Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social 2025. Proyecto de declaración política, con especial atención al empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Las aportaciones del Parlamento Europeo y de la Confederación Europea de Sindicatos.

1. Del 4 al 6 de noviembre se celebrará en Doha, capital de Qatar, la segunda cumbre mundial sobre desarrollo social.

En la página webde las Naciones Unidas  dedicada a este importante evento se explica que “... reunida al nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, la Cumbre tiene como objetivo abordar las lagunas y reafirmar el compromiso con la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción y su aplicación, así como dar impulso a la implementación de la Agenda 2030”, sintetizando sus objetivos en estos términos: “En un mundo que enfrenta crecientes desigualdades, cambios demográficos y transformaciones tecnológicas y ambientales rápidas, la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social ofrece una plataforma crucial para el diálogo mundial y la acción colaborativa. Es un espacio único para que líderes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, sector privado, instituciones académicas y el sistema de las Naciones Unidas aborden los temas de desarrollo social al más alto nivel y promuevan el progreso social, asegurando que nadie quede atrás en nuestro camino común hacia el desarrollo sostenible”.

He dedicado ya mi atención a esta cumbre mundial en algunas entradas anteriores, tanto de forma directa como por su relación con la creación de la Coalición Mundial para la justicia social. 

Entrada “OIT. Puesta en marcha de la Coalición Mundial por la Justicia Social” 

Entrada “Consejo de Administración de la OIT. Propuestas para un nuevo contrato social, y para avanzar en los objetivos de la Coalición Mundial para la justicia social” 

Entrada “Documentos internacionales, europeos y españoles de importancia sociolaboral. Especial atención al Informe de la OIT “La situación de la justicia social. Progresos en curso” 

Vuelvo ahora a interesarme por esta reunión dado que ya disponemos del Proyecto de Declaración Política que será aprobada en la misma. Y digo que será aprobada, por cuanto en la citada página web de la Cumbre se explica que “... ha sido acordada por consenso mediante un proceso de negociación intergubernamental que tuvo lugar en las Naciones Unidas en Nueva York”, añadiendo que “la Declaración marca un momento decisivo en el esfuerzo mundial por acelerar el progreso social, erradicar la pobreza y construir sociedades más inclusivas, justas y sostenibles”.

Igualmente, disponemos de dos aportaciones de indudable interés realizadas desde Europa, una Resolución aprobada por el Parlamento Europeo en su última sesión plenaria, y las propuestas formuladas por la Confederación Europea de Sindicatos.

Asimismo, no hay duda de que la temática del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos estará presente en los debates que tendrán lugar en el Salón del Empleo  que se celebra en Barcelona los días 15 y 16 de octubre, en especial la sesión dedicada el segundo día a los retos para generar un empleo de calidad einclusivo , en la que tendré la oportunidad de intervenir, en mi condición de presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona  , sobre las dimensiones del empleo de calidad.  

2. La Propuesta deDeclaración Política  lleva por título “Una Visión de Futuro y una Evaluación de los avances y las deficiencias en la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague y la Dimensión Social del Desarrollo Sostenible.”.

Tras una amplia introducción, en la que destaco la afirmación de que “reconocemos que los tres temas centrales del desarrollo social, a saber, la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y la integración social, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente y que, por lo tanto, es necesario crear un entorno propicio para que los tres objetivos puedan alcanzarse simultáneamente”, dedica un amplio bloque de su contenido al “Empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos”, que por su indudable interés transcribo a continuación:

“Reafirmamos nuestro compromiso de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Para ello, nos comprometemos a: Adoptar políticas macroeconómicas que promuevan la creación de empleo, el trabajo decente y salarios dignos, incluidas políticas para la transición de la economía informal a la economía formal, fomentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, reconocer la importante función de los sectores público y privado en la generación de oportunidades de empleo decente para todos e involucrar al sector privado, los empleadores y los trabajadores, y sus respectivas organizaciones, como asociados esenciales.

Apoyar un entorno económico internacional favorable para los países en desarrollo y mejorar la asistencia técnica y financiera para la aplicación de programas de políticas macroeconómicas, en apoyo del crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, el desarrollo sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Promover el acceso equitativo de los países en desarrollo a los mercados globales y fortalecer el papel de la comunidad internacional para apoyar a los países que lo soliciten a fin de alcanzar mayores niveles de productividad económica, incrementando las inversiones sostenibles e inclusivas en la transformación estructural y mejorando las capacidades productivas mediante la diversificación, la modernización tecnológica, el desarrollo industrial, la transformación digital y la innovación, y subrayando la necesidad de mejorar la asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para la implementación de programas de políticas macroeconómicas. Apoyar el emprendimiento mediante la creación de un entorno propicio, en particular para las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y los jóvenes, apoyando mecanismos innovadores, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cooperativas, así como la economía social y solidaria.

