miércoles, 20 de mayo de 2020

COVID-19. Actualización a 19 de mayo de normativa, resoluciones judiciales, y aportaciones económicas, jurídicas y sociales.


Actualizo en esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización, y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo con sus contenidos. 

Dado que el número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con regularidad, es necesario remitirse al   Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico” https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2 que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a medida que se van dictando nuevas normas.

1.   Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.  BOE, 19.


Artículo 1. Objeto.

1. Esta orden tiene por objeto actualizar las distintas medidas adoptadas en materia de ordenación de la navegación marítima y transporte marítimo al amparo de la normativa del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en aplicación del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020.

2. Lo dispuesto en la presente orden no exime del cumplimiento de las demás medidas de limitación, de contención y de protección de la salud acordadas por las autoridades competentes para evitar la propagación y el contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Asimismo, podrán tenerse en cuenta las guías de buenas prácticas o protocolos de actuación que, en su caso, se adopten al respecto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente orden se aplicará en todo el territorio nacional, independientemente de la fase en que se encuentren los distintos ámbitos territoriales en aplicación del Plan para la desescalada, salvo disposición expresa en otro sentido.
Artículo 3. Restricciones.

1. Se mantiene la restricción de entrada en puertos españoles de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto.

2. No se permitirá la entrada en ningún puerto español de buques o embarcaciones de recreo extranjeras que no tuvieran su puerto de estancia en España. Quedan exceptuados de esta restricción los buques y embarcaciones que solamente tengan tripulación profesional a bordo…..




En este contexto, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Departamento de Interior, Departamento de Salud, Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y Departamento de Empresa y Conocimiento y CCOO, UGT , Fomento y Pimec, en el marco del Consejo de Relaciones Laborales, consideran necesario:

- Efectuar una serie de recomendaciones de medidas preventivas y organizativas a empresas y personas trabajadoras para prevenir el riesgo de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en los centros de trabajo y orientaciones para planificar una vuelta al trabajo segura en el caso de parada de actividad.

- Proponer las actuaciones posibles en el ámbito de las relaciones laborales que se han consensuado para que Cataluña tenga una propuesta unificada de medidas y acciones que permita llevar a cabo una mejor actuación coordinada a las empresas teniendo en cuenta la gran diversidad de su tejido empresarial
- Concentrarse en detectar los posibles casos, y sus contactos, y aislarlos para no hacer del mundo laboral un entorno más de transmisión, de conformidad con la información elaborada por el Departamento de Salud ha elaborado para el retorno de la actividad empresarial y laboral:

- Trasladar algunas consideraciones sobre la determinación de la contingencia ante la exposición de una persona trabajadora a un agente biológico que le conlleva un periodo de aislamiento preventivo.

- Favorecer la movilidad de personal vinculado al sector esencial de servicios de atención a las personas en el contexto de la emergencia sanitaria y social.

- Proveer de información las empresas y las personas trabajadoras….”

3.. Consell de Relacions Laborals.  Recomanacions sobre l'ús de tests en el retorn esglaonat a la feina   18 de mayo.


El Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña ha acordado un documento de recomendaciones sobre el uso de tests microbiológicos de cara al regreso a la actividad laboral. El documento tiene en cuenta los siguientes factores:

    No existe aún una inmunización global o una vacuna efectiva.

    Para controlar la epidemia se necesitan el cumplimiento estricto de las medidas de protección, el reconocimiento de los casos y el aislamiento de los contactos de forma precoz.

    Muchos sistemas de detección de la enfermedad aún no son del todo fiables cuando se utilizan en personas sin síntomas o sanas y podrían conducir a tomar decisiones con escaso fundamento clínico y de salud pública.

Uso de tests microbiológicos para la reincorporación laboral de profesionales

    El documento destaca que la prueba diagnóstica en ningún caso puede sustituir las medidas preventivas como la distancia de seguridad e higiénicas.

