Actualizo en
esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así
como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y
reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad
serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y
parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización,
y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen
más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo
con sus contenidos.
Dado que el
número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con
regularidad, es necesario remitirse al
Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico”
que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a
medida que se van dictando.
1. Valeriano Gómez. Los ERTE y la reforma laboral. Una propuestade diálogo.. 19 de junio.
Cuando seamos capaces de contemplarla con una cierta
perspectiva, la crisis económica actual tendrá en la utilización masiva de la
figura de los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) una de sus principales señas de identidad.
Desde que en la segunda mitad del pasado mes de marzo el Gobierno español, como
casi todos los gobiernos europeos, decretara
el confinamiento de la población y la consiguiente paralización
de buena parte de la actividad económica, más de 3,7 millones de trabajadores por cuenta ajena
—y alrededor de otro millón adicional de trabajadores autónomos— se habían
acogido al finalizar el mes de mayo pasado a las medidas de protección temporal
puestas en marcha. Si a las cifras anteriores se añaden 3,1 millones de
beneficiarios de prestaciones por desempleo de carácter contributivo y
asistencial podemos tener una idea aproximada del impacto sin precedentes
que el sistema de protección por desempleo ha registrado en esta crisis.
Por supuesto, el papel de los sistemas de protección
del desempleo es el de hacer frente a este tipo de choques manteniendo las
rentas de los que pierden su empleo y asumiendo un papel de estabilizador
social imprescindible en las sociedades avanzadas. Sin embargo, el hecho
diferencial que distingue lo sucedido en el comportamiento del sistema de
seguro de desempleo respecto de otros episodios de crisis es, sin duda, el papel
que ha desempeñado la figura del ERTE como instrumento de protección del
desempleo.
2. Ignasi Beltrán de
Heredia. Ser fuego y desear el viento.
19 de junio.
El viento apaga una vela
pero aviva el fuego. Queremos ser fuego (no ser velas) y desear el viento.
De esta forma empieza
TALEB su libro «Antifrágil», para destacar la necesidad de emplear la
incertidumbre a nuestro favor. Esto es, no conformarse ante lo aleatorio e
incierto, pues, hay cosas que se benefician de las crisis: prosperan y crecen,
precisamente, gracias a la volatilidad, el azar, el desorden y la existencia de
estresores. Las cosas que experimentan este efecto (que tienen esta propiedad)
él las califica como «antifrágiles».
El resto son frágiles. Y
si algo lo es (un vaso de cristal, por ejemplo), hay que tratarlo con cuidado,
porque se sabe (de antemano) que puede romperse (aunque desconozcamos qué puede
hacerlo y no podamos anticipar cómo ni cuando acontecerá).
Lo frágil exige
estabilidad y no admite el error (un desliz y el vaso se hace añicos) y por
ello es propenso a los cisnes negros (si lo recuerdan [p. 28 y 30]: «son
sucesos a gran escala, imprevisibles, irregulares y con unas consecuencias de
muy gran alcance que sorprenden y perjudican a ciertos observadores que no los
han previsto»; y la probabilidad de su acaecimiento «es imposible de
calcular»).
3. Lara Carrasco. La pandemia acelera la regulación del
teletrabajo y reabre el debate sobre la semana laboral de 32 horas 20 de junio.
La pandemia llegó para ponerlo todo patas arriba,
también en el terreno laboral. De la noche a la mañana, millones de
trabajadores y trabajadoras se vieron obligados a convertir sus domicilios en
una suerte de oficinas improvisadas. Ahora, meses después, se ha hecho evidente
que fue una especie de ensayo y error. De hecho, el secretario de política
sindical de UGT, Gonzalo Pino, criticó este miércoles en rueda de prensa
que, más que teletrabajo, en España se ha impuesto un "telemando".
Los derechos laborales, denunció, no han sido trasladados igual que las
obligaciones del trabajador. Por eso urge regularlo.
