miércoles, 20 de mayo de 2020

Covid19. Paso a paso. Prescindibles que pasan a ser imprescindibles (¿durante cuánto tiempo?) Primero Portugal, después Italia, y ahora España. Medidas de regularización (temporal) de la población migrante.




Vuelvo sobre la misma temática con especial satisfacción, ya que el Boletín Oficial del Estado del día 20 publica, con efectos inmediatos en cuanto a su entrada en vigor, la OrdenSND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

No es, hay que dejarlo claro de entrada, un texto que trate directamente sobre la regularización de la población migrante, y en especial de la trabajadora en algunos sectores de actividad, si bien sin duda la ampliación de los plazos durante los que la persona afectada puede permanecer de forma regular en España abre camino para seguir manteniendo en su caso el empleo o bien proceder a la búsqueda de uno nuevo.

Únase esta norma a la dictada para la incorporación de la población migrante al empleo agrario, cuya vigencia respecto a los efectos de la autorización de residencia y trabajo finaliza el 30 de junio, y creo que se van sentando las bases para un proceso de ampliación gradual y progresiva de la situación regular, a efectos administrativos, de la población migrante que aun cuando no pueda llamarse desde luego de regularización sí ayuda a que buena parte de aquella puede seguir viviendo y prestando su actividad laboral (por ejemplo, por poner solo el sector en el que es más conocida su presencia, las trabajadoras al servicio del hogar familiar) en condiciones de regularidad.

Habrá que seguir de cerca cuáles son los siguientes pasos que adopta el gobierno español ante la situación de la población trabajadora migrante, dado que hay numerosas propuestas en las que se solicita de manera más contundente la regularización de la que puede encontrarse en situación irregular, a las que he prestado especial atención en anteriores entradas, siendo la última de la que he tenido conocimiento la presentada por el diputado de Compromís Joan Baldoví, que se hace eco de la campaña “Regularización Ya”, promovida por numerosas organizaciones sociales, en la que se incluyen, entre otras propuestas las siguientes: “3. Convocar la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, regulada por el Orden TAS/1713/2005, de 3 de junio, para que emprenda todas las medidas posibles para efectuar la regularización urgente, inmediata y sin condiciones de todas las personas migrantes que se encontraban de forma irregular dentro del estado español con fecha 14 de marzo del 2020, día de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 4. Revocar todas las órdenes de expulsión en vigor, por razones humanitarias y por responsabilidad con la preservación de la salud pública hacia países terceros 5. Renovar de manera automática todos los permisos de residencia y de trabajo pendientes de tramitación y paralizados como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, en virtud de su disposición adicional cuarta que declara la suspensión de plazos de prescripción y caducidad. 6. Prorrogar de manera automática todos los permisos de residencia y trabajo hasta que se cumpla un año natural de la fecha en que entró en vigor la finalización del estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020”. 

2. Antes de referirme a la norma recién aprobada, dejo constancia de dos nuevas aportaciones sobre la temática de la inmigración en España cuya lectura es muy recomendable a mi parecer.

En primer lugar, la del profesor Ferran Camas, director de la Cátedra de inmigración, derechos y ciudadanía de la Universidad de Girona, que dedica un amplio artículo, publicado el día 18,  en su blog sobre “Citasa retener y difundir sobre inmigración en los informes del Defensor del Pueblo”, en el que disecciona con rigurosidad las muchas y detalladas propuestas que el Defensor ha presentado en sus Informes hechos públicos el 13 de mayo y a las que también presté especial atención por mi parte en la entrada anteriormente referenciada.

En segundo término, el informe elaborado por el Centro de Información a TrabajadoresExtranjeros (CITE) de Comisiones Obreras de Cataluña sobre las condiciones detrabajo de las trabajadoras latinoamericanas que trabajan en hogares familiaresen Barcelona, siendo sus autores Liliana Reyes y Carles Beltrán.     En el informe se hacen dos propuestas de contenido jurídico que reiteran anteriores efectuadas en el mismo sentido: “-- Se han de flexibilizar los requisitos y agilizar los procedimientos de extranjería, especialmente los de acceso a la regularidad administrativa y de mantenimiento de las autorizaciones de residencia y trabajo para adaptarlos a las especificidades del sector. Esto es especialmente necesario en un momento como el actual en el que la crisis sanitaria ha supuesto una grave situación de indefensión de las trabajadoras sin autorización administrativa, que las ha excluido de todas las medidas sociales y laborales adoptadas durante el estado de alarma” - Se debe modificar la normativa laboral que rige el sector del trabajo del hogar y los cuidados para mejorar la protección de estas trabajadoras. La ratificación por parte de España del Convenio 189 de la OIT abriría la puerta a la discusión política de la realidad laboral del sector y permitiría la equiparación real de estas trabajadoras al resto de trabajadores y trabajadoras del Régimen General de la Seguridad Social”. 