    Cualquier entidad ajena a la Generalidad de Cataluña y en su sector público que plantee la realización o compra de tests deberá solicitar autorización previa a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria y disponer de la prescripción de los servicios de prevención de riesgos laborales.

    El compromiso del Departamento de Salud es resolver las solicitudes, siempre que éstas sean correctas en tiempo y forma, en un plazo de 4 días laborables.

Finalmente, el documento establece el protocolo a seguir en función de cuatro casos:

Personas trabajadoras sin síntomas y / o de riesgo:

    Se incorporarán al puesto de trabajo de acuerdo con las indicaciones de higiene y distancia de seguridad y todo el resto de recomendaciones.

    No hay obligación de realizar test microbiológico en esta circunstancia.

Personas trabajadoras que presentan síntomas compatibles con Covidien-19:

    Aunque los síntomas sean leves, hay informarles que se queden en casa, sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como aquellos trámites que sean preceptivos en cada momento, con comunicación al sistema sanitario como su empresa.

    Se les podrá hacer el diagnóstico clínico y test microbiológico con PCR, según el perfil de gravedad y riesgo, siempre por parte de una entidad autorizada por la autoridad sanitaria.

    Para la reincorporación a su puesto de trabajo será necesaria, además de la resolución de los síntomas al menos tres días antes del final del aislamiento, la realización de una PCR. En caso de que sea negativa, el profesional se reincorporará al trabajo y utilizará una mascarilla quirúrgica hasta que se cumplan 14 días desde la fecha de inicio de síntomas.

    En caso de que la PCR siga siendo positiva no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.

Personas trabajadoras a quienes se ha indicado aislamiento por contacto de riesgo

    En caso de confirmarse contacto estrecho sin protección, se indicará por parte del servicio público de salud aislamiento domiciliario con normas de autovigilancia, higiene y de protección de convivientes.

    A partir de los siete días, si no han aparecido síntomas se puede practicar una PCR que, de ser negativa, permitirá que la persona se reincorpore al puesto de trabajo.

    En caso de no realizarse PCR, la persona permanecerá a domicilio hasta 14 días, pudiéndose reincorporar sin test PCR si no ha desarrollado síntomas.

Personas trabajadoras que prestan servicios en entornos de asistencia médico-sanitaria, sociosanitaria, residencial y penitenciaria:

Las personas que prestan servicios de atención en entornos de asistencia médico-sanitaria, sociosanitaria y residencial (como servicios residenciales asistidos de personas mayores, discapacidad y salud mental), y penitenciaria, tienen un riesgo superior al de la población general y atienden a personas muy vulnerables a la Covidien-19.

Se garantiza, por parte del Departamento de Salud, para estas personas la realización del test para el diagnóstico de Covid-19 cuando sea necesario…”

4.  Francisco Javier Lluch Corell  Covid 19. La composición de la comisiónnegociadora. 19 de mayo.


“… Para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 18/3/2020 el RDL 8/2020, de 17 marzo -EDL 2020/6795-. En el capítulo II de esta norma se regulan las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. En concreto, en el art.23 se establecen una serie de especialidades al procedimiento regulado en el RD 1483/2012, de 29 octubre -EDL 2012/224880-, que son aplicables cuando se decida por la empresa la suspensión de contrato o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.


Como es obvio se sigue exigiendo la celebración de un periodo de consultas, pero la lectura de la letra a) del apartado 1 de este art.23 -EDL 2020/6795- referida a la composición de la comisión negociadora suscita una duda interpretativa.

…. Este artículo parece diseñar un sistema distinto al establecido en el art.41.4 a) ET -EDL 2015/182832- para el caso de que la medida afecte a un centro de trabajo en el que no exista representación legal de los trabajadores. En tal supuesto en el art.41.4 ET se da a los trabajadores la opción de atribuir la representación para negociar el acuerdo a una comisión integrada por tres de sus miembros elegidos democráticamente o por igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos o representativos del sector al que pertenezca la empresa.