Sobre todo en vista de que, según parece, es una nueva
forma de organizar el trabajo que ha llegado para quedarse. El cómo debe
hacerse es el debate que ya ha comenzado. Para UGT, que presentó este miércoles
un documento de análisis y propuestas para su regulación, el teletrabajo
debería extenderse, como máximo, a cuatro días semanales. Una medida que no es
casual. El sindicato ya se ha posicionado a favor de la reducción de la
jornada laboral a las 32 horas semanales en otras ocasiones. Y ahora que la
organización del trabajo parece que va a estar sujeta a distintos cambios, es
el momento de abordar la demanda. "Tenemos que ir en la dirección de la
reducción de jornada. Y eso significa 32 horas a la semana, cuatro días de
trabajo", dijo. Dentro y fuera de las empresas.
… Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo en la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), añade también que el teletrabajo
"debe prestarse de forma voluntaria". "La voluntariedad
en la manera de realizar esta prestación debe reconocerse como regla general",
afirma. Y eso no debe de suponer ningún perjuicio. Ni al trabajador presencial
ni al teletrabajador. Además, continúa, quienes trabajen a distancia
"deberán beneficiarse de los mismos derechos, garantizados por la
legislación y los convenios colectivos aplicables, que los trabajadores
comparables que trabajan en los locales de la empresa". "La carga de
trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador deben ser equivalentes
a los de los trabajadores comparables en los locales de la empresa",
añade.
4. Manifiesto por un pacto para la reconstrucción
social de España 19 de junio.
La pandemia provocada por la extensión da la COVID-19
ha tenido consecuencias dramáticas para España, para Europa y para todo el
mundo. Nos hemos enfrentado a una experiencia inédita, en la que -para evitar
la extensión del virus y el agravamiento aún mayor del número de personas
contagiadas, enfermas o fallecidas- se han tomado medidas de paralización de la
actividad económica o restricciones a la movilidad, como nunca habíamos
conocido.
Queremos enviar toda la solidaridad, el apoyo y el
acompañamiento sincero a todas las personas afectadas, enfermas y fallecidas, a
sus familiares y personas allegadas.
España, como tantos países, ha sufrido y sufre, pero
nuestro pueblo va a salir adelante. Lo va a hacer desde la reivindicación y el
reconocimiento al mundo del trabajo. Ese que estuvo ahí cuando casi todo se
detuvo para garantizar los suministros básicos de toda la población, a veces sin
las medidas de protección sanitaria necesarias y poniendo en juego su propia
integridad.
Vamos a salir adelante si reforzamos nuestros
servicios públicos, que son la garantía para ejercer los derechos de ciudadanía
en igualdad. Nuestro sistema sanitario, socio-sanitario y de cuidados, ha
mostrado el valor de sus profesionales, pero es el hecho de contar con un
sistema público y universal suficientemente financiado, lo que garantiza el
acceso de toda la población a la salud y a los cuidados. Nunca más recortes en
sanidad. Nunca más mercantilización de los cuidados.
Y saldremos adelante si no nos dejamos arrastrar por
la confrontación y el odio. La crisis sanitaria y económica más intensa que
hemos conocido en tiempos de paz, no se puede abordar desde la dialéctica de la
guerra.
Pedimos a las fuerzas políticas, sociales y económicas
un gran pacto para la reconstrucción social de España y por el refuerzo de la
solidaridad con el resto del mundo. Una apuesta por reforzar nuestros servicios
públicos. Un país, que es el nuestro, y que necesita trabajar desde la
concordia y alejarse de la crispación.
5. Acord entre les entitats municipalistes, FMC i ACM,
i la UGT i CCOO per crear una comissió de seguiment per cobrir les necessitats
del món local en l’etapa de desconfinament
19 de juny.
… El acuerdo crea un
marco estable de relaciones entre entidades municipalistas y sindicatos para
velar por las necesidades del mundo local y pone énfasis en las medidas que la
administración local ya ha puesto en marcha para proteger su personal del
riesgo y garantizar, al mismo tiempo, la prestación de servicios esenciales
para la ciudadanía. Las recomendaciones acordadas están pensadas, sobre todo,
por las administraciones que no tienen ningún acuerdo con representantes de su
personal para que les pueda servir de orientación, como condiciones mínimas.