3. Tuve conocimiento de una primera versión del proyecto de Orden de fecha 4 de mayo, así como de la memoria abreviada de su impacto normativo (MAIN). La norma finalmente aprobada, después de haberse recibido los comentarios, sugerencias y observaciones por parte de los agentes sociales más representativos y de los distintos Ministerios afectados (Interior y Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea), no contiene diferencias relevantes respecto al borrador, y solo destaca a mi parecer, como se comprobará en el texto comparado que se adjunta, la incorporación de un nuevo apartado, núm. 3, al art. 4, que regula la prórroga de estancias de hasta noventa días, disponiendo que “El periodo prorrogado se tendrá en cuenta a efectos de calcular el tiempo máximo autorizado para futuras estancias”.

En la MAIN se justifica la norma tanto por razones de seguridad jurídica como para evitar que la suspensión de los plazos administrativos a efectos de las correspondientes tramitaciones documentales pudiera llevar a un buen número de población extranjera a una situación de irregularidad sobrevenida. Su finalidad es prorrogar de manera automática las distintas situaciones jurídicas que se recogen en la norma durante los períodos que se establecen para cada una de ellas. Se justifica la adopción de la medida porque de no ser así “los extranjeros que se encuentren en España de forma regular (ya sea en situación de estancia, visado de larga duración o autorizaciones de estancia o residencia y/o trabajo) se verían sometidos a una situación de irregularidad sobrevenida teniendo en cuenta que en algunos casos, las solicitudes de renovación no pueden presentarse (ni presencialmente ni de forma telemática); y, en otros, no pueden regresar en el plazo debido a sus países de origen (en supuestos de estancia o de visados de larga duración).

Es cierto que poco después de la publicación del RD 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma, la Dirección General de Migraciones publicó una “Comunicación” sobre elalcance de aquella “en relación con la disposición adicional tercera relativa ala suspensión de plazos administrativos”, teniendo como finalidad “evitar perjuicio en los derechos e intereses de los interesados y afectados en los procedimientos  en  materia  de  extranjería”.   Pero, de la información a la que he podido tener acceso, y al margen del mínimo rango jurídico, si es que lo tiene, de la citada “Comunicación”, no parece que las reglas fijadas en dicho escrito fueran objeto de mucha consideración y atención por los organismos a los que iba dirigida, habiendo provocado situaciones bastante difíciles para un buen número de personas afectadas.

Por ello, es comprensible la satisfacción con la que se ha recibido la Orden, justamente por la seguridad jurídica que comporta a los efectos de suspensión real y efectiva de actuaciones que pudieran implicar perjuicios para la población migrante que hubiera vista caducada sus autorización de residencia y/o trabajo hasta noventa días antes de la declaración del estado de alarma, o que se produjera durante su vigencia tanto inicial como durante las prórrogas.  

En la MAIN se expone que la norma puede tener impactos positivos “en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, y también que el impacto cuantitativo “es reducido puesto que el número de beneficiarios no es muy elevado”.

Más allá del número de personas directamente afectadas, sí vuelvo a insistir en la importancia de la norma porque abre camino a que cuando se “normalice” la situación económica y social (suponiendo que ello se produzca) se vuelva a debatir sobre la importancia de la población trabajadora migrante en la economía española. Baste ahora recordar el dato recogido en el Informe del Defensor del Pueblo, con datos EPA del tercer trimestre de 2019 (y por tanto, no teniendo en consideración el impacto de la crisis sanitaria y sus secuelas económicas y sociales): “Los ocupados extranjeros suponen alrededor del 16 % del empleo en términos EPA, y del 21 % de las afiliaciones a la Seguridad Social. Se trata, por lo tanto, de un volumen imprescindible en el funcionamiento de la maquinaria económica española. Un cálculo simplista, irreal, pero muy ilustrativo: si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo nuestro mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería a los 16,7 millones de ocupados, un 20 % por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica. Aun ocupándose entonces todos los puestos de trabajo vacantes por parados de nacionalidad española, el mercado laboral quedaría por debajo de los 19,5 millones, un nivel de empleo inferior al actual, y casi de un 10 % por debajo de su valor máximo”.