Aprovechar la contribución positiva del sector privado a la creación de empleo, el trabajo decente y la mejora del nivel de vida, reconociendo la importancia de una conducta empresarial responsable y exigiendo el respeto de las normas y marcos internacionales pertinentes. Invertir en una educación inclusiva, equitativa y de calidad en todos los niveles, el desarrollo de competencias, la alfabetización digital, la formación profesional y el aprendizaje permanente, en particular en lo que respecta a las competencias necesarias para las transiciones al mercado laboral, incluidas las transiciones ecológica y digital, y apoyar el desarrollo de capacidades de los países en desarrollo a este respecto.

Considerando apoyar la implementación del Acelerador Mundial sobre Empleo y Protección Social para Transiciones Justas y reconociendo la labor y la contribución de la Coalición Mundial por la Justicia Social para contribuir al empleo pleno y productivo y al trabajo decente para todos.

Adoptar todas las medidas necesarias para abordar las altas tasas de desempleo juvenil y abordar su integración en el mercado laboral, incluyendo la creación de empleo decente, la promoción de políticas de educación de calidad, formación profesional y de competencias, el aprendizaje permanente, la alfabetización digital y el emprendimiento, y garantizar el acceso de los jóvenes a sistemas de protección social universales, adecuados, integrales, sostenibles y de titularidad nacional.

Fomentar las oportunidades de educación y formación para las personas mayores a fin de que puedan participar activamente en la sociedad y el mercado laboral, y promover la transferencia intergeneracional de conocimientos en el lugar de trabajo. Hacer cumplir eficazmente las leyes laborales en lo que respecta a las relaciones y los derechos laborales, los salarios, la contratación ética y las condiciones de trabajo saludables y seguras, así como el derecho a la libertad de asociación de todos los trabajadores, en particular los que tienen empleos precarios y los trabajadores migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, reconociendo al mismo tiempo el importante nexo entre la migración internacional y el desarrollo social.

Fortalecer las instituciones del mercado laboral y el diálogo social, incluso promoviendo el respeto de las normas internacionales del trabajo y los derechos de los trabajadores, así como promoviendo, protegiendo e invirtiendo en mecanismos de diálogo social, libertad sindical y negociación colectiva.

Considerando un renovado espíritu de logro de la justicia social y el desarrollo social mediante la propuesta de un contrato social global renovado que se elaborará, según corresponda, en estrecha consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, y que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y fomente un diálogo social inclusivo.

Reforzando la inversión en sistemas de protección social universales, inclusivos y sostenibles, como factor clave para el crecimiento sostenible e inclusivo.

Respondiendo a los desafíos y oportunidades que plantean las transiciones energética, tecnológica y demográfica mediante políticas sociales y laborales adecuadas, incluyendo el desarrollo de competencias, la promoción de la formalización del trabajo informal y la garantía de salarios dignos, condiciones de trabajo seguras y saludables, y el pleno respeto de los derechos de los trabajadores.

Adoptar medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas y eliminar todas las formas y manifestaciones de trabajo infantil.

Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo fomentando la ratificación y la aplicación de los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable.

Considerar los efectos multiplicadores de la economía del cuidado y la asistencia en términos de aumento de la participación laboral, facilitando la transición del trabajo informal al formal y condiciones laborales decentes en el sector del cuidado y la asistencia, garantizando el acceso a la protección social para los cuidadores, invirtiendo en infraestructura social y fortaleciendo la protección social a lo largo de la vida, así como la rentabilidad de las inversiones en políticas y sistemas de cuidado y asistencia. Implementar políticas que garanticen el empoderamiento económico de las mujeres mediante, entre otras medidas, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, la mejora del pleno acceso de las mujeres al trabajo decente, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la garantía de la igualdad de oportunidades y condiciones laborales para las trabajadoras y empresarias eliminando la discriminación en el acceso a los mercados laborales, la protección social, los activos y servicios financieros, los recursos productivos y la toma de decisiones, y la provisión y el aumento de las prestaciones familiares y el apoyo social, la atención médica y un cuidado infantil asequible y de calidad, y la promoción de la conciliación de la vida laboral y personal, teniendo en cuenta las estrategias nacionales.