Ante esta divergencia, la cuestión que se plantea a los expertos de este foro es la siguiente:

En el caso de que no exista representación legal de los trabajadores, viene obligada la empresa, cualquier que sea su tamaño, a comunicar a los sindicatos más representativos y representativos del sector que va a iniciar el periodo de consultas o puede negociar directamente con la comisión «ad hoc» elegida por los propios trabajadores.

Hay que tener en cuenta las dificultades que plantea el párrafo segundo de la letra a) que exige que la comisión negociadora «esté constituida en el improrrogable plazo de 5 días».



“P: El teletrabajo y la digitalización ha entrado de aluvión en un sistema judicial de métodos anacrónicos, como explicitan desde jueces a fiscales a funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia. Por otra parte parece que los operadores jurídicos (abogacía, procura, notariado, registradores,) han hecho de la necesidad virtud y han avanzado en semanas lo previsto para años. Incluso hay iniciativas internacionales como los juzgados remotos o virtuales ¿Para cuándo una Justicia digital a la altura de otros servicios públicos y otros países de nuestro entorno?

R: Las medidas previstas en el Decreto-ley están pensadas para un plazo muy corto: lo que quede del estado de alarma y los tres meses siguientes a su levantamiento. La crisis del Covid-19, sin embargo, ha demostrado la necesidad de que esas reformas a las que usted se refiere y que nosotros contemplamos en #Justicia2030 se lleven a cabo con vocación de continuidad. Por eso, el plan del ministerio para la desescalada contempla también un proyecto de ley en el que ya se está trabajando, para establecer, con participación de todas las administraciones y operadores, una serie de medidas organizativas, procesales y tecnológicas que van en esa dirección. Todo ello se debe hacer siempre con la vista puesta en la evolución de la pandemia y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero sin descuidar la perspectiva transformadora que caracteriza nuestro plan estratégico Con nuestra hoja de ruta para la desescalada, también aspiramos mejorar el servicio público de justicia…”

6. Xavier Arbós. Apuntes para reformas legislativas.. 18 de mayo.

Se anunció hace unos días que se iban estudiar reformas de la legislación sanitaria, para abordar mejor crisis como la del coronavirus, y es una buena noticia. Desde el inicio de la crisis sanitaria los juristas hemos polemizado sobre si lo que era necesario para la salud pública tenía un encaje exacto en el marco del derecho vigente. Es cierto que, incluso con las decisiones más polémicas, se ha buscado la mejor forma de preservar del derecho a la vida de los más vulnerables, y el derecho a la salud de todos. Por salvar esos dos derechos constitucionales, acogidos en los artículos 15 y 43 de la Constitución, respectivamente, se han visto restringidos en mayor o menor grado otros derechos. El más evidente, el derecho a la libre circulación del artículo 19, y, como consecuencia, los derechos de reunión y manifestación del artículo 21. También se vio afectado el derecho a la participación política del artículo 23, ya que se suspendieron las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco.



El estudio quiere visibilizar una realidad cotidiana y cercana pero que está oculta a nuestra mirada porque tiene lugar dentro de los domicilios privados y que esconde graves situaciones de explotación laboral, de precariedad, de maltrato e incluso abuso y acoso sexual, y de soledad. Pero también, el estudio quiere plantear propuestas y reclamar la necesidad de llevar a cabo de manera coordinada (administraciones, agentes sociales y sociedad civil) las actuaciones necesarias para valorar las tareas domésticas y de cuidados y para dignificar el sector….

8. Catarina Neves and Roberto Merrill.  Encouraging European solidarity: an unconditional basic income  18 de mayo.


… Estamos viviendo tiempos extraordinarios y excepcionales. Muchos han perdido sus trabajos e ingresos. La crisis es ante todo una crisis de salud pública, pero sus repercusiones económicas exigen una respuesta que manifieste nuestra solidaridad y que pueda contribuir a garantizar unas condiciones de vida básicas en toda Europa y el bienestar de todos.

