A vueltas con los debates sobre la Inteligencia Artificial (y en especial su impacto sobre la vida laboral). A propósito del Anteproyecto de Ley para su buen uso y gobernanza, y otros documentos de interés.

 

1. El Pleno del Consejo Económico y Social aprobó en su sesión ordinaria del día 25 de marzo el Dictamen   sobre el Anteproyecto de Ley “para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial”, que había sido solicitado el día 3 de marzo por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La historia de dicho Anteproyecto se inició hace un año, con su aprobación por el Consejo de Ministros celebrado el 11 de marzo, del que daba cuenta una amplia nota de prensa   del citado Ministerio, titulada “El Gobierno da luz verde al anteproyecto de ley para un uso ético, inclusivo y beneficioso de la Inteligencia Artificial”, sintetizado en estos términos:

“El Gobierno ha dado hoy luz verde al anteproyecto de ley de gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), que busca garantizar un uso de la Inteligencia Artificial que sea ético, inclusivo y beneficioso para las personas. Este instrumento normativo adaptará la legislación española al reglamento europeo de IA, ya en vigor, bajo un enfoque regulador que impulsa la innovación.

“La IA es una herramienta muy poderosa, que puede servir para mejorar nuestras vidas o atacar a la democracia; puede tener buenos usos o malos usos. La IA puede ser utilizada para investigar el cáncer o el Alzheimer, para prevenir catástrofes naturales, para descubrir nuevos medicamentos; o puede ser usada para difundir bulos y mentiras, esparcir odio y atacar a nuestra democracia. Por eso es oportuno su buen uso y gobernanza”, ha destacado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El anteproyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, seguirá ahora los trámites preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y envío a las Cortes para su aprobación.

Con el objetivo de que la Unión Europea disponga de un marco legal común para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA que eviten los riesgos para las personas, el reglamento prohíbe determinados usos maliciosos de la IA, introduce obligaciones más rigurosas para sistemas considerados de alto riesgo y establece unos requisitos mínimos de transparencia para el resto.

Incorpora, además, un nuevo derecho digital de retirada provisional del mercado español de sistemas de IA por la autoridad de vigilancia competente cuando hayan provocado un incidente grave, como el fallecimiento de una persona”. 

Al referirse a los sistemas de alto riesgo, encontramos en dicho texto una referencia concreta al ámbito laboral, poniendo como ejemplos de infracciones graves “el no introducir supervisión humana en un sistema de IA que incorpore la biometría en el trabajo para controlar la presencialidad de los trabajadores o no disponer de un sistema de gestión de calidad en robots con IA que desarrollan las tareas de inspección y mantenimiento en sectores industriales, entre otros. Las sanciones oscilarán en estos casos entre 500.000 euros y 7,5 millones de euros o entre el 1% y el 2% del volumen de negocio mundial”.

La lectura del Anteproyecto  , al que se acompañaba su Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), y la del Dictamen del CES, junto con otros documentos que he tenido oportunidad de leer, en su totalidad o en sus síntesis, en los últimos días, me ha animado a redactar una nueva entrada sobre los debates existentes que versan sobre el impacto de la IA, y mucho más concretamente en la vida laboral, es decir en la vida cotidiana de millones de personas.

Continuo, pues, con mis aportaciones y reflexiones plasmadas en artículos anteriores en este blog, siendo la dos más recientes el texto de mi intervención en el acto de clausura de la Jornada organizada por Esade Forum el 27 de febrero  , y su puesta al día en  la entrada “Nuevas aportaciones legales y doctrinales sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las relaciones de trabajo y en la vida política, económica y social” 

2. Ánimo, en el que también tiene mucho que ver la celebración de dos próximos encuentros sindicales y académicos

El primero, la celebración de las novenas, y muy consolidadas, jornadas jurídicas de Derecho Laboral y Sindical de CCOO de Cataluña, los días 28 y 29 de mayo, dedicadas al “Impacto de la Inteligencia Artificial en las Relaciones Laborales y en la Jurisdicción Social”, con ponencias a cargo de la profesora Henar Álvarez y de los profesores Xavier Solà, Miguel Ángel Purcalla y Miguel Arenas, en las que participaré en el acto de presentación. Serán abordadas la relevancia d ellos derechos de información y consulta, la prevención de los riesgos laborales desde una perspectiva de género, la aplicación de la IA en la resolución de los conflictos laborales, y su impacto en la Seguridad Social.  sistema  

