Informe sobre el empleo en la Unión Europea 2008-2009.

1. El proyecto de documento elaborado por el Comité de Empleo los días 16 y 17 de febrero fue aprobado por el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, del día 9 de marzo, y ha recibido el visto bueno definitivo en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en el llamado “Consejo europeo de primavera”, celebrado los días 19 y 20 de marzo.
Del documento objeto de análisis y estudio en esta nueva entrada del blog cabe destacar los datos y aportaciones que se mencionan a continuación.

2. En primer lugar, la constatación de que la UE ha incrementado su tasa global de empleo de forma importante desde el año 2005, a una media del 1 % anual. Ahora bien, la crisis económica que ya se apuntó en algunos Estados en 2008 se ha trasladado a todos ellos en 2009 y de ahí que cabe esperar un “drástico deterioro de la situación”, dado que clima económico y la confianza de los consumidores se encuentran en la cota más baja de los últimos veinte años en la UE.
Veamos primero los datos positivos: durante 2007-2008 se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo en la UE y el desempleo se redujo hasta una cifra inferior al 7 %. Sin cumplir los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa, no es menos cierto que se mejoró en las tasas de empleo (65,5 %), de las mujeres en particular (58,3 %) y de los trabajadores de edades comprendidas entre los 55 y 64 años (44,7 %). Pero ahora señalemos el dato negativo: dada la situación de crisis económica y la desaceleración del crecimiento económico durante 2008, con su indudable impacto sobre el empleo, así como también teniendo en cuenta las malas previsiones económicas para el año en curso, la Comisión no duda en afirmar que “los objetivos de 2010 se vislumbran ahora como definitivamente inalcanzables”, ya que se calcula que el empleo descenderá en dos puntos porcentuales durante el período 2009-2010 y que el desempleo alcanzará el 9,5 % en el año 2010, en el bien entendido que la situación de cada Estado no será la misma, y que en el caso de España, añado yo ahora, la situación se ha visto y verá especialmente dificultada por nuestra estructura productiva y el modelo de crecimiento de años anteriores que puso muy poco el acento en el trabajo de alto valor añadido y en la cualificación de los trabajadores. De ahí que sea necesario seguir apostando a escala comunitaria por mejorar los niveles de educación y formación, tanto pensando en los jóvenes que se incorporan al mundo de trabajo como en las personas de edades más avanzadas que se encuentran en el mismo, ya que no cabe ninguna duda de que debemos corregir la tendencia preocupante manifestada en años anteriores de que “los niveles de participación adulta en el aprendizaje permanente apenas han aumentado entre 2006 y 2007, y en algunos de ellos sufren una preocupante tendencia a la baja”.

3. En la misma línea que la manifestada en documentos anteriores, y no podría ser de otra forma a mi parecer, el Informe apuesta por centrar la política de empleo comunitaria alrededor de dos ejes prioritarios de actuación: en primer lugar, la aplicación de enfoques integrados de flexiseguridad, que combinen tanto las medidas de contratación como de finalización de la relación de trabajo y las de protección económica contra el desempleo y las formativas; en segundo término, y estrechamente relacionado con lo anterior, hay que mejorar las capacidades de las personas ocupadas o que desean participar en el mercado de trabajo y adecuarlas a las demandas existentes y las que pueden preverse para un futuro a corto plazo, con especial atención, añado yo ahora, a los empleos verdes y a las necesidades de atención a las personas y a las empresas.
Me parece positivo que el Informe valore la importancia de la flexiseguridad interna en términos favorables, es decir aquel conjunto de medidas que posibilitan (vía suspensión de contratos, vía reordenación de los tiempos de los trabajo, o con adopción de medidas de movilidad funcional y geográfica) que no se llegue a adoptar por parte empresarial la decisión más drástica de extinción de contratos de trabajo por razones de necesidades organizativas, productivas, técnicas o económicas, y coincido con la tesis de que actuar de esta manera sirve tanto para reducir el flujo de entrada de personas en el desempleo como para permitir a las empresas “conservar su provisión de competencias en espera de la recuperación económica”. Al respecto, se insiste en la importancia de las acciones llevadas a cabo por el Fondo Social Europeo para mejorar las capacidades formativas de todas las personas que se encuentran en el mercado de trabajo y también de las que desean incorporarse al mismo.
En relación con las llamadas políticas de flexiguridad, el Informe pasa revista a las que se han ido adoptando, sin importar su denominación, en los distintos Estados miembros, y destaca la importancia de prestar especial atención a las necesidades de colectivos especialmente desfavorecidos como son quienes tiene poca o escasa cualificación profesional u otras carencias sociales que les sitúan en situación de desventaja en el acceso o permanencia al mercado de trabajo, sin olvidar la especial situación de muchos trabajadores migrantes. El documento comunitario llama nuevamente, sin concretar cómo debe hacerse y en qué dirección, a la armonización “de los contratos temporales e indefinidos” (con lo que sigue dejando abierto el debate de hacia dónde debe decantarse la actuación de los poderes públicos y de los agentes sociales, es decir, si hacia una mayor estabilidad de todos los contratos o hacia una homogeneización a la baja con el modelo de contrato único y costes de indemnización que se incrementan a medida que aumenta la antigüedad, tan querida esta segunda hipótesis en España por algunos sectores empresariales); propugna la adopción de políticas de protección social que proporciones cobertura adecuada para las personas que la necesiten; enfatiza la necesidad de mejorar la eficacia de los sistemas de aprendizaje permanente y atender a que las capacidades de las personas vayan dirigidas hacia los sectores y actividades en los que haya insuficiencia de mano de obra o que se prevea razonablemente que van a ser motores de empleo a medio plazo, destacándose en el Informe como medida especialmente positiva que en la mayor parte de los Estados se estén llevando a cabo medidas de reforma de los sistema de formación profesional, con el objetivo de mejorar su calidad y de responder adecuadamente a los nuevos retos del mercado de trabajo; en fin, se llama a modernizar los sistemas de Seguridad Social para conseguir que aquellas personas que perciben una escasa remuneración no se vean desincentivadas para acceder al mercado laboral.

