jueves, 15 de diciembre de 2016

Derogación de la reforma laboral de 2012. De la proposición no de ley del PSOE al texto definitivamente aprobado por el Congreso el 13 de diciembre de 2016. .



1. El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (Serie D, núm. 11, 12 de septiembre) publicó la Proposiciónno de ley del presentada por el PSOE el 20 de julio, relativa a la derogaciónde la reforma laboral y a la elaboración de un nuevo Estatuto de lostrabajadores, para su debate en el Pleno. El pasado martes, 13 de diciembre, fue aprobada (con modificaciones) la citada proposición, con 168 votos a favor, 131 en contra (parlamentarios del grupo popular) y 42 abstenciones (parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Demócrata Europeo Catalán).

En el documento anexo puede compararse el texto inicialmente presentado con el finalmente aprobado tras las incorporaciones de diversas enmiendas, cuya explicación realizó el portavoz parlamentario socialista Sr. Simancas en la presentación del texto. El mantenimiento de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral se produjo con la aceptación de propuestas de Unidos Podemos -En Comú Podem – En Marea; las referencias a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho a indemnización de los trabajadores interinos a la finalización de su contrato fueron propuestas por Ciudadanos; en fin, las referencias a las partidas presupuestaria destinadas a las políticas de empleo encuentran su origen en las aportaciones del grupo mixto, más exactamente del PDEC y de su portavoz Sr. Campuzano.




“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en la X Legislatura, y abrir un proceso de diálogo social que desde el acuerdo culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales.»



“El Congreso insta al Gobierno a: 


Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar las normas contenidas en la reforma laboral que han generado devaluación de las condiciones del empleo, y que el PP impuso en la X Legislatura. De esta derogación deben salvarse los preceptos que, fruto del diálogo social y político, no se consideren lesivos para los trabajadores, como aquéllos que introdujeron medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, actualmente contenidas a partir del artículo 37 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRET). 

Asimismo, se abrirá un proceso de diálogo y de acuerdo con los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas, con el objetivo de aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que contribuya a recuperar derechos para los trabajadores  y a crear empleo estable y de calidad. Tal proceso habrá de perseguir también la adaptación de la economía española a las nuevas realidades de la sociedad, especialmente en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y personal. 

El nuevo Estatuto de los Trabajadores deberá actualizar nuestra legislación laboral teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y por las recientes sentencias de la sala décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que acabe con la discriminación existente entre los trabajadores temporales y los indefinidos y equipare sus derechos; promueva una mayor estabilidad en el empleo y una reducción de la rotación laboral; e incentive la formación permanente en el puesto de trabajo y la recualificación profesional. 

Se adoptarán también las medidas oportunas, en colaboración con las comunidades autónomas competentes, a fin de incrementar en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 los recursos destinados a políticas activas de empleo y situarlos como mínimo, y de momento, en los niveles previstos en los PGE para el año 2011, con el objetivo de garantizar una financiación más acorde con los servicios de empleo autonómicos, con las necesidades a las que éstos deben hacer frente. 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para derogar la reforma laboral que el Partido Popular impuso en la X Legislatura, y abrir un proceso de diálogo social que desde el acuerdo culmine con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales”.




2. Resulta muy interesante la lectura de debate parlamentario del día 13 de diciembre para comprobar que la aprobación del texto encubre diversos, y en ocasiones muy distantes, intereses de los grupos parlamentarios que le dieron el visto bueno, y también de aquellos que con su abstención  contribuyeron a que tuviera la mayoría de votos, mientras que la tesis defendida por el grupo popular fue la misma que con anterioridad, esto es el impacto positivo de la reforma sobre el empleo. En cualquier caso, y con independencia del resultado que produzca la tramitación parlamentaria del texto aprobado el martes 13, el debate puso de manifiesto la soledad del grupo popular en la defensa de su tesis del carácter beneficioso de la reforma laboral para el conjunto de la ciudadanía. Mi posición crítica al respecto es bien conocida, y por ello me permito remitir a las personas interesadas a la lectura de diversos textos  publicados en este blog que se orientan en esa línea crítica de una reforma que a mi parecer reforzaba (refuerza, porque no está derogada) el poder unilateral del empleador en la determinación de las condiciones de trabajo, y debilita la autonomía colectiva, en su vertiente del ejercicio del derecho de negociación colectiva, al establecer la prioridad aplicativa del convenio de empresa en muchas, y muy importantes materias relativas a las condiciones de trabajo (principalmente, jornada y salarios). 