Las recomendaciones
acordadas aconsejan a los entes locales disponer de medios para elaborar planes
de contingencia para prever la reincorporación progresiva, previendo medidas
preventivas, medidas de reorganización interna y flexibilidad horaria, medidas
de aforo y distanciamiento social, equipos de protección individual y las
condiciones de acceso de la ciudadanía a espacios públicos. También están
pensadas para contemplar situaciones si se produjera un nuevo confinamiento.
También incluyen
criterios sobre la modalidad de teletrabajo a distancia o la desconexión
digital para garantizar el tiempo de descanso o intimidad familiar y personal.
Al mismo tiempo, se contempla la necesidad de dotar de mecanismos para ir
incorporando el teletrabajo en el funcionamiento ordinario de las
administraciones locales, y establecer criterios en relación a vacaciones, permisos,
actividades formativas, servicios de atención al público, procesos selectivos y
provisión de puestos de trabajo, reuniones o viajes de trabajo.
La comisión de
seguimiento se ha establecido también con el objetivo de que pueda elaborar
nuevas propuestas de medidas o ejercer funciones de mediación entre
administraciones locales y representantes de sus trabajadores.
6. ONU. El mundo laboral no puede ni debe ser igual
que antes de la crisis causada por el coronavirus 19 de junio.
La pandemia de COVID-19 ha puesto “patas arriba” los
mercados de trabajo, provocando la pérdida de cientos de millones de empleos,
dijo este viernes el Secretario General de las Naciones Unidas con motivo
de la publicación del informe de políticas sobre el COVID-19 y el mundo
laboral.
“Esta crisis del mundo laboral está echando leña al
fuego del descontento y la angustia. El desempleo y la pérdida de ingresos
a gran escala a causa del COVID-19 están erosionando aún más la cohesión social
y desestabilizando países y regiones, desde el punto de vista social, político
y económico”, apuntó António Guterres en un mensaje de video.
Según el informe, las medidas tomadas para mitigar la
emergencia sanitaria habrán resultado en 305 millones de empleos de tiempo
completo menos al término del segundo trimestre de 2020, mientras que el 38% de
la fuerza laboral -unos 1250 millones de trabajadores- ostenta empleos en
sectores de alto riesgo.
… El Secretario General considera si se adoptan medidas
inteligentes y oportunas a todos los niveles y se toman como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la humanidad podrá salir de la
crisis fortalecida, con mejores empleos y un futuro mejor, más equitativo y
ecológico.
Tres frentes
En este sentido, el informe y el líder de la ONU
citaron tres frentes de actuación:
- Protección inmediata a los trabajadores, las empresas, los empleos y los ingresos en riesgo para evitar los cierres, la pérdida de trabajos y la reducción de recursos
- Prestar atención tanto a la salud como a la actividad económica una vez que se flexibilice el confinamiento para que los lugares de trabajo sean seguros y se respeten los derechos de las mujeres y las poblaciones en riesgo
- Echar a andar una recuperación inclusiva, ecológica, sostenible y centrada en el ser humano, que aproveche el potencial de la nuevas tecnologías y genere empleos decentes para todos, además de sacar partido de las formas creativas en que se han adaptado a la emergencia las empresas y los trabajadores
7. Gita Gopinah. El Gran Confinamiento a través deuna lente mundial 16 de junio.
Se prevé que el Gran Confinamiento se desarrollará en
tres fases, primero cuando los países entran en etapa de confinamiento, luego cuando
salen de ella, y finalmente cuando escapan al confinamiento al existir una
solución médica a la pandemia. Muchos países se encuentran ahora en la segunda
fase, a medida que reabren con los primeros indicios de recuperación, pero
corren el peligro de segundas olas de contagios y la reimposición de los
confinamientos. Observando el panorama económico, la enorme escala y gravedad
del Gran Confinamiento son notables. Lo más trágico es que la pandemia ya ha
cobrado cientos de miles de vidas en el mundo entero. El mundo jamás ha
conocido una crisis económica mundial tal como la resultante.
