1. La Comisión
Europea hizo públicos el pasado jueves, 26 de noviembre, los documentos con los
que se inicia el ciclo de gobernanza económica correspondiente a 2015 y que he
tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal el
“Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento 2016: consolidación de larecuperación e impulso a la convergencia” (EPAC), en el que se afirma, según lanota oficial de presentación, que “la Comisión considera que las prioridades
económicas y sociales del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de
2015 (inversión, reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria)
siguen siendo válidas. Las prioridades para 2016 son la actualización de estas
prioridades para tener en cuenta los avances realizados y la aparición de
nuevos retos”.
Además, la
Comisión ha presentado otros varios documentos, como el informe sobre elmecanismo de alerta de 2016, el relativo a la evaluación general de losproyectos de planes presupuestarios para 2016, y el Proyecto de InformeConjunto sobre el Empleo (PICE) de acuerdo este último a lo dispuesto en el
art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento
que se califica en su introducción como “aportación fundamental a la gobernanza
económica de la UE”, en el que se ofrece “un resumen anual de los
acontecimientos clave en materia social y de empleo en Europa, así como de las
medidas de reforma de los Estados miembros en consonancia con las orientaciones
para las políticas de empleo de los Estados miembros y las prioridades de la
EPAC”. Del que he citado en segundo lugar, baste destacar ahora la referencia
concreta a España, que es clara y contundente al considerar que el proyecto de
presupuestos para 2016, presentado el 11 de septiembre, y que ya ha sido
aprobado por el Parlamento y convertido en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, “plantea
un riesgo de incumplimiento de las exigencias del PEC para 2016. En particular,
se prevé que en 2016 no se realizará el esfuerzo presupuestario recomendado ni
se alcanzarán el objetivo de déficit global”, y por ello la Comisión ha
invitado a las autoridades españolas “a adoptar las medidas necesarias en el
marco del procedimiento presupuestario nacional para garantizar que el
presupuesto de 2016 se atenga al PEC y a presentar un PPP actualizado lo más pronto
posible”.
El propósito de
esta entrada es analizar los contenidos más relevantes del EPAC en materia de
empleo y protección social, así como también del Informe sobre empleo que
previsiblemente será aprobado en el Consejo Europeo de marzo de 2016. Para el
estudio y análisis de los documentos presentados en 2015 y 2014 remito a las
entradas publicadas en el blog el 1 de diciembre de 2014 y el 21 de noviembrede 2013, respectivamente.
2. Como digo, la
Comunicación presentada por la Comisión el 26 de noviembre sobre el EPAC 2016
lleva por título “refuerzo de la recuperación y fomento de la convergencia”. En
su introducción se hace referencia a las previsiones elaboradas por la Comisión
este otoño, que respecto al empleo prevén un crecimiento del 1,0 % este año y
el 0,9 % en cada uno de los dos años venideros, mientras que la tasa de
desempleo experimentaría un descenso hasta el 9,5 % en el año a punto de
finalizar, y continuaría la senda descendente al 9,2 y 8,9 % en 2016 y 2017,
respectivamente.
Me parece
importante destacar como la Comisión valora positivamente, si bien a medio y
largo plazo, la afluencia de refugiados a la UE desde el punto de vista del
incremento de la mano de obra y del crecimiento económico, si bien matiza esta
afirmación con la tesis de que podrá ser así “siempre y cuando se tomen las
medidas correctas para acceder al mercado laboral y apoyar el proceso de
integración”, y de momento no parece, desgraciadamente, que las cosas vayan por
este camino en la gran mayoría de países de la UE. Para la Comisión, la
integración de los inmigrantes, y especialmente los refugiados, “exige un
enfoque global para facilitar su acceso al mercado laboral y, de manera más
general, su participación en la sociedad”, pidiendo que se garantice a los
demandantes de asilo, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 2013/33/UE de26 de junio de 2013, que tengan reconocido un acceso efectivo al mercado de
trabajo en el plazo máximo de nueves meses desde que se ha formulado la
solicitud de protección internacional.