4. ¿Resuelve la Orden todos los problemas pendientes sobre la situación de irregularidad en que se encuentran o pueden encontrarse un buen número de personas trabajadoras, tanto en el sector doméstico (incluyendo en sentido amplio el de cuidados a las personas) como en el agrario, junto con las medidas adoptadas en el RDL 11/2020? Ayuda a mi parecer a disponer de más tiempo para abordar con mayor tranquilidad qué medidas deben adoptarse para evitar un nuevo incremento de situaciones de irregularidad que solo perjudican a la población trabajadora más vulnerable, y al mismo tiempo ayuda a seguir pensando, y la normativa italiana podría ser un buen punto de referencia para debate entre los agentes sociales y el gobierno, tanto en reuniones tripartidas más o menos informales como en el seno más formal de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que cabe seguir haciendo y cómo seguir actuando.   

Habrá que estar muy pendientes de la revisión individualizada de situaciones que permite la disposición adicional 1, apartado 4, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (RELOEX), tal como ha sido solicitado, con propuestas concretas de actuación, por CC OO. 

A la espera de conocer el desarrollo de las conversaciones y  negociaciones sobre como podía aplicarse de forma flexible esta norma en una situación de excepcional gravedad como es la que estamos viviendo en la actualidad, y que ha sido casi unánimemente reconocida como la más grave vivida desde la gran depresión de 1929 y la segunda guerra mundial, al personal al servicio del hogar familiar y a quienes se dedican al cuidado de personas que lo necesitan, conviene recordar su contenido y ponerlo en relación con las posibilidades que otorga el art. 31.3 de la LOEX (“La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente” y los arts. 123 a 30 del RELOEX respecto a la posibilidad de la concesión de arraigo por circunstancias excepcionales y que abre expresamente la posibilidad en su apartado 2 a la concesión de “otras autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales en los términos establecidos en la Disposición adicional primera.4 de este Reglamento”.

La redacción de la citada DA 1º, apartado 4, es la siguiente: “Cuando circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, previo informe del titular de la Secretaría de Estado de Seguridad y, en su caso, de los titulares de las Subsecretarías de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Política Territorial y Administración Pública, el Consejo de Ministros podrá dictar, previa información y consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, instrucciones que determinen la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral o territorialmente en los términos que se fijen en aquéllas, o de autorizaciones de estancia. Las instrucciones establecerán la forma, los requisitos y los plazos para la concesión de dichas autorizaciones. Asimismo, el titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, previo informe del titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, podrá otorgar autorizaciones individuales de residencia temporal cuando concurran circunstancias excepcionales no previstas en este Reglamento”.

5. La Orden contempla diversas situaciones jurídicas que afectan a la población extranjera: autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y de las autorizaciones de estancia (art. 1); tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión (art. 2); Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración (art. 3); estancias de hasta de noventa días (art. 4); visados de larga duración (art. 5); Entrada en España de los nacionales de terceros países, titulares de una autorización, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a una residencia de larga duración prorrogada o de visados de larga duración de inversores y emprendedores (art. 6); Ausencias del territorio español (art. 7).

Destaco sucintamente los contenidos más relevantes relativos a casa situación jurídica contemplada en la norma, y remito a las personas interesadas a la lectura íntegra de la norma que se adjunta más adelante en el texto comparado con la versión de 4 de mayo del proyecto de Orden.

A) Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas o haya expirado en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó, “quedarán automáticamente prorrogadas, sin necesidad de emisión de una resolución individual para cada una de ellas por la Oficina de Extranjería”. Dicha prórroga “se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización y se extenderá hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma”.

B) Por el mismo período, y si concurren las mismas circunstancias, quedan prorrogadas las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración.

C) Para las personas que se hallen en España en situación de estancia, por un periodo no superior a noventa días, y que expire durante la vigencia del estado de alarma, la prórroga automática será de tres meses, limitada al territorio español y teniéndose en cuenta “a efectos de calcular el tiempo máximo autorizado para futuras estancias”.