Es una crisis verdaderamente mundial. En el pasado,
por más profundas y graves que hayan sido, las crisis se limitaron a segmentos
más pequeños del mundo, desde América Latina en la década de 1980 hasta Asia en
la de 1990. Incluso la crisis financiera mundial de hace 10 años tuvo efectos
más leves en el producto mundial.
Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las
economías avanzadas como las de mercados emergentes estarán en recesión en
2020. La actualización de junio del informe Perspectivas de la economía
mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) probablemente muestre tasas
negativas incluso peores que las ya estimadas. Esta crisis tendrá consecuencias
devastadoras para los pobres del mundo.
8. Índice Global de los Derechos de la CSI 2020: mayornúmero de violaciones en siete años. 18 de junio.
Se ha intensificado la tendencia, por parte de
Gobiernos y empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores
limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los
trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que
bloquean el registro de sindicatos.
Un incremento en el número de países que deniegan o
limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las
democracias, mientras que el número de países que restringen el acceso a la
justicia ha seguido siendo inaceptablemente elevado, al mismo nivel que el año
anterior.
Una nueva tendencia identificada en 2020 guarda
relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes
sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos
independientes y sus miembros.
La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow,
declaró que: “Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la
democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya
antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de
subsistencia. En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y
la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo
social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte,
dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera
efectiva.
”Con la vista puesta en la recuperación y la
construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la
CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a
Gobiernos y empleadores. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_infographics_es.pdf
”Como si los datos del Índice no fuesen
suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más
lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del
coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los
trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse.
”El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto
la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente
trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo
mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores
del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos.
9. TUAC. Trade Union Messages at the OECD Forum onResponsible Business – II 19 de junio.
El Foro de la OCDE de 2020 sobre la conducta
empresarial responsable se celebró virtualmente y en dos partes. La primera parte tuvo lugar el 19 de mayo y
en ella se trataron temas relacionados con las empresas responsables, las
cadenas de suministro resistentes, las políticas gubernamentales y el diálogo
social en respuesta a la pandemia de Covid 19.
La segunda parte del foro se celebró el 17 de junio y trató el tema de
los mecanismos de reclamación de las empresas responsables y los recursos para
las violaciones de las Directrices.
Más de mil personas escucharon los temas planteados
por los trabajadores de todo el mundo.
Los dirigentes sindicales destacaron el tema de las formas sindicales de
los mecanismos de reclamación eficaces.
Las formas de mecanismos de reclamación impulsados por
las empresas y los procesos internacionales de reparación no judicial dominaron
los temas tratados por los ponentes. En
sus observaciones finales, el Secretario General del TUAC, Pierre Habbard,
cuestionó ese relato: "Los sindicatos de todo el mundo utilizan mecanismos
de reclamación que reducen el riesgo y aumentan la productividad de las
multinacionales, evitando retrasos e interrupciones en los bienes y servicios
esenciales". ..”
