1. Hace justamente
cuatro años, el 25 de enero de 2015, publiqué una entrada en el blog titulada “Empleo,crisis y pobreza. De los datos (necesarios para conocer el estado general de lacuestión) a las personas (que viven cada día el impacto de la crisis). DeGinebra y Bruselas a Cornellà del Llobregat”.
En la primera parte
del texto explicaba el contenido del informe anual de la OIT “Perspectivas
laborales y sociales en el mundo. Tendencias en 2015”, que en años anteriores
se denominaba “Tendencias mundiales del empleo”, así como también del estudio
anual de la Comisión Europea, correspondiente a 2014, “de la evolución del
empleo y de la situación social en Europa”. Completaba mi exposición con otros
dos informes: el primero, de ámbito mundial publicado por Oxfam con ocasión de
la reunión anual de Davos, cuyo título era suficientemente expresivo de la
realidad que quería mostrar: “Riqueza: tenerlo todo y querer más”; el segundo de
ámbito español, el elaborado por el gabinete técnico confederal de UGT, “La
precarización del mercado de trabajo. Algunas evidencias”, en el que se analizaba
la realidad del empleo creado y del desempleo, con una muy dura crítica a la
reforma laboral de 2012 del gobierno del Partido Popular y sus consecuencias
sobre el mundo laboral.
En la segunda, parte,
explicaba mi intervención, el 23 de enero, en las jornadas organizadas por el
Ayuntamiento de Cornellà del Llobregat y dirigidas por el Presidente de la
Fundación Utopía Joan N. García-Nieto de Estudios Sociales del Baix Llobregat,
Francesc Castellana, que llevaban por título “Alianza cívica contra la pobrezaen Cornellà”, en las que se reflexionó y debatió sobre la pobreza, sus efectos
y las nuevas medidas para paliarla, con intervenciones de representantes de
organizaciones sociales y debates en
talleres de trabajo sobre los derechos básicos de ciudadanía, la problemática
de la salud y el bienestar, y la igualdad de oportunidades, habiéndose
formulado un conjunto de propuestas que fueron recogidas en las conclusiones
del encuentro y que ponían de manifiesto la necesidad de abordar transversalmente
la realidad de la nueva pobreza que afectaba (sigue afectando, añado ahora) a
amplias capas de la sociedad y de la que no escapaba (no escapa) una parte de
la población trabajadora con salarios por debajo de los niveles de
subsistencia. Tuve la oportunidad de participar en la primera mesa de trabajo
de las Jornadas, y desde mi perspectiva laboral enfaticé el impacto que las
reformas laborales postcrisis estaban teniendo
sobre el crecimiento del número de trabajadores pobres y sobre la devaluación
salarial que se había producido en España no sólo como consecuencia de la
crisis sino también como resultado de las reformas laborales emprendidas por el
Partido Popular y que habían llevado a mi parecer a un incremento del poder
unilateral del empleador en la fijación, y modificación, de las condiciones de
trabajo, y a la debilitación de la negociación colectiva como instrumento
ordenador de las relaciones laborales y de fijación de los salarios. Que la
nueva pobreza afectaba a muchas personas que disponían de empleos en principio
estables y bien remunerados pero que como consecuencia de la crisis económica
habían desaparecido y habían quedado desprotegidas una vez agotadas las
prestaciones sociales contributivas o asistenciales, con especial impacto en
trabajadores de medianas y pequeñas empresas, extranjeros extracomunitarios y
autónomos.
En fin, tuvimos,
como no podía ser menos en unas jornadas organizadas por una Corporación Local,
un amplio debate sobre el papel de las Administraciones Locales en la creación
de empleo, papel muy importante que se han jugado desde mediados de los ochenta
del siglo XX y que en aquel momento se veía puesto en cuestión no sólo por las
restricciones económicas sino también por las restricciones legales operadas
por la normativa de reforma de las competencias de tales Administraciones,
aunque quienes padecen las consecuencias de la crisis no conozcan tales leyes y
sigan acudiendo a su administración más cercana, la local, para tratar de
intentar encontrar respuesta a su problema. Así, en el ámbito de las medidas
más directamente cercanas a la problemática laboral, que fueron objeto de
amplio debate en el taller dedicado a la igualdad de oportunidades, se
propusieron las siguientes: “Fomentar la aplicación de cláusulas sociales en la
contratación pública en Cornellà.; priorizar el empleo de personas en situación
de desempleo de larga duración para mayores de 45 años; Continuar tendiendo
puentes para vincular la formación profesional con la red de empresas de la ciudad;
buscar nuevos espacios en la ciudad que permita ampliar la oferta local de
Escuelas de Segunda Oportunidad para apoyar la labor de las entidades que la
lideran; impulsar políticas activas de empleo específicas para personas que
finalizan planes de empleo locales; estudiar la posibilitar de crear ayudas
para complementar los programas de estudio de la Generalidad; buscar
intensivamente la colaboración público-privada con el fin de encontrar nuevos
yacimientos de empleo y promocionar la formación dual”. Como explicaba unartículo publicado en El Periódico el 17 de enero, “Del primer encuentro de
2015 nacieron más de un centenar de propuestas para hacer frente a la pobreza,
23 de las cuales fueron pactadas como prioritarias y se han ido trabajando en
estos cuatro años a través de talleres de trabajo, dedicadas a generar alianzas
entre entidades y ciudadanía para llevarlas a cabo. Algunas de estas ideas
fueron, por ejemplo, la Botiga Solidària de Cornellà, la oficina de Mediación
Hipotecaria o la Oficina de Eficiencia Energética, así como otros proyectos
dedicados a promover la inserción laboral de manera personalizada, como el
Cornellà Ocupació o los Itinerarios Individuales de Inserción”.