El segundo, la celebración en la Universidad de Valencia del II Congreso Internacional sobre la IA en elmundo del trabajo, dedicado a “La Directiva de Trabajo en Plataformas, el Reglamento General de Protección de Datos, y el Reglamento de Inteligencia Artificial”, dirigido por los profesores Adrián Todolí Signes e Ignasi Beltrán de Heredia  , en cuya presentación se anuncia que los temas a tratar, todos ellos de indudable importancia, serán los siguientes: “i) Los efectos de la IA en el mercado de trabajo, ii) Trasparencia algorítmica, derechos de información y protección de datos, iii) Discriminación algorítmica en el contrato de trabajo iv) El control tecnológico de la actividad laboral y las evaluaciones de productividad automatizadas v) Controles biométricos y de salud, vi) Prevención de riesgos laborales y usos de la Inteligencia Artificial, vii) Normativa europea aplicable al contrato de trabajo en materia de Inteligencia Artificial y algoritmos, viii) Los neuroderechos en el ámbito laboral, ix) La evaluación de impacto en la directiva de plataformas, el RGPD y el RIA”.

Sus organizadores han puesto en marcha ya la calificada de “segunda iniciativa interblogs de Derecho del Trabajo”, tras el éxito alcanzado en la primera con ocasión del primer congreso internacional sobre la IA en el mundo del trabajo, que nuevamente contará con un amplio elenco de laboralistas y en el que participaré en la entrada de clausura (además de sus directores, la profesora Ana Belén Muños y los profesores Miguel Rodríguez-Piñero, Jesus R. Mercader, José María Goerlich, Daniel Pérez y Antonio Fernández). 

A buen seguro que en las ponencias e intervenciones, tanto del Congreso como en los artículos de blog, se hará mención y se analizará el informe del grupo de personas expertas sobre la transposición de la Directiva 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas  , y muy especial de su capítulo III, dedicado a la gestión algorítmica. En la presentación del informe se explica que “...  

“Al igual que con otras directivas en el ámbito del Derecho laboral, la Comisión creó un grupo informal de expertos para asesorar y apoyar a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión en el seguimiento de la transposición correcta y oportuna de la Directiva por parte de los Estados miembros. El grupo debatió todas las disposiciones de la Directiva. Además, brindó a los expertos nacionales, los interlocutores sociales y los servicios de la Comisión la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los avances en la transposición de la Directiva a nivel nacional. El grupo de expertos estaba compuesto por expertos nacionales en representación de los gobiernos de los veintisiete Estados miembros, los Estados del EEE/AELC y los interlocutores sociales europeos. El grupo estuvo presidido por un representante de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión prestó apoyo administrativo al grupo. Se celebraron un total de ocho reuniones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, durante las cuales se debatieron ampliamente las principales cuestiones surgidas en relación con la aplicación de la Directiva. El presente informe es el resultado de dichos debates. Las referencias a otras normas legislativas de la UE se refieren a las versiones vigentes durante los debates... Si bien su objetivo es facilitar el intercambio de opiniones y promover una mejor comprensión común de las disposiciones de la Directiva, los servicios de la Comisión no han pretendido interferir en modo alguno en el proceso de transposición a nivel nacional, ni interferir en el derecho de interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni de otros tribunales competentes. Lo mismo se aplica a los expertos del Grupo de Expertos que, en sus respectivos países, son responsables de elaborar proyectos de ley y/o supervisar los debates entre los interlocutores sociales en el marco de la transposición basada en convenios colectivos. El informe no es en absoluto vinculante y no debe considerarse que represente la posición oficial de ningún gobierno participante en el Grupo de Expertos, ni la de la Comisión o los interlocutores sociales europeos. El informe no exime en modo alguno a los Estados miembros de la responsabilidad de garantizar la correcta transposición y aplicación de la Directiva, y tampoco exime a la Comisión de su obligación de supervisar dicha labor”.

Vamos allá.

3. Lógicamente, el primer documento que deseo destacar es el que ha dado pie a esta entrada, es decir el Anteproyecto de Ley para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial, que concreta en nuestro ordenamiento jurídico interno el Reglamento(UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 estableciendo “un régimen sancionador y un esquema de sanciones que se plantean como efectivas, proporcionadas y disuasoria. Se tienen en cuenta condiciones específicas de las pymes y empresas emergentes, procurando con ello asegurar el equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Reglamento y la protección de la innovación científica y técnica”, y cuya tesis central se encuentra en el tercer párrafo de su exposición de motivo, considerando necesario “definir un marco normativo de uso de esta tecnología que promueva la adopción de una IA fiable y centrada en el ser humano”. 