4. El Informe destaca, como he indicado con anterioridad, la necesidad de mejorar las capacidades de las personas y de adecuarlas a las demandas productivas, dado que las previsiones contenidas en los estudios de prospectiva realizados en los últimos años a instancias de la Comisión Europea concluyen con un incremento de la necesidad de cualificación y adaptabilidad del personal, de tal forma que el CEDEFOP considera que la proporción de puestos de trabajo que requerirán de un nivel educativo elevado pasará del 25 % a más del 30 %, y de ahí que se propugne la adopción de un conjunto de medidas que tiendan a mejorar la empleabilidad de la población y estar de esta forma en mejores condiciones para “abordar los efectos previstos de la actual contracción de la economía y para situar a Europa en la vía de la recuperación”.
Dado que la presencia de la población trabajadora en las actividades de aprendizaje permanente es bastante inferior a la del resto de personas ocupadas, el Informe llama a que se adopten medidas adecuadas por los Estados miembros que corrijan este déficit (según datos de Eurostat, mientras que la cuota de participación en el aprendizaje permanente es del 9,7 % para los trabajadores de 25 a 64 años, se reduce al 8,4 % en el caso de los trabajadores comprendidos en dicha franja de edades y al 7,1 % para los inactivos, al 4,7 % para los trabajadores de 55 a 64 años, y desciende hasta el 3,9 % para los pocos cualificados de 25 a 64 años).

5. Por fin, por lo que respecta a la aplicación de reformas estructurales en la línea de los objetivos marcados en la Estrategia Europea para el Empleo y en las orientaciones comunitarias de política de empleo dirigidas a los Estados miembros, se insiste en los ejes ya conocidos de actuación desde hace varios años.
En primer lugar, hay que atraer a un mayor número de personas al empleo y retenerlas en él, aumentar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas de protección social. Se destaca como medida especialmente positiva, y que varios Estados han puesto ya en marcha, desincentivar el recursos a los sistemas de jubilación anticipada y apostar por políticas formativas y de mantenimiento en el empleo de las personas de edad avanzada, aún cuando también se pone de manifiesto que a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años, “la edad media de salida del mercado laboral sigue estando en la actualidad muy por debajo del objetivo para 2010”.
En el análisis que efectúa el documento comunitario de las políticas de empleo de cada Estado, se valoran positivamente algunos avances, aunque muy desiguales entre Estados, en las políticas de igualdad de género y de conciliación de la vida profesional y familiar, teniendo presente que 15 Estados ya han alcanzado la tasa de participación femenina (60 %) fijada en la Estrategia de Lisboa para el año 2010. Igualmente, merecen una valoración favorable las medidas que se están adoptando para reducir las tasas de desempleo juvenil y para mejorar las capacidades formativas de los jóvenes, así como las medidas de políticas de empleo tendentes a facilitar su contratación mediante incentivos a los empleadores que los contraten. También se llama la atención (aunque no sería de aplicación al caso español en el primer supuesto) sobre la necesidad de incrementar las tasas de empleo de la población inmigrante y de reducir las desempleo, mediante medidas formativas de mejora de las capacidades y de integración social, así como también de plena aceptación de la diversidad en el seno de las empresas y centros de trabajo.
En segundo término, hay que mejorar la adaptabilidad de trabajadores y empresas, entre otras razones para encarar las reestructuraciones económicas y para mejorar la organización del trabajo, luchando por erradicar el empleo no declarado, fomentando la movilidad del personal, y reduciendo los obstáculos fiscales a la presencia de trabajadores que perciban una remuneración escasa en el mercado laboral.
Por último, hay que aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la enseñanza y las capacidades. Se valora negativamente el descenso en el gasto público total en educación, que pasó durante el período 2002-2005 del 5,2 al 5,0 %, si bien las diferencias entre Estados son relevantes ya que oscilan entre menos del 4% (Rumania) hasta el 8 % en el caso paradigmático, y que siempre se suele poner como ejemplo, de Dinamarca. Hay preocupación en sede comunitaria por las dificultades casi insuperables para alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa, ya que todavía hay una tasa comunitaria del 14,8 % de abandono escolar prematuro en 2007 (objetivo: 10 %), el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que finaliza le enseñanza secundaria superior es del 78,1 % (objetivo: 85 %) y la presencia de adultos que participan en actividades de aprendizaje permanente es del 9,7 % (objetivo: 12,5 %). En cuanto a algunos aspectos positivos que se enfatizan en el documento, creo conveniente y necesario destacar el notable progreso registrado en la aplicación del marco europeo de cualificaciones, que está impulsando también “el acceso a la educación y la formación, itinerarios de aprendizaje flexibles y la movilidad intersectorial”.