1. La Comisión
Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 26 de noviembre
(primera parte) y el 18 de diciembre (segunda parte) los documentos con los que
inicia el ciclo del semestre europeo 2025 de coordinación de las políticas
económicas, presupuestarias y sociales.
Conviene recordar que la nueva Comisión inició sus trabajos el 1 de diciembre, una vez aprobadasu composición por el Parlamento Europeo el 27 de noviembre por 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones
La CE ha
presentado varios documentos, entre ellos la Comunicación “2025 SemestreEuropeo: dar vida al nuevo marco de gobernanza económica” , la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la política económica de
la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la
zona del euro de la gobernanza económica de la UE, el Informe sobre elmecanismo de alerta , y la Propuesta de informe conjunto sobre el empleo (PICE).
Respecto al PICE,
se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “una
visión general anual de las evoluciones más importantes en materia social y de
empleo en Europa y de las recientes medidas políticas de los Estados miembros,
en consonancia con las Orientaciones generales para las políticas de empleo de
los distintos Estados, así como también identifica áreas prioritarias clave
para la acción política”. Recordemos que dichas Orientaciones son las
siguientes: “impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar
la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º
6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y
fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de
oportunidades (orientación n.º 8).
2. Con respecto al
primer grupo de medidas , presentado el 26 de noviembre, se explica
en la nota de prensa de su presentación que, tras la reforma del marco de
gobernanza económica llevada a cabo en abril de este año, supone “un paso
esencial en la consecución de los objetivos de la reforma para que el marco sea
más sencillo, transparente y eficaz, con una mayor responsabilización nacional”,
añadiendo que “El nuevo marco ayuda a los Estados miembros a conseguir
estabilidad macroeconómica, crecimiento y sostenibilidad fiscal, lo que es
crucial para la fortaleza económica de la UE en el difícil entorno mundial
actual. También fomenta las reformas e inversiones que sentarán las bases para
la estabilidad económica a largo plazo y el crecimiento sostenible. En última
instancia, contribuye a una economía de la UE más resiliente, justa,
competitiva y segura en beneficio de los ciudadanos”.... El nuevo marco de
gobernanza económica establece normas fiscales más sencillas y transparentes.
Utiliza un único indicador operativo, concretamente la trayectoria del gasto
neto plurianual del Estado miembro, lo que facilita el control del
cumplimiento. El marco también introduce una supervisión basada en el riesgo
adaptada a la situación fiscal de cada Estado miembro y permite un ajuste
fiscal más gradual si lo respaldan reformas e inversiones concretas. El nuevo
marco facilita una disminución gradual y realista de los niveles de deuda
pública, la cual aumentó considerablemente a raíz de la pandemia de COVID-19 y
la posterior crisis energética. Unas finanzas públicas saneadas son un
requisito previo para la estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico
sostenido”.
Y con respecto al
segundo bloque se expone que “... el Semestre Europeo
seguirá definiendo las dificultades en materia socioeconómica y facilitando orientaciones
sobre las medidas políticas necesarias para superarlas. A tal fin, el ciclo del
Semestre Europeo de 2025 mejorará su base analítica e intensificará el diálogo
con los Estados miembros y otras partes interesadas sobre medidas concretas. A
partir de esa base, el paquete de primavera del Semestre Europeo formulará
recomendaciones específicas por país (REP) para hacer frente a los principales
retos concretos de cada uno de ellos señalados en los informes
correspondientes.
En la presentación
de los documentos del primer bloque, el entonces vicepresidente Valdis
Dombrovskis, responsable de una economía al servicio de las personas, manifestó que “... Nuestra nueva gobernanza
económica arroja resultados. La Comisión ha evaluado la primera serie de planes
a medio plazo de veintidós Estados miembros, que contribuirán a la
sostenibilidad fiscal y fomentarán un crecimiento sostenible e inclusivo.
Mientras la economía de la UE va recuperándose, debemos velar por que siga
siendo competitiva en el futuro y capaz de hacer frente a los retos mundiales.
Mediante los planes a medio plazo, cada Estado miembro asume la responsabilidad
de un conjunto coherente de estrategias basadas en un ajuste fiscal gradual,
inversiones públicas prioritarias y reformas favorables al crecimiento para los
próximos años. Así pues, los planes responden a las prioridades comunes de la
UE de fortalecer la resiliencia económica y social, avanzar en las transiciones
ecológica y digital, y reforzar las capacidades de Europa en materia de
seguridad. Tras haber ya entrado en vigor estos planes, apoyaremos a los
Estados miembros en su ejecución y seguiremos controlando sus avances en el
marco del Semestre Europeo".