2. He realizado
esta amplia introducción recordatoria de un evento celebrado hace cuatro años,
y de los informes internacionales y nacionales publicados en 2015, porque
muchas de las cuestiones que debatieron entonces, y las propuestas que se
formularon, siguen teniendo plena vigencia, con la necesidad a escala internacional,
europea, estatal, autonómica y local de seguir buscando respuestas y adoptando
medidas, en el ámbito competencial respectivo, para abordar tanto los cambios
que se están operando en el mundo del trabajo, en términos de cantidad y de
calidad, como las necesidades cada vez mayores para una parte nada
menospreciable de la población que se encuentra fuera de aquel, o incluso que
dentro del mundo laboral no alcanza los ingresos necesarios para una subsistencia
digna (trabajadores pobres, “working poors).
Aunque en el
título sitúo a la localidad de la
comarca del Baix Llobregat, un icono de las luchas de la clase trabajadora durante
la dictadura franquista, entre el frio suizo y el calor sevillano (y por
cierto, no conviene olvidarse tampoco de la cumbre anual de Davos, y más
concretamente del informe emitido nuevamente por Oxfam que pretende no solo sacar
los colores sino también formular propuestas de cambio para abordar los
problemas de una sociedad cada vez más desigual, al que me referiré brevemente
más adelante), permítanme que empiece mi exposición por Cornellà, ya que el
viernes 25 tuvo lugar una nueva edición de las jornadas de la Alianza Cívica contra la pobreza y que
llevaba por título “Precariedad laboral. Una salida desigual de la crisis”, con
una activa participación nuevamente de la Fundación Utopía de estudios Sociales
de Baix Llobregat a través de la moderación de las mesas de trabajo de la sesión
de mañana, y de una activa intervención en una mesa de la segunda, de su
presidente Francesc Castellana.
Fueron objeto de
especial atención la precariedad laboral de las y los jóvenes, la importancia
de la economía social y solidaria, la “precariedad laboral 4.0”, las nuevas
formas de pobreza vinculadas a dicha precariedad laboral, y una exposición de
buenas prácticas de creación de empleo y que pusieron de manifiesto qué, como
he indicado antes, las jornadas de 2015 no se quedaron solo en palabras sino
que se plasmaron en resultados concretos en desarrollo de las propuestas de
actuación. Buena parte de la jornada estárecogida en este enlace que adjunto.
En el manifiesto publicado
con ocasión de la jornada, se recuerdan las acciones llevadas a cabo para mejorar
tanto la cantidad como la calidad del empleo por parte tanto del Ayuntamiento
como de todas las organizaciones sociales implicadas, todas ellas dirigidas “conseguir
un nuevo modelo de ciudad capaz de corregir las desigualdades, de garantizar la
dignidad del trabajo y la vida de las personas y de mantener la convivencia, la
equidad y la cohesión social”, con una finalidad de indudable importancia cual
es la de conseguir el “éxito social”, que debe estar fundamentado en “derechos
sociales básicos, como son la vivienda para todos, el acceso a un puesto de
trabajo digno, la atención a la población menor y adolescente, una educación
pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades, y la
recuperación del modelo sanitario universal así como el espíritu de la Ley de
atención a la dependencia”.
3. Para completar,
quien lo desee, el conocimiento de temáticas abordadas en la jornada, como son
la situación de las y los jóvenes, y la problemática del mercado de trabajo
desde la perspectiva de la precariedad que sufre una parte de la población en
el escenario 4.0, me permito remitir a dos trabajos de ponentes que
intervinieron en aquella.
Sobre la juventud,
la obra colectiva dirigida por las profesoras Agnès Pardell y Mari Àngels
Cabasés, de la Universidad de Lleida (esta última, ponente de la primera mesa),"Evaluación
de la implantación de la garantía juvenil (2013-2016). Una visión autonómica y
europea” (Ed. Tirant lo Blanch, 2018), y de la que escribí en su prólogo que “Se
trata, a mi parecer, de una obra de indudable interés, tanto por la temática
abordada, la implantación de la garantía juvenil desde una perspectiva que abarca
su puesta en marcha en varios países de la Unión Europa y en distintas
Comunidades Autónomas de España, como por el carácter pluridisciplinar del
texto. En efecto, no estamos sólo en presencia, aunque sí tenga carácter
preferente, de un análisis jurídico de la medida “estrella” puesta en marcha en
el seno de la UE en el año 2013, en el marco del paquete de empleo juvenil y
junto con la Iniciativa de Empleo Juvenil, sino también del examen de la
cuestión desde las perspectivas económica, antropológica, sociológica y
educativa. Contribuye sin duda a este carácter interdisciplinar de la obra el
hecho de que los investigadores e investigadoras de la Universitat de Lleida
que han participado en la misma forman parte del Centro de Estudios sobre
juventud y sociedad, de dicha Universidad, y también del grupo de investigación
consolidado Juventud y Sociedad (JOVIS) de la Generalitat de Catalunya”.