Su capítulo IV está dedicado a infracciones y sanciones, siguiendo el citado Reglamento, y encontramos en el art. 20, tipificada como infracción grave por parte de los responsables del despliegue de sistema de IA, “f) El incumplimiento del artículo 26.7 del Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio, relativo a la obligación, cuando se despliegue un sistema de IA de alto riesgo en un lugar de trabajo, de informar a los representantes de las personas trabajadoras y a las personas trabajadoras afectadas de que estarán expuestos a la utilización de éste”. También es necesario hacer referencia al art. 27 en el que se estable la graduación de las sanciones, en el que, tras disponer con carácter general que “Las Administraciones públicas deberán guardar la debida adecuación entre la sanción y el hecho constitutivo de la infracción, considerando especialmente su repercusión y su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y a sus derechos fundamentales”, dispone que “En particular, deberá evaluarse para cada caso concreto: ... l) La existencia de sucesión de empresas o la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo en situaciones abusivas o fraudulentas”.

Recordemos en este punto que el art. 26 del Reglamento, dedicado a “Obligaciones de los responsables del despliegue de sistemas de IA de alto riesgo”, dispone en su apartado 7 que “Antes de poner en servicio o utilizar un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo, los responsables del despliegue que sean empleadores informarán a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados de que estarán expuestos a la utilización del sistema de IA de alto riesgo. Esta información se facilitará, cuando proceda, con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en el Derecho de la Unión y nacional y conforme a las prácticas en materia de información a los trabajadores y sus representantes·.

4. Pues bien, es justamente sobre este punto sobre el que se formula una observación concreta en el Dictamen del CES, habiendo pasado con anterioridad por el examen del contenido del Anteproyecto remitido y formulado “una valoración positiva la iniciativa de regular, en una norma con rango de ley, el sistema de autoridades para la gobernanza del uso de la IA y el régimen de infracciones y sanciones, además de reglas para el buen uso en la AGE, que permitirá cumplir, con la adecuada adaptación para España, las previsiones de la normativa comunitaria y específicamente del RIA”.

No obstante, el CES critica la ausencia de diálogo social en su elaboración, y expone que “habría sido aconsejable remitirlo a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a fin de recabar directamente su opinión, al amparo de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (artículo 26.6), más allá de que, como recoge la MAIN que lo acompaña, se llevase a cabo el trámite de audiencia e información pública general”.  Para el CES, el texto de la futura norma debería recoger “más literalmente” lo dispuesto en el art 26.7 del RIA, es decir facilitar la información a los representantes del personal “antes de poner en servicio o utilizar el sistema”, ya que de tal manera se garantizaría “la eficacia de este derecho de información haciéndolo efectivo con carácter previo a la utilización de tales sistemas  

5. Sigo con documentos internos, y me refiero brevemente a continuación al Informe aprobado por la Ponencia de “análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora”, constituida en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, publicado en el Boletín de las Cortes Generales el 27 de marzo  , al que se adjuntan algunas propuestas de modificación suscritas por diversos grupos parlamentarios.  

El objeto del informe es, tal como se explica en su introducción, “presentar y reflejar de manera sistemática las conclusiones de la Ponencia de Análisis de las Amenazas en el Ciberespacio, en la Era de la Inteligencia Artificial y de la Computación Cuántica, así como formular recomendaciones de mejora en el ámbito de la seguridad nacional, la protección de las entidades críticas, el funcionamiento de las instituciones públicas y la salvaguarda de la ciudadanía a partir de una nueva visión socializada y amplia de ciberseguridad”, exponiendo que “... el informe no se limita a describir el estado de la cuestión, sino que se construye deliberadamente a partir del análisis comparado de las opiniones, diagnósticos, advertencias y propuestas formuladas por los distintos expertos comparecientes, estructurándolos por ejes temáticos y orientándolos a la mejora de las políticas públicas en materia de ciberseguridad, desde un enfoque práctico, institucional y alineado con las necesidades reales del Estado y de la ciudadanía”.