La renta básica incondicional es hoy, más que nunca, un paso esencial. Fomenta la solidaridad porque es incondicional y universal. Una crisis de la que no tenemos ninguna responsabilidad, y de la que nadie es responsable, debe ser respondida con medidas incondicionales que no perjudiquen aún más las opciones futuras.

… Por todas estas razones, abogamos por un ingreso básico incondicional. Se debería proporcionar un pago mensual durante la duración de la crisis -una medida de tres meses que podría extenderse a seis meses- a todos los ciudadanos de la zona euro, independientemente de lo que hagan o de cuánto ganen. Recomendamos una UBI de 350 euros para todos los adultos mayores de 18 años. Es una cantidad superior a la propuesta por Philippe Van Parijs, teniendo en cuenta la importante pérdida de ingresos a la que se enfrentan la mayoría de los ciudadanos europeos.

Sería una medida costosa. Pero su impacto en la detención del colapso de la demanda, y por lo tanto de la oferta, puede compensar su coste. También, y lo más importante, es una cuestión de justicia social.

Muchos de los más afectados por la crisis tienen salarios bajos y empleos inseguros, que son la base del crecimiento económico de la eurozona en los últimos años. Todos nos hemos beneficiado de ese desarrollo económico y parece justo que todos compartamos la carga ahora, ayudando a los más afectados a asegurar que puedan afrontar la crisis actual mientras siguen disfrutando de unas condiciones de vida básicas y de cierta calidad de vida….”


9. Francesco Saraceno and Tommaso Faccio  Waiting for Godot:tackling multinationals’ tax avoidance  19 de mayo.


La insistencia de los Países Bajos en que todo el mundo "se vuelva holandés" en cuanto a los crecientes déficits de coronavirus en la Unión Europea ha reavivado (dada su complicidad) el debate sobre los paraísos fiscales dentro de la UE. En un mundo ideal, la acción sobre la emisión conjunta de deuda debería ir de la mano de la armonización fiscal y de los frenos al dumping fiscal.

Pero, dado el actual estancamiento en Europa, es más probable que se busquen soluciones nacionales para evitar la erosión de la base fiscal, al menos en un futuro próximo. La aplicación de la transparencia y el aprovechamiento de la reputación de las empresas podrían promulgarse de manera más eficaz que las prohibiciones y reglamentos que se están estudiando actualmente.

Los nuevos datos publicados por el economista de Berkeley Gabriel Zucman nos recuerdan una vez más quién gana y quién pierde en el juego de la competencia fiscal. En 2017, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia perdieron ingresos de 18.000, 20.000, 13.000 y 6.000 millones de dólares respectivamente por la evasión fiscal de las empresas multinacionales (EMN), a través de la transferencia de beneficios a los paraísos fiscales.

Mientras que los paraísos fiscales evocan una imagen de palmeras y playas de arena blanca, los datos muestran una falta de amor al prójimo mucho más prosaica. Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos son responsables de la gran mayoría (entre el 80 y el 90%) de la evasión fiscal en la UE. Esto se ve facilitado por las normas fiscales internacionales y la falta de una fiscalidad unitaria.



