Sigue la saga universitaria. Beca de formación predoctoral + diversos contratos de duración determinada. Improcedencia del despido. Una nota a la sentencia del TSJ de Cataluña de 8 de marzo de 2019.

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 8 de marzo, de la que fue ponente el magistrado Miguel Ángel Sánchez.  

La resolución judicial desestima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la Universidad Pompeu Fabra contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 8 de Barcelona el 5 de octubre de 2018, que declaró la improcedencia del despido de una profesora, por cuanto que si bien mantiene tal declaración sí reduce el montante de la indemnización a percibir, en caso de no readmisión, por no computar el período de dos años durante el que la profesora inició su vinculación con la UPF mediante una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

El interés de la sentencia radica en el conocimiento, una vez más, de las diversas estrategias seguidas en el ámbito universitario para renovar periódicamente la contratación de un profesor o profesora y sin que se pueda acceder a una estabilidad laboral. Que esta actuación sea consecuencia de los recortes presupuestarios habidos desde finales de la pasada década, o bien de decisiones propias de los órganos de dirección universitarios sobre la convocatoria de plazas, es una cuestión que no afecta a la irregularidad de la situación contractual de la persona que tras un beca de investigación formaliza diversos contratos, y de diferente tipología, de duración determinada y que para que sean considerados conformes a derecho deben cumplir los requisitos marcados en la normativa estatal y autonómica de Universidades, así como en los Estatutos de la Universidad, siendo así que ello no ha ocurrido.

2. El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de una demanda, en procedimiento por despido, por parte de una profesora de la UPF tras la comunicación de la extinción del último contrato formalizado con dicha Universidad.

Digo último, porque antes se celebraron varios; en efecto, su relación se inició en septiembre de 2006 con una ayuda predoctoral de formación de personal investigador, asociada a un proyecto de investigación, con una duración de cuatro años. Debemos recordar que en esa fecha estaba vigente el debemos mencionar el Real Decreto 63/2006 de 27 de enero, por el que se aprobó elEstatuto del personal investigador en formación, cuyo art. 4 regulaba las situaciones jurídicas de dicho personal investigador en formación, que eran las siguientes: “a) De beca, que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda. b) De contrato, que, una vez superado el período de beca y obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como máximo, los dos años siguientes. Para esta etapa, el personal investigador en formación formalizará un contrato laboral con el organismo, centro o institución al que esté adscrito”.

Consta en los hechos probados de la sentencia de instancia que la UPF dio de alta en la Seguridad Social a la demandante el 1 de septiembre de 2008, es decir en el momento en que finalizaba el período de beca y se iniciaba el de contratación laboral con la Universidad.

Con anterioridad a la finalización de la duración máxima de la beca-contrato (supongo que por haber procedido ya a la defensa de la tesis doctoral o por estar prevista antes de dicha finalización), las partes formalizaron un contrato de profesor ayudante por un periodo de un año (22 de septiembre de 2010 a 21 septiembre de 2011, es decir un curso académico), habiéndose procedido con anterioridad, el 30 de agosto de 2010, a la extinción del anterior contrato. Con posterioridad (vid. hecho probado cuarto) se formalizó un nuevo contrato anual el 1 de agosto de 2011, con efectos de 22 de septiembre de 2011, quedando la profesora adscrita al área de conocimiento de Derecho Civil del Departamento de Derecho, y siendo prorrogado anualmente durante cuatro años más, procediéndose finalmente a la extinción el 21 de septiembre de 2017, siendo necesario destacar, por la importancia jurídica que posee el dato a los efectos de resolución del conflicto jurídico, que la ultima contratación (septiembre de 2016 a septiembre de 2017) se llevó  cabo mediante un contrato laboral de profesor visitante.

3. La sentencia de instancia declaró la improcedencia del despido y condenó a la empresa a la readmisión o al abono de una indemnización computada desde el inicio de la beca-contrato de personal investigador en formación. Contra dicha sentencia la UPF interpuso recurso de suplicación al amparo de los apartados b) y c) de l art. 193 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, es decir solicitando revisión de los hechos probados y alegando infracción de la normativa y jurisprudencia aplicable.

La modificación solicitada pretendía que se incorporara de manera expresa que la relación de la demandante con la UPF se mantuvo durante los dos primeros años como consecuencia de ser aquella beneficiaria de una beca, y también que la primera relación contractual se inició el 1 de septiembre de 2008. Tras un recordatorio de la consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre los requisitos que deben cumplirse por la parte recurrente para que pueda prosperar una modificación solicitada, señaladamente la transcendencia a efectos de fallo, se acepta la revisión solicitada por cuanto se apoya en prueba documental clara “y resulta trascendente dicha modificación para mutar el fallo de instancia”.