Aun cuando no se refiere al mundo laboral, sí hay algunos apartados del informe  que pueden ser de especial interés en relación con el mismo, como es por ejemplo el dedicado a “Dimensión social y de derechos: ciudadanía, víctimas y garantías en el entorno digital”, en el que se expone que  “Las comparecencias de la Ponencia pusieron de relieve que la ciberseguridad no puede abordarse únicamente desde una perspectiva técnica, operativa o estratégica, sino que presenta una dimensión social y de derechos fundamentales de creciente relevancia. Los expertos coincidieron en que el impacto del cibercrimen, la automatización tecnológica y el uso intensivo de datos afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a colectivos vulnerables, y plantea desafíos sustantivos en términos de protección de las víctimas, garantías democráticas y confianza en las instituciones”. Para la Ponencia, las citadas comparecencias “... evidenciaron que la dimensión social y de derechos constituye un eje transversal para la comprensión íntegra de la ciberseguridad contemporánea. La protección efectiva de las víctimas, la atención a las estafas emocionales, la salvaguarda de los menores y la garantía de transparencia y control democrático sobre las tecnologías emergentes son elementos indispensables para una estrategia de ciberseguridad que aspire no solo a proteger sistemas, sino también a preservar los derechos, la confianza institucional y la cohesión social en el entorno digital”.

El documento recoge en el apartado de conclusiones las que se propusieron por quienes comparecieron, y refiriéndose a cuestiones de especial interés social hay dos que me parecen que pueden afectar directamente a la vida laboral:

“... En quinto lugar, en cuanto a la gobernanza de la tecnología y los derechos fundamentales, miembros de la sociedad civil recomiendan incorporar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Se propone de manera expresa la creación de espacios de participación y órganos consultivos con presencia de organizaciones sociales, así como la realización de evaluaciones de impacto en derechos humanos antes del despliegue de tecnologías sensibles. Estas recomendaciones se formulan con el objetivo de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de colectivos vulnerables.

En sexto y último lugar, se recomienda incrementar la transparencia en el uso de sistemas algorítmicos por parte de las Administraciones Públicas, proponiéndose la creación de registros públicos de algoritmos y mecanismos de supervisión ética independientes. Estas propuestas se presentan como medidas necesarias para asegurar que la ciberseguridad y el uso de tecnologías avanzadas no erosionen derechos fundamentales ni principios democráticos”.

6. Dejo el ámbito territorial español y me voy al de la Unión Europea para referirme al reciente Dictamen   exploratorio, elaborado a petición de la presidencia chipriota, aprobado por el Comité Económico y Social Europeo en su sesión plenaria celebrada el 18 de marzo, que lleva por título “Mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo mediante la introducción y promoción de herramientas conexas (incluida la IA) y el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva”, con 157 votos a favor, 77 en contra y 10 abstenciones.

Un Dictamen, que continúa en la línea marcada por otros anteriores y a los que se refiere en las observaciones generales   (me permito remitir a la entrada “Unas notas a propósito de los Proyectos de Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la inteligencia artificial, y en especial sobre su impacto en las relaciones de trabajo”  ).

Sus conclusiones y recomendaciones me parecen de indudable importancia, y por ello las reproduzco a continuación, animando a todas las personas interesadas a la lectura íntegra del Dictamen:

“1.1        El CESE subraya que la inteligencia artificial (IA) y la gestión algorítmica pueden mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo si su adopción respeta el principio de control humano y, al mismo tiempo, sirve para impulsar un crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social al aumentar la productividad y la competitividad de Europa.

1.2          El Comité reconoce el potencial de la IA como palanca estratégica para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo, en particular mediante la prevención activa de riesgos, la detección temprana de peligros y la automatización de las tareas más peligrosas, arduas o repetitivas, siempre que se eviten los riesgos de discriminación o uso indebido.

1.3          El CESE destaca que el uso de la IA puede mejorar la organización del trabajo y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, habida cuenta de que unas capacidades organizativas adecuadas, en especial en las pymes, son fundamentales para su adopción efectiva.

1.4          El Comité reconoce la contribución de la IA y las herramientas de información sobre el mercado laboral a la hora de anticipar las necesidades de capacidades y apoyar los itinerarios de formación, reciclaje profesional y desarrollo profesional, dado que ayudan a reducir la inadecuación de las capacidades y a aumentar la empleabilidad de los trabajadores.