Sobre la precariedad
laboral 4.0, ponencia a cargo del economista José Moisés Martín, remito a uno
de sus más recientes artículos, titulado “Desigualdad en España: las cuatro
brechas sociales” (publicado en el núm. 31, diciembre 2018, de Gaceta Sindical,dedicado a “Distribución de la renta, desigualdades y brechas sociales”), que
se centra en el examen de la brecha laboral, “la desigualdad en el acceso al
empleo y a los salarios”, la brecha generacional, “la pobreza infantil y
juvenil como principal fuente de desigualdad”, la brecha de género, y la brecha
fiscal “unos ingresos y gastos poco redistributivos”.
En sus conclusiones,
el autor enfatiza que si España “quiere afrontar los próximos años con una
agenda de cohesión social y de igualdad económica, es urgente reflexionar sobre
dónde y cómo se han generado unas brechas en el mercado laboral – entre precarios
y consolidados – entre mayores, niños y jóvenes, entre hombres y mujeres, y
entre pagadores y receptores netos de transferencias”.
El citado artículo
forma parte, como recoge el título del número monográfico de la revista, de un
más amplio análisis de la cuestión, y que tal como explica su director, Jorge
Aragón, tiene por objeto reflexionar y debatir sobre “tres aspectos centrales: las raíces de los procesos de desigualdad en
la distribución de la renta y la riqueza en este período de globalización; las
características específicas que tienen en España las desigualdades económicas y
sociales, no solo en el período de crisis económica sino también de
“recuperación”; y las principales “fracturas sociales” que las desigualdades
están produciendo y que se pueden cronificar en el futuro”.
También sobre la
precariedad laboral en el mundo laboral es muy interesante, así me lo parece,
la aportación de las profesoras Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno, de la
Universidad de Alcalá de Henares, “Las brechas de la precariedad: empleo y ocupaciones”,
en cuya introducción se destaca que “Temporalidad y contratación a tiempo
parcial son dos pilares importantes de la precariedad del mercado de trabajo
español. Pero esta situación no afecta por igual a todas las personas: mujeres
y jóvenes se han visto afectados de manera más intensa”.
4. En mi
intervención posterior a la mesa sobre precariedad laboral y nuevas formas de
pobreza, en calidad meramente de asistente a la jornada, destaqué tres puntos
de atención para tener en consideración tanto en las propuestas de actuación
como en próximos debates: en primer lugar, la cercanía entre muchas de las reflexiones
que se hacían a mediados de los años ochenta y principios del noventa del siglo
XX con las que se realizan en la actualidad sobre el impacto tecnológico en el
mundo del trabajo (El presidente de la Fundación Utopía, Francesc Castellana,
recordaba con pleno acierto las aportaciones de Adam Schaff, André Gorz y de
Joan N. García Nieto); en segundo lugar, que alguna relaciones de trabajo que
se anuncian (publicitan, sería mejor decir) como novedades del nuevo mundo
laboral, no son sino una versión tecnológica de aquellas ya existentes a
finales del siglo XX (el ejemplo de los mensajeros de 1984, reconvertidos ahora
en riders, para no utilizar el término trabajador y argumentar que son
autónomos, sería el más significativo), y que hay que abordar su regulación,
tanto de las “renovadas formas de trabajo” como de las más vinculadas al cambio
tecnológico y que ha dado en llamarse la economía de plataformas, por lo que me
alegra leer en el informe de la OIT al que me referiré más adelante, que “Si
dejamos que la economía digital siga como hasta ahora, probablemente se
ensancharán la brecha regional y la brecha de género. Además, los sitios web de
trabajo en plataformas de microtareas y el trabajo mediante aplicaciones que
conforman la economía de plataformas podrían recrear prácticas laborales que se
remontan al siglo XIX y futuras generaciones de jornaleros digitales”, y defendiendo que deben garantizarse los
derechos fundamentales del trabajo, “velando por que todos los trabajadores
gocen de la protección social adecuada y administrando de manera activa la
tecnología para garantizar un trabajo decente”; en fin, que el reto más
importante que tenemos en estos momentos es poner en el centro de los debates
una agenda social, una agenda que preste atención a las cuestiones que afectan,
y preocupan, a la gran mayoría de la ciudadanía, como son las políticas sociales,
es decir la educación, la sanidad, la vivienda y las políticas de empleo.
5. Y ya estoy en Ginebra
(la sexta ciudad más cara del mundo para vivir, con datos de 2018), en la sede
de la Organización Internacional del Trabajo, donde el día 22 se presentaba el
informe elaborado por la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, creada
en 2017, que lleva por título “Trabajar para un futuro más prometedor”.
La página web dela OIT facilita una muy amplia y detallada explicación de su contenido, así
como del acto de presentación del documento que puede seguirse en este enlace El
director general de la OIT, Guy Rider, subrayaba en la presentación que “Las
cuestiones destacadas en este informe son relevantes para las personas en todas
partes y para el planeta… , pueden ser desafiantes, pero si las ignoramos lo
hacemos por nuestra cuenta y riesgo. El mandato de la OIT, que reúne a
gobiernos, empleadores y trabajadores de todas las regiones del mundo,
significa que la Organización está bien situada para servir de brújula y de
guía para contribuir a abrir nuevas perspectivas en el trabajo para las futuras
generaciones”.