Por su parte el entonces
comisario responsable de economía, Paolo Gentiloni, manifestó que “... El paquete de otoño de este año supone un
paso importante en la ejecución del nuevo marco de gobernanza económica. Los
planes a medio plazo de los Estados miembros facilitan hojas de ruta creíbles
con miras a la sostenibilidad y el crecimiento fiscales. En el caso de los
Estados miembros sujetos a un procedimiento de déficit excesivo, las
trayectorias de ajuste fiscal también constituyen la base de las
recomendaciones del PDE, lo que refuerza la coherencia de nuestras normas
fiscales y la responsabilización al respecto. Los proyectos de planes
presupuestarios para 2025 indican que, con arreglo a las nuevas normas, el
saneamiento no se produce a costa de la inversión. Al mismo tiempo, debemos
seguir siendo ágiles y estar preparados para responder a perturbaciones
imprevistas. En el marco de las nuevas normas de gobernanza económica, la
economía europea debe reforzar su competitividad y seguridad para hacer frente
a la incertidumbre geopolítica”.
3. Reproduzco a continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y protección social. Para el examen de los semestres europeos de años anteriores, remito a este artículo
4. Propuesta deRecomendación sobre la política económica de la zona del euro en 2025
A) La síntesis de
la Propuesta se encuentra recogida en la nota de presentación del segundo
paquete de medidas, en estos términos:
“La recomendación
de este año para la zona del euro pide a los Estados miembros que actúen tanto individualmente,
especialmente mediante la aplicación de sus planes de recuperación y
resiliencia, como colectivamente en el seno del Eurogrupo, a fin de mejorar la
competitividad, fomentar la productividad y garantizar la estabilidad
macroeconómica y financiera.
En particular, la
Recomendación insta a:
Reforzar la
innovación, también en tecnologías críticas.
Mejorar el entorno
empresarial, mediante el refuerzo del acceso a la financiación y la reducción de
la carga administrativa y la complejidad normativa.
Apoyar la
inversión pública y privada en ámbitos de prioridades comunes, tales como las transiciones
ecológica y digital y el desarrollo de capacidades de defensa.
Promover la mejora
de las capacidades y el reciclaje profesional de la mano de obra, con una participación
creciente en el mercado laboral.
Garantizar el
cumplimiento del nuevo marco presupuestario, mejorar la sostenibilidad de la deuda
y vigilar los riesgos desde el punto de vista de la estabilidad macrofinanciera”.
B) Contenido propiamente
laboral y de protección social (la
negrita es mía):
“Los mercados
laborales se mantuvieron fuertes en 2024 pese al debilitamiento de la actividad
económica. El empleo ha aumentado en 3 millones de personas en la zona del euro
entre finales de 2022 y mediados de 2024, y el número de puestos de trabajo ha
alcanzado un récord. El crecimiento del empleo ha sido fuerte en todos los
grupos de edad, género y nivel de estudios. La participación de la población
activa también ha aumentado, alcanzando un nuevo máximo en 2024, aunque siguen
existiendo retos para las mujeres, los trabajadores más jóvenes y de más edad,
los gitanos y las personas con discapacidad. Como muchas otras economías
avanzadas, la zona del euro se ha beneficiado de grandes flujos migratorios,
procedentes de Ucrania y otras zonas, que han contribuido a aumentar la oferta
de mano de obra y a reducir la escasez de mano de obra en algunos sectores. La
tasa de desempleo de la zona del euro se estabilizó en torno al históricamente
bajo 6,3% en octubre de 2024. La tendencia al alza de la escasez de mano de
obra y de cualificaciones que implica la disminución de la población en edad de
trabajar y la demanda de nuevas cualificaciones, agravada por la rápida
recuperación de la recesión inducida por la pandemia, ha disminuido
recientemente en cierta medida, pero sigue habiendo una importante escasez de
mano de obra en múltiples industrias. La solidez de los beneficios
empresariales y la dinámica de los balances han contribuido a reforzar la
demanda de mano de obra. Recientemente, el porcentaje de empresas que declaran
que la mano de obra es un factor que limita su producción y la tasa de vacantes
de empleo han descendido desde sus máximos históricos, aunque siguen siendo
elevados y superiores a los niveles anteriores a la pandemia.