1.5          El CESE llama la atención sobre los riesgos asociados a la introducción de la IA y la gestión algorítmica, en particular en lo que respecta a la intensificación del trabajo, el aumento de los riesgos psicosociales, la reducción de la autonomía decisoria y el estrés tecnológico. Con arreglo al marco sobre salud y seguridad en el trabajo, en el que se exige a todos los empleadores evaluar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, tales riesgos se hallan comprendidos en el ámbito de dicha evaluación y deben abordarse con medidas adecuadas, con la participación de los interlocutores sociales y la negociación colectiva en los niveles oportunos.

1.6          Con el fin de evitar la opacidad de los sistemas algorítmicos y el riesgo de prácticas discriminatorias, el CESE subraya la importancia de asegurar que el uso de la IA y de la gestión algorítmica sea transparente, explicable y justo, ya que ello contribuye a aumentar la confianza en estas tecnologías, su legitimidad y su aceptación social, en especial entre los grupos vulnerables.

1.7          Al objeto de evitar asimetrías de poder relacionadas con el uso intensivo de datos y las prácticas de vigilancia y control en el lugar de trabajo, el CESE destaca la importancia primordial de fomentar un uso de los datos transparente, proporcionado y con salvaguardias adecuadas, en particular mediante la fijación de límites claros al uso de aplicaciones intrusivas.

1.8          El CESE respalda la Resolución del Parlamento Europeo  en la que se pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de la legislación vigente relativa al despliegue de herramientas de IA y gestión algorítmica en el lugar de trabajo y, sobre la base de sus resultados, presente una propuesta de la UE centrada específicamente en la gestión algorítmica en el trabajo para abordar en todas sus vertientes sus repercusiones específicas en las condiciones de trabajo, que evite la creación de instrumentos jurídicos que se solapen y mejore la armonización del mercado interior.

1.9          El Comité coincide en que las disposiciones aplicables en la actualidad, incluidas las derivadas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)  y el Reglamento de Inteligencia Artificial , deben ejecutarse y cumplirse plenamente al introducir herramientas de IA y gestión algorítmica en el lugar de trabajo y, al mismo tiempo, reconoce que esto brinda la oportunidad de ampliar a todos los trabajadores los principios sobre gestión algorítmica de la Directiva relativa al trabajo en plataformas  a fin de reforzar su protección.

1.10        El CESE destaca el papel central del diálogo social y la negociación colectiva en todos los niveles, así como la importancia de una cooperación estructurada entre la Oficina Europea de Inteligencia Artificial (Oficina de IA), la Comisión Europea y los interlocutores sociales, para garantizar que la implantación de la IA contribuya a una transición digital justa, inclusiva y competitiva, teniendo en cuenta sistemáticamente las dimensiones generacional y de género, la vulnerabilidad y las necesidades de las pymes”. 

7. Muy recientemente se ha publicado por la OIT el estudio “¿Disrupción sin beneficios? Cómo la brecha digital y las diferencias en las tareas dividen el impacto global de GenAI”, elaborado por Paweł Gmyrek, Mariana Viollaz, y Hernan Winkler  (original inglés Disruption without dividend?- How the digital divide and task differences split GenAI’s global impact       ILO working papers 166, march 2026), del que reproduzco sus conclusiones:

“En este artículo, investigamos el impacto potencial de la IA GenA en el mercado laboral global, centrándonos en la distribución desigual de riesgos y oportunidades entre las economías avanzadas y en desarrollo.

Exploramos tres perspectivas específicas. Primero, aplicamos el Índice OIT-NASK de exposición ocupacional a microdatos detallados de 135 países, que abarcan el 69 % de la población mundial.

Segundo, basándonos en nuestro trabajo en América Latina y el Caribe, examinamos el impacto de la brecha digital, combinando la exposición ocupacional con datos sobre el acceso a internet en países con diferentes niveles de ingresos, como condición previa para beneficiarse de tecnologías como la IA GenA. Tercero, utilizando las encuestas de competencias PIAAC y STEP en 46 países y cinco rondas de recopilación de datos desde 2012, vinculamos la exposición a la IA GenA con el contenido real de las tareas laborales, basándonos en constructos de intensidad de tareas: uso de computadoras, tareas manuales rutinarias, tareas analíticas no rutinarias y trabajo interpersonal no rutinario. Con base en esta información, modelamos la relación entre la exposición laboral y el contenido de las tareas en distintos países, ajustando las puntuaciones de exposición según las diferencias en las tareas entre entornos de ingresos altos y bajos.