… Proteger los derechos, garantizar la seguridad y
hacer cumplir la legislación existente
1. Acoge con satisfacción las orientaciones continuas
de la Comisión en el marco de la coordinación en curso de una respuesta común
de la Unión al brote de COVID-19, en particular por lo que se refiere a la
aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación, y al
ejercicio de una movilidad laboral libre y justa; subraya que los controles
fronterizos, los exámenes médicos y las restricciones a la circulación deben
seguir siendo proporcionados y excepcionales y que debe restablecerse la plena
libertad de circulación dentro del espacio Schengen tan pronto como se
considere seguro teniendo en cuenta la situación de cada país por lo que
respecta a la COVID-19; recuerda que el principio de igualdad de trato no se
limita únicamente a los trabajadores transfronterizos y temporeros en sectores
y profesiones esenciales, sino que es aplicable a todos los trabajadores de
esas categorías que necesitan cruzar fronteras interiores, dado que los
sectores en cuestión también están abiertos a los trabajadores locales en el
Estado miembro de acogida en el que se efectúa el trabajo; pide a los Estados
miembros que aún no lo hayan hecho que levanten lo antes posible todas las
restricciones de viaje y las medidas discriminatorias de confinamiento y
cuarentena que se aplican a los trabajadores transfronterizos y temporeros, a
fin de evitar la escasez de mano de obra en sectores clave y beneficiar a los
trabajadores, garantizando al mismo tiempo su salud y seguridad;
2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que
apliquen medidas para garantizar que los trabajadores transfronterizos y
temporeros, los empresarios transfronterizos y los trabajadores por cuenta
propia disponen de una protección adecuada frente a la COVID-19 y sus efectos,
incluido un acceso fácil a las pruebas diagnósticas, y que reciben información
sobre los riesgos y las precauciones que deben tomarse en una lengua que
entienden; pide, asimismo, que se adopten medidas para garantizar la protección
de su salud y su seguridad durante su desplazamiento, unas condiciones de
vivienda dignas que garanticen el distanciamiento social en los lugares en que
trabajen cuando sean distintos de los lugares en que residen, y soluciones de
repatriación, en caso de que sean necesarias, que no corran a cargo del
trabajador; subraya que debe respetarse la legislación vigente sobre el acceso
a los derechos sociales, incluida su exportación; subraya que no debe
abandonarse a su suerte a los trabajadores transfronterizos y temporeros por
haber ejercido su derecho a la libre circulación como ciudadanos de la Unión;
3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que
apoyen la labor de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan activamente en este ámbito a fin de garantizar que
todos los trabajadores que se encuentren bloqueados en su territorio como
consecuencia de la crisis o por otros motivos dispongan de un acceso adecuado y
urgente a los servicios públicos, apoyo sindical, alojamiento digno, equipos de
protección, comidas y atención sanitaria; acoge con satisfacción el compromiso
de los interlocutores sociales para abordar las cuestiones sectoriales
relacionadas con la movilidad y los derechos de los trabajadores fronterizos y
temporeros;
4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que
garanticen, en el contexto de la COVID-19, que los trabajadores temporeros de
terceros países reciben el mismo trato que los nacionales de los Estados de la
Unión, tal como se establece en la Directiva 2014/36/UE, recordando que estos
trabajadores tienen los mismos derechos laborales y sociales que los ciudadanos
de la Unión;
5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que
garanticen, con carácter urgente, la aplicación y el cumplimiento correctos de
la legislación de la Unión aplicable en materia de derechos de los trabajadores
transfronterizos y temporeros, en particular en lo que se refiere al derecho a
la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor en el mismo lugar, a
través, entre otras medidas, de inspecciones de trabajo conjuntas y concertadas
a nivel nacional y transfronterizo; insiste en que deben adoptarse medidas
claras para garantizar que los trabajadores dispongan de información completa,
que entiendan perfectamente, sobre sus contratos y de un acceso sin trabas a
estos, así como sobre sus derechos y obligaciones antes de partir, y que estos
contratos se pongan a disposición de las entidades de protección laboral en su