Tal como he
indicado con anterioridad, la Comisión sigue considerando prioritarios los tres
objetivos marcados para 2015, y ahora propone seguir avanzando por esta vía,
para lo que será necesario “reforzar los esfuerzos políticos para llevar la
recuperación por una senda sostenible, desbloquear las inversiones, reforzar la
capacidad de ajuste de los Estados miembros de la UE, fomentar la productividad
y acelerar el proceso de convergencia”. No hay duda de la necesidad de redoblar
todos los esfuerzos, porque el seguimiento del documento europeo de referencia
obligada para esta década, la Estrategia Europea 2020, ha puesto de manifiesto
que se han producido avances destacables en ámbitos como los del cambio
climático, energía y educación, pero que como consecuencia de las crisis
económica (¿y no cabría añadir de las erróneas políticas practicadas para
superarla?) se ha paralizado el progreso en la consecución de los demás
objetivos, “en particular por lo que respecta a la pobreza y la exclusión
social, donde la situación ha empeorado”.
3. Desde la
perspectiva de las políticas laborales y de protección social en las que
concentro esta entrada, la Comisión insiste en su reiterada exigencia, pero sin
concretar de qué forma ha de llevarse a cabo, de equilibrar flexibilidad y
seguridad en las políticas de mercado de trabajo. Obsérvese que en las
manifestaciones efectuadas sobre este punto en el documento caben las más
diversas interpretaciones de cómo abordar la cuestión, aunque no menos cierto
que es necesario reconocer que la Comisión no ha ocultado en los últimos años
sus simpatías por una reformulación de las modalidades contractuales que
acabaran, llámese como se llame, en un “contrato único”, y cuyo análisis
crítico he realizado en anteriores entradas.
En efecto, la
reforma demandada por la Comisión para combinar adecuadamente la flexibilidad
demandada por la parte empresarial y la seguridad deseada por la parte
trabajadora, reforma en la que debería darse, y bienvenida sea esta tesis, “una
fuerte implicación de los agentes sociales”, debería abordar varias y distintas
cuestiones relacionadas con el marco normativo y las políticas ocupacionales,
tales como “la segmentación del mercado de trabajo, una adecuada evolución
salarial, unos sistemas de apoyo a la renta bien diseñados, políticas que
faciliten la transición a nuevos puestos de trabajo, dotar a los solicitantes
de empleo con las capacidades adecuadas, así como intentar que sus
cualificaciones se adecúen a las ofertas de empleo”.
La Comisión
manifiesta su preocupación porque la mayor parte de la creación de empleo se ha
producido con contratos de duración determinada y reclama medidas que permitan
un crecimiento del empleo estable y la existencia de menos empleo precario, con
intensificación de los esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado
(que en muchas ocasiones, conviene ahora recordarlo, es consecuencia de la
imposición obligada por parte empresarial a personas que no tienen posibilidad
de adoptar otra opción, ya sea por su situación de debilidad laboral o por las
condiciones de irregularidad administrativa en la que se encuentran, o por
ambas conjuntamente)
Igualmente, reclama
prestar especial atención a “la lucha contra el desempleo juvenil y de larga
duración”, incluyendo tales propuestas dentro de lo que califica de reformas
estructurales que deben llevarse a cabo por los Estados miembros para
modernizar sus economías. Por otra
parte, y en el ámbito de las calificadas como “políticas fiscales responsables”
se insiste una vez en corregir aquello que se califica de “falta de incentivos
a la creación de empleo” (me pregunto si está pensando la Comisión en más
bonificaciones, exenciones o incentivos económicos a las contrataciones por
cuenta ajena y por cuenta propia, o también a la reducción de impuestos y de
cotizaciones, en especial las empresariales, a la Seguridad Social). En este
punto, el PICE apuesta por la reducción de la llamada “cuña fiscal” (que
incluye el IRPF más las cotizaciones a la Seguridad Social tanto de los empresarios
como de los trabajadores), argumentando que, con una financiación adecuada de
la misma, se incrementaría la demanda y el crecimiento, se apoyaría la creación
de puestos de trabajo y se contribuiría al buen funcionamiento de la Unión
Económica y Monetaria.