Respecto a la vulneración de la normativa y jurisprudencia aplicable, se reiteran argumentos ya utilizados en casos anteriores en que no solo la UPF sino también otras Universidades se han visto envueltas sobre contratación irregular (ya fuera de inicio o, mucho más habitual, durante el mantenimiento del vínculo contractual) con su profesorado, y casi siempre asociados.

En efecto, se expone que la normativa laboral general (art. 15 LET y disposición adicional tercera) no sería de aplicación a la contratación de profesorado universitario por quedar excluida según dicha disposición, así como también que la sentencia de instancia habría infringido el Código Civil, en concreto los arts. 1261 (“No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca”), 1271 (“Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras…. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”) y 1276 (“La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”), postulando que la tesis de la sentencia de haberse celebrado las contrataciones posteriores a la primera en fraude de ley no sería ajustado a derecho ya que hubieran debido calificarse de nulos “por incumplimiento de los requisitos para su contratación” (estrategia empresarial sin duda dirigida a evitar los efectos de una sentencia que llevara aparejada, como así ocurrió el abono de indemnización).

Por fin, se adujo que la antigüedad debía ser computada desde el 22 de septiembre de 2010, es decir a partir del primer contrato celebrado desde la finalización de la beca-contrato de personal investigador en formación (me pregunto cuál puede ser la fundamentación de esta tesis si la propia empresa dio de alta, como así debía ser obligatoriamente, a la demandante desde el momento en que se inició la primera relación contractual, y no alcanzo a descubrirla).

4. La tesis de la nulidad será rápidamente desestimada, con acertado criterio a mi parecer, por la Sala, basándose en la doctrina sentada por el TS, sentencia de 22 de junio de 2017 que fue objeto de atención detallada en una anterior entrada; no hay vicios en el consentimiento, no hay ilicitud del objeto del contrato, no hay simulación de un contrato real bajo la apariencia de un contrato meramente formal. Aquello que se ha dado en esta ocasión, al igual que en la gran mayoría de conflictos sobre profesorado universitario que han llegado a los tribunales, es la utilización de una modalidad contractual para fines no previstos en la normativa de aplicación, siempre ahora añado según la sentencia de instancia (y que será confirmado por el TSJ), y por ello lo que se ha dado es una situación de fraude de ley a la que el ordenamiento jurídico anuda unos determinados efectos en punto a la declaración, en un caso de extinción contractual, de su improcedencia. Justamente se recuerda que la sentencia del alto tribunal revoca una anterior del TSJ catalán de 29 de mayo de 2015 y que también se refería a una contratación, fraudulenta, formalizada por la misma Universidad.

Por el interés que tiene para la mejor comprensión de la distinción entre nulidad y fraude de ley en la contratación del profesorado universitario, reproduzco un fragmento de mianálisis de la sentencia del TS de 22 de junio de 2017.

“La Sala procede en primer lugar al repaso de la normativa universitaria particular aplicable al caso por lo que respecta a la contratación de profesorado universitario, y a continuación transcribe una parte de la sentencia del TJUE, en concreto la referida a que debe ser el juzgador nacional quien compruebe que en el litigio en juego la realidad de la prestación de servicios sea conforme a la normativa comunitaria y no se produzca un uso abusivo, desviado y fraudulento de la contratación de duración determinada. Con reiteración de las tesis expuestas en la sentencia de 1 de junio, el alto tribunal enfatiza que el contrato de profesor asociado “aparece configurado con carácter temporal y, como norma general, con dedicación a tiempo parcial, siendo renovable mientras se mantenga el presupuesto que legitima esta contratación, a saber, que se siga desempeñando la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario. Cuando no se cumplen los presupuestos que legitiman este tipo de contratación, así como cuando la actividad docente desempeñada está absolutamente desvinculada de la actividad profesional que desempeña el docente fuera de la Universidad se desvirtúa la esencia de esta modalidad contractual”, así como también que no se pueden cubrir necesidades permanentes de la Universidad recurriendo a la utilización de esta modalidad contractual temporal, ya que “No puede haber ningún espacio exento, ni por lo tanto tampoco el ámbito universitario, de la obligación de cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y de la regulación española”.

A continuación, la Sala recuerda cómo dio respuesta el TJUE a las cuestiones prejudiciales planteadas por el JS, e inmediatamente a continuación (apartado 3 del fundamento jurídico cuarto) subraya, en sentido idéntico al de la sentencia de 1 de junio, que deben cumplirse dos requisitos para que la contratación de un profesor al amparo de la modalidad contractual de asociado sea conforme a derecho: en primer lugar, que el profesor “desarrolle una actividad profesional fuera de la Universidad”, y en segundo término que con su actividad docente “no cubra necesidades permanentes y duraderas de la Universidad”. Dado que ninguno de los dos requisitos se cumplen, ya que el profesor sí prestaba, al menos formalmente, actividad para una empresa externa en el momento de la contratación pero inmediatamente dejó de hacerlo y no consta que tuviera actividad profesional externa durante toda la vigencia de su contratos y las sucesivas prórrogas, y quedó debidamente acreditado que durante su vida laboral en la UPF había desarrollado su trabajo “dentro de la actividad permanente, habitual y duradera” de la misma, el TS llegará a la conclusión de que la contratación no era conforme a derecho, era fraudulenta, acogiendo como buena y recta doctrina la de la sentencia aportada de contraste, concluyendo que el contrato formalizado el 30 de septiembre de 2008 y sucesivamente prorrogado era de carácter indefinido de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.3 de la LET, y “en el presente supuesto, al ser la empleadora una Administración Pública, la relación laboral será indefinida no fija”.

