viernes, 8 de julio de 2011

Canarias. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inserción laboral de colectivos desfavorecidos.

La Resolución de 23 de junio aprueba la convocatoria para el año en curso y establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas a entidades sin ánimo de lucro, en el ámbito territorial autonómico dirigidas a la realización de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, migrantes y personas con discapacidad.


La norma se publicó en el Boletín oficial autonómico el 1 de julio y entró en vigor al día siguiente, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para 2011 a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la CC AA canaria y que pongan en marcha itinerarios integrados de inserción laboral para personas en situación de exclusión social o riesgo de padecerla, inmigrantes, o personas con discapacidad. En la introducción de la norma se justifica esta medida, calificada de “discriminación positiva”, por las dificultades especiales que tienen estos colectivos para poder acceder al mercado de trabajo, y se pretende mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción laboral. Según dispone la base 1º, la finalidad de los proyectos es “mejorar la empleabilidad de los colectivos a los que se dirigen, así como su inserción laboral, mejorando su competitividad y proporcionando a las personas desempleadas con especiales dificultades el apoyo que necesitan, que por su naturaleza no se pueden incluir en otros programas de subvenciones y ayudas en materia de formación profesional para el empleo, con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional, de manera que se favorezca la generación de empleo”. La base 15ª concreta las características que deben reunir los sujetos beneficiario de las acciones, destacando con respecto a los migrantes que deben tratarse de personas que estén regularizas o que se encuentren en proceso de renovación de su documentación, o bien tratarse menores extranjeros no acompañados, y en el primer supuesto además deben carecer de formación o bien no tener homologada su formación de origen.

La norma define los itinerarios integrados de inserción (duración mínima de 1.000 horas) como “un proceso que comprende todas las actuaciones necesarias para el logro del último objetivo, la capacitación social y profesional de los colectivos con que se trabaja, mejorando así sus posibilidades de inserción social y laboral”, Tales actuaciones son las de “Acogida y diagnóstico. Acción Formativa. Inserción Laboral y técnicas de búsqueda de empleo. Prácticas no laborables en empresas. Evaluación”.

La partida presupuestaria habilitada al efecto es de 1.283.090,86 y 120.000 euros para los dos primeros colectivos respectivamente, permitiendo la norma que puedan utilizarse para el otro si quedara crédito por asignar, y de 1.499.499,83 euros para las personas con discapacidad, con una cofinanciación del 85 % a cargo del Fondo Social Europeo. Se fija un número de plazas por cada proyecto y por cada isla, disponiéndose además que el importe de las subvenciones por plaza y mes será de 800 euros para personas con discapacidad y 650 para las restantes, que no podrán concederse más de dos proyectos por entidad (con un número de plazas entre 10 y 15), y que la entidad que perciba ayudas no podrá superar el montante de 250.000 euros.


La tramitación del procedimiento se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación, y la autoridad administrativa laboral dispone de 3 meses para dictar y notificar la resolución a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.


Entre las obligaciones asumidas por los beneficiarios se encuentra, entre otras, la de insertar laboralmente como mínimo al 25 % de las plazas, con contratos de duración mínima de 3 meses a tiempo completo o 6 meses a tiempo parcial, si bien la norma dispone que la modalidad de contratación “será preferentemente de carácter indefinido”. La duración del proyecto será de 12 meses y deberá iniciarse en 15 días a partir de la fecha de resolución de la concesión.

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