D) Sobre la validez de los visados de larga duración expedidos al amparo de un Acuerdo de Movilidad de Jóvenes, y de los visados de estancia por estudios de hasta ciento ochenta días de duración cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma, la prórroga automática será de tres meses desde la finalización del estado de alarma, “siempre que su titular se encuentre en España y no haya podido regresar a su país de origen”. 

E)  Respecto a los tos titulares de autorizaciones incluidas en el artículo 1, así como los titulares de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o de una tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a una residencia de larga duración prorrogada que se encuentren en el extranjero, se les permite entrar en España “con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y la tarjeta de identidad de extranjero caducada”. La misma regla se aplica a los titulares de visados de larga duración expedidos al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización cuya validez expire durante la vigencia del estado de alarma y que se encuentren en el extranjero.

F) Por último, a los efectos de considerar acreditada la continuidad de residencia, “no se computarán las ausencias del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de retornar a España por el COVID-19”.

Al finalizar este texto tengo conocimiento del interesante análisis de la norma realizado por el profesor Ferran Camas en su blog, del que deseo incorporar una reflexión de indudable interés: "Es una norma reglamentaria ciertamente excepcional ya que no está dictada por el Ministerio con competencias para ello, que es el Inclusión, Seguridad Social y de Migraciones, sino que se ha dictado por el Ministerio de Sanidad. Se presupone que esta orden ha sido realizada en coordinación con aquél, ya que, pese a haber sido dictada en el marco de una situación de alarma (lo cual justifica la potestad activada por el Ministerio de Sanidad),la Orden tiene unos efectos importantes en la presencia de extranjeros sometidos al régimen general de extranjería. Es más, no se traga de una norma restrictiva, como al efecto ha sucedido respecto de la entrada de extranjeros en este estado de alarma, donde se han cerrado fronteras para evitar su acceso a España, sino que asume la delicada situación que los ciudadanos extranjeros que pueden ver caducada su permiso de estancia en España, y lo soluciona con una regulación reconocedora de los derechos de los migrantes y ampliadora de las posibilidades que tienen para permanecer en España. De hecho, la Orden no sólo está  pensando en los extranjeros  en sí mismo, ya que como dice su exposición de motivos, también favorece la situación de sus empleadores. Supongo que la  norma estará pensando, entre otros sectores,  en el de la agricultura, en el que,  también se han adoptado durante estos últimos meses normativas que han favorecido al contratación de extranjeros para salvaguardar la recogida de cosechas".

Anexo. Texto comparado.

Proyecto de Orden ISM/XXX/2020, de xxxx, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (Versión 4 de mayo)
Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  BOE, 20.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas de nuestro país, que han contribuido a contener el avance del COVID-19.





































Entre otras medidas, este real decreto establece en su disposición adicional tercera la suspensión de los plazos administrativos y, por su parte, la disposición adicional cuarta contempla la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.


La normativa de extranjería impone al extranjero el deber de renovar su autorización de residencia y/o trabajo cuando esta es temporal (artículo 31 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y artículo 76 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). De igual forma, exige solicitar la prórroga de la autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (artículo 33 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero).


Esta renovación, de conformidad con las previsiones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril y de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, debe solicitarse durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de esta, así como dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización. El retraso en la solicitud de renovación de las autorizaciones, una vez hayan caducado, se tipifica en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero como una infracción en materia de extranjería (artículos 52 y 53).

Pese a que los plazos administrativos se encuentran suspendidos, la imposibilidad de presentar las solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo ya sea de forma presencial (ante el cierre material de las oficinas de extranjería y la cancelación de las citas) o de forma electrónica (ante la carencia de certificado digital o de medios electrónicos y la no obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la administración) está generando gran inseguridad jurídica tanto para los extranjeros que se hallan en España con documentos caducados o cuya vigencia ha expirado o va a expirar durante el estado de alarma; como para los empleadores y resto de operadores sociales y económicos. Este hecho, ha sido puesto en evidencia, además, por la sociedad civil y agentes sociales.

Con el fin de aportar la debida seguridad jurídica exigida ante esta extraordinaria situación y evitar que, una vez se levante el estado de alarma, los extranjeros puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida, es necesario proceder a prorrogar de forma automática todas aquellas autorizaciones que venzan durante la duración del estado de alarma y sus prórrogas, así como de aquellas que vencieron en los tres meses previos a su declaración (esto es, al 14 de marzo). La duración de esta prórroga automática se iniciará a partir del día siguiente al de la caducidad de la autorización y se extenderá durante los seis meses siguientes del levantamiento del estado de alarma.