Conocedora la Sala de las críticas que pudieran quizás hacerse a su tesis por no tomar en consideración la disposición adicional decimoquinta 2 de la LET o del apartado tres del mismo precepto, expone que ninguno es de aplicación al caso concreto enjuiciado, en cuanto que ni el contrato inicialmente suscrito, ni ninguna de las prórrogas posteriores, “se encuentra entre los que prevé la aludida excepción”.

En el fundamento de derecho quinto la Sala razona por qué no debe considerarse el contrato como nulo, tesis de la sentencia recurrida, en términos semejantes, aunque más sintéticos, que los de la sentencia de 1 de junio. En mi análisis de esta última procedí a la explicación de esta cuestión en los siguientes términos: “La Sala dedica el fundamento de derecho quinto a una cuestión que no me parece, salvo mejor parecer, que sea el núcleo duro del debate, si bien sí que tiene trascendencia en la medida en que la sentencia recurrida consideraba que el incumplimiento de un requisito de obligado cumplimiento, como es el de acreditar una actividad principal externa a la Universidad para poder acceder a la condición de profesor asociado, no merecía la consideración jurídica de actuación fraudulenta, de fraude de ley regulado por el art. 15.3 de la LET y al que se anudaría la improcedencia de la decisión de extinción contractual, sino que se trataba de un contrato nulo, contrario a la ley al que sería de aplicación el art. 9.2 respecto al derecho del trabajador a percibir la remuneración adeudada por la prestación del trabajo.

Sorprende esta tesis si se repara en que la nulidad es un supuesto excepcional en el ámbito de las relaciones laborales, ya que su aplicación generalizada provocaría un perjuicio innegable para una persona, el trabajador, que debe ser la parte protegida, y no perjudicada en la relación laboral. Con plena corrección jurídica a mi entender la Sala recuerda cuales son los supuestos que el ordenamiento jurídico (Código Civil) prevé que pueda darse dicha nulidad contractual y constata que ni se ha producido vicio alguno en el consentimiento, que el objeto de la prestación no es ilícito, y que existe una causa del contrato, concluyendo aquello en lo que existe a mi parecer un consenso bastante generalizado en la doctrina laboralista y acogido igualmente por el TS: que en situaciones como las planteadas en el caso ahora objeto de comentario, realmente aquello que se da es “la utilización de una modalidad contractual, generalmente temporal, para la regulación de trabajos que no resultan amparados por la regulación finalista del contrato utilizado”, afirmando con claridad que “existe, por tanto, una situación de fraude en la utilización de la modalidad de que se trata”. En este punto, la Sala acude a su doctrina general sobre los efectos del fraude de ley en las relaciones laborales, desmarcándose con toda claridad de la doctrina del TSJ catalán, para concluir que ello provoca una situación jurídica que no es la del contrato formalmente celebrado, de duración determinada, sino otra bien diferente, que es la de un contrato indefinido no fijo si el conflicto, como ocurre, en este caso, se produce en el seno de una Administración Pública, “de forma que la extinción empresarial basada en la finalización del supuesto carácter temporal del vínculo contractual determinará que sea calificada como despido improcedente”. 

5. Regreso a la sentencia del TSJ catalán para conocer la respuesta que da a la tesis de computarse la antigüedad a partir del primer contrato postdoctoral, y no, como así hizo la sentencia de instancia, desde el momento de la vinculación (con beca ministerial) en el inicio de su carrera universitaria.

La Sala aceptará parcialmente las alegaciones de la recurrente tras un amplio recordatorio de las diferencias conceptuales entre beca y contrato y referencias jurisprudenciales (ciertamente muy lejanas en el tiempo, ya que la sentencias citadas del TS son de 13 de junio de 1988 y 7 de julio de 1998), para poner de manifiesto, como efectivamente así ocurrió que el primer vínculo contractual, con contrato de trabajo en prácticas, se formalizó el 1 de septiembre de 2008, siendo computable la antigüedad a  partir de dicha fecha, subrayando la Sala la importancia del mantenimiento del vínculo contractual desde esa fecha y recordando la doctrina del TS de que la antigüedad se computa desde la primera contratación “tanto si han mediado irregularidades en los sucesivos contratos temporales cuanto si lo ocurrido es la mera sucesión – regular- de varios sin una solución de continuidad”.

Buena lectura de la sentencia.