.... En 2023 y
2024, los salarios nominales han aumentado como consecuencia de un entorno de
inflación elevada y un mercado laboral tenso. En el segundo trimestre de 2024,
la remuneración nominal por asalariado creció un 4,5% (media de la zona del
euro) en comparación con el mismo periodo de 2023, tasa ligeramente inferior a
la observada en 2023. Las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión estiman
un fuerte crecimiento de los salarios nominales en 2024, con una moderación
prevista en 2025. Los salarios reales, que disminuyeron en 2022 y en el primer
semestre de 2023, empezaron a recuperarse en el tercer trimestre de 2023. El
aumento de la participación de los beneficios en los últimos años, y su
posterior descenso, sugiere que las empresas están absorbiendo los aumentos
salariales reduciendo los márgenes de beneficio en lugar de subir los precios.
Por lo tanto, la actual recuperación gradual de los salarios reales refleja en
gran medida una dinámica de convergencia y parece coherente con un retorno al
objetivo de inflación a medio plazo del 2% y con unas expectativas de inflación
bien ancladas. Los ingresos de la parte inferior de la distribución de la renta
se vieron favorecidos por las transferencias públicas y los aumentos del
salario mínimo en el último año. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos
para promover salarios adecuados y empleos de calidad, ya que el riesgo de
pobreza sigue siendo solo ligeramente inferior al de 2019 y las dificultades
financieras de los trabajadores siguen siendo elevadas tras haber aumentado
durante la crisis energética, tanto para los hogares de renta más baja como
para los de renta media baja
RECOMIENDA ... que
los Estados miembros de la zona del euro tomen medidas, individualmente,
incluso mediante la aplicación de sus Planes de Recuperación y Resistencia, y
colectivamente en el seno del Eurogrupo, en el período 2025 -2026 para:
Competitividad
Promover la mejora
y el reciclaje de la mano de obra y los empleos de calidad con vistas a
aumentar la productividad y apoyar una transición ecológica y digital justa.
Fomentar la integración en el mercado laboral, en particular de los grupos
infrarrepresentados, entre otras cosas mejorando las políticas activas del
mercado laboral (PAMT). Mejorar las políticas de educación y formación,
incluida la educación y formación profesionales, para mejorar los resultados
educativos y garantizar una mejor adecuación entre la oferta y la demanda de
perfiles de cualificación.
Resiliencia
Seguir aumentando
la participación en el mercado laboral, facilitar la integración en el mercado
laboral de los grupos infrarrepresentados, en particular las mujeres, los
jóvenes, las personas poco cualificadas, así como las personas con discapacidad
y las personas de origen inmigrante. Eliminar los obstáculos a la participación
de la mano de obra, en particular mejorando el acceso y la calidad de la
educación y los cuidados de la primera infancia y de los cuidados de larga
duración. Adoptar medidas para facilitar la migración legal gestionada de
nacionales de terceros países en ocupaciones deficitarias, de forma
complementaria con una movilidad laboral justa y aprovechando la oferta de mano
de obra y las cualificaciones de la Unión.
De acuerdo con las
prácticas nacionales y respetando el papel de los interlocutores sociales,
reforzar las condiciones que apoyan el crecimiento sostenible de los salarios y
la productividad, especialmente para las rentas bajas y medias. La negociación
salarial debe tener en cuenta la dinámica de competitividad de cada Estado
miembro y evitar contribuir a divergencias duraderas en la competitividad
dentro de la zona del euro. Garantizar la participación efectiva de los
interlocutores sociales en la formulación de políticas y reforzar el diálogo
social.
Reforzar los
incentivos al trabajo desplazando la presión fiscal del trabajo, incluso
mediante reformas específicas de los sistemas fiscales y de prestaciones
sociales. Actuar en la lucha contra la pobreza salvaguardando y reforzando los
sistemas sostenibles de protección e inclusión social, incluido el acceso a una
vivienda asequible y sostenible”.
5. Propuesta deinforme conjunto sobre el empleo
A) La síntesis del
informe se recoge en la nota de presentación en estos términos:
“La propuesta de
informe conjunto sobre el empleo confirma que el mercado laboral de la UE sigue
destacando por su resiliencia. La tasa de empleo de la UE alcanzó un máximo
histórico del 75,3 % en 2023 y siguió subiendo hasta el 75,8 % en el segundo
trimestre de 2024. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo disminuyó hasta un
mínimo histórico del 6,1 % en 2023, tendencia que se mantuvo en 2024. La
productividad del trabajo siguió desacelerándose en 2023, tras ralentizarse considerablemente
entre 2010 y 2019. Esto podría perjudicar la capacidad de la UE para competir a
escala mundial y sostener el crecimiento económico, la creación de empleo y la
mejora del nivel de vida.
