No tienen,
ciertamente, mucha resonancia mediática algunos debates que se están llevando a
cabo últimamente en el Parlament de Catalunya, con la presentación de mociones,
tras la previa interpelación, por parte de grupos parlamentarios,
principalmente Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, con
propuestas de cambio de la normativa laboral estatal.
¿Cuál es el
impacto real de las resoluciones aprobadas, o más exactamente de las peticiones
recogidas en las mismas? Hasta el momento, al menos a mi parecer muy pocas;
ahora bien, no cabe descartar, conociendo la complicada vida política parlamentaria
estatal y la necesidad del gobierno español de llegar a acuerdos con estas
fuerzas políticas (la proposición de ley orgánica sobre delegación de
competencias en materia de inmigración – remito para su análisis a esta entrada
- , aun cuando suscrita por el PSOE y
Junts per Catalunya, es claro que contaba con el pleno aval del gobierno) que algunas
de las peticiones sea, cuando menos, debatida.
Ciertamente, se
trata de materias muy polémicas algunas (la fijación de un salario mínimo de ámbito
autonómico, por ejemplo), y algo menos otras pero con indudable repercusión en la
vida laboral de muchas empresas y personas trabajadoras, (la posible recuperación
de la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo,
como ejemplo significativo), y hay asimismo peticiones que ya se han planteado
por fuerzas políticas en el Parlamento español y que incluso están recogidas en
proyectos de ley en fase de tramitación parlamentaria – véase el art. 18 del
Proyecto de Ley de industria y autonomía estratégica - (como
la obligación de mantener la actividad productiva durante determinados períodos
temporales, según el tamaño de la empresa, si se ha percibido ayudas económicas percibidas)
Por ello, me ha parecido
relevante dar a conocer a través del blog dos recientes Resoluciones aprobadas
por el Parlament, y que, subrayo, contaron en gran parte de las mismas con el
apoyo del grupo parlamentario socialista y Unidos para Avanzar que da su apoyo
al gobierno. Añado dos breves notas
propias y destaco en negrita las peticiones más importantes de cambios
normativos formuladas.
Son sin duda
importantes estas Resoluciones por el impacto que algunos de sus contenidos más
concreto pueden tener sobre la vida laboral de las empresas directamente
mencionadas, como también son, desde un plano de estudio y análisis, material
de indudable interés para seguir analizando y debatiendo sobre el marco jurídico
de distribución de competencias en materia laboral, como ya he tratado de
hacerlo en anteriores ocasiones en artículos doctrinales y en este blog, al
hilo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y como también lo he
hecho sobre las competencias en otros ámbitos jurídicos y sociales de indudable
importancia para el mundo laboral como son la protección social y la inmigración, siendo este último el que
adquirirá si cabe mayor relevancia si la citada Proposición de Ley Orgánica
pasa el primer trámite de aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados para
su posterior debate en comisión.
Buena lectura.
Resolución aprobada el 27 de febrero, tras
el debate de la Moción sobre el mercado de trabajo presentada por el diputado
Jordi Albert i Caballero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de
Catalunya, y las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Comuns, por
el Grupo Parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular - Defendamos la
Tierra, por el Grupo Parlamentario de VOX, y por el Grupo Parlamentario
Socialistas y Unidos para Avanzar
“1. El Parlamento
de Cataluña reclama la implicación al máximo nivel del Departamento de Empresa
y Trabajo, y del Gobierno de la Generalidad en su conjunto, para abordar los
cierres de plantas industriales anunciados en Cataluña y los expedientes de
regulación de empleo anunciados por las direcciones empresariales, con el
objetivo de garantizar la continuidad de la actividad industrial de estas
plantas y potenciar la actividad industrial en Cataluña. La pérdida de puestos
de trabajo comporta la pérdida de la soberanía de los trabajadores a la hora de
desarrollar sus carreras profesionales y proyectos vitales. Es necesario
garantizar la soberanía productiva de Cataluña, que es también una práctica de sostenibilidad
ecológica, desde el convencimiento de que el trabajo de calidad y la lucha
contra el cambio climático y la crisis energética van juntos.