La lectura del
documento, calificado por quienes lo han elaborado como “el principio del viaje”,
es altamente recomendable para todas las personas interesadas en el mundo del trabajo,
de cara tanto a conocer cuál es su realidad actual (aunque ciertamente en este
terreno hay que acudir para mucho más detalle a los informes anuales sobre las
tendencias del empleo) como muy especialmente qué medidas hay que adoptar para
conseguir que el futuro sea, como reza el título del informe, “mas prometedor”.
Un documento, en
el que se subraya, con pleno acierto a mi parecer, que “no es la primera vez que
una alteración tan profunda del mundo del trabajo ha requerido una respuesta
colectiva y mundial”, recordando como
fueron las consecuencias de la primera guerra mundial las que sentaron las
bases para la creación de la OIT para tratar de evitar que se volvieran a producir
situaciones como las vividas, sufridas, en los cinco años anteriores, llegándose
a la suscripción de un “contrato social universal”, reiterado y profundizado en
la Declaración de Filadelfia de 1944, que sigue siendo hoy, se subraya en el
informe, “el más ambicioso de la historia”, trasladado, con las necesarias
matizaciones y especificidades, a los marcos estatales, aunque de manera
desigual y en ocasiones dejando fuera del mismo a parte de sus poblaciones, y
que requiere de un nuevo impulso para afrontar los cambios que están sucediéndose
de manera vertiginosa en el mundo laboral. Por ello, me parece acertada la idea-eje
central sobre la que se articula el documento, cual es la de tratarse de un
programa centrado en las personas para el futuro del trabajo, desagregada en
tres ideas-eje más concretas, cuales son invertir en las capacidades de las
personas, en las instituciones del trabajo, y en el trabajo decente y
sostenible, con un objetivo que sigue siendo el que presidió la creación de la
OIT y las acciones que ha venido desarrollando desde entonces, cual es que “a
cambio de la contribución de los trabajadores al crecimiento y la prosperidad
se les garantiza una participación equitativa en ese progreso, se respetan sus
derechos y se les protege contra algunos de los aspectos más espinosos de la
economía de mercado”.
Tal como afirman
el presidente y vicepresidente de la Comisión, la ambición de quienes lo han
elaborado, tras muchos meses de debates y reuniones, ha sido el de conseguir
plasmar “la urgencia de las transformaciones que afronta el mundo del trabajo y
las ideas sobre cómo encauzar y aprovechar mejor estas transformaciones”; y no
sólo tenía esta objetivo, sino también el de inspirar otros debates sobre todas
las cuestiones que se abordan en su interior, “como fortalecer el espacio
democrático para el diálogo social y cómo los modelos empresariales pueden
ajustarse mejor a un programa centrado en las personas”.
6. Así pues, para
hablar del futuro del trabajo es necesario primero conocer su presente, sus
datos más preocupantes a los que es necesario prestar atención para tratar de
corregirlos, y que el informe sintetiza en estos términos: la necesidad de
crear 344 millones de empleos antes de 2030 (fecha fijada por la ONU para
alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible) “además de los 190 millones
que son necesarios, para poner fin al desempleo actual”, un desempleo que
afecta a 64 millones de jóvenes; abordar la situación de 2.000 millones de
personas que basan su sustento en la economía informal (“La mitad de la
población ocupada mundial desempeña un trabajo informal en actividades no
agrícolas. El nivel de desarrollo socioeconómico se relaciona positivamente con
la formalidad. Los países emergentes y en desarrollo tienen tasas
sustancialmente más elevadas de informalidad que los países desarrollados. El
sector informal incluye el mayor componente del empleo informal en todas las
regiones. Al desagregar el porcentaje de empleo informal por sexo, los hombres
(63,0 por ciento) tienen mayores porcentajes de empleo informal que las mujeres
(58,1 por ciento) en todo el mundo, habiendo sin embargo más países (55,5 por
ciento) en los que el porcentaje de las mujeres en el empleo informal supera al
porcentaje de los hombres”); la situación de pobreza extrema en que viven 300
millones de trabajadores (con ingresos que no superan 1,90 dólares USA/día); el
elevado número, cerca de 2,78 millones de personas que fallecen anualmente por
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales: más de un tercio de la
población mundial trabajadora (36,1 %) que trabaja más de 48 horas semanales; el
muy escaso incrementos de las rentas salariales
(uno de los factores que más ha agravado el incremento de la desigualdad
tanto a escala mundial como en el seno de muchos países), ya que si era de 2,4
% en 2006 ha pasado a un 1,8 en 2017, siendo las remuneraciones salariales percibidas
por las trabajadores cerca de un 20% de promedio inferior a la de los trabajadores; la desigualdad
a la que acabo de hacer referencia se manifiesta en que “Entre 1980 y 2016, el
1 por ciento más rico de la población mundial experimentó un aumento global de los
ingresos del 27 por ciento, mientras que el 50 por ciento de la población
mundial más pobre solo experimentó un aumento del 12 por ciento”; en fin, en la
sociedad tecnológica en la que vivimos, no está de más recordar que poco más de
la mitad de los hogares, el 53,6 % tiene acceso a Internet, y que en los países
emergentes ese porcentaje es mínimamente superior al 15 %.