Nuestro análisis indica que, en el contexto global, diversas fuerzas asimétricas influirán en el impacto de la IA de nueva generación en el empleo.

En todos los países, la exposición se correlaciona positivamente con los niveles de desarrollo: las economías de altos ingresos presentan mayores porcentajes de empleo en zonas con alta exposición, especialmente en el ámbito de la automatización, mientras que las diferencias en el potencial de mejora son menores entre los distintos grupos de ingresos. Corregir la exposición según el acceso real a internet amplía las diferencias basadas en los ingresos y revela una importante dinámica de «falta de protección y grandes cuellos de botella»: en los países de bajos ingresos, los trabajadores en riesgo de desplazamiento ya cuentan con la suficiente conexión para experimentar los efectos negativos de la rápida automatización, mientras que aquellos que podrían mejorar productivamente su trabajo se enfrentan a importantes brechas de infraestructura que retrasan los beneficios. Por ejemplo, entre los 441,8 millones de empleos globales en zonas de alta automatización en los países incluidos en nuestro estudio, aproximadamente 66,9 millones carecen de acceso a internet: una estimación concreta de las ganancias perdidas a corto plazo. Esto contrasta notablemente con los países de altos ingresos (PAI), donde tanto los trabajadores en riesgo de automatización como aquellos que se benefician de las mejoras de productividad a través de la transformación laboral se encuentran en entornos casi universalmente digitalizados.

A pesar del mayor impacto potencial de la automatización en los PAI, las consecuencias de estos riesgos variarán según la economía. En los países de bajos ingresos, el subconjunto vulnerable a la automatización es pequeño pero estratégicamente importante: suelen ser empleos de mayor calidad y mejor remunerados en el sector servicios formales, donde el desplazamiento temprano podría tener efectos distributivos desproporcionados. Estos países también tienen una capacidad fiscal e institucional considerablemente menor para mitigar las consecuencias negativas de la automatización o para brindar apoyo público durante las transiciones.

En la mayoría de los países, la exposición aumenta con el nivel educativo y los ingresos familiares; dentro de las ocupaciones, suele concentrarse entre los trabajadores jóvenes y las mujeres que desempeñan funciones de oficina. Si bien la brecha digital mitiga parcialmente los riesgos inmediatos, a largo plazo esta tendencia plantea un riesgo más profundo de "evitación del trabajo de oficina". A medida que la IA generativa sea capaz de realizar muchas tareas de oficina, los tipos de empleos que históricamente facilitaron la entrada de las mujeres al mercado laboral y ofrecieron vías hacia un empleo de calidad en las economías avanzadas podrían no llegar a consolidarse por completo en los países en desarrollo actuales, o aparecer en formas significativamente reducidas, con muchas tareas esenciales que, en última instancia, serán realizadas por la IA generativa. Esto podría impedir que los países de bajos ingresos experimenten el tipo de transformación que el trabajo de oficina posibilitó en su momento en las naciones más ricas, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género. Las implicaciones van más allá del género: dado que los empleos de oficina de nivel inicial han servido tradicionalmente como trampolín para los jóvenes que ingresan al mercado laboral, su ausencia podría obstaculizar aún más la integración juvenil en los países en desarrollo, donde los jóvenes ya enfrentan importantes barreras para el empleo.

Más allá de la exposición teórica, demostramos que las ocupaciones difieren significativamente según el contexto de ingresos.

Es probable que una medida de exposición generalizada sobreestime el impacto de la IA de nueva generación en las economías en desarrollo, ya que presupone un contenido de tareas uniforme dentro de las categorías ISCO. Incluso dentro de las ocupaciones con alta exposición, los trabajadores de países de bajos ingresos realizan sustancialmente menos tareas analíticas no rutinarias y más tareas rutinarias/manuales que sus homólogos en las economías de altos ingresos.

Un ajuste del índice de exposición global según el contenido de las tareas modifica la clasificación de los países de forma intuitiva: los países con empleos que requieren un alto nivel de competencia digital y análisis suben en la clasificación, mientras que aquellos donde las ocupaciones expuestas implican menos tareas no rutinarias bajan.

Por lo tanto, la exposición no es simplemente un atributo del título de una ocupación; es una función de cómo se organiza, se equipa y se desempeña esa ocupación a nivel local.