El portavoz socialista, Sr. Simancas, reiteró, en su defensa de la proposición no de ley las ya conocidas tesis muy críticas sobre la reforma laboral del gobierno del Partido Popular y su impacto muy negativo sobre las condiciones laborales de buena parte de los trabajadores. Desde la perspectiva jurídica, me interesa destacar que en la propuesta no sólo se planteaba la derogación de la reforma laboral sino también el debate y posterior aprobación de un nuevo Estatuto de los trabajadores, en el que deberían modificarse textos vigentes e incluirse otros que por su importancia cada día son más reclamados por las organizaciones sindicales y los trabajadores, con cita expresa de los siguientes: “el debilitamiento de la negociación colectiva a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas; la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas para los derechos de los trabajadores; la descausalización de contratos y de despidos; los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios que facilitan la explotación laboral; la discriminación de los trabajadores subcontratados frente a los contratados directamente; la eliminación del subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años y el recorte de la cobertura al desempleo”. El cambio debería servir para la puesta en marcha de un nuevo Estatuto de los trabajadores, fruto del diálogo político y social, apuntándose ya algunas propuestas: “que refuerce la negociación colectiva en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo; que simplifique la planta de contratos y asegure que los contratos temporales son para empleos temporales y los contratos a tiempo parcial son para empleos a tiempo parcial, sin fraudes y sin explotación; que eleve progresivamente los salarios mínimos; que trabaje por la igualdad real entre mujeres y hombres; que convierta por fin las políticas activas de empleo en una herramienta eficaz para ayudar a jóvenes y a parados de larga duración a encontrar un empleo digno y que recupere el subsidio para mayores de cincuenta y dos años, elevando también en su conjunto la cobertura del desempleo, pasando del 54 % actual al 70 % al menos, que fue donde lo dejamos en 2011”.



La oposición radical a esta propuesta por parte del grupo popular era bien conocida, y su portavoz, Sr.  Camps, enfatizó la tarea del gobierno en la creación de empleo durante la anterior legislatura y la adopción de medidas que por la vía de la flexibilidad interna (el tan debatido, denostado por unos y alabado por otros, art. 41 de la LET) habían evitado que muchas empresas acudieran a la vía de la flexibilidad externa, es decir de las extinciones contractuales, recordando la “herencia recibida” del PSOE en 2001 y cómo, siempre a su parecer, el gobierno había contribuido a invertir la situación negativa, manifestando con contundencia que la reforma laboral estaba funcionando muy bie, y que había que “dejarse de demagogias y trampas”, en cuanto que la derogación propuesta, afirmó en un tono muy tremendista a mi parecer, significaría “derogar la creación de empleo,… anular el marco de relaciones laborales que ha permitido a España pasar de generar la mitad del paro de Europa a crear la mitad del empleo de la zona euro”.

4. ¿Cómo se manifestaron los demás grupos parlamentarios que intervinieron? Todos ellos, al margen de su apoyo o abstención a la proposición, repartieron las culpas de la situación actual del mercado de trabajo entre las anteriores reformas del gobierno popular (desde 2012) y las precedentes llevadas a cabo por el último gobierno socialista (desde 2010). 