De igual forma, es necesario prorrogar, por idéntico periodo, la validez de las tarjetas de identidad de extranjero cuya vigencia haya expirado en dichos plazos, sin que se proceda a la emisión de una nueva tarjeta física; así como la validez de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y de residencia de larga duración.

Por otro lado, y, con el mismo objetivo de reforzar la seguridad jurídica, se regulan ciertos aspectos relativos a la prórroga de las situaciones de estancia y ciertos visados de larga duración.



















Además, hay extranjeros a los que la declaración del estado de alarma les ha sorprendido fuera de España y sus autorizaciones de estancia o de residencia o visados de larga duración van a caducar durante la vigencia del mismo o de sus prórrogas. Más allá de que estos se vean beneficiados por la prórroga automática, necesitarán, con el fin de poder regresar a España, superar los controles de las compañías transportistas sin problema. A tal fin, el artículo 6 recoge que estos puedan entrar en España con su documento de viaje válido a tales efectos y la Tarjeta de Identidad de Extranjero o visado caducado.

Finalmente, el artículo 7 prevé que las ausencias del territorio español ocasionadas por la situación de la COVID 19 no se considerarán a efectos de la continuidad de la residencia.












Esta orden se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, puesto que su regulación resulta justificada y su alcance es el imprescindible para la consecución del objetivo perseguido.

En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, la regulación de esta orden resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión.

En aplicación del principio de transparencia, el objetivo de la orden se define y justifica en este preámbulo, y en cumplimiento del principio de eficiencia, su regulación no supone la imposición de ningún tipo de obligaciones o cargas administrativas para empresas y trabajadores ni ninguna utilización de recursos públicos.

La presente orden se adecua plenamente al orden constitucional de distribución de competencias, en concreto a la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.















En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Prórroga de las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y de las autorizaciones de estancia.


1. Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado previstas en la normativa de extranjería, cuya vigencia expire durante el estado de alarma y de sus prórrogas, quedarán prorrogadas automáticamente, sin necesidad de emitir una resolución individual para cada una de ellas por parte de la Oficina de Extranjería.

Igualmente se verán prorrogadas aquellas autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado cuya vigencia haya expirado en los 90 días naturales previos a la fecha en que se decretó el estado de alarma.

2. La prórroga automática se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización y se extenderá hasta que transcurran seis meses desde el levantamiento del estado de alarma.

3. Esta prórroga automática será de aplicación a las autorizaciones referidas en el apartado 1 con independencia de que se hubiesen presentado solicitudes de renovación, prórroga o modificación con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden siempre y cuando no se hayan resuelto expresamente. Dicha prórroga quedará sin efecto cuando la resolución que recaiga en el procedimiento iniciado fuera más favorable para el interesado.


4. Sin perjuicio de lo anterior, quedan excluidas de esta prórroga las estancias formativas de extranjeros, reguladas en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.


5. Igualmente, se verá prorrogada automáticamente por idéntico periodo, la validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas y expedidas en virtud de las autorizaciones enumeradas en el apartado 1 del presente artículo y cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma, así como en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó.


6. La renovación, prórroga o modificación de la autorización que ha sido prorrogada de acuerdo con lo previsto en este artículo se regirá, en cuanto al procedimiento, los requisitos, los efectos y la duración, por lo dispuesto en el ordenamiento en función del tipo de autorización que ha sido prorrogada.  Las correspondientes solicitudes podrán presentarse durante los plazos generales previstos o en cualquier momento durante la vigencia de la prórroga.  En cualquier caso, de resultar favorable esta última solicitud, el inicio de la vigencia que le corresponda a la nueva autorización se retrotraerá al día siguiente al de la caducidad de la autorización prorrogada.





Artículo 2. Prórroga de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión.

Se verá prorrogada automáticamente durante el estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde el levantamiento de este, la validez de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma.

Igualmente verá prorrogada su validez aquellas cuya vigencia haya expirado en los 90 días naturales previos a la fecha en que se decretó el estado de alarma.

Artículo 3. Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración.

Se verá prorrogada automáticamente durante el estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde el levantamiento de este, la validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma.