2. El Parlamento
de Cataluña, por todo esto:
a) Manifiesta el
rechazo por la decisión de la dirección de la empresa Eurohueco de vender los
terrenos de la planta productiva de Castellbisbal (Vallès Occidental), sin conocimiento
de sus 150 trabajadores y anunciar consiguientemente el cierre de la planta.
b) Reclama a la
dirección de la empresa Eurohueco que presente una propuesta de indemnización
adecuada a las reclamaciones del comité de empresa, junto con alternativas de
trabajo para los trabajadores que lo soliciten.
c) Da pleno apoyo
a las demandas de los trabajadores de la empresa Eurohueco.
d) Manifiesta el
rechazo al cierre de la planta productiva de la empresa Reno de Medici en
Castellbisbal, que afecta a 237 trabajadores de forma directa, más a los casos
indirectos.
e) Reclama a la
dirección de la empresa Reno de Medici que repiense el cierre de la planta
productiva de Castellbisbal y mantenga la actividad o bien se cree una mesa de
reindustrialización.
f) Da pleno apoyo
a las demandas de los trabajadores de Reno de Medici.
g) Manifiesta el
rechazo a la decisión de la dirección de la multinacional Owens-Illinois de
cerrar la producción de la planta de Cristalería Rovira en la Zona Franca, en
Barcelona, con el despido de 168 trabajadores.
h) Reclama a la
dirección de la multinacional Owens-Illinois que reinvierta en la planta
productiva de la Zona Franca y mantenga la actividad industrial con la
incorporación de la producción de vidrio verde o facilite la
reindustrialización.
i) Da pleno apoyo
a las demandas de los trabajadores de la empresa Vidriería Rovira.
NOTA: En esta
empresa se ha alcanzado un acuerdo muy recientemente, que ha sido valorado
positivamente por parte sindical, tal como se explica en la nota de prensapublicada en la página web de CCOO de Catalunya el 17 de marzo “CCOO valora el
acuerdo alcanzado en Vidriería Rovira, que abre la puerta a la
reindustrialización de la planta productiva”
j) Manifiesta el
rechazo a la decisión del Grupo Godó de cerrar los talleres de Cre-a Impresiones de Cataluña, en la Zona Franca de
Barcelona, que comporta el despido de 32 personas sin alternativa de
reindustrialización.
k) Da pleno apoyo
a las demandas de los trabajadores de Cre-a Impresiones de Cataluña.
3. El Parlamento
de Cataluña considera que SEUR Geopost en Cataluña debe abrir un diálogo con
los trabajadores autónomos que le prestan servicio mediante un contrato
mercantil. Este diálogo debe vehicularse mediante un acuerdo de interés
profesional, tal y como establece la Ley del Estado 20/2007, de 11 de julio,
del Estatuto del trabajo autónomo, con los trabajadores autónomos
económicamente dependientes (TRADE) que operan para sus centrales en Cataluña.
El acuerdo debería incluir tanto aspectos relativos a las tarifas del servicio,
que garanticen unas condiciones de vida dignas, como medidas de prevención de
riesgos laborales que aseguren ritmos de trabajo adecuados y descansos
suficientes entre jornadas.
4. El Parlamento
de Cataluña hace un llamamiento a SEUR Geopost en Cataluña para que abra un
diálogo para facilitar la transición de un contrato mercantil hacia un contrato
TRADE, dado que muchos de estos trabajadores cumplen los requisitos legales,
como facturar al menos el 75% de sus ingresos a un único cliente, que en este
caso es SEUR Geopost. Este tipo de contrato proporciona mayor estabilidad y
seguridad jurídica a los trabajadores autónomos dependientes.
5. El Parlamento
de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Requerir
formalmente a la Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno del Estado,
mediante carta escrita y pública enviada por el Consejero de Empresa y Trabajo
del Gobierno de la Generalidad, la adopción de las siguientes medidas:
1r. La
modificación del marco normativo pertinente para que el Gobierno de la
Generalidad vuelva a disponer de la capacidad de poder resolver los expedientes
que después de la negociación no se han podido cerrar con un acuerdo. En este
sentido, deben potenciarse las funciones de la autoridad laboral de Cataluña
mediante la recuperación de la autorización administrativa previa en los
expedientes en materia de regulación de empleo.