Los salarios
reales empezaron a recuperarse en el segundo semestre de 2023, según fueron atenuándose
las presiones inflacionistas. Sin embargo, estos beneficios aún no han
restablecido plenamente el poder adquisitivo perdido en años anteriores. Unos
salarios mínimos adecuados siguen siendo esenciales para proteger a los
trabajadores con salarios bajos y reducir la pobreza de los ocupados, además de
estimular la demanda y reforzar los incentivos para trabajar. La escasez generalizada
de mano de obra y de capacidades sigue siendo un obstáculo para el aumento de
la productividad, la innovación y la competitividad. En marzo de 2024, la
Comisión presentó un plan de acción para resolver la escasez de mano de obra y
de capacidades, basándose en las iniciativas existentes y estableciendo nuevas
medidas que deben aplicar la UE, los Estados miembros y los interlocutores
sociales.
El informe
conjunto sobre el empleo de 2025 sigue haciendo gran hincapié por país en los
aspectos sociales, de empleo y de capacidades basados en los principios del
marco de convergencia social, tal y como se prevé en el nuevo marco de
gobernanza económica. El informe también examina los avances hacia los
objetivos para 2030 establecidos en el Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales. La UE va por buen camino para alcanzar su objetivo principal
de una tasa de empleo del 78 % de aquí a 2030. Sin embargo, siguen siendo
necesarios grandes progresos para garantizar que el 60 % de los adultos
participe en actividades de aprendizaje cada año y para reducir en 15 millones como
mínimo el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social”.
B) En la
presentación del Informe se expone que “ofrece un análisis específico por
países basado en los principios del Marco de Convergencia Social (MCE), de
conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) nº
2024/1263. Sobre la base de las herramientas existentes (el Cuadro de
Indicadores Sociales y la metodología del semáforo del ICE acordada), se
analizan el mercado laboral, las capacidades y los retos sociales de los
Estados miembros con el fin de identificar los riesgos potenciales para la
convergencia social ascendente que requieren un análisis más profundo en una
segunda fase. En conjunto, el análisis de la primera fase del MCE apunta a lo
siguiente
i. la continuación
de la convergencia al alza en el mercado laboral en 2023, mientras que los
resultados en materia de empleo de los grupos infrarrepresentados aún deben
mejorar;
ii. ligeras
mejoras a escala de la UE en materia de cualificaciones, aunque persisten los
riesgos para la convergencia al alza en este ámbito
iii. estabilidad
general de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social a nivel de la UE,
aunque persisten algunos riesgos de convergencia al alza en lo que respecta a
los resultados sociales”.
... Además, el ICE
2025 mide, por primera vez, los avances hacia los objetivos nacionales y de laUE para 2030 en materia de capacidades . Con la escasez de mano de obra y de
cualificaciones y el envejecimiento de la población, una amplia participación
en el aprendizaje de adultos es clave para garantizar que los trabajadores
mantengan actualizadas sus cualificaciones. A pesar de ello, las cifras
recientes de la Encuesta sobre Educación de Adultos (EEA) indican solo un
ligero aumento de las tasas de participación en el aprendizaje de adultos
(excluida la formación guiada en el puesto de trabajo) en los 12 meses
anteriores, del 37,4 % en 2016 al 39,5 % en 2022 para la UE, con grandes
disparidades entre los Estados miembros
C) En el Informe
se indica que los Estados miembros “deberían tomar medidas para abordar los
retos en materia de empleo, cualificaciones y política social identificados en
este Informe conjunto sobre el empleo”, y que “en particular, en consonancia
con las Directrices de Empleo”, deberían ser las siguientes:
- Mejorar la
mejora y la recualificación de los adultos para garantizar la competitividad,
hacer frente a la escasez de mano de obra y de cualificaciones, adaptarse a la
situación y a las perspectivas cambiantes del mercado laboral y fomentar las
transiciones ecológica y digital, en particular integrando el uso de
herramientas de información sobre las capacidades, reforzando la oferta de
derechos individuales de formación, como las cuentas individuales de
aprendizaje, y fomentando el desarrollo, la aplicación y el reconocimiento de
microcredenciales, en consonancia con las recomendaciones del Consejo sobre las
cuentas individuales de aprendizaje y sobre un enfoque europeo de las
microcredenciales.