Fortalecer la capacidad para la capacitación y el reciclaje profesional de la fuerza laboral existente, incluso para capacitarla para gestionar el impacto de la inteligencia artificial en diversos sectores industriales, y fortalecer la cooperación internacional para el reconocimiento mutuo de competencias y cualificaciones, así como para facilitar la movilidad laboral”.

Y, aunque no esté incluido en este bloque, no es menos importante a mi parecer, y mucho más en estos momentos, destacar las manifestaciones que se formulan sobre la migración:   

“Reconocemos la migración como motor del crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, y reconocemos sus contribuciones positivas al desarrollo social y económico, a la garantía de vías migratorias seguras, ordenadas y regulares y su relevancia para el desarrollo social de los países de origen, tránsito y destino. En este sentido, nos comprometemos a:

a. Fortalecer la cooperación internacional, regional y bilateral para garantizar una migración segura, ordenada y regular, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales.

b. Promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, incluidas las mujeres, los niños y las niñas, independientemente de su estatus migratorio”.

3. Como ya he indicado, el Parlamento Europeo aprobó el 9 de octubre una Resolución  dedicada a la segunda cumbre mundial sobre desarrollo social, de la que transcribo aquellos contenidos más directamente relacionados a mi parecer con la Cumbre:

“M.      Considerando que la estructura tripartita de la OIT y su gran número de miembros la hacen líder en materia de normas laborales a nivel mundial; que, en el contexto de la misión de la OIT de fomentar la justicia social, sus principios y derechos fundamentales en el trabajo se centran en garantizar un entorno de trabajo justo y digno para todos, en particular la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable; que, en el contexto de la Unión, estos derechos están protegidos por los Tratados de la Unión, la Carta de los Derechos Fundamentales y el acervo de la Unión en materia de Derecho laboral; que algunos Estados miembros se enfrentan a retos derivados de la aplicación y el control del cumplimiento de estas obligaciones;

N.        Considerando que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar unas condiciones de trabajo dignas y promover la justicia social y la igualdad; que, según diversos estudios, la democracia industrial está estrechamente relacionada con la calidad del trabajo y el empleo y la competitividad industrial;

1.         Estima que la Comisión y los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para aplicar el pilar europeo de derechos sociales, en consonancia con la Declaración de La Hulpe y mediante una actualización ambiciosa del Plan de Acción, a fin de alcanzar los objetivos principales de 2030; pide a la Comisión que, como parte del Plan de Acción actualizado, complemente los objetivos principales actuales, según proceda, y que presente iniciativas legislativas para la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales;

2.         Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con el Parlamento en el desarrollo de un nuevo Pacto Social Europeo para el Futuro con compromisos e inversiones claros en los siguientes ámbitos: Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión y lograr el objetivo de cero emisiones netas en la Unión de aquí a 2050;

3.         Reconoce la continuada pertinencia e importancia, así como la naturaleza interrelacionada y sinérgica, de los tres temas principales de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 1995, considerados los tres pilares del desarrollo social, a saber, la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todos, así como la inclusión social;

4.         Subraya la importancia de utilizar el cuadro de indicadores sociales y el marco de convergencia social para detectar los riesgos y seguir los avances en la reducción de las desigualdades, la consecución de la convergencia social al alza, el refuerzo de los sistemas de protección social y la promoción de condiciones de trabajo dignas y medidas de apoyo para asegurar la equidad en las transiciones; destaca, a este respecto, que es necesario garantizar una Europa sostenible, socialmente justa e integradora en la que los derechos sociales estén plenamente protegidos y salvaguardados; recuerda que la ciudadanía de la Unión considera la Europa social como una de sus prioridades; destaca, por ende, la necesidad de que la Comisión presente urgentemente un paquete sobre empleo de calidad que incluya las iniciativas legislativas y las inversiones necesarias para garantizar puestos de trabajo de calidad;

