Algunas propuestas comunitarias en materia de empleo para abordar la crisis actual

1. Durante hoy jueves y mañana viernes los Jefes de Estados y de Gobierno se reúnen en Bruselas, en el llamado Consejo Europeo de primavera, para abordar cómo seguir trabajando y qué medidas adoptar para dar debida respuesta a una de las crisis económica y social más relevantes que ha habido desde la gran depresión económica de 1929.

La Comisión Europea ha elaborado un importante documento, a mi parecer, que lleva por título “Gestionar la recuperación económica”, y que fue presentado en público el día 4 de marzo. Voy a analizar los aspectos más relevantes del texto que se refieren de forma directa a las políticas de empleo, en el bien entendido que todas las medidas de política económica que se adopten tendrán también, sin duda, un impacto indudable sobre el mismo.

2. La Comunicación dedica un apartado específico que lleva por título “apoyar a la ciudadanía durante la crisis”, en el que se manifiesta que la difícil situación económica y social que estamos viviendo a escala mundial se traducirá en la Unión Europea en un descenso del número de personas ocupadas en los próximos dos años y un crecimiento importante del desempleo, con afectación especial de las consecuencias de la crisis para jóvenes, personas con contratos de corta duración y trabajadores migrantes.

La Comisión no se recata en afirmar que el impacto de la crisis es y va a ser más grave de lo que se pensaba cuando aparecieron los primeros síntomas, y por ello es partidaria de medidas que combinen las políticas activas con las de protección social, poniendo de manifiesto que “el apoyo a la renta en conjunción con unas medidas activas estimulará la demanda, facilitará la transición de la vuelta al trabajo y evitará la exclusión social”.

3. El documento pasa revista a las distintas y variadas medidas adoptadas por los Estado de la UE para enfrentarse a la crisis y mantener la cohesión social, ya sea en términos de políticas tendentes al mantenimiento o creación de empleo como de protección de los colectivos desempleados y en situación o riesgo de exclusión social. Entre las primera encontramos las prestaciones de desempleo parcial, la reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social o las subvenciones salariales y con especial atención a las pymes; entre las segundas cabe referirse a políticas de formación que posibiliten la rápida reincorporación al mercado de trabajo, una mejora de la protección contributiva y de los subsidios por desempleo, así como también la ampliación de los colectivos que pueden acceder a las redes de asistencia social de los distintos Estados (y que en las Comunidades Autónomas de España son las rentas o ingresos mínimos de inserción). De carácter general, en la medida en que pueden contribuir tanto a la creación de empleo como a paliar las dificultades de las personas desempleadas, nos encontramos con medidas como las inversiones en vivienda, hospitales, asistencia primaria, obra pública local, etc.

Desde el propio ámbito de actuación comunitario, la Comisión enfatiza las medidas que se han ido poniendo en marcha desde el inicio de la crisis, tales como las propuestas de reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que pueda dar respuesta más rápida a los nuevos problemas (si bien debo añadir aquí que estas propuestas todavía no han sido aprobadas porque varios Estados han formulado críticas sobre el coste de la medida), así como la simplificación de las normas del Fondo Social Europeo en orden a permitir anticipar cantidades previstas para años venideros, en concreto 1.800 millones de euros, al mismo tiempo que se recuerda que el FSE destina el año en curso 10.800 millones de euros para apoyar las iniciativas de los Estados miembros.

En cualquier caso, todas las medidas que se adopten para resolver o atajar problemas a corto plazo deben guardar coherencia con las políticas estructurales comunitaria a medio y largo plazo tal como fueron definidas desde la Estrategia de Lisboa del año 2000, actualizada y revisada en años posteriores, ya que no conviene olvidar que la UE tiene dos desafíos importantes a largo plazo y de indudable impacto en el mercado de trabajo, como son el impacto del envejecimiento demográfico en la mano de obra y el aprovechamiento de las oportunidades de la economía con bajas emisiones de carbono. Además, es obvio que las medidas que se adopten deberán guardar estrecha relaciones con las orientaciones comunitarias para las políticas de empleo de los Estados miembros, que han sido objeto de detallada explicación en comentarios anteriores del blog.