La tesis del portavoz del PDEC, Sr Campuzano, que en 2012 se mostró partidario, así como todo el grupo parlamentario, entonces existente, de Convergència i Unió, fue, agradeciendo previamente la aceptación de una enmienda suya, que no iban a apoyar pero tampoco a rechazar la iniciativa, argumentando su posición “aséptica” en que la proposición no hacía propuestas de futuro sino que principalmente se centraba en recuperar derechos perdidos por los trabajadores con la reforma , de tal manera que el documento socialista era “nostálgico del pasado”, apostando por una nueva regulación laboral, que creo que también se encuentra en muchas de las propuestas presentadas por el grupo socialista desde la puesta en marcha de la nueva legislatura, que dé respuesta a relaciones laborales cada vez más necesitadas de un marco normativo que se adapte a los cambios tecnológicos y a su impacto sobre los sistemas y la organización productiva. 

El representante de Bildu, además de ser muy duro con el PP y PSOE, y de paso también con el FMI que el día anterior había presentadoun documento sobre la situación económica en España en el que pedía una nuevareforma laboral, defendió la conveniencia de crear un marco autónomo vasco de relaciones laborales para mejorar la condiciones de trabajo de la población trabajadora vasca. 

En fin, por Compromís el Sr. Baldoví fue muy crítico con las reformas del PP y apoyó dicha crítica con datos que también han sido puestos de manifiesto en documentos de organizaciones sindicales:  la reducción del total del número de horas trabajadas en la actualidad con respecto a las que se llevaban a cabo antes de 2012 (algo tiene que ver, ¿o mucho? la contratación a tiempo parcial y los contratos temporales de muy corta duración); la caída de la recaudación por cuotas de la Seguridad Social (algo tiene que ver ¿o mucho) los bajos salarios y las consiguientes cotizaciones inferiores); en fin, el incremento de personas que aun trabajando no salen de la situación de pobreza, el fenómeno de los trabajadores pobres, los working poors, iniciado en Estados Unidos y que se ha extendido a muchos países desde la crisis económica y social iniciada en 2008.    

Le llegó al turno a Ciudadanos, a su portavoz Sr. Roldán, ferviente defensor del llamado contrato único (lo de “llamado” es mío, porque en todas las propuestas que se han formulado al respecto nunca he encontrado una única referencia a un único contrato). Tampoco se salió del guion, es decir de la defensa de su tesis sobre el carácter nocivo de la dualidad del mercado de trabajo entre trabajadores fijos (bueno, lo de “fijo” vamos a dejarlo, visto como está el mercado laboral y la normativa vigente, y las posibilidades existentes para extinguir tales contratos “fijos”) y temporales, critica que repartió entre el PP y PSOE pero con contundencia especial para este último, y llamando a la puesta en marcha de algunas de su propuestas estrellas del programa electoral, y que parece que pueden ponerse en práctica al menos para una parte de jóvenes si prosperan las negociaciones con el gobierno, como es en especial la del llamado complemento salarial, si bien tuvo el detalle de reconocer que el contrato único “no va a solucionar todos los problemas” (bueno, ya coincidimos en algo) y que hay que invertir mucho más en educación y en la transformación del sistema productivo (bueno, seguimos coincidiendo). También le reprochó a la proposición socialistas que mirara “al pasado y no al futuro”, por lo que no podían votar favorablemente la misma.

Sin pelos en la lengua en las críticas al PP y al PSOE se mostró la portavoz de Unidos Podemos- En Comú Podem. En Marea, Sra. Díaz, al afirmar que las dos fuerzas políticas habían mentido a los trabajadores durante sus etapas de gobierno, y que sus políticas habían contribuido al deterioro de las condiciones laborales  y al empobrecimiento de buena parte de la población, manifestando su especial preocupación por la situación actual del mercado de trabajo español, al que calificó de “absolutamente envejecido, masculinizado”, y por ello “sobre esto es sobre lo que debemos cambiar la realidad de nuestro pueblo”, enfatizando (de forma un tanto exagerada a mi parecer, aunque ciertamente hay bastante verdad en su afirmación) que con la redacción actual de la normativa sobre movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, los derechos laborales quedan muy cuestionados y “pueden hacer con nosotros (Nota de Eduardo Rojo: supongo que se refiere a los trabajadores) exactamente lo que les de la gana  (nueva Nota de Eduardo Rojo: supongo que se refiere a los empresarios)”.