18.       Hace hincapié en que para alcanzar los ODS de 2030 también es necesario aplicar principios de buena gobernanza basados en el Estado de Derecho, unas instituciones responsables, una aplicación, seguimiento y garantía de cumplimiento eficaces y evitar la inseguridad jurídica, lo que incluye a los países candidatos a la adhesión a la UE; pide que la Declaración política resultante de la Segunda Cumbre Mundial incluya compromisos significativos para promover los ODS y abordar las deficiencias persistentes en el desarrollo social, así como mecanismos sólidos de seguimiento y revisión; destaca la necesidad de llevar a cabo un proceso de revisión exhaustivo de forma periódica, incluyendo declaraciones ministeriales cada dos años; apoya la revitalización de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas y una mayor participación de los ministerios de trabajo y los interlocutores sociales, y pide a la OIT que actúe como órgano de seguimiento principal;

19.       Recuerda que la paz y la cooperación mundial son condiciones fundamentales para lograr el desarrollo sostenible, tanto en Europa como en el resto del mundo; destaca que la Unión debe desempeñar un papel de liderazgo en el ámbito de los derechos humanos internacionales mediante la aplicación plena y efectiva de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; señala que también debe reforzarse el compromiso mundial con los instrumentos de derechos humanos mediante el uso de oportunidades diplomáticas y económicas, así como facilitando que otros —como las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos— trabajen libremente en la promoción de las normas sociales y en materia de derechos humanos en todo el mundo; insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que apoyen y promuevan el papel de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en sus territorios y a que velen por que participen significativamente en la preparación y el seguimiento de la Cumbre; destaca que una participación activa de múltiples partes interesadas en la elaboración de políticas y una negociación colectiva eficaz pueden contribuir sustancialmente a la consecución de los objetivos de desarrollo social; recuerda que solo pueden promover de forma creíble los derechos humanos y los derechos sociales los países que cumplen ellos mismos sus obligaciones;

20.       Pide a las Naciones Unidas y a todos los países participantes, y en particular a los países anfitriones de la Cumbre Social, que respeten plenamente los derechos laborales y sociales, en particular ratificando los convenios fundamentales de la OIT y comprometiéndose con los valores de la Declaración Social; destaca la importancia del pilar europeo de derechos sociales, así como de la Declaración de La Hulpe, para construir una Europa social fuerte; destaca la necesidad de renovar el compromiso con la consecución tanto de los objetivos sociales de la UE como de los ODS para 2030, en Europa y en todo el mundo;

22.       Pide a la Unión que apoye la transición mundial del empleo informal al formal, en consonancia con la Recomendación n.º 204 de la OIT, promoviendo normas justas de trabajo, el trabajo decente y el acceso a la protección social; alienta la integración de este objetivo en las políticas de desarrollo, comercio y acción exterior de la Unión”.

4. Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos aprobó el 7 de octubre una Declaración en la que recoge sus propuestas dirigidas a la Cumbre , en la que manifiesta que celebra la convocatoria, ya que “... en un momento de crisis profundas e interconectadas, una crisis del coste de la vida y una creciente desigualdad, ataques a la democracia y la creciente emergencia climática, el mundo debe elegir un camino diferente: un modelo de desarrollo centrado en los trabajadores que garantice justicia y dignidad para todos”, sin olvidar de entrada formular una dura crítica a las relaciones laborales en el país anfitrión a partir de los datos recogidos en el Índice Global de Derechos2025 de la Confederación Sindical Internacional

Tras subrayar que “para los trabajadores, las promesas de la Primera Cumbre Mundial siguen en gran medida incumplidas. Persisten la pobreza, la inseguridad y la erosión de los derechos, mientras que la riqueza y el poder se concentran en manos de unos pocos. Por lo tanto, la Segunda Cumbre debe marcar un punto de inflexión decisivo: alejarse de la austeridad fallida y las políticas de mercado, y avanzar hacia un futuro basado en la justicia social, la igualdad, la sostenibilidad y la democracia”, enfatiza que “La Unión Europea tiene la responsabilidad especial de dar ejemplo. La Hoja de Ruta para el Empleo de Calidad de la UE y la plena implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales deben reforzar la ambición de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Europa debe garantizar empleos seguros y de calidad en todos los sectores y regiones, respaldados por la negociación colectiva, salarios justos, una protección social sólida, formación universal e igualdad para todos.

Y en pleno apoyo a la CSI y al movimiento sindical mundial en general, la CES insta a los gobiernos y a las instituciones multilaterales a comprometerse a:

“1. Garantizar el Trabajo Decente y los Derechos Laborales Universales

Implementar y hacer cumplir plenamente todos los convenios de la OIT, incluyendo la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección contra el trabajo forzoso e infantil, y la no discriminación.

