones de liderar la
recuperación y el futuro de nuestro país. Para hacerlo, esta crisis constituye
una nueva ventana de oportunidad. Las reformas más importantes se dieron en
países devastados por crisis graves, como derrotas militares (son los casos de
Japón o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial), recesiones económicas (como
Nueva Zelanda en los 80 o Suecia en los 90) o corrupción sistemática (como
Reino Unido a principios del siglo XIX o Estados Unidos a principios del XX).
La reflexión debe ir más allá de la necesidad de ajuste. El escenario
fiscal obligará sin duda a contener, simplificar y reducir, y algunas medidas
de ese tipo son necesarias y saludables, pero sólo con ellas no se dispondrá de
un sector público como el que precisamos. La experiencia de lo ocurrido durante
la Gran Recesión de 2008-2013 nos enseña que los ajustes sin reformas empeoran
la situación, en tanto que los ajustes con reformas meramente aparentes o
nominales distraen del problema y no lo resuelven. Para que España pueda hacer
frente con éxito al escenario post-Covid-19, necesitamos actuar en cuatro
grandes ejes: innovación y evaluación; internalización de la inteligencia y
externalización del trámite; diversificación y flexibilización del empleo, y
liderazgo y gestión profesional.
….. Diversificar y flexibilizar el empleo
El empleo público sigue adoleciendo de una regulación exageradamente
uniforme que no se corresponde con la pluralidad de su composición y con el
carácter diverso de las funciones y tareas que se realizan en la
Administración. Este marco uniforme está compuesto, además, por procedimientos
y prácticas que introducen una considerable rigidez en los mecanismos de
gestión de las personas, lo cual lleva consigo importantes restricciones a la
calidad de la gestión, la adaptación a los cambios, las mejoras de eficiencia y
la capacidad de innovación.
Las regulaciones del empleo público deben garantizar los principios
constitucionales de mérito y capacidad, pero deben hacerlo diferenciando
claramente entre el ejercicio de potestades públicas y la actividad –muy
mayoritaria en cuanto al número de personas implicadas– de producción de
servicios públicos. Si para las primeras tienen sentido arreglos jurídicos cuya
prioridad es preservar ante todo la imparcialidad e independencia de quienes
las ejercen, los segundos necesitan regímenes de empleo diversos, más
flexibles, más próximos al régimen común del trabajo por cuenta ajena, y con el
foco puesto en el talento, el rendimiento, el aprendizaje y la adaptación al
cambio.
Este empleo público más diverso y flexible que necesitamos debe albergar
una pluralidad de fórmulas contractuales y de servicio. Se necesitan prácticas
flexibles de gestión de las personas, en materia de acceso y desvinculación,
duración, movilidad, evaluación, desarrollo e incentivación que se adapten a
esa diversidad. Al mismo tiempo, para administrar este tipo de sistema resulta
imprescindible descentralizar las funciones de gestión de personas,
aproximándolas a las direcciones de las diferentes entidades, organismos,
unidades y equipos.
Fortalecer las garantías de integridad en la actividad de los servidores
públicos, en este entorno de cambios profundos y acelerados, debe presidir
estas reformas. En definitiva, el empleo público se juega su futuro en cuatro
grandes ámbitos: refuerzo de los valores, planificación, fortalecimiento y
puesta al día del sistema de mérito y gestión de la diferencia…
9. Álvaro Rodríguez de la Calle. El
control de los ERTE: inseguridad jurídica
2 de junio.
... Sin embargo, el Gobierno ha sumado a esa celeridad en la tramitación, la
celeridad en la promulgación de decretos-leyes (prácticamente 9 de estas normas
han afectado a la regulación de las relaciones laborales en un periodo de 2
meses). Esta voraz sucesión normativa ha evidenciado una precipitación en el
diseño de las medidas laborales que resultan precisas para reducir el impacto
de la crisis que está azotando España.
A su vez, esa precipitación ha supuesto que las labores de control que se
tiene que ejercer sobre los ERTE, a través de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, descansen en normas que difícilmente van a resultar de
aplicación. Es decir, cuando se ha diseñado legislativamente una medida, no se
ha contemplado los supuestos de su incumplimiento. O, mejor, se pretenden
establecer después de dictar la medida, con lo que no se respeta el principio
de irretroactividad…..
10. Stefanie Börner Lessons from the pandemic for theconservative welfare state 2 de junio.
Cuando las ramificaciones económicas de la crisis de
Covid-19 golpearon a Alemania, los representantes de la industria automotriz le
rogaron a la canciller, Angela Merkel, que implementara una prima para los
compradores de automóviles.
Mientras tanto, el debate público se centró en los
trabajadores esenciales que mantienen nuestro sistema social y los grupos
sociales que más sufren: por un lado, el personal médico, los cuidadores, los cajeros
y los limpiadores y, por otro, los ancianos y los enfermos que han tenido que
prescindir de las visitas de sus seres queridos durante mucho tiempo; los
numerosos participantes en el mercado laboral (sobre todo microempresas,
trabajadores autónomos y artistas) que se han enfrentado a una pérdida
repentina de ingresos y a preocupaciones existenciales debido al cierre; y los
empleados expuestos a una triple carga al enfrentarse a la escolarización en
casa de sus hijos, a las tareas domésticas y a su propio trabajo al mismo
tiempo (a menudo dentro del mismo espacio limitado). La industria del automóvil
no estaba entre ellos.
Sin duda, las preocupaciones de los empleadores eran
comprensibles y estaban justificadas a la luz de las crisis económicas, una crisis
que no era predecible y de la que nadie puede ser culpado. Nos enfrentamos a la
crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Esto crea una situación en la
que toda la economía, independientemente del tamaño y el volumen de negocios
anual de una empresa, busca apoyo.
