1. Dejo constancia en
esta breve entrada de la aprobación por la Comisión de Empleo y Seguridad
Social del Congreso de los Diputados de la Proposición no de Ley presentada porel grupo parlamentario socialista el 22 de febrero de 2017, relativa a laadopción de medidas para evitar la explotación laboral mediante el control dela jornada de trabajo y el control del fraude en la contratación a tiempoparcial.
El texto fue sometido adebate el día 19 de septiembre en la citada Comisión, con la única oposición
del grupo parlamentario popular, siendo aprobado por 17 votos a favor, 16 en
contra y 3 abstenciones. No se aceptó por el grupo que presentó la proposición
una enmienda del grupo de Ciudadanos por la que se pedía que se instara al
gobierno a la realización de un estudio sobre en qué sectores se da el mayor
fraude y qué mecanismos de control serían los más adecuados para su evitación.
El texto aprobado es el
siguiente:
«El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a:
— Adoptar las medidas
necesarias para garantizar el registro de jornada de todos los trabajadores de
la empresa, independientemente de la modalidad contractual que les vincule a la
misma, mediante mecanismos adecuados y fehacientes, así como para que se fije
como parte esencial del contrato de trabajo la distribución horaria de la
misma.
— Reformar, previo
diálogo social, la regulación del contrato a tiempo parcial para que este se
utilice para necesidades de trabajo parcial, se modifique el régimen de las
horas complementarias y del registro de jornada y se exija la constancia en el
contrato del tiempo en el que se va a prestar servicios para garantizar el
control fehaciente de la jornada.
— Revisar las sanciones
por incumplimientos de las obligaciones en materia de jornada tanto en su
cuantía, como su posible vinculación al número de trabajadores afectados.
— Potenciar las Campañas
de Inspección de Trabajo en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.
— Adoptar una regulación
del tiempo de trabajo, previo diálogo con los interlocutores sociales, que
permita recuperar el equilibrio de las relaciones laborales.
— Creación de un sello de
Horario Racional para aquellas empresas que incorporen en sus Convenios
Colectivos medidas de flexibilización del tiempo de trabajo. Incluirlo como
prioritario en la responsabilidad social corporativa de las empresas.
— Difundir Modelos de
Buenas prácticas en la implementación de horarios y reestructuración de tiempos
laborales en las empresas.»
2. Resulta cuando menos
curioso, a mi parecer, que el rechazo del grupo parlamentario popular se
produjera en la misma sesión en que se aprobó su Proposición no de ley relativaa la implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y SeguridadSocial para los años 2017-2020, en cuya introducción, y a los efectos de
subrayar su importancia, se enfatizaba que “… El empleo irregular y el fraude a
la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del
bienestar, vulnera los derechos de los trabajadores y provoca competencia
desleal hacia la gran mayoría de empresarios que cumplen con normalidad la
legislación laboral y de Seguridad Social. El fraude constituye una agresión
intolerable contra la calidad del empleo. Es por ello que no debemos
conformarnos y tenemos que continuar trabajando intensamente y sin bajar la
guardia para reforzar las instituciones de vigilancia y control de la normativa
laboral y de Seguridad Social. A estos efectos, resulta prioritario estudiar la
implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social 2017-2020, en colaboración con las Comunidades Autónomas y agentes
sociales, con el objetivo de estructurar las actuaciones inspectoras de forma
concreta y evaluable. Especialmente en materia de contratación, siniestralidad
laboral, igualdad y no discriminación, y formación en el empleo, así como en
materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad
Social”.
A la citada proposición
se añadió, por la aceptación del grupo
que la presentó, de una enmienda presentada por el grupo socialista, por la que
se pidió al Congreso que instar al gobierno a “a realizar una evaluación de
todas las medidas contenidas en el Plan de lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social del año 2012 y que, a partir de esa evaluación,
en colaboración con las comunidades autónomas y agentes sociales, se elabore
una estrategia que incluya medidas normativas y planes de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de vigilar y controlar el
cumplimiento de las normas legales en relación con la contratación,
siniestralidad laboral, igualdad y no discriminación y formación en el empleo,
así como en materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la
Seguridad Social”.
Buena lectura.
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