4. Las propuestas que se formulan en la Comunicación son sensiblemente semejantes, y no me parece que pueda ser de otra forma, a las que se están adoptando por los Estados miembros, entre ellos España, de las que conviene hace referencia al reciente Real Decreto-Ley 2/2009 de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

En efecto, la Comisión apuesta en primer término por mantener al mayor número posible de la población ocupada en activo, o dicho en otros términos a evitar las medidas empresariales de extinción de contratos de trabajo, y para ello propugna acuerdos de reorganización de los tiempos de trabajo en sede empresarial, combinados con políticas formativas que permitan orientar a los trabajadores hacia nuevos empleos, y cabe aquí incluir a mi parecer, aunque no se mencione de forma expresa, el apoyo dado por la normativa española, en términos de reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, a las empresas que suspendan contratos por vía de expedientes de regulación de empleo en lugar de optar por su extinción.

En segundo término, se propugna una mejora de la protección social para las personas desempleadas, tanto en términos estrictamente económicos como de inversión pública en políticas formativas que orienten a dichas personas hacia los empleos del futuro, y todo ello combinado con una reforma de los servicios públicos de empleo, al igual que se está haciendo en España, para hacer frente al aumento del desempleo, a las nuevas necesidades de búsqueda de empleo, y a las políticas formativas adecuadas en tiempos de crisis.

Con atención especial a algunos colectivos, se apuesta por prestar la debida atención a la reducción de costes no salariales de los trabajadores no cualificados, así como a las medidas para atenuar el desempleo juvenil y evitar el abandono escolar prematuro que es una vía directa desgraciadamente en muchas ocasiones al incremento del desempleo juvenil cuando la situación económica y social, como ocurre en la actualidad, se ve seriamente afectada por una crisis.

No podía faltar ciertamente en las recomendaciones comunitarias la llamada al refuerzo de las políticas de educación y formación para permitir ampliar el bagaje intelectual de los jóvenes y para acoger a todas aquellas personas que deseen ampliar su formación durante la vida laboral, así como a la puesta en marcha de las políticas de flexiseguridad que tiendan a reducir la segmentación y a mejorar el funcionamiento de los mercados laborales (como es bien sabido, esta es una cuestión muy polémica en todos los Estados miembros, ya que depende en dónde se ponga el acento para que puedan valorarse de una forma u otra, en el bien entendido que una política adecuada sólo es posible a mi parecer si combina las reformas tendentes a conseguir una mayor estabilidad en el empleo para toda la población trabajadora con una cobertura adecuada económica y formativa para toda aquella que, en un momento determinado de su vida laboral, pueda encontrarse en situación de desempleo).

Ante los riesgos, no desdeñables en absoluto como acabamos de ver en el Reino Unido, de un retorno a medidas proteccionistas en el ámbito laboral, la Comisión enfatiza su apoyo y defensa de la libre circulación de trabajadores, no ya como uno de los pilares básicos del modelo comunitario, sino como mecanismo que puede, incluso durante las etapas de ralentización económica, “ayudar a resolver la persistencia de desajustes entre las cualificaciones y las necesidades del mercado laboral”.

5. Por último, el documento comunitario dedica un breve apartado a la necesidad y conveniencia de una futura reunión extraordinaria dedicada monográficamente al empleo, y que ya se ha acordado que se celebrará el 7 de mayo, reunión que debería examinar qué se ha hecho hasta ahora, qué avances se han realizado y qué resta por hacer, a partir del marco previo de actuación definido en la Agenda social renovada y en las orientaciones comunitarias de empleo.

Por consiguiente, y no me parece que en la reunión se vaya a cambiar el marco actual de las políticas de empleo sino a reforzarlo, los poderes comunitarios y los Estados miembros deberán trabajar conjuntamente para conseguir que haya unos mercados de trabajo “más flexibles, seguros e inclusivos”, actuar de forma concertada para reducir el impacto social de la crisis y obtener un beneficio para el conjunto de la población europea y no sólo de uno o más Estados miembros, y buscar un nuevo marco de diálogo social con los agentes sociales y demás sujetos interesados que sitúe en el centro de la reflexión como debe ser posible modernizar las políticas sociales en beneficio tanto de trabajadores como de empleadores.