10. Sebastian Martín.  No es esta la universidad que necesitamos, sr. Castells   19 de mayo.


En plena pandemia, el Ministerio de Universidades ha presentado, para el trámite de consulta, un borrador de decreto sobre ordenación de las enseñanzas universitarias tan intempestivo como inconveniente.
Estamos, de nuevo, ante un mal ejemplo de producción legislativa, realizada sin un estudio a fondo del campo social que se pretende regular. Por tal carencia de partida, y por los propósitos que persigue, lamentables en un ministerio "de progreso", el proyecto adolece de inconsistencias y regresiones palmarias.
El borrador no tematiza en su exposición de motivos el asunto de la misión social de la Universidad, pero sí deja entrever cuál es su concepto de partida. Un rasgo lo distingue: haber sido acuñado fuera del propio recinto universitario. No responde a fines de ciencia ni de cultura, sino de conversión de lo aprendido en valor de mercado, algo impropio de un ministerio que, en teoría, corresponde a la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno.
No hay lugar a dudas acerca del objetivo pretendido: con la reforma se persigue ante todo "robustecer las capacidades de empleabilidad que confiere la formación recibida". La degradación cultural provocada por esta visión mercantilista se agrava todavía más con la reducción de la enseñanza superior a una institución para la formación profesional. También aquí se es bastante explícito: las enseñanzas de grado tienen como objetivo preparar "para el ejercicio de actividades de carácter profesional". Por lo visto, lo que nuestra "sociedad en permanente mutación demanda a la Universidad" es una "formación de profesionales acorde con esas mudanzas", capaces de plegarse a ellas o, en su caso, de "liderarlas". Del universitario no se esperan, pues, planteamientos críticos frente a los flujos que dominen el campo social, aunque resulten regresivos o deshumanizadores.


11. Diego S. Garrocho Salcedo   La 'youtuberización'del conocimiento. 19 de mayo.


Recuerden la palabra porque, aunque no es nueva, tiene muchas papeletas para convertirse en el nuevo término de moda durante la cuarentena: webinar.
Contengan su risa al imaginar a un adulto pronunciándola. Aun cuando su fonética resulte casi comprometida en castellano —imposible no intuirle el matiz jocoso— es muy probable que no hayan dejado de escucharla y, sobre todo, de leerla.
Este anglicismo esconde además una astucia engañosa pues no es verdad que un webinar sea algo así como un seminario en línea. Qué más quisiéramos. Olviden esa idea porque mientras que los seminarios eran reuniones presenciales circunscritas al ámbito académico o formativo los webinars proliferan hoy como una abrupta infección paralela a la Covid-19.
Revisen la barra lateral de su navegador y pónganse a refugio si les asalta una nueva propuesta de estos seminarios del futuro. Nunca hubo tantos expertos como en estos días ni tantas convocatorias urgentes para afrontar con impaciencia la nueva realidad temible.
Esa es otra de las claves. Si el panorama político ha abusado de la metáfora bélica en la gestión de la pandemia la nueva jerga educativa siente predilección por los símiles épicos y deportivos….


Ayer se publicó en el DOG la "Orden del 24 de abril de 2020 que regula el procedimiento y aprueba y divulga el modelo de comunicación de los avances regulados en el acuerdo de colaboración entre la Xunta de Galicia, a través del Ministerio de Economía , Empleo e Industria, y varias instituciones financieras para la formalización de anticipos para beneficios de desempleo que se originan en procedimientos de regulación de empleo temporal como resultado de la crisis económica causada por COVID-19 ". Como casi siempre critico la Xunta de Feijóo, hoy debo valorar positivamente esta regla, como un buen ejemplo de colaboración interinstitucional, lejos de la confrontación que otras veces practican.

El SEPE enfrenta estas semanas una tensión excepcional destinada al reconocimiento y al pago de una ola de beneficios producidos por los ERTES derivados del estado de alarma como nunca ha sucedido. Lástima que lo haga con medios personales y materiales muy limitados, debido a los inmensos recortes que las tijeras del gobierno de Rajoy han hecho a los servicios públicos de empleo. Todavía tenemos que escuchar a la gente en estos días quejarse de la incompetencia de la SEPE y el Ministerio de Trabajo de los retrasos en el reconocimiento y el pago del beneficio. La tensión de los desempleados se entiende bien, pero es mucho peor la postura de algunos políticos.

Esta vez, confío en que la Orden no tiene la intención de contrastar una Junta efectiva con un Ministerio ineficaz. De hecho, incluso la Xunta tuvo que extender el plazo para resolver el ERTES por cinco días en la famosa Orden publicada en el DOG el 2 de abril. Sin, por cierto, se me ocurriría comprender qué valor agregado tenía esa disposición en términos de efectividad y verificación de ERTES no ajustados a la Ley. Por supuesto, el Departamento debería dar una explicación de esto a toda la clase trabajadora afectada.