4. No olvida en
modo alguno la Comisión su reiterada llamada a la “modernización” de los
sistemas de protección social, que han de conjugar (y en ello creo que estamos
de acuerdo todos, aunque cuestión bien distinta es cómo se alcanza) la
sostenibilidad económica y el cambio demográfico operado en Europa con el
progresivo envejecimiento de la población, y se insiste una vez más en la
necesidad de un aumento general de la edad de jubilación y una restricción de
las jubilaciones anticipadas, además de una nada disimulada manifestación de
apoyo a los planes de pensiones complementarios, pidiendo a los Estados que
apoyen estos planes, tanto los de carácter colectivo como individual, “para
complementar los regímenes públicos de
pensiones, incluyendo la supresión de obstáculos a nivel europeo”.
Se sigue
vinculando las prestaciones por desempleo a las políticas de activación, de tal
manera que la formación lograda durante el período de desocupación puede
contribuir al reingreso en el mercado de trabajo, algo que en el plano teórico
es perfectamente defendible, y mucho más difícil de llevar a cabo en la
práctica por los recortes y restricciones presupuestarias en el sector público.
Justamente de los
restos para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social en España, con
atención especial a las pensiones de jubilación, se habló el jueves 3 de
diciembre en la II Jornada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y la Facultadde Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona. Igualmente, no hay que
olvidar aquí la mención al documento de la OCDE hecho público el día 1 de este
mes, “Panorama de las Pensiones 2015 Indicadores de la OCDE y el G20”, que “revisa
y analiza las medidas para las pensiones que se han puesto
en práctica o
se han legislado
en los países
de la OCDE entre
septiembre de 2013 y
septiembre de 2015. Presenta una revisión detallada de la primera línea de
protección para los adultos mayores, las pensiones de primer nivel, entre
países, y evalúa el impacto de trayectorias laborales cortas en los derechos de
pensión. Esta edición analiza también la respuesta de tasas de reemplazo
futuras ante cambios paramétricos”. Los
datos estadísticos de la UE ponen de manifiesto que más de la mitad del gasto
en el año 2013 (el 53,3 %) estaba relacionado con la vejez
5. El EPAC 2016
dedica especial atención a la inversión en capital humano, a la necesidad de
adoptar reformas importantes en los sistemas de educación y formación que
contribuyan a la recuperación del empleo y a un crecimiento sostenible, y
ciertamente hay mucho por hacer, no sólo en la UE sino a escala internacional,
como lo demuestra el recientemente presentado informe de la OCDE sobre losindicadores educativos para 2015, en el que se pone de manifiesto que el sector
educativo ha sufrido el impacto de la crisis económica, ya que si bien entre
2010 y 2012 el PIB se ha incrementado después de la reducción experimentada en
los dos años anteriores, el gasto público en el ámbito educativo ha disminuido
en un tercio de los países de la OCDE.
El EPAC 2016
aporta un dato que debe mover sin duda a una rápida reflexión y acción para su
corrección, cual es que cerca del 20 % de la población en edad de trabajar
“apenas tiene cualificaciones muy básicas de lectura, escritura y cálculo” y el
PICE subraya que cerca de un 40 % de la población de la UE posee capacidades
digitales insuficientes si se parte de la base que “para participar eficazmente
en la sociedad digital, una persona necesita un nivel de capacidades superior
al bajo (que equivale únicamente al de ser capaz de enviar correos electrónicos)”.
Por otra parte, y
es es un dato importante respecto a estudios prospectivos de años anteriores, destaca la importancia que la Comisión concede,
y no debería quedarse a mi parecer sólo en el plano de la reflexión teórica, a
la inversión social, con mención específica a la asistencia sanitaria, el
cuidado de niños, las ayudas a la vivienda y los servicio de rehabilitación,
que de llevarse a cabo mejoraría ciertamente las condiciones de vida de una
parte de la población necesitada de más atención por sus debilidades sociales.