7. Invertir en las
capacidades de las personas incluye cuatro elementos básicos que deben ser
aplicados por todos los países, que son “un derecho universal al aprendizaje permanente,
el apoyo a las personas en las transiciones, una agenda transformadora para la
igualdad de género y una protección social más sólida”.
Respecto al primero,
y en una línea semejante a la existente en algunos países desarrollados, me parece
importante destacar la propuesta de establecer “un sistema rediseñado de
«seguro de empleo» o de «fondos sociales» que permita a los trabajadores
tomarse tiempo libre remunerado de sus trabajos para participar en la
formación. Se podría reconocer a los trabajadores el derecho a un determinado
número de horas de formación, independientemente del tipo de trabajo que hagan”,
enfatizando que este sistema “tiene la ventaja de apoyar a los trabajadores más
vulnerables mediante su formación continua, en particular a los trabajadores por
cuenta propia o los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que
tienen menos posibilidades de beneficiarse de la formación financiada por el
empleador”.
En cuanto al apoyo
a las personas a lo largo de las transiciones del futuro del trabajo, se pone especial
atención tanto en las medidas dirigidas a jóvenes, con políticas de formación,
aprendizaje y emprendimiento que permitan la inclusión de todos ellos, como en
las enfocadas a la población de edad avanzada “para ampliar sus opciones y
favorecer una sociedad activa a lo largo de toda la vida”. Me quedo, como idea relevante
de este segundo elemento, con la propuesta de elaborar “nuevos mecanismos para
rediseñar el seguro de desempleo, la formación y los permisos como el «seguro de
empleo», así como para mejorar la empleabilidad (por ejemplo, la formación para
el empleo, el trabajo por cuenta propia o la iniciativa empresarial) y
empoderar a los trabajadores de manera que sepan reorientar sus vidas ante la
pérdida de puestos de trabajo”.
En relación con la
agenda transformadora para lograr la igualdad de género, más allá de las
medidas necesarias que deben adoptarse en el ámbito de las relaciones de
trabajo (una buena noticia es el muy reciente acuerdo alcanzado entre el Consejoy el Parlamento Europeo sobre la directiva para la conciliación de la vida familiary laboral, que establece el mínimo de cuatro meses de permiso de paternidad y
maternidad, dos de los cuales deberán ser intransferibles y remunerados, cómo
mínimo del 65% del sueldo neto, con obligación empresarial de dar diez días a
sus empleados por el nacimiento de sus hijos, y la asignación de cinco días por
trabajador y año como permiso para cuidadores, además de abrir el abanico de
opciones para acogerse a un trabajo flexible en materia de jornada y salario),
hay que cambiar cómo se mide y valora el trabajo, para conocer exactamente la importancia
de aquel que no entra en los circuitos de la actividad estadísticamente productiva,
recomendando el informe que “se adopten medidas para garantizar la rendición de
cuentas con el fin de impulsar la igualdad de género. Importa lo que medimos.
Tener en cuenta el trabajo de prestación de cuidados no remunerado puede
cambiar la reflexión acerca de su valor y puede revelar un panorama más exacto
del bienestar nacional y mundial. Las políticas de transparencia salarial, como
el cumplimiento de requisitos obligatorios de presentación de información y
otras medidas que protegen el derecho de los trabajadores a compartir
información, pueden arrojar luz sobre la magnitud de las diferencias salariales
basadas en el género y facilitar que se corrijan”. Es especialmente
interesante, tal como ha sido puesto ya de manifiesto en estudios elaborados
sobre dicha temática, que hay que corregir el posible sesgo negativo de género en
los algoritmos utilizados para encontrar puestos de trabajo, y de ahí que el informe
recomiende “que se adopten medidas concretas para garantizar la igualdad de
oportunidades y la igualdad de género en los puestos de trabajo del mañana que
las nuevas tecnologías harán posible”.
Por fin, sobre el
fortalecimiento de la protección social, se enfatiza la necesidad de disponer, ante
los cambios que ya se están produciendo, y que seguirán con mayor intensidad,
en el mundo del trabajo, de un sistema que dé respuesta a tales cambios y que
ha de basarse “en los principios de solidaridad y de reparto de los riesgos que
ayude a satisfacer las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida”,
y, más importante si cabe, que llegue a todos los trabajadores, sea cual sea la
forma de trabajo, con mención expresa a la inclusión de los trabajadores por
cuenta propia, no descartando en modo alguno, si fuera necesario por la
insuficiencia económica para alcanzar tal objetivo, reasignar el gasto público y
proceder al aumento de los ingresos fiscales.
8. Invertir en las
instituciones del trabajo requiere partir de una tesis central que no por ser
repetida una y mil veces deja de tener un valor fundamental: el trabajo no es
una mercancía, y los trabajadores “son seres humanos, con derechos, necesidades
y aspiraciones”. Por ello, disponer de unos derechos en la vida laboral es
determinante y necesario para conseguir esa cohesión social de la que tan
necesitados estamos en estos momentos en gran parte de los Estados miembros de
la OIT.