zona de empleo; pide a los Estados miembros que mejoren la capacidad de las
inspecciones de trabajo y que den prioridad a los sectores en los que los
trabajadores están expuestos a riesgos;
6. Pide a la Comisión que supervise la aplicación de
sus directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los
trabajadores durante la pandemia de COVID-19 y, en particular, que publique
nuevas directrices específicas relativas a los trabajadores transfronterizos y
temporeros, los empresarios transfronterizos, los trabajadores por cuenta
propia, los empleadores y los Estados miembros en el contexto de la COVID-19,
específicamente en lo que se refiere al ejercicio de una circulación libre y
justa, un alojamiento digno, las condiciones de trabajo y de empleo aplicables
y los requisitos en materia de salud y seguridad, incluida la necesidad de
garantizar el distanciamiento físico durante el transporte, en el alojamiento y
en el lugar de trabajo, la cobertura de seguridad social y su coordinación, la
atención sanitaria y el acceso a esta, el suministro de información, como
instrucciones escritas y anuncios colocados en el lugar de trabajo destinados a
los trabajadores en una lengua que entiendan, y el intercambio de mejores
prácticas al respecto; subraya que los interlocutores sociales deben participar
plenamente en la elaboración de estas directrices;
7. Pide a los Estados miembros que garanticen un
alojamiento de calidad para los trabajadores fronterizos y temporeros,
desvinculado de su remuneración, y unas instalaciones dignas, privacidad para
los inquilinos y contratos de alquiler por escrito cuyo cumplimiento sea
controlado por los servicios de inspección laboral, así como que establezcan
normas al respecto;
8. Pide a la Comisión que garantice, con carácter
prioritario, que la ALE esté plenamente operativa y que trabaje para
proporcionar información pertinente sobre los derechos y las obligaciones de
las personas en situaciones de movilidad laboral transfronteriza, también a
través de un único sitio web para toda la Unión, que sirva como portal para
acceder a fuentes de información y servicios a escala nacional y de la Unión;
constata la ausencia de un procedimiento armonizado para señalar abusos y
problemas; pide, por tanto, a la ALE que, en coordinación con las autoridades
competentes de los Estados miembros, cree un mecanismo europeo para que los
trabajadores transfronterizos puedan denunciar de forma anónima los abusos y
que aplique el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/1149 con vistas
a llevar a cabo inspecciones conjuntas o concertadas en casos de posibles
abusos puestos en su conocimiento;
9. Pide a la Comisión que proponga soluciones a largo
plazo para abordar las prácticas de subcontratación abusivas y proteger a los
trabajadores temporeros y transfronterizos empleados a lo largo de la cadena de
subcontratación y suministro;
11. Consejo Europeo. Remarks by President Charles Michel followingthe video conference of the members of the European Council, 19 de junio.
Hoy hemos tenido la ocasión de tener esta
videoconferencia a nivel del Consejo Europeo. Y como saben, el tema principal
fue el MFF (Marco Financiero Multianual) y el Fondo de Recuperación. Fue la
primera ocasión de discutir a nivel de los líderes las propuestas puestas sobre
la mesa por la Comisión, el MFF y el Fondo de Recuperación. Fue la ocasión de
observar que en diferentes puntos hay un consenso emergente, lo cual es muy
positivo. Pero al mismo tiempo, no subestimamos las dificultades. Y en
diferentes temas observamos que es necesario seguir discutiendo.
Esta videoconferencia fue importante y esencial porque
las tres primeras semanas después de la publicación de las propuestas de la
Comisión, tuvimos la ocasión de consultar a los Estados miembros para encontrar
claridad en la interpretación de esas propuestas. Ahora pasamos a otra fase,
negociaremos. Celebro la disposición a participar. Estoy totalmente
comprometido a iniciar inmediatamente negociaciones reales con los Estados
miembros. Tenemos la intención de tener
una cumbre física a mediados de julio en Bruselas. Tendremos la ocasión de centrarnos en algunas
propuestas concretas. Antes de esta cumbre, pondré sobre la mesa algunas
propuestas concretas para intentar tomar una decisión. Somos conscientes de que
es esencial tomar una decisión lo antes posible.
12. Teresa Pilar-Blanco. Permiso retribuido recuperable, vacaciones ypermisos retribuidos no recuperables. Covid 19. 19 de junio.