Sin embargo, la participación de las instituciones financieras en este trabajo por adelantado es lo mínimo que se les puede exigir, desde una perspectiva de su responsabilidad social. Por lo tanto, debemos felicitar al Ministro de Economía, Empleo e Industria. También es responsabilidad de las empresas responsabilizar a la declaración, simplificar la gestión y dar a las personas afectadas más seguridad jurídica. Lo mismo que sucedió cuando las empresas debieron procesar el beneficio de desempleo de ERTES en el art. 3 del Real Decreto Ley 9/2020. Espero que las empresas se quejen menos de lo que se quejaban en ese entonces.

Lo que no se entiende y expresa por la pereza de la Xunta de Galicia es que los anticipos no fueron otorgados a las trabajadoras domésticas, aún pendiente la asignación extraordinaria por falta de actividad prevista en el art. 30 de la RD-ley 11/2020, especialmente en estos días en los que expira el período de un mes para que la SEPE canalice su procesamiento. Sin duda sería más complejo exigir la colaboración necesaria de los jefes de hogar, pero, por supuesto, podrían articularse sistemas alternativos. Pero eso es demasiado pedir a esta Junta. El problema es que estas mujeres pueden encontrarse en una situación de mayor necesidad, en muchas circunstancias. Sin embargo, vale la pena pedirle a la Junta una extensión de cobertura para estas mujeres.

En la foto no puede ir alguien que no deja rastro para la historia. Hoy es imprescindible para alguien que nos ha dado tanta alegría…”



A) Manuel Bretón Romero (Presidente de Cáritas Española) “«EL CORONAVIRUS NOS HA CAMBIADO LA VIDA A TODOS, PERO LA SITUACIÓN ES ESPECIALMENTE COMPLEJA PARA QUIENES SOLO TIENEN A CÁRITAS»

Cáritas: ¿Cuáles son sus principales necesidades durante esta crisis sanitaria que ya empieza a experimentar estragos sociales y económicos? ¿Qué respuesta material y humana está dando Cáritas al respecto?
Manuel Bretón: En el primer momento, las mayores necesidades son materiales, y así lo han expresado las setenta Cáritas Diocesanas que día tras día siguen haciendo su trabajo en el territorio. Ellas se encargan de seguir acogiendo y atendiendo a familias y personas en situación de vulnerabilidad con alimentos, pago de recibos, asesoría jurídica, material informático para que los más pequeños puedan seguir con su enseñanza... Pero para que los trabajadores de los proyectos puedan seguir desempeñando su labor, tanto en los centros como a domicilio, es imprescindible poder comprar material de protección, de ahí que la ayuda necesaria también sea económica.
La respuesta de la sociedad ha sido impresionante. Nuestra cam campaña «Cáritas ante el coronavirus: cada gesto cuenta» ha sido apoyada por multitud de empresas, personas anónimas y otros actores de la sociedad, a través de iniciativas responsables y creativas que hacen pensar que hay esperanza y un futuro maravilloso.
Cuando esta primera fase quede atrás, las necesidades serán otras. Deberemos restituir vidas que han quedado al margen, por lo que la colaboración seguirá siendo necesaria.