Igualmente verá prorrogada su validez aquellas cuya vigencia haya expirado en los 90 días naturales previos a la fecha en que se decretó el estado de alarma.

Artículo 4. Prórroga de las estancias menores de 90 días.

1. Aquellas personas que se hallen en España en situación de estancia, por un periodo no superior a 90 días, y dicho plazo se haya superado como consecuencia del estado de alarma, verán su estancia prorrogada, de forma automática, por un periodo de tres meses.

2. Esta validez estará limitada al territorio español.






Artículo 5. Prórroga de los visados de larga duración.

Los visados de larga duración expedidos al amparo de un Acuerdo de Movilidad de Jóvenes, así como los visados de estancia por estudios de hasta 180 días de duración cuya vigencia expire durante el estado de alarma o alguna de sus prórrogas verán su vigencia prorrogada durante un período de tres meses, siempre que su titular se encuentre en España y no haya podido regresar a su país de origen


Artículo 6. Entrada en España de los nacionales de terceros países, titulares de una autorización o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión prorrogada.






1. Los titulares de autorizaciones incluidas en el artículo 1, así como los titulares de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o de larga duración prorrogada que se encuentren en el extranjero serán autorizados a entrar en España con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y la Tarjeta de Identidad de Extranjero caducada. 



2. Los titulares de visados de larga duración expedidos al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuya validez expire durante la vigencia del estado de alarma o de alguna de sus prórrogas y que se encuentren en el extranjero serán autorizados a entrar en España con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y el visado caducado.

Artículo 7. Ausencias del territorio español.

A los efectos de continuidad de residencia, las ausencias del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de retornar a España por la COVID-19 no serán computables.
















Disposición final primera. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.


Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuatro, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, la última con ocasión del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, en los términos expresados en dicha norma.

El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás Ministros designados como autoridad competente delegada a los efectos de este real decreto.

En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su disposición adicional tercera la suspensión de los plazos administrativos y en su disposición adicional cuarta la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.


Como es sabido, la normativa de extranjería impone al extranjero el deber de renovar su autorización de residencia y/o trabajo cuando esta es temporal De igual forma, exige solicitar la prórroga de la autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado









Esta renovación, de conformidad con las previsiones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, debe solicitarse durante los sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de esta, así como dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización.

La imposibilidad de presentar las solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo está generando gran inseguridad jurídica tanto para los extranjeros que se hallan en España, como para los empleadores y resto de operadores sociales y económicos. Este hecho, ha sido puesto de manifiesto, además, por la sociedad civil y agentes sociales.












Con el fin de aportar la debida seguridad jurídica exigida ante esta extraordinaria situación y evitar que, una vez se levante el estado de alarma, los extranjeros puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida, es necesario proceder a prorrogar de forma automática todas aquellas autorizaciones que venzan durante la vigencia del estado de alarma, así como de aquellas que vencieron en los tres meses previos a su declaración. Dicha prórroga automática surtirá efectos a partir del día siguiente al de la caducidad de la autorización y se extenderá durante los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.



De igual forma, es necesario prorrogar, por idéntico período, la validez de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión y las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración.



Por otro lado, y, con el mismo objetivo de reforzar la seguridad jurídica, se regulan ciertos aspectos relativos a la prórroga de las situaciones de estancia y ciertos visados de larga duración que se prorrogan automáticamente, en estos casos, por un periodo de tres meses tras la finalización del estado de alarma. En relación con los visados de larga duración, la prórroga se prevé para los expedidos en virtud de un acuerdo de movilidad de jóvenes que, con carácter general, no se pueden prorrogar puesto que existe un deber de regresar al país de origen trascurrido el año de vigencia del mismo. La duración de la prórroga automática se extenderá durante los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma para que, una vez se levanten los cierres de fronteras adoptados por el COVID-19, puedan regresar a sus países y no se encuentren, mientras, en una situación de irregularidad en el país.

Se regula también la situación de los extranjeros residentes en España que no se encuentren en el territorio nacional y cuyas autorizaciones de estancia o de residencia, o visados de larga duración caduquen durante la vigencia del estado de alarma. A tal fin, se habilita a que estos puedan entrar en España con su documento de viaje válido a tales efectos y la Tarjeta de Identidad de Extranjero o visado caducado.