No es de extrañar
que una de las medidas propuestas en el Informe que ha recibido más atención en
los ya numerosos artículos publicados en los medios de comunicaciones y en las
redes sociales sea la del establecimiento de una “garantía social universal”
(supongo que traducción literal del texto original inglés “Universal Labour Guarantee”),
que incluya algo que ya existe en buena parte de los Estados miembros pero que
constituye un objetivo a alcanzar en los restantes, además de velar por su
estricto cumplimiento en todos en los que existen, como son proteger los
derechos fundamentales de los trabajadores (la remisión a los ocho convenios
fundamentales de la OIT es aquí obligada, con mención a los derechos de
libertad sindical y negociación colectiva,
la prohibición del trabajo forzoso y del infantil, y la prohibición de todo
tipo de discriminación), un “salario vital adecuado”, limitar el tiempo de
trabajo y garantizar la seguridad y salud en el lugar donde se preste la
actividad, poniendo acertadamente de manifiesto la interconexión existente
entre todos ellos.
La propuesta ha
sido valorada muy positivamente por el sindicalismo internacional, habiendo
subrayado la presidenta de la Confederación Sindical Internacional SharanBurrow, que el informe “representa un paso importante en el camino hacia la
Conferencia del Centenario de la OIT en junio, donde los sindicatos presionarán
para que se adopten decisiones concretas y ambiciosas para conformar un mundo
del trabajo que esté, tal como menciona la Comisión, centrado en las personas.
Incluye muchas recomendaciones importantes respecto al aprendizaje permanente,
el apoyo a los trabajadores para gestionar la transición en el trabajo, la
igualdad de género, los trabajadores rurales e informales, la inversión en
cuidados e infraestructura, el ajuste climático, así como la protección social.
Asigna un papel esencial a las políticas públicas, indicando que los Gobiernos
deben regular y asegurar la aportación de servicios de todo tipo, y apoya el
desarrollo de nuevos indicadores económicos que vayan más allá del estrecho
ámbito del PIB”.,
También se propone
“ampliar la soberanía sobre el tiempo”, para satisfacer, aprovechando las
posibilidades que la tecnología ofrece, las necesidades e intereses tanto de
los empleadores como de los trabajadores, evitando que se difumine o se
convierta en inexistente la línea divisoria entre tiempo “laboral” y tiempo “personal”,
o lo que es lo mismo, hablamos del conocido como “derecho a la desconexión
digital”. Pero, obsérvese bien que esta situación no sólo afecta a quienes
tienen una jornada y horario de trabajo mas o menos conocido y estable, sino
también, y desde una perspectiva mucho más negativa, a quienes trabajan pocas
horas habitualmente o que deben estar pendientes (“trabajo a la llamada”) del
requerimiento empresarial para prestar sus servicios (contrato de cero horas). Es
decir, las dificultades entre la conciliación de los tiempos de vida personal y
de trabajo no afectan solo a los primeros, sino, como explica muy acertadamente
el Informe, también a los segundos, ya que “casi uno de cada cinco trabajadores
de todo el mundo que trabaja pocas horas señala que le gustaría trabajar más
horas. Para muchos de ellos, las horas de trabajo pueden variar mucho y ser
impredecibles, sin un número garantizado de horas semanales de trabajo
remunerado, y con poco o ningún derecho a escoger cuándo trabajan”.
Es decir, la autonomía
debe predicarse para todos los
trabajadores, yendo el informe en la misma línea que se propone por las organizaciones sindicales en sus
propuestas a las instituciones comunitarias sobre cómo garantizar condiciones
de trabajo transparentes y previsibles, recomendando que a efectos de disponer de
mayor conocimiento y mayor soberanía sobre su tiempo “se adopten medidas de
reglamentación apropiadas que establezcan un número mínimo de horas garantizadas
y previsibles”, así como también que “se deberían adoptar otras medidas para compensar
el horario variable con una prima por un trabajo que no está garantizado y una
remuneración por tiempo de espera para compensar los periodos en los que los
trabajadores por hora están «de guardia»”.
Invertir en las
instituciones del trabajo significa igualmente revitalizar la representación colectiva,
adoptándose por los Estados políticas públicas que promuevan la representación
colectiva y el diálogo social, con reivindicación del papel central que han de
tener las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios en dicha
revitalización, subrayándose con preocupación los efectos negativos que la concentración
del poder económico y el debilitamiento de las organizaciones sindicales y de
la negociación colectiva ha tenido sobre el incremento de la desigualdad. Para
que puedan cumplir eficazmente su laboral se pide, y me consta que muchas
organizaciones ya lo están haciendo desde hace tiempo, que las organizaciones
sindicales se adapten a los cambios tecnológicos y a la cambiante composición de
la población de trabajadora, en la que un número que cada vez más va en aumento
no se inserta en los circuitos hasta hace poco tiempo ordinarios de la
actividad productiva, además de establecer y forjar alianzas con otras organizaciones
sociales. La revitalización de la negociación colectiva ha de significar la de
la política salarial, con mejoras salariales que afecten positivamente a todo
tipo de trabajadores, incluyendo pues a los que se encuentran en la economía
informal.