B)  Natalia Peiró Pérez (Secretaria General de Cáritas Española) «DESDE CÁRITAS ESTAREMOS MUY PENDIENTES DE LOS MÁS VULNERABLES TRAS ESTA GRAVE CRISIS SANITARIA»

Cáritas: Cáritas ha elaborado una batería de propuestas para paliar los efectos del coronavirus en las personas más desfavorecidas.
¿Qué ayudas de emergencia pedimos al Gobierno con el fin de no aumentar la cifra de personas excluidas después de la crisis?
Natalia Peiro: Todos los días nos despertamos con nuevas medidas legales y económicas para los distintos sectores de la sociedad: empresas, autónomos, trabajadores, desempleados... Pero hay muchas personas que viven una acumulación de problemas, difíciles de atajar si no hay medidas potentes dirigidas a ellos. Es el caso de las familias que no cuentan con ningún ingreso, migrantes que han perdido su trabajo y perderán su permiso de residencia, empleadas de hogar…
Desde Cáritas observamos día a día sus principales problemas, lo que nos lleva a priorizar el plantear al Gobierno un ingreso mínimo garantizado que ayudaría a salir de esta crisis con mayor justicia y situaría a todas las personas por encima del umbral de la pobreza. Por otro lado, hemos lanzado propuestas para evitar la irregularidad sobrevenida de las personas inmigrantes, también en relación a las moratorias en los desahucios y las moratorias o ayudas al pago de alquiler.
Por último, hemos pedido desde el primer momento el refuerzo en el trabajo con personas sin hogar y personas mayores, porque son los grupos más vulnerables de esta crisis…”.

14. Joan Bencah, Ramón Alós y Pere Jodar. La “nueva”normalidad no puede ser una “nueva” precariedad… 18 de mayo.

La pandemia muestra, aunque sea de manera forzada, la razón de la poesía en boca de Quevedo y de Machado, “sólo el necio confunde valor y precio”. Lo indispensable y lo fútil, lo necesario y lo evitable, el trabajo cualificado y el no cualificado; el valor real de las personas, de los trabajos, de las cosas útiles para lo indispensable, y la ignominia de los precios cuando un mecanismo, más digno de la magia denostada que del conocimiento científico, como el ‘mercado libre’, lo transforma todo, absolutamente todo, en valor de cambio. Descubrimos sobre las virtudes del capitalismo desbocado, que aquello indispensable no es el turismo, ni el consumo desenfrenado, ni el fútbol o el deporte mercantilizado, tampoco la privatización, ni la mercantilización de las cosas y, aún menos, la de las personas y la naturaleza. Aquello imprescindible y necesario es el cuidado, la atención, la dedicación, la relación, un medio ambiente sostenible que nos acoja; es decir, servicios públicos de sanidad, educación, asistencia social, de cuidados a mayores, niños y dependientes y una economía que haga florecer la Tierra. No es imprescindible especular en bolsa, ni que los milmillonarios engrosen más sus arcas, tampoco necesitamos un ‘progreso’ alarmantemente destructivo que, sin piedad, socava los cimientos naturales sobre los que se asientan nuestras sociedades. En cambio, sí que es imprescindible, vital y necesario, producir alimentos en la cercanía; también manufacturar, sin largos, costosos y contaminantes viajes de transporte, los productos necesarios para asegurar la vida y un mínimo de confort y seguridad; y, naturalmente, incluso en esta época de tecnologías complejas y sofisticadas, de algoritmos e inteligencias artificiales, no podríamos tirar para adelante sin que alguien nos muestre afecto y respeto en nuestra infancia, en nuestra vejez, en nuestra enfermedad; sin persona alguna que nos apoye en la desgracia o en las alegrías.



"Todas las crisis que ha vivido nuestro país se han resuelto de una única manera, el ajuste que se ha practicado ha sido siempre el mismo: despidiendo a la gente, flexibilizando las relaciones laborales, desregulando el mercado de trabajo y precarizando las relaciones laborales", ha especificado.

Sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, Díaz los ha definido como "amortiguadores sociales": "Es la primera vez que nuestro país hace un uso masivo de esta herramienta, que es defensiva en términos económicos. Lo que hace es contener el empleo y proteger la empresa", ha explicado…



La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro mundo de manera inimaginable. Todos nos hemos visto afectados y todos tenemos una historia que contar. En la Organización Internacional del Trabajo, hemos querido recabar los testimonios de las personas del mundo del trabajo. Vea sus historias aquí.

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