…. Así pues,
aunque el Covid-19 no se detiene en los ricos, como han sugerido algunos
observadores, la crisis ha golpeado con mayor fuerza a los más vulnerables, no
sólo a escala mundial sino también en el espacio protegido de los Estados de
bienestar nacional. Visto a través de la lente del estado de bienestar
conservador, la poderosa incursión de la industria automovilística alemana no
fue ninguna sorpresa, un intento de autoayuda por parte de las personas
establecidas. Sin embargo, la crisis del coronavirus también ofrece la
oportunidad de reconsiderar los derechos sociales de las personas ajenas al
mercado laboral y el valor social de los trabajadores esenciales (a menudo
mujeres).
11. Maximiliano Fuentes / Gerardo
Boto (Departamento de Historia e Historia del Arte. Universitat de Girona). ¿Haciauna Universidad virtual? 1de junio .
Hace pocos
días, los periódicos de todo el mundo destacaban que la Universidad de
Cambridge había decidido que las clases del curso 2020-2021 se impartirán a
través de internet. La medida se aplicará durante todo el año académico, a
pesar de lo cual se contempla la posibilidad de realizar algunas sesiones
presenciales con grupos reducidos de alumnos, siempre que se cumplan las
medidas de distanciamiento físico. Otras universidades británicas, como la de
Manchester, anunciaron que seguirían su ejemplo y adoptarían la misma medida.
Una semana antes, el 11 de mayo, el ministro de Universidades, Manuel Castells,
explicaba en una entrevista a Público que la “universidad
híbrida”, es decir, la que aplicaba, a partes relativamente iguales, un sistema
docente virtual online y enseñanza física presencial, era “ya la regla”. De sus
palabras se infería que el nuevo escenario impuesto por la actual crisis
sanitaria en las universidades españolas habría llegado para quedarse. “La
aceptación de esa realidad es cuestión de tiempo”, concluía. A nadie se le
escapa que semejante posicionamiento puede comprometer las acciones y métodos
de la comunidad universitaria, entendida ante todo como eje vertebrador del
desarrollo social e intelectual. En todo caso, no sería atinado considerar las
fórmulas como universales y las realidades como globales. Los sistemas
universitarios británicos, germánico o mediterráneo no son homologables ni
trasplantables.
La mayor parte
del profesorado se ha visto impelido a reformular sus clases –en escenarios
familiares que a veces han distado muchísimo de ser un espacio de reflexión
adecuado– a través de las diversas plataformas que han puesto a disposición las
universidades públicas. A estas alturas nuestros balances son ambivalentes. En
las primeras semanas, nos alegramos de poder hablar con nuestros alumnos de
nuevo, en esa “atenazante anormalidad”. En las semanas siguientes, sin embargo,
la euforia por el reencuentro en medio de la crisis sanitaria se ha ido
transformando en desencanto, al ver que nuestra voz a través de la pantalla se
iba alejando cada vez más del intercambio, la reflexión, el debate y la crítica
que surgen y caracterizan la actividad docente en las aulas. Los monólogos
telemáticos parecerían augurar la vertiente más sombría de esa “normalidad”,
que dejará de ser nueva mucho antes de que profesores y profesoras aceptemos
sucumbir a sus frustrantes limitaciones. ¿Y el alumnado? Se han mostrado
comprometidos con su formación, pero han comprobado semana tras semana que la
enseñanza virtual no alienta –antes bien desincentiva– la formulación de dudas,
la articulación del debate, la argumentación contrastada y la controversia
razonada que, desde la academia griega, multiplica las vías de conocimiento. El
alumnado universitario no ignora que existen reputadas universidades a
distancia que cumplen idóneamente la función para la que fueron creadas. Habida
cuenta de ello, su opción por el aprendizaje presencial no puede ser entendida
como inercial, sino como consciente y deliberada. ..
12. Philippine
Kauffmann Télétravaillez, vous êtes
fliqués 2 de junio.
"El 16 de marzo todos tuvimos que instalar Hubstaff", recuerda
Zoé , una analista de inteligencia de negocios. Este software intrusivo analiza
de cerca la actividad de los teletrabajadores. Desde la contención e
implantación de este dispositivo para millones de personas, muchos empleados
han experimentado al menos un efecto indeseable: el aumento de la vigilancia. Y
las técnicas de vigilancia están demostrando ser ricas y variadas.
"Es súper estresante, cada mañana recibimos un informe de progreso.
Rara vez logro trabajar más del 50% del tiempo", suspira Zoé. El programa
americano Hubstaff, que ha visto triplicarse su uso desde el comienzo de la
crisis sanitaria, registra los movimientos de los ratones. Así, calcula el
"tiempo de trabajo efectivo" de los empleados. Si bien la Comisión
Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL) no se ha pronunciado
sobre la utilización de ese programa informático en particular, reconoce como
ilegales -salvo en circunstancias excepcionales- los "registradores de
teclado" que permiten grabar a distancia todas las acciones realizadas en
una computadora. En su versión original, Hubstaff también hace capturas de
pantalla a intervalos aleatorios y geolocaliza a los empleados antes de
enviarlos, en forma de un informe diario, a sus gerentes. Ambas opciones
habrían sido, a priori, desactivadas por el empleador de Zoé, pero eso no
impide que se sienta "acosada". "No puedo tomarme cinco minutos
para leer un artículo o ir a Twitter, todas mis tareas están
cronometradas", se lamenta el joven analista. Teme que su compañía continúe
usando el software cuando regrese a la oficina, "lo que me obligará a
hacer siete horas de trabajo real al día". No más descansos para tomar
café o discutir con los colegas..."
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