A raíz del establecimiento del permiso retribuido
recuperable por el RDL 10/2020 -EDL
2020/7737-, han
surgido numerosos interrogantes. Entre otros, los relacionados con el derecho
al disfrute de las vacaciones anuales contemplado en el art.38 ET -EDL
1978/3879-. No cabe
duda que el establecimiento del indicado permiso incide de forma sustancial en
el calendario laboral hasta el punto de que el mismo más pronto que tarde habrá
de ser renegociado a fin de encajar la recuperación de las horas disfrutadas en
el indicado permiso y, dentro de dicha negociación, se habrá de fijar también
las nuevas fechas de disfrute de las vacaciones anuales, salvo aquellos
trabajadores, claro está, que ya las hayan disfrutado los que, a buen seguro,
serán minoría, habida cuenta de la fecha en que se inició el disfrute
obligatorio del referido permiso. La necesidad de renegociar el período de
disfrute de las vacaciones anuales de los trabajadores resulta patente en la
medida en que tras la finalización del permiso retribuido recuperable se va a
intentar optimizar al máximo los recursos personales y materiales de las
empresas a fin de intentar alcanzar en la medida de lo posible el promedio del
volumen de producción anual de ejercicios anteriores al finalizar 2020, lo que
es además un objetivo del Gobierno y al que responde la previsión contenida en
el art.3.1 RDL 10/2020 -EDL
2020/7737- cuando
fija el período de tiempo en el que se van a recuperar las horas del indicado
permiso cuya fecha tope es el 31 de diciembre del 2020.
13. Comunicado de la AEPD sobre la información acerca
de tener anticuerpos de la COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo 18 de junio.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha
puesto de manifiesto ciertas prácticas en el ámbito de la contratación laboral
que consisten en solicitar a los candidatos a un puesto de trabajo información
de si han pasado la COVID-19 y desarrollado anticuerpos como requisito para
acceder al puesto de trabajo ofertado.
La Agencia Española de Protección de Datos considera
necesario advertir que estas prácticas constituyen una vulneración de la
normativa de protección de datos aplicable.
La información de haber padecido el coronavirus y
desarrollado anticuerpos de esta enfermedad es un dato personal relativo a la
salud, que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) califica de
categoría especial en su artículo 9, por lo que su recogida y utilización por
la posible empresa empleadora está sujeta a la normativa de protección de
datos, fundamentalmente el citado RGPD y la Ley Orgánica de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD), que resultan
plenamente aplicables.
El RGPD requiere para el tratamiento de datos
personales la existencia en todo caso de una base jurídica de las previstas en
su artículo 6.1, y cuando se traten categorías especiales de datos personales,
como son los datos relativos a la salud, es necesaria también la concurrencia
de una de las excepciones previstas en el artículo 9.2 del RGPD que permiten
levantar la prohibición de su tratamiento.
El Secretario de Estado de Política Territorial y
Función Pública ha dictado una Resolución , de carácter organizativo, de acuerdo con las recomendaciones
establecidas en el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Esta Resolución se dicta al
amparo de las competencias en materia de función pública y su contenido ha sido
acordado con las organizaciones sindicales.
La Resolución tiene por objeto garantizar la homogeneidad en las medidas
relacionadas con el personal al servicio de la Administración General del
Estado en la fase de nueva normalidad, sin perjuicio de la estructura
territorial de cada departamento y de la necesaria adaptación de las medidas a
la evolución de la crisis sanitaria.
Esta Resolución prevé la existencia de dos modalidades
en la prestación de los servicios, presencial y no presencial, así como sus
características principales.
Las medidas derivadas de esta resolución que se
adopten por los departamentos y organismos públicos de la Administración, serán objeto de negociación, consulta o
información en las Mesas Delegadas o en el órgano de participación social
correspondiente.
Además, la Resolución se refiere a que para garantizar
la homogeneidad en las actuaciones preventivas y niveles de protección en los
centros de trabajo, se actualizarán las
instrucciones y recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Función
Pública.
15. Acuerdo entre el Gobierno y
sindicatos en relacion con las medidas para la nueva normalidad 17 de junio.