En el turno de fijación de posiciones intervinieron los portavoces del grupo parlamentario vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana de Catalunya. Por el primero, el Sr. Barandiarán reiteró algunas de las críticas que el anterior diputado Sr. Olavarría había puesto de manifiesto en muchas de sus intervenciones parlamentarias, cual es  que la principal causa del fracaso de todas las reformas laborales, fueran del PSOE o del PP, “es la descausalización del contrato de trabajo”. Pidió muchas más concreción en las propuestas, y reivindicó nuevamente, como viene haciéndolo su grupo desde hace muchos años, la modificación de la normativa laboral para ampliar el ámbito competencial autonómico, al efecto de poder crear “un marco laboral propio en Euskadi”. Se manifestó abierto a colaborar en la elaboración de propuestas que recuperaran derechos laborales perdidos durante la anterior legislatura, y al mismo tiempo ya puso de relieve una radical discrepancia con un grupo parlamentario que finalmente se abstuvo en la votación, Ciudadanos (ciertamente no es el único grupo que manifestó críticas las tesis de Ciudadanos), en el debate sobre el llamado contrato único, con la contundente afirmación de que “no estaremos dispuestos a colaborar … respecto de aquellas (propuestas) que estén amparadas en la unilateralidad ni sustentadas en modelos que intentan dar soluciones aparentes y superficiales a problemas complejos como – lo siento, así lo pensamos – el del contrato único o el de flexiseguridad sin seguridad jurídica u otros similares".

Por ERC, el Sr. Salvador manifestó con nítidez que pedían la derogación de las reformas laborales, es decir no sólo la del PP de 2012 sino también la del PSOE de 2010, argumentando que de esta manera se recuperarían no sólo derechos laborales sino que al mismo tiempo el mundo del trabajo, y supongo que se refería a las organizaciones sindicales y a las fuerzas políticas que han apostado por un nuevo texto normativo, estarían en “mejores condiciones de negociación durante el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de los trabajadores, que puede ser largo”. La crítica a las reformas laborales las concretó en la devaluación salarial, es decir la reducción de los salarios de buena parte de la población, y no se olvidó, of course, de mencionar su vía política, “nuestra república”, pero mientras se construye, afirmó enfáticamente “durante y después, siempre vamos a combatir  por un marco de relaciones laborales mucho más justo que este”.

5. Bueno, ya está aprobado un texto que pide la derogación de la reforma laboral, en donde las pretensiones y los intereses de cada grupo parlamentario no necesariamente, ni mucho menos van a coincidir, aunque sí creo que hay un muy amplio margen para explorar acuerdos parlamentarios, como mínimo, entre PSOE y Unidos Podemos – En Comú Podem y En Marea, que en cualquier caso necesitarán para llegar a buen puerto del acuerdo de otros grupos. Ahora tocar pensar en cómo se gestiona, tanto en sede parlamentaria como social, esta decisión del Parlamento. 

Y mientras tanto, no se olviden de que existe un documento, el presentado por FIDE el 1 dediciembre, “Por un nuevo marco legislativo laboral”, que sin duda podría concitar, con los lógicos matices cuando se trate de concretar más, los acuerdos políticos y sociales. Un documento que mereció mi atención detalladapor considerarlo de indudable valor en una anterior amplia entrada del blog, entrada que he comprobado que ha merecido también la atención de otros blogueros, y que quizás haya inspirado parte de su texto, y me alegro por ello, aunque no estaría de más ¿no les parece? que se hubiera hecho una cita a mi comentario en algún lugar de ese otro comentario; pero si no es así, qué le vamos a hacer ¿verdad?.

Buena lectura del acuerdo parlamentario, y a esperar acontecimientos.