Con las políticas adecuadas y una infraestructura digital suficiente, las herramientas de IA genómica podrían contribuir a mejorar algunas ocupaciones en países de bajos ingresos, en consonancia con la evidencia de que estas tecnologías pueden redistribuir la experiencia de los trabajadores más experimentados a un grupo más amplio de profesionales y mejorar el desempeño dentro de las ocupaciones (Autor y Thompson, 2025; Gmyrek y Winkler, 2026; Noy y Zhang, 2023; Peng et al., 2023). Sin embargo, las diferencias estructurales en las tareas, con un menor contenido analítico no rutinario y más tareas manuales en las mismas ocupaciones en los países en desarrollo, pueden limitar los beneficios potenciales de estas tecnologías, mientras que la brecha digital podría exacerbar aún más dichas disparidades. Betai y Chen (2025) aportan nueva evidencia que respalda estas hipótesis mediante el uso de datos de uno de los mayores mercados laborales en línea, donde la demanda laboral se origina principalmente en países de altos ingresos y donde los países en desarrollo son los principales proveedores de talento. El estudio revela que la IA de nueva generación se asoció con una marcada disminución en el volumen y el valor de la subcontratación internacional de servicios a países en desarrollo, especialmente en el caso de las habilidades consideradas más susceptibles de automatización. Si bien algunos trabajadores se beneficiaron de un cambio hacia tareas que requieren mayor valor y complejidad, representaron un grupo relativamente pequeño.

En resumen, aunque la IA de nueva generación se suele considerar un fenómeno global, su adopción y sus impactos en el mercado laboral serán desiguales. Sin inversiones específicas y políticas de mercado laboral, es probable que las ganancias de productividad se concentren donde los obstáculos digitales sean menores —principalmente en las economías más ricas y en las empresas mejor equipadas—, mientras que los riesgos de desplazamiento no se retrasarán de la misma manera para el subconjunto conectado de trabajadores en entornos más pobres”.

8. Por fin, habrá que estar muy atentos a los debates en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en la sede la OIT en Ginebra los días 1 a 12 de junio sobre los proyectos de Convenio y Recomendación  sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, por la real importancia que puede tener su aprobación, en especial el Convenio.

Conviene señalar que el apartado X del Convenio versa sobre el impacto del uso de sistemas automatizados, y dispone lo siguiente:

“Artículo 12

Todo Miembro exigirá a las plataformas digitales de trabajo que informen a los trabajadores de plataformas digitales, antes de su empleo o contratación, y a sus representantes o a las organizaciones representativas de trabajadores y, cuando existan, a las organizaciones que representen a los trabajadores de plataformas digitales, sobre:

a) el uso de sistemas automatizados, basados en algoritmos o en métodos similares, con fines de seguimiento o evaluación del trabajo o de generación de decisiones relativas al trabajo;

b) la medida en que el uso de tales sistemas automatizados tiene un impacto en las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales o en el acceso al trabajo.

Artículo 13

Todo Miembro exigirá a las plataformas digitales de trabajo que el uso que hagan de los sistemas automatizados mencionados en el artículo 12 no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Artículo 14

Todo Miembro exigirá a las plataformas digitales de trabajo que velen por que, cuando las decisiones sean generadas por un sistema automatizado, los trabajadores de plataformas digitales y sus representantes o las organizaciones representativas de trabajadores y, cuando existan, las organizaciones que representen a los trabajadores de plataformas digitales tengan acceso previa solicitud, sin demora injustificada, a:

a) una explicación por escrito de las decisiones que afecten a sus condiciones de trabajo o a su acceso al trabajo;

b) una revisión por humanos de las decisiones que tengan como consecuencia el no abono de todo monto adeudado a los trabajadores de plataformas digitales, o la suspensión o desactivación de sus cuentas, o la terminación de su empleo o contratación con una plataforma digital de trabajo”.

Y en el proyecto de Recomendación, la misma temática es abordada en el apartado VII en estos términos complementarios del Convenio:

“13. Los Miembros deberían alentar a las plataformas digitales de trabajo a que, cuando faciliten la información sobre el uso de sistemas automatizados, se refieran a los siguientes aspectos:

a) los principales parámetros que repercuten en las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales o en su acceso al trabajo, y la importancia relativa de estos parámetros;

b) el grado de intervención humana en el proceso de toma de decisiones;

c) cualesquiera cambios ulteriores relativos a los apartados a) o b).