Todos los empleos deben ser de calidad. Abordar el trabajo precario, informal y de plataformas digitales garantizando una regulación adecuada, relaciones laborales estables y protección social universal, y acabar con el falso trabajo por cuenta propia. Reformar las normas de contratación pública para poner fin a la competencia a la baja y promover la negociación colectiva y el empleo de calidad, limitar las cadenas de subcontratación y acabar con la intermediación laboral abusiva.

Comprometerse con salarios dignos, incluyendo la transposición efectiva de la Directiva sobre el Salario Mínimo en la UE, lugares de trabajo seguros, servicios públicos bien financiados, pensiones dignas y una protección social adecuada como fundamento del progreso social.

2. Garantizar una Transición Justa y la Justicia Climática

Integrar medidas de Transición Justa en todas las políticas climáticas y energéticas, incluyendo una Directiva de Transición Justa sólida en Europa, para que ningún trabajador ni región se quede atrás. Las transiciones deben reducir la desigualdad, no profundizarla. Movilizar financiación para políticas industriales sostenibles que fomenten la innovación, creen empleos de calidad y fortalezcan la resiliencia ante futuras crisis.

3. Promover la igualdad de género y la inclusión

Eliminar las brechas salariales y de pensiones de género e implementar plenamente el Convenio n.º 190 de la OIT para poner fin a la violencia y el acoso en el trabajo. La UE también debe cumplir todos los elementos de la Directiva sobre transparencia salarial, garantizando especialmente la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

Garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, los jóvenes, los migrantes y las personas con discapacidad en los mercados laborales y la vida pública.

Adoptar políticas de cuidados ambiciosas que reconozcan, valoren y remuneren de forma justa el trabajo de cuidados como piedra angular de las sociedades inclusivas.

4. Reformar la gobernanza económica mundial

Establecer un sistema fiscal mundial justo que ponga fin a la elusión y la evasión fiscal de las empresas, garantice una tributación progresiva del patrimonio y genere ingresos para la inversión social y los servicios públicos.

Reformar las instituciones financieras internacionales para que prioricen el trabajo decente, la protección social y el desarrollo, y sustituyan las perjudiciales condicionalidades de austeridad por condicionalidades sociales para el uso de los fondos públicos. Fortalecer la cooperación internacional para garantizar el acceso universal a la salud, la educación y los servicios sociales. Reconocer la importancia de los servicios públicos.

La Directiva sobre la Debida Diligencia Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CDDS) no debe diluirse, sino garantizar obligaciones vinculantes para las empresas con el fin de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales y la negociación colectiva en sus actividades y a lo largo de sus cadenas de valor globales.

5. Fortalecer la Democracia y el Diálogo Social

Defender los derechos sindicales frente al autoritarismo y la represión. El sindicalismo no es un delito.

Garantizar una participación sindical significativa en el diseño, la implementación y el seguimiento de todas las políticas sociales y de desarrollo.

Promover un diálogo social sólido e inclusivo a nivel nacional, europeo y mundial como motor del desarrollo sostenible. En Europa, el Pacto de Diálogo Social debe implementarse con respaldo político, financiero y legal para garantizar un impacto real.

La gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) debe basarse en el principio de control humano. Los trabajadores y los ciudadanos nunca deben ser reducidos a objetos pasivos de la toma de decisiones o la vigilancia algorítmica. La IA debe servir a la sociedad, la democracia y el trabajo decente, no reemplazar el juicio humano, la responsabilidad y la rendición de cuentas”.

Para concluir su Declaración en estos términos:

“La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social debe transmitir más que palabras. Debe comprometerse con una acción transformadora: las personas antes que el lucro, los derechos antes que la explotación, la solidaridad antes que la desigualdad.

El apoyo de la CES a la OIT y al sistema de la ONU es inquebrantable. En un momento en que el multilateralismo se ve amenazado, su autoridad es vital para defender los derechos laborales, la paz y el desarrollo sostenible. La UE, en particular, debe defender tanto la Agenda de Trabajo Decente de la OIT como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, haciendo de su plena realización un criterio de decencia para todas sus políticas internas y externas.

Junto con el movimiento sindical mundial, la CES seguirá luchando por una agenda de desarrollo que garantice la dignidad, la igualdad, la paz y la justicia para todos los trabajadores, en Europa y en todo el mundo”.