Finalmente, se prevé que las ausencias del territorio español ocasionadas por la situación del COVID-19 no serán tenidas en cuenta a efectos de computar la continuidad de la residencia, con el fin de evitar que la imposibilidad de regresar a España por el cierre de fronteras terrestres y aéreas perjudique de forma negativa su estatus regular en el país.

















































Con estas medidas se avanza en la protección de los extranjeros residentes en España con el fin de evitar que la crisis asociada al COVID-19 tenga repercusiones en su estatus regular en el país.

Corresponde al Ministro de Sanidad la adopción de esta orden, de acuerdo con lo establecido en artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Prórroga de las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y de las autorizaciones de estancia.

1. Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado previstas en la normativa de extranjería, cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas o haya expirado en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó, quedarán automáticamente prorrogadas, sin necesidad de emisión de una resolución individual para cada una de ellas por la Oficina de Extranjería.









2. La prórroga automática se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización y se extenderá hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma.

3. Esta prórroga automática será de aplicación a las autorizaciones referidas en el apartado 1 con independencia de que se hubiesen presentado solicitudes de renovación, prórroga o modificación con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, siempre y cuando las mismas no se hayan resuelto expresamente. Dicha prórroga quedará sin efecto cuando la resolución que recaiga en el procedimiento iniciado fuera más favorable para el interesado.

4. La prórroga automática recogida en este artículo no será de aplicación a las estancias formativas de extranjeros, reguladas en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

5. La validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas y expedidas en virtud de las autorizaciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo y cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma, así como en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó, se prorrogarán automáticamente por el mismo periodo que las autorizaciones.



6. La renovación, prórroga o modificación de la autorización que ha sido prorrogada de acuerdo con lo previsto en este artículo se regirá, en cuanto al procedimiento, los requisitos, los efectos y la duración, por lo dispuesto en la normativa de aplicación en función del tipo de autorización que ha sido prorrogada. Las correspondientes solicitudes podrán presentarse en cualquier momento durante la vigencia de la prórroga o hasta los noventa días naturales posteriores a la fecha de finalización de su vigencia, sin perjuicio de la sanción que corresponda al retraso. En cualquier caso, de resultar favorable esta última solicitud, el inicio de la vigencia que le corresponda a la nueva autorización se retrotraerá al día siguiente al de la caducidad de la autorización prorrogada.


Artículo 2. Prórroga de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión.

Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde la finalización de este, la validez de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma o en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó el mismo.




Artículo 3. Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración.

Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde la finalización de este, la validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de larga duración cuya vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma o en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó el mismo.




Artículo 4. Prórroga de las estancias de hasta de noventa días.

1. Aquellas personas que se hallen en España en situación de estancia, por un periodo no superior a noventa días, que haya expirado durante la vigencia del estado de alarma, verán su estancia prorrogada, de forma automática, por un periodo de tres meses.

2. Esta validez estará limitada al territorio español.

3. El periodo prorrogado se tendrá en cuenta a efectos de calcular el tiempo máximo autorizado para futuras estancias.

Artículo 5. Prórroga de los visados de larga duración.

La validez de los visados de larga duración expedidos al amparo de un Acuerdo de Movilidad de Jóvenes, así como los visados de estancia por estudios de hasta ciento ochenta días de duración cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma, será prorrogada durante un período de tres meses desde la finalización del estado de alarma, siempre que su titular se encuentre en España y no haya podido regresar a su país de origen.

Artículo 6. Entrada en España de los nacionales de terceros países, titulares de una autorización, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a una residencia de larga duración prorrogada o de visados de larga duración de inversores y emprendedores.


1. Los titulares de autorizaciones incluidas en el artículo 1, así como los titulares de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o de una tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a una residencia de larga duración prorrogada que se encuentren en el extranjero podrán entrar en España con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y la tarjeta de identidad de extranjero caducada.

2. Los titulares de visados de larga duración expedidos al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuya validez expire durante la vigencia del estado de alarma y que se encuentren en el extranjero podrán entrar en España con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y el visado caducado.


Artículo 7. Ausencias del territorio español.

A los efectos de considerar acreditada la continuidad de residencia, no se computarán las ausencias del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de retornar a España por el COVID-19.

Artículo 8. Régimen de recursos.

Contra la presente orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.












Artículo 9. Efectos.

La presente orden surtirá plenos efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Buena lectura.

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