Bienvenida sea, por tanto, la manifestación de la Comisión de que “La inversión
social aporta beneficios económicos y sociales con el tiempo, concretamente en
cuanto a perspectivas de empleo, rentas del trabajo y productividad, prevención
de la pobreza y refuerzo de la cohesión social”, ¡y ahora a ponerla en
práctica!
6. El EPAC 2016,
complementado por el PICE, dedica un apartado a la necesidad de adoptar medidas
de fomento del empleo y la puesta en marcha de políticas sociales integradoras,
ya que la mejora de la situación económica experimentada con carácter general
el último año no ha llegado a buena parte de la población, entre la que se
encuentra quienes tienen carencias formativas en relación con los puestos de
trabajo ofertados por las empresas (según datos facilitados por la propia
Comisión, “el 39 % de las empresas tienen dificultades para encontrar al
personal laboral con las cualificaciones necesarias”).
No obstante, no
conviene dejar de señalar que hay otros factores que limitan la capacidad de
los empresarios para atraer, es decir, contratar a trabajadores y que poco
tienen que ver con las cualificaciones profesionales, como son los horarios de
trabajo cada vez más irregulares, las pocas perspectivas de formación, y
desarrollo profesional, y la cuantía (reducida) del salario, factores todos
ellos que nos remiten a cuál es el modelo de relaciones laborales, y las
condiciones de trabajo, que existe en cada Estado. Por citar el ejemplo
concreto de España sobre los salarios, según los últimos datos disponiblesfacilitados por el Instituto Nacional de Estadística y datados de 2013, la
ganancia media anual por trabajador fue de 22.697,86 euros en dicho año, pero
inferiores fueron el salario mediano (“el que divide al número de trabajadores
en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un
salario inferior)”, 19.029,66 euros, y el sueldo más frecuente, 15.500
euros.
En este punto el
documento comunitario se remite a un análisis más detallado de la problemática
del empleo y del desempleo, y de todo lo relativo al mundo del trabajo, en el
proyecto de informe conjunto sobre el empleo, al que me referiré más adelante,
si bien enfatiza la preocupación existente por el desempleo juvenil y por el de
larga duración. Respecto al primero pide la activación y desarrollo en todos
los Estados de medidas relacionadas con la Garantía Juvenil, con combinación de
políticas educativas y formativas laborales y un eficaz funcionamiento de los
servicios públicos de empleo. En relación con el desempleo de larga duración,
del que se constata su impacto sobre el deterioro de la salud de las personas
afectadas y el incremento de la situación de pobreza y exclusión social, se
pide la rápida aplicación de las medidas contenidas en la propuesta de
Recomendación sobre su integración en el mercado laboral, siendo obviamente
necesaria del todo punto su aprobación, con petición concreta, y ciertamente
difícil de llevar a cabo en mucho Estados por los recortes y restricciones
presupuestarias operadas en los últimos años en los servicios públicos, de un
tratamiento individualizado de cada situación concreta, es decir “un enfoque
individualizado, un acceso simplificado y una ayuda mas transparente”.
En efecto, el PICE
se aportan los datos estadísticos disponibles sobre el crecimiento real anual
del gasto en políticas activas del mercado de trabajo durante el período
2007-2012, en los que se constata su disminución en varios Estados; más
exactamente, “el gasto total (en porcentaje del PIB en 2007) disminuyó en 8 Estados miembros, mientras que el gasto por
persona que deseaba trabajar descendió en 13 países”, añadiendo que aunque no
se disponen de datos estadísticos más recientes no se considera probable una
mejora sustancial de tal situación, “dado que los presupuestos públicos también
han seguido siendo restrictivos en muchos Estados miembros después de 2012”
7. Por último,
cabe reseñar el mayor énfasis que los documentos comunitarios del nuevo
semestre europeo desean dedicar a las políticas de empleo y de protección
social. A tal efecto, en otro documento presentado el pasado 26 de noviembre,
el Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016, relativo a la prevención y corrección
de los desequilibrios macroeconómicos, se añaden al cuadro de indicadores
principales tres indicadores de empleo: la tasa de actividad, la tasa de
desempleo juvenil y la tasa de desempleo de larga duración. Para la Comisión, ello
es “una prueba palpable del compromiso… de reforzar su análisis de los desequilibrios
macroeconómicos. Resulta de especial relevancia para las consecuencias sociales
de la crisis y porque una prolongada evolución adversa en materia social y de
empleo puede tener un impacto negativo en el crecimiento del PIB potencial de
muy diversas formas y amenaza con agravar los desequilibrios macroeconómicos”.