5. Para concluir esta entrada, me permito recomendar la lectura de dos documentos que, si bien no están directamente relacionados con la Cumbre, sí contienen una serie de propuestas que guardan estrecha relación con las que se formulan en los documentos expuestos con anterioridad.

A) En primer lugar, el reciente Informe de la OIT dedicado a Indicadores y métodos para medir lagobernanza eficaz en el ámbito de la administración del trabajo   , del que reproduzco su resumen ejecutivo:

“Este informe se centra en la gobernanza en el ámbito de la administración del trabajo. Su objetivo principal es sugerir medidas que ayuden a los actores nacionales a evaluar la eficacia de los sistemas nacionales de administración del trabajo y a considerar maneras de fortalecer la capacidad y la agilidad de la administración del trabajo, incluyendo a los organismos públicos pertinentes y el diálogo social entre gobiernos, organizaciones de empleadores y sindicatos.

El término «administración del trabajo», tal como se define en el Convenio n.º 150 (C150) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (adoptado en 1978), se refiere a las «actividades de la administración pública en el ámbito de la política laboral nacional».

La Recomendación n.º 158 (R158) de la OIT especifica cuatro áreas principales de las que son responsables los sistemas de administración del trabajo: normas laborales, relaciones laborales o industriales, empleo e investigación en materia laboral. Las tareas específicas incluyen la preparación, coordinación y revisión de las políticas laborales, la aplicación de las normas laborales, la promoción del empleo, la recopilación de datos del mercado laboral, la prestación de asesoramiento técnico a las organizaciones de trabajadores y empleadores, y la adopción de medidas para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y los representantes de empleadores y sindicatos.

Unos sistemas eficaces de administración laboral son esenciales para proteger a los trabajadores y promover el empleo. Por ello, desempeñan un papel fundamental en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU).

Los sistemas de administración laboral se basan en formas adecuadas de gobernanza, que, aplicadas al sector público, abarcan nociones sobre cómo se toman las decisiones políticas y administrativas, cómo funcionan los sistemas gubernamentales y por qué las instituciones formales e informales influyen en la forma en que se hacen las cosas y en cómo los Estados se relacionan con las sociedades (Grindle, 2017: 17). En 2018, el Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas (ECOSOC) adoptó once principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible, agrupados bajo los pilares de eficacia, rendición de cuentas e inclusión.

-  La eficacia abarca la competencia, la formulación de políticas sólidas y la colaboración.

-  La rendición de cuentas implica garantizar la integridad, la transparencia y la supervisión independiente.

-  La inclusión implica no dejar a nadie atrás, la no discriminación, la participación, la subsidiariedad y la equidad intergeneracional.

El propósito de este informe es considerar cómo podrían aplicarse los principios de gobernanza eficaz en el contexto de la administración laboral. Más específicamente, el informe propone un conjunto de indicadores que podrían permitir a los actores nacionales identificar maneras de mejorar la eficacia de la administración laboral. También propone un índice y una metodología complementaria que deberían permitir la evaluación de los marcos regulatorios e institucionales de los sistemas nacionales de administración laboral.

Indicadores relativos a los sistemas nacionales de administración laboral en su conjunto

El informe propone un conjunto de indicadores relativos a las administraciones nacionales del trabajo en su totalidad.

Estos indicadores se basan en los principios de gobernanza eficaz de las Naciones Unidas, así como en los convenios y recomendaciones pertinentes de la OIT.

 

Los indicadores relativos a la eficacia abarcan cuestiones como los recursos financieros y materiales disponibles para la administración laboral, la gestión de personal y recursos humanos, la gestión del rendimiento, la digitalización y el gobierno electrónico, así como las medidas para apoyar la coordinación de las actividades de la administración laboral y la colaboración entre las autoridades públicas y, potencialmente, organismos privados o del tercer sector cuando participan en la prestación de servicios. Los indicadores relacionados con la rendición de cuentas abarcan cuestiones como la presentación de informes sobre actividades, incluso al público, la existencia de sistemas transparentes y justos de licitación competitiva, mecanismos de auditoría, códigos de conducta y procedimientos disciplinarios conexos.

Los indicadores relacionados con la inclusión abarcan medidas para promover la igualdad, la diversidad y la inclusión, así como para lograr mejores resultados en el mercado laboral para ciertas categorías de trabajadores, la protección de los grupos vulnerables, si el ámbito de la administración laboral abarca la economía informal y la accesibilidad a los servicios.