2º. El impulso de
una reforma laboral que revierta por completo los recortes de derechos
resultado de las reformas laborales que impulsó el Gobierno del Partido
Popular.
3er. Un acuerdo
para iniciar la tramitación, en el Parlament de Catalunya, de una proposición o
proyecto de ley de modificación del Estatuto de los trabajadores para el
retorno de derechos a los trabajadores.
b) Trasladar,
mediante la representación del Departamento de Empresa y Trabajo al Plenario
del Consorcio de la Zona Franca, la petición formal de priorizar la continuidad
de la actividad industrial dentro del Consorcio y tomar las medidas adecuadas
para garantizarlo.
c) Impulsar, por
medio del Departamento de Empresa y Trabajo, un nuevo Pacto Nacional para la
Industria para el período 2026-2030 que consolide la estrategia definida en el
pacto del período 2021-2025 y tenga como objetivo una reindustrialización en
sectores tecnológicos de valor añadido y, especialmente, de equipos originales
(OEM) de vehículos eléctricos, a la vez que garantice la mirada social y una
transición verde justa que favorezca la creación de puestos de trabajo en el
ámbito industrial y aporte la financiación necesaria para hacer de Cataluña un
polo de referencia industrial en Europa.
d) Impulsar
medidas para la democratización de las empresas, asegurando que los
trabajadores tienen espacios de participación y decisión, y regulaciones que
permitan priorizar en la compra pública o en procedimientos de contratación a
las empresas que acrediten mecanismos efectivos de democracia empresarial y la
participación de los trabajadores en los espacios de decisión.
Nota. Recuérdese aquí que hace poco se ha constituido la Comisión de Personas Expertas sobre laDemocracia en el Trabajo, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuya misión es “desarrollar la aplicación del art. 129.2 de la Constitución”
e) Impulsar, por
medio de la Consejería de Unión Europea y Acción Exterior, una campaña que
defienda a los productores catalanes ante la firma del acuerdo UE-Mercosur, que
abre la puerta a la rebaja de estándares laborales y medioambientales. En este
sentido, se debe trabajar por los siguientes objetivos:
1r. Por la
incorporación, por parte de las instituciones europeas, de la evaluación previa
del impacto laboral de futuros tratados de libre comercio, y para asegurar que
estos tratados incluyen provisiones que sirven para garantizar los derechos de
los trabajadores y que impulsan el trabajo organizado, especialmente en los
países con una historia de represión de las organizaciones sindicales.
2º. Por la
promoción de la universalización de los derechos laborales y el trabajo
organizado. En una economía internacionalizada, donde los tratados de libre
comercio homogeneizan estándares económicos, es necesario que también queden
garantizados los estándares laborales entre los países que los firman.
f) Impulsar
medidas para reforzar la economía circular en la industria del vidrio con las
que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo y se fomente la
reindustrialización verde. En concreto, se propone:
1r. Promover la
implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases de
vidrio, con el objetivo de mejorar su reciclaje y reducir los residuos
abandonados en el medio.
2º. Impulsar
líneas de apoyo público a la modernización de las plantas de reciclaje y
producción de vidrio, con financiación específica para tecnologías más
eficientes y limpias, para garantizar su viabilidad económica y ambiental.
3er. Fomentar la
reutilización del vidrio en la industria, especialmente en sectores como la
alimentación, vinícola y la hostelería, mediante incentivos económicos y
normativos que faciliten su implantación.
4º. Requerir a la
dirección de empresas como Owens-Illinois que exploren alternativas de
reindustrialización para las plantas afectadas y prioricen la actividad
productiva basada en materiales reciclados y el empleo de calidad.
5º. Incluir
cláusulas ambientales en la contratación pública que prioricen el uso de vidrio
reciclado y favorezcan a las empresas comprometidas con la circularidad de los
materiales.
g) Crear un fondo
de inversión estratégico para la reindustrialización verde y la economía
circular, con una dotación inicial de 800 millones de euros a lo largo de la
legislatura. Este fondo debe tener los siguientes objetivos:
1r. Fomentar la
reindustrialización sostenible y facilitar la transición ecológica de las
empresas afectadas por cierres o procesos de deslocalización.