En fin, especial
atención presta el informe a uno de los ejes concretos en los que se desagrega
el de invertir en la instituciones, cual es el de la utilización de la tecnología
para potenciar el trabajo decente y “bajo
control humano”, ya que, se vuelve a insistir, el trabajo no es una mercancía y el trabajador no es un
robot, poniendo de manifiesto que “La realización del potencial de la
tecnología en el futuro del trabajo depende de decisiones fundamentales en
relación con la concepción del trabajo, que podrían implicar debates en
profundidad entre trabajadores y directivos para el «diseño» de los puestos de
trabajo”. El informe aboga por el establecimiento de un sistema de gobernanza
internacional de las plataformas digitales de trabajo que “establezca y exija
que las plataformas (y sus clientes) respeten ciertos derechos y protecciones”,
poniendo como posible ejemplo a tomar en consideración el Convenio sobre
trabajo marítimo de 2006, que no es “sino un código mundial para las gentes del
mar” (sobre esta cuestión es recomendable la lectura de la obra colectiva, coordinada
por la profesora Olga Fotinopoulos, de la Universidad del País Vasco, “Laseguridad marítima y los derechos laborales de la gente del mar”, Gomylex,
2014).
El informe, en la
misma línea que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
sobre el convenio europeo que recoge tales derechos, el Reglamento comunitario
sobre protección de datos personales y la reciente Ley orgánica española sobre
protección de datos y garantía de los derechos digitales, llama a las empresas
a asegurarse de que “cuentan con
políticas de transparencia y de protección de datos para que los trabajadores
sepan qué información se está rastreando”, así como de la obligación de
informarles “de cualquier control que se realice en el lugar de trabajo e
imponer límites a la recopilación de datos que puedan dar lugar a
discriminación”. En definitiva, una política de aplicación de la tecnología en
la vida laboral que debe tener como objetivo, y no es de menor importancia, “que
se respete la dignidad de los trabajadores”.
9. Por último, el
tercer eje central del informe es el de invertir en trabajo decente y sostenible.
En este punto se plantea primeramente la conveniencia de adoptar incentivos para
promover inversiones en las que se califican de “áreas clave que promuevan el
trabajo decente y sostenible”, en línea con las recomendaciones formuladas en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, haciendo por ejemplo expresa mención
a que la economía de los cuidados “podría generar más de 475 millones de empleo
en todo el mundo para 2030”, que medidas necesarias para mitigar el cambio climático,
apostar por la economía verde, las energías renovables y la construcción y el acondicionamiento
medioambiental sostenibles, reforzar inversiones en la economía rural (de la
que se recuerda que sigue ocupando a “más de dos de cada cinco trabajadores del
mundo), o la mejora de la modernización de la agricultura de la agricultura de
subsistencia a pequeña escala, son todas ellas necesarias para mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de gran parte de la población mundial, y que
además, y con independencia de cuáles sean las áreas de inversión económica que
elija cada país, “será un requisito indispensable disponer de unas infraestructuras
físicas, digitales y sociales, en particular de servicios públicos de alta
calidad”.
Por fin, se trata
de reorientar los incentivos hacia un modelo empresarial y económico, leit
motiv del informe, “centrado en las personas”, pidiendo un cambio en la
gobernanza y la conducta empresariales que pasa por una mayor transparencia y
rendición de cuentas de sus actividades, manifestando el informe su preocupación
“por la concentración de poder en manos de las empresas tecnológicas actuales”,
apoyando las iniciativas internacionales, existentes o en marcha, “para
promover más competitividad por la innovación y el desarrollo de empresas que
se adapten mejor a la consecución de objetivos sociales”.
Especialmente
importante me parece su propuesta (que no es una novedad en el panorama internacional,
pero que tiene la fuerza de provenir de una institución de la importancia de la
OIT) de cambiar los criterios para medir el progreso social y económico, cuestionado
que solo el producto interior bruto deba ser el criterio de referencia. Por su
interés, reproduzco este breve fragmento del informe: “Esto se debe a que el
PIB mide únicamente el valor monetario de los bienes y servicios producidos por
las personas y las unidades económicas, incluido el gasto público. Es un
criterio incompleto de creación de valor y, por sí mismo, un indicador
insuficiente del éxito de las políticas aplicadas. Por tanto, nos sumamos a los
numerosos llamamientos a que se incluyan otros indicadores complementarios del
PIB que alienten y determinen con más precisión el progreso en la ejecución del
programa centrado en las personas. Recomendamos la concepción y la aplicación
de un indicador para el trabajo no remunerado realizado en los hogares y en las
comunidades. Esto nos permitiría contar con una medida global del valor general
del trabajo realizado en la sociedad y facilitaría a los gobiernos la
formulación de políticas en apoyo de los sectores remunerados y no remunerados
de la fuerza de trabajo, y en particular de la economía de los cuidados.
Además, recomendamos el desarrollo de un indicador que refleje las
externalidades de la actividad económica, especialmente las relativas al
medioambiente, incluidos los costos de saneamiento y del cuidado de la salud.
Por último, recomendamos la creación de uno o varios indicadores para medir las
dimensiones relativas a la distribución y la equidad del crecimiento económico,
que abarcarían la evolución de la renta familiar y el acceso a la educación, la
salud y la vivienda”.