No obstante, inmediatamente a continuación de esta declaración social
programática se afirma, para que no haya dudas al respecto, que “esta inclusión
no modifica el objetivo del PDM, que sigue siendo prevenir la aparición de desequilibrios
macroeconómicos perjudiciales y garantizar su corrección”.
8. Complemento
obligado del EPAC 2016 es el PICE. La primera parte del documento lleva a cabo
una visión general del mercado de trabajo y las tendencias y los retos sociales
de la UE, mientras que la segunda analiza las actuaciones concretas de los
Estados miembros en materia de reformas sociales y de empleo.
Del ámbito europeo
es importante destacar el crecimiento experimentado en la tasa de empleo de las
personas de 20 a 64 años, que es del 69,2 % en la EU28 y del 68,1 % en la ZE19 en
2014, así como también de la mejora en la tasa de actividad de las personas
de 15 a 64 años, que alcanza el 72,3 %
tanto en la EU28 como en la ZE19, y el descenso en la tasa de desempleo al 10,2
% y al 11,6 % en ambas zonas respectivamente, en el bien entendido que a pesar
de estas leves mejoras en el último año “la profundidad de la crisis y la
lentitud de la recuperación, en particular de la zona del euro, no han
permitido alcanzar todavía los niveles del PIB real anteriores a la crisis”. Un
crecimiento del empleo que, como también he indicado con anterioridad, se
constata por la Comisión que es debido al crecimiento de los contratos
temporales, aquellos que han experimentado un más elevado grado de
inestabilidad durante la crisis, ya que el número de contratos indefinidos y el
de trabajadores por cuenta propia “… han permanecido más o menos estables desde
2011”.
Desde luego, el
crecimiento del empleo temporal no debe ser en modo alguno una señal de
satisfacción para quienes apostamos por un empleo estable y de calidad, como
tampoco lo es el incremento del trabajo a tiempo parcial involuntario y el
crecimiento de nuevas (¿o viejas?) relaciones jurídicas que pretenden situarse
extramuros del ámbito jurídico laboral.
Por último, otros
importantes datos que ponen de relieve la necesidad de corregir importante desajustes
en el mercado de trabajo europeo son las diferencias por razón de género y de
edad, ya que el crecimiento experimentado por la tasa de actividad femenina en
el último año no impide que esta (66,5 %) siga estando 11,5 % puntos
porcentuales por debajo de la de los varones, y lo mismo ocurre si comparamos a
las personas de edad avanzada (55 a 64 años) con el colectivo comprendido entre
los 20 y 54 años, ya que la mejora del primero sólo ha contribuido de forma
limitada a reducir la diferencia en la tasa de actividad, que es ahora de 29,6
puntos.
Por otra parte,
los datos del Informe relativos al desempleo juvenil, y en concreto a la
situación de aquellos jóvenes que no trabajan ni siguen estudiando, mueven a un
cierto optimismo por la reducción de los “ninis” a escala europea, aunque sigue
habiendo una serie de países, entre los que se encuentra España, que siguen
teniendo un porcentaje superior al 20 %, Más preocupante me parece el dato, que
guarda estrecha relación con el mayor o menor número de ninis, que la mejora
general de las tasas de abandono escolar prematuro tenga poco impacto sobre los
jóvenes nacidos en el extranjeros que tienen, según los datos facilitados por
el Monitor de la educación y formación de 2015, “… por término medio, tasas
superiores en 10 puntos porcentuales a las de la población nativa, con picos de
aproximadamente 20 puntos porcentuales en Grecia e Italia”.
Buena lectura de
los documentos.
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