Indicadores relacionados con servicios y funciones específicos de la administración laboral El informe también propone conjuntos de indicadores relacionados con diferentes servicios y funciones de la administración laboral, en concreto:

Aplicación de las normas laborales, en particular las actividades que involucran a las inspecciones de trabajo.

Servicios Públicos de Empleo, que desempeñan un papel vital en relación con objetivos como la lucha contra el desempleo, la promoción del trabajo decente y la ayuda a los jóvenes trabajadores en su transición al mercado laboral.

Diálogo social, que es un principio de gobernanza fundamental para la OIT.

Actividades de investigación, importantes para el desarrollo y la evaluación de políticas e intervenciones laborales. Un índice de gobernanza eficaz en la administración laboral

La sección final del informe propone un índice de gobernanza eficaz en la administración laboral. El índice se sustenta en cinco bloques de indicadores, cada uno de los cuales está asociado a una puntuación máxima de 20. Los bloques son: el marco jurídico de la administración laboral, en particular los cinco Convenios de la OIT, fundamentales para la gobernanza y la administración laboral; el marco institucional, que abarca los principales pilares institucionales de la administración laboral; y los tres principios clave de una gobernanza eficaz: eficacia, rendición de cuentas e inclusión.

Los criterios clave que han guiado la selección de los indicadores son: deben capturar información fundamental sobre la gobernanza laboral; deben ser aplicables a diferentes contextos nacionales; deben ser fáciles de entender; debe ser posible medir cada indicador de forma objetiva y relativamente transparente; y los Ministerios de Trabajo y otros organismos públicos pertinentes deben poder proporcionar información para cada indicador sin tener que recopilar información adicional periódicamente.

B) En segundo término, el Documento de Opinión de la Red de Servicios Públicos de Empleo Nuevo Plan de Acción para la implementación del Pilar Europeo de DerechosSociales , del que reproduzco su introducción.

“La triple transición (verde, digital y demográfica) y la escasez de mano de obra y de competencias impondrán nuevas exigencias a nuestros mercados laborales y podrían conllevar, por primera vez, el riesgo de un aumento del desempleo. En un contexto donde el progreso hacia los objetivos principales de la UE ha sido desigual, la Revisión en curso ofrece una oportunidad para evaluar los avances logrados y elaborar un nuevo Plan de Acción adecuado para abordar los desafíos nuevos y persistentes, respetando al mismo tiempo las competencias nacionales y las estructuras existentes en los mercados laborales nacionales.

Esto comienza por sentar nuevas bases: contar con un marco claro para las competencias, el empleo y las políticas activas del mercado laboral, que alinee las prioridades con las inversiones y los recursos sociales adecuados. Aprovechar el potencial sin explotar y aumentar la participación en el mercado laboral también será esencial, incorporando a los grupos infrarrepresentados al mercado laboral y valorando todos los talentos disponibles. El nuevo Plan de Acción ofrece la oportunidad de avanzar en la prevención, dotando a los trabajadores de las competencias adecuadas y ayudándoles a anticipar los cambios profesionales, a la vez que mejora la competitividad de Europa y se prepara, colectivamente, para posibles crisis del mercado laboral. También tiene el potencial de intensificar la coordinación de políticas entre empleo, educación, salud y políticas sociales para abordar las barreras sistemáticas y establecer alianzas estratégicas con los actores pertinentes (incluidos los ciudadanos, los interlocutores sociales y la sociedad civil). Este enfoque sentará las bases para un mercado laboral resiliente, inclusivo y competitivo en toda la UE.

La Red de Servicios Públicos de Empleo (SPE) está dispuesta a apoyar activamente la aplicación continua del Pilar Europeo de Derechos Sociales y sus Planes de Acción. Las propuestas que se presentan a continuación fueron adoptadas por el Consejo de Administración de los SPE en septiembre de 2025. Presentan áreas prioritarias y posibles iniciativas para su consideración, basándose en la experiencia diaria de los Servicios Públicos de Empleo ayudando a solicitantes de empleo y empleadores a gestionar las transiciones en el mercado laboral.

Estas propuestas amplían el Memorándum de la Red de SPE a los próximos líderes europeos y tienen como objetivo contribuir a la próxima Estrategia de la UE contra la Pobreza. Puede encontrar más detalles y prácticas inspiradoras en el Centro de Conocimiento de la Red de SPE”.

Buena lectura.