10. El informe de
la OIT puede ser completado, también a escala internacional, por la lectura del
informe de Oxfam “Bienestar público o beneficio privado”, presentado nuevamente
con ocasión con la conferencia anual de Davos, cuyas tres principales recomendaciones
son las siguientes: “1. Universalizar la provisión gratuita de servicios
públicos como la salud y la educación que funcionen también para las mujeres y
las niñas. Dejar de apoyar la privatización de los servicios públicos. Ofrecer
pensiones, prestaciones por hijos y otras prestaciones sociales a todas las
personas. Diseñar todos los servicios de manera que se garantice que también
benefician a las niñas y las mujeres. 2. Liberar tiempo a las mujeres reduciendo
los millones de horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus
familias y sus hogares. Posibilitar que quienes realizan este trabajo esencial
puedan manifestar su opinión en la toma de decisiones en materia
presupuestaria. Invertir en servicios públicos como el abastecimiento de agua,
la red eléctrica y las guarderías para reducir el tiempo que dedican las
mujeres al trabajo de cuidados no remunerado. Diseñar todos los servicios
públicos de manera que beneficien a las personas que disponen de poco tiempo
libre. 3. Poner fin a la carrera a la baja en la tributación de las personas
más ricas y las grandes empresas. Gravar la riqueza y el capital a niveles más
justos. Poner fin a la carrera a la baja en los impuestos sobre la renta
empresarial y de las personas físicas. Acabar con la evasión y la elusión
fiscal de las grandes empresas y fortunas. Consensuar un nuevo conjunto de
normas e instituciones a nivel mundial que permitan rediseñar el sistema
tributario para que sea justo, en un proceso en el que los países en desarrollo
participen en pie de igualdad”.
Para España, el
informe también publicado por Oxfam lleva un título de claras implicaciones deportivas:
“Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0”, siendo sus tres principales
recomendaciones, en relación con el objetivo 10 de los OBS, las siguientes: “Empleo:
Recuperar el peso que los salarios tenían sobre el PIB antes del estallido de
la crisis ha de ser un objetivo prioritario. Reducir la desigualdad ocasionada
por el mercado laboral y la estructura económica pasa por incrementar los
salarios más bajos, reduciendo la precariedad, y prestando especial atención a
las mujeres como mayores afectadas por estas desigualdades. Protección social:
Los partidos políticos deben ponerse como objetivo modernizar y dotar con más
fondos a nuestro sistema de protección social, invertimos 5,4 puntos de PIB
menos que la media UE. Hay que aumentar los fondos destinados a asistencia
social y reformar el diseño del sistema para mejorar su eficiencia y eficacia y
alcanzar la media europea de reducción de desigualdad y pobreza y desarrollando
un verdadero sistema de garantía de ingresos. Fiscalidad: Si invertimos menos en asistencia
social es en gran parte porque recaudamos mucho menos. Hay que fijar como
objetivo recaudatorio alcanzar, en el plazo de tres años, la media de presión
fiscal de la zona euro (estamos 6,9 puntos de PIB por debajo), y hacerlo sin
olvidar los principios de equidad del diseño tributario. Además, hay que asegurar
que las grandes empresas y las personas más ricas pagan su cuota justa de
impuestos luchando contra los paraísos fiscales y acabando con las deducciones
y beneficios que no contribuyan al bien común”.
Por fin, para
Cataluña, es recomendable la lectura del informe elaborado por ComisionesObreras sobre la evolución de las desigualdades sociales en esta ComunidadAutónoma, en el que se pone de manifiesto que se mantiene la brecha social, y
del que reproduzco dos puntos centrales de su contenido: “Los resultados del
Estudio muestran que la crisis no se ha repartido de forma equitativa y que se
han incrementado las desigualdades y la pobreza. Esta es una situación que con
los últimos datos disponibles no ha variado sustancialmente. La desigualdad social
en Cataluña ha crecido últimamente, un hecho que nos aleja de la Unión Europea
en cuanto a cohesión y bienestar social. Factores determinantes son: el menor
peso del gasto social, las rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza, la
precarización del mercado de trabajo y el retroceso de los salarios en la
distribución de la renta”.
11. Voy concluyendo
esta entrada. De todo lo debatido en el Informe de la OIT, en los de Oxfam y de
CCOO de Cataluña, y en la jornada sobre la precariedad laboral en Cornellà del
Llobregat, se hablará y debatirá ampliamente en el Congreso Interuniversitario
OIT sobre el futuro del Trabajo que tendrá lugar en la preciosa ciudad de
Sevilla los días 7 y 8 de febrero (“Sevilla, tan sonriente, Yo me lleno de alegría cuando hablo con su
gente. Sevilla enamora el cielo para vestirlo de azul Y hasta el sol duerme en Triana
y la luna en Santa Cruz”, preciosa canción de los Del Rio) en la Facultad de Ciencias
del Trabajo de la Universidad que lleva el nombre de la ciudad.
Doy fe del interés
que ha despertado el Congreso entre el mundo universitario, ya que se han presentado
144 comunicaciones, habiéndome correspondido, como miembro del comité científico
del Congreso y asignado al diálogo II, dedicado, al trabajo decente, la evaluación
de 43 comunicaciones, todas ellas de innegable interés, un grato esfuerzo en la
medida en que ha sido un tiempo de aprendizaje, ya que en todas ellas ha habido
puntos de especial interés.
No adelantemos
ahora acontecimientos, y esperemos a los debates del Congreso para poder seguir
hablando sobre el futuro del trabajo, un futuro que, como he dicho en el
título, no debe hacer olvidar el presente, el de la gran mayoría de personas que,
en todo el mundo trabajan, buscan trabajo, o adquieren derechos a protección
social como consecuencia del mismo.
Buena lectura y
buen congreso.
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