14. Los Miembros deberían alentar a las plataformas digitales de trabajo a que realicen un seguimiento y evaluaciones regulares del impacto del uso de los sistemas automatizados, y apliquen las medidas correctivas necesarias, en colaboración con los representantes de los trabajadores de plataformas digitales o las organizaciones representativas de trabajadores y, cuando existan, las organizaciones que representen a los trabajadores de plataformas digitales.

15. Los Miembros deberían, al aplicar el artículo 13 del Convenio, exigir a las plataformas digitales de trabajo que adopten medidas para velar, en particular, por que el uso que hagan de los sistemas automatizados:

a) no dé lugar a ninguna discriminación contra los trabajadores de plataformas digitales, incluido en lo que respecta a la remuneración o el pago, o al acceso al trabajo;

b) no tenga efectos nocivos para la seguridad y salud de los trabajadores de plataformas digitales, incluidos los derivados del incremento de su exposición a peligros psicosociales o al incremento del riesgo de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y cualquier otro daño para su salud”.

9. Refiriéndonos al uso de la IA en las políticas de empleo cabe referenciar el artículo de Zeltia Lado y Santiago Boquete, Directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, y Subdirector del Servicio de Empleo de Galicia, respectivamente, “La IA aplicada a los servicios públicos de empleo. Hacia un sistema de intermediación, orientación y formación basado en competencias profesionales”  , cuyo resumen es el siguiente:

“El artículo analiza cómo la Ley 3/2023 sitúa la intermediación laboral en el centro de las políticas activas de empleo en España, redefiniendo su alcance y enfatizando el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Esta ley amplía el concepto de intermediación para incluir actividades como la prospección de ofertas y el perfilado competencial de los demandantes, implicando a los Servicios Públicos de Empleo en una gestión más eficiente y personalizada. En este contexto, se destaca EMi (Empleo Inteligente), una solución tecnológica implementada por la Xunta de Galicia que utiliza IA y Big Data para mejorar la intermediación basada en competencias. EMi facilita el emparejamiento entre oferta y demanda laboral, optimiza la inserción de colectivos prioritarios y permite una comprensión más profunda del mercado laboral, adaptándose a las nuevas realidades y desafíos demográficos y tecnológicos”.

10. En el ámbito doctrinal, cabe hacer referencia al reciente artículo de la profesora Arántzazu Vicente, “Inteligencia artificial para la intermediación laboral en los servicios públicos de empleo” (Revista general de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social , núm. 73 marzo 2026) , cuyo resumen es el siguiente:

“El análisis del proceso de intermediación laboral que lleva a cabo el Servicio valenciano de Empleo (LABORA) ha revelado una práctica administrativa anclada en procedimientos obsoletos y reactivos. El emparejamiento automático es residual y no prioriza a los colectivos vulnerables en las ofertas de empleo ordinarias. El trabajo propone transitar hacia una "intermediación proactiva" mediante herramientas de Inteligencia Artificial que realicen búsquedas activas para los demandantes de empleo. Se propone, entre otras medidas: la inclusión estratégica de perfiles prioritarios en todos los procesos de intermediación laboral y el marketing directo de incentivos económicos para las empresas. Asimismo, se sugiere acabar con la exclusión de la contratación de colectivos priorizados en el ámbito del empleo doméstico alineando las políticas activas de empleo con el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España”

11. Por último, prestar atención a las personas muy bien conocedoras de aquello que significa la IA es absolutamente necesario. Por ello, me ha parecido muy interesante la lectura de la entrevista que la redactora de la revista Alternativas Económicas (núm. 144, marzo 2026), Ariadna Trillas, ha realizado al Director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, Carles Sierra  , a la que ha dado el muy significativo título de “Europa debe defender una IA responsable y ética”.

Al preguntarle sobre el impacto en la vida laboral, reconoce que “es muy difícil saber que va pasar. Es seguro que hay trabajos que se automatizarán. Siempre se han automatizado trabajos, pero la cuestión es la escala masiva a la que pueda suceder. La forma en la que trabajamos cambiará”. Y más adelante enfatiza que “Para mí, es muy relevante como la IA pone aún más al descubierto el sistema capitalista. Con la IA se evidencia aún más en manos de quien están los medios de producción. Cuatro empresas están extrayendo dinero de todo el mundo mediante sistemas desarrollados con información y datos de todo el mundo y con los que intentan dominarnos...”.

Continuará. Mientras tanto, buena lectura.