- Reforzar las
políticas activas del mercado laboral y la capacidad y eficacia de los
servicios públicos de empleo -incluyendo la inversión en infraestructuras y
servicios digitales, la mejora de la orientación profesional, los servicios de
asesoramiento, la información sobre capacidades y la formación del personal-
con vistas a apoyar la creación de empleo de calidad y las transiciones.
- En consonancia
con las legislaciones y/o prácticas nacionales y respetando plenamente el papel
y la autonomía de los interlocutores sociales, promover una evolución salarial
que mitigue la pérdida de poder adquisitivo, en particular para los
trabajadores con salarios bajos, fomentando al mismo tiempo la convergencia
social al alza, teniendo en cuenta la evolución de la productividad, la
creación de empleo de calidad y la salvaguardia de la competitividad.
- Garantizar la
disponibilidad de regímenes de apoyo concebidos para preservar y seguir
desarrollando el capital humano mediante la mejora y el reciclaje de las
cualificaciones asociadas, con el fin de apoyar procesos de reestructuración
justos cuando sea necesario, facilitar las transiciones laborales y contribuir
a la modernización de la economía.
- Prestar apoyo a
los trabajadores y a los hogares más afectados por las repercusiones económicas
y sociales de la adaptación al cambio climático y a las nuevas tecnologías
verdes y digitales, en particular a los trabajadores y hogares vulnerables, en
particular mediante servicios de empleo y medidas de formación eficaces;
programas de empleo bien diseñados, específicos y con plazos concretos,
incentivos a la contratación y a la transición; una seguridad de ingresos
adecuada con un planteamiento de inclusión activa; y el fomento del espíritu
empresarial, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre una
transición justa hacia la neutralidad climática.
- Promover la
movilidad dentro de la UE y estudiar la posibilidad de atraer a trabajadores
cualificados nacionales de terceros países. Además, garantizar el respeto y la
aplicación de los derechos laborales y sociales y encauzar a los nacionales de
terceros países que entren en la UE a través de vías legales de migración hacia
profesiones en las que haya escasez, con el apoyo de una política de
integración eficaz, en plena complementariedad con el aprovechamiento de los
talentos procedentes del interior de la Unión.
- Adaptar la
normativa del mercado laboral y los regímenes fiscales y de prestaciones
sociales para reducir la segmentación del mercado laboral y las diferencias
entre hombres y mujeres en el mercado laboral y fomentar la creación de empleo
de calidad, incluida una posible reducción de la cuña fiscal, especialmente
para las personas con bajos ingresos, sin obstaculizar la transición hacia
empleos mejor remunerados, y un cambio de la fiscalidad del trabajo a la
fiscalidad medioambiental.
- Garantizar
entornos de trabajo sanos, seguros y bien adaptados.
- Promover la
negociación colectiva y el diálogo social, en consonancia con la Recomendación
del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social, junto con una participación
oportuna y significativa de los interlocutores sociales en la elaboración de
las políticas pertinentes a nivel nacional y de la UE, también en relación con
la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados
miembros y en el contexto del Semestre Europeo. - Mejorar las
perspectivas de los jóvenes en el mercado laboral, entre otras cosas mediante
una educación y formación profesionales y una educación terciaria inclusivas y
de calidad; apoyo específico de los servicios de empleo (que incluya tutoría,
orientación y asesoramiento); y períodos de prácticas y aprendizaje de calidad,
en consonancia con la Garantía Juvenil reforzada.
- Apoyar la
equidad, la calidad y la pertinencia para el mercado laboral de la educación
superior, así como el reconocimiento automático de las cualificaciones, para
hacer frente a la escasez y la inadecuación de las cualificaciones, en
particular aumentando el número de titulados en algunas disciplinas STEM,
reduciendo las diferencias de género y capacitando a las universidades para que
se conviertan en agentes del cambio en las transiciones ecológica y digital.
- Garantizar la no
discriminación, promover la igualdad de género, mejorar la integración de la
igualdad y reforzar la participación de las mujeres y los grupos desfavorecidos
en el mercado laboral, fomentando la igualdad de oportunidades y la progresión
profesional, garantizando la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por
un trabajo de igual valor, la transparencia de las estructuras salariales y
promoviendo la conciliación de la vida laboral, familiar y privada, en
particular mediante el acceso a unos cuidados asequibles y de alta calidad
(educación y cuidados en la primera infancia y cuidados de larga duración), así
como permisos por motivos familiares y acuerdos laborales flexibles para los
padres y otros cuidadores informales, en consonancia con la Estrategia Europea
de Cuidados.