La ministra de Política Territorial y Función
Pública y los representantes sindicales de CSIF, UGT y CIG, han suscrito
por vía electrónica el acuerdo sobre las medidas para adecuar el funcionamiento
de la Administración General del Estado (AGE) y la reincorporación de su
personal en la etapa de la nueva normalidad, en las modalidades tanto la
ordinaria, presencial como no presencial, que se recogen en una nueva
Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.
Para el desarrollo de las medidas acordadas, se
constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por un integrante de
cada una de las organizaciones sindicales firmantes y un número igual de
representantes por parte de la AGE.
16. Banco de España. https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/20/Recuadros/Fich/IT-2T20-Rec4-Av.pdf. Junio.
En mayo se produjo
una cierta mejora de la situación del mercado de trabajo español en términos
tanto de la afiliación a la Seguridad Social como de la cifra de trabajadores
en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tras el
fuerte deterioro observado desde el inicio de la crisis sanitaria a mediados de
marzo. El número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció un 1 % en
el transcurso de ese mes, después de haber descendido un 4,6 % en términos
acumulados entre los últimos días laborables de los meses de febrero y abril.
De modo análogo, los asalariados afectados por ERTE se redujeron un 11,5 %
(casi 400.000 trabajadores) a lo largo del mes de mayo1.
En este recuadro se utiliza la heterogeneidad provincial que muestran estas
cifras para analizar el impacto de las diferencias en el ritmo de retirada de
las medidas de contención de la pandemia sobre la evolución del empleo en dicho
mes.
17. Ministerio de Justicia. CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEYDE MEDIDAS PROCESALES, TECNOLÓGICAS Y DE IMPLANTACIÓN DE MEDIOS DE SOLUCIÓN DEDIFERENCIAS. 8 de junio.
La reforma legal que se abre al período de consulta
previa no responde a un único problema, sino que, con la modificación de
diversas normas troncales del ordenamiento jurídico procesal, pretende
solucionar un catálogo de disfunciones observadas estos últimos años y que, previsiblemente,
se verán incrementadas como consecuencia de la situación económica y social que
ha generado y que va a generar la pandemia del coronavirus en España.
En este sentido, el anteproyecto de Ley se centrará en
reformas que tienen como nexo común afrontar el problema de la ralentización de
los procedimientos desde varias perspectivas. Por un lado, tiene como parámetro
principal la agilización de los procesos judiciales, la mejora de su eficacia y
la implantación de medidas que permitan al actual sistema de la Administración de
Justicia atender en tiempo razonable y útil la tutela judicial que demandan los
ciudadanos. Por otro lado, pretende potenciar la capacidad negociadora de las
partes, introduciendo medidas eficaces que no acaben derivando en meros
requisitos burocráticos, mediante el impulso de la mediación en todas sus
formas, el fortalecimiento del arbitraje con un nuevo modelo y la introducción
de otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado.
El Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias recurrirá al Tribunal Constitucional (TC)
la decisión del gobierno español de recortar 215 millones de euros del fondo
destinado a Cataluña para implementar las políticas activas de empleo. Este
recorte fue anunciad el pasado mes de abril y representa una reducción del 55%
del dinero asignado, que pasarían de 388 millones a 173.
Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias considera irregular destinar unos recursos finalistas que ya se han
recaudado con las cotizaciones de empresas y trabajadores y deben servir para
formar trabajadores y ayudar a empresas a dar respuesta a la crisis económica
que se afrontará los próximos meses. El Departamento entiende que esta desviación
con carácter retroactivo del fondo proveniente de las cotizaciones sociales es
engañoso para aquellos que han aportado estos recursos pero también porque
vacía de contenido las competencias de la Generalidad y de los agentes sociales
en materia de políticas activas de empleo.
Aparte de los aspectos
jurídicos, el Departamento también considera un grave error político la
decisión en unos momentos de incremento de necesidades para la reactivación
económica. En este sentido recuerda que la Generalitat es la administración
competente para aplicar medidas de ayuda a las personas en paro y de mejora del
empleo y reprocha al Estado que deje el Gobierno sin herramientas para combatir
el paro y atender empresas y personas trabajadoras.
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