2º. Impulsar
proyectos de economía circular, con la priorización de iniciativas relacionadas
con el reciclaje de materiales críticos como el vidrio y otros residuos
industriales.
3er. Garantizar el
apoyo financiero a sectores industriales estratégicos y promover la
modernización tecnológica y la creación de puestos de trabajo de calidad.
4º. Facilitar la
participación pública en empresas industriales clave para evitar su
deslocalización y asegurar su arraigo en Cataluña.
5º. Incentivar la
inversión en energía limpia y eficiencia energética para reducir la dependencia
de combustibles fósiles en el sector productivo.
h) Impulsar los
cambios legales para garantizar que las empresas que se deslocalicen y hayan
recibido ayudas públicas de la Generalidad estén obligadas a devolver los
fondos percibidos. En concreto, se propone:
1r. Introducir en
todas las ofertas de subvenciones y ayudas públicas cláusulas que establezcan
la obligación de retorno en caso de deslocalización productiva o cierre
injustificado de las instalaciones.
2º. Crear un
mecanismo de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de esta
obligación, evitando que las empresas utilicen fondos públicos y luego
abandonen el territorio.
3er. Condicionar
el acceso a futuras ayudas y contratos públicos a las empresas que hayan
devuelto las ayudas en caso de deslocalización previa.
4º. Priorizar las
ayudas públicas a las empresas que acrediten su compromiso con el arraigo
territorial, el mantenimiento de puestos de trabajo y la transición ecológica
de la actividad que realizan.
Moción aprobada el 27 de febrero sobre las
perspectivas de la economía catalana, presentada por el diputado Toni Castellà
i Clavé, del Grupo Parlamentario de Junts, y las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de la Candidatura de Unidad Popular - Defendamos la Tierra y
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
1. El Parlamento
de Cataluña constata que:
a) La actual
situación de prórroga presupuestaria impide una planificación adecuada de las
políticas públicas necesarias para el crecimiento económico, la innovación y el
mejoramiento de los servicios públicos.
b) La falta de un
acuerdo para la aprobación de los presupuestos para 2025 afecta negativamente a
la capacidad de inversión en sectores clave como la educación, la sanidad, la
industria y la transición energética.
c) Deben
garantizarse inversiones estratégicas de país, como la Ecoplanta en el Camp de
Tarragona, que, con una inversión de más de 800 millones de euros, conseguirá
reducir durante los primeros diez años de funcionamiento 3,4 millones de
toneladas de dióxido de carbono la emisión de gases de efecto invernadero,
contribuyendo así a la misma.
2. El Parlamento
de Cataluña insta al Gobierno a:
a) Desarrollar
políticas fiscales que alivien la presión de las pequeñas y medianas empresas y
de las rentas más bajas, garantizando la progresividad tributaria, e impulsar
modificaciones que faciliten la lucha contra el fraude fiscal. b) Calcular y
publicar anualmente, de acuerdo con el principio de transparencia, las balanzas
fiscales neutralizadas, teniendo en cuenta la totalidad de la deuda pública del
Estado, y, antes de finalizar el 2025, publicar la balanza fiscal de 2022 y
exigir al Gobierno del Estado la obligación de las balanzas fiscales1, una.
3. El Parlamento
de Cataluña insta al Gobierno a reclamar al Gobierno del Estado las siguientes
actuaciones:
a) Incrementar el
mínimo exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas de acuerdo
con el salario mínimo, tal y como se ha hecho anteriormente después de subir el
salario mínimo.
b) Traspasar a
Cataluña la competencia para fijar su salario mínimo, de forma que represente
el 60% del salario medio, siguiendo las recomendaciones de la Carta social
europea y garantizando un salario mínimo que tenga en cuenta el elevado coste
de la vida en Cataluña en comparación con el del Estado español.
c) Cumplir la
ejecución íntegra de los presupuestos del Estado en Cataluña y asegurar las
inversiones necesarias.
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