- Fomentar la
igualdad de oportunidades para los niños a fin de hacer frente a los elevados
niveles de pobreza infantil y aprovechar al máximo los recursos nacionales y de
la UE. Acelerar la aplicación de la Garantía Infantil Europea, en particular
proporcionando una educación y una atención a la primera infancia asequibles y
de calidad, y abordando el abandono escolar prematuro y la escasez de
profesores. Apoyar el acceso a una educación de calidad de los niños y jóvenes
de grupos desfavorecidos y zonas remotas, mejorar sus resultados de aprendizaje
y promover la formación en todos los niveles de cualificación.
- Adoptar medidas
globales para mejorar las capacidades básicas y, más ampliamente, el desarrollo
de las competencias clave (incluidas las capacidades transversales) de los
alumnos y abordar los retos estructurales relacionados con el rendimiento y la
equidad de los sistemas de educación y formación, entre otras cosas mediante
enfoques eficaces de enseñanza, aprendizaje y evaluación, apoyando la práctica
profesional de los educadores y los directores de centros escolares,
promoviendo entornos de aprendizaje propicios, ofreciendo apoyo específico a
las escuelas y los alumnos desfavorecidos, y abordando la escasez de profesores
y aumentando el atractivo de la profesión docente (también mediante la creación
de marcos profesionales atractivos, el apoyo a los educadores a lo largo de su
carrera y el apoyo adecuado a los profesores de zonas desfavorecidas, rurales y
remotas).
- Impulsar las
capacidades y competencias digitales de alumnos y adultos de todas las edades,
mejorar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, y aumentar la
reserva de talentos digitales en el mercado laboral mediante el desarrollo de
ecosistemas de educación y formación digitales apoyados por habilitadores
clave, como la conectividad de alta velocidad para las escuelas, el
equipamiento y la formación del profesorado; y apoyar a las instituciones con
conocimientos técnicos sobre digitalización con especial atención a la
inclusión y a la reducción de la brecha digital.
- Garantizar una
protección social adecuada y sostenible para todos, en consonancia con la
Recomendación del Consejo sobre el acceso a la protección social; mejorar la
protección de quienes no están suficientemente cubiertos, como los trabajadores
con formas de empleo atípicas, incluido el trabajo en plataformas, y los
autónomos; mejorar la adecuación de las prestaciones, la transferibilidad de
los derechos y el acceso a servicios de calidad, salvaguardando al mismo tiempo
la sostenibilidad de las finanzas públicas; y apoyar eficazmente la integración
en el mercado laboral de quienes pueden trabajar.
- Desarrollar y
reforzar los regímenes de renta mínima que proporcionen un apoyo adecuado y
sigan un planteamiento de inclusión activa, en consonancia con la Recomendación
del Consejo sobre una renta mínima adecuada que garantice la inclusión activa;
y fomentar el acceso a los servicios esenciales, incluida la energía,
especialmente para los hogares con rentas bajas y vulnerables.
- Evaluar el
impacto distributivo de las reformas y las inversiones en los ingresos de los
distintos grupos de la población, en consonancia con la Comunicación sobre una
mejor evaluación del impacto distributivo de las políticas de los Estados
miembros.
Proporcionar a
todos los niños en riesgo de pobreza o exclusión social un acceso gratuito y
efectivo a la asistencia sanitaria, la educación y los cuidados en la primera
infancia, y la educación, la formación y las actividades escolares; así como un
acceso efectivo a una nutrición sana y a una vivienda adecuada; en consonancia
con la Garantía Infantil Europea y los planes de acción nacionales
correspondientes.
Apoyar el acceso a
una vivienda de calidad y asequible, a una vivienda social o a ayudas a la
vivienda, cuando proceda; abordar el problema de las personas sin hogar como la
forma más extrema de pobreza; promover la renovación de las viviendas
residenciales y sociales y los servicios sociales integrados.
- Invertir en la
capacidad del sistema sanitario, incluidos los servicios de prevención y
atención primaria, así como la capacidad de la sanidad pública, la coordinación
de la atención, el personal sanitario y el uso de la sanidad electrónica y la
IA; reducir los pagos directos cuando proceda; mejorar la cobertura sanitaria;
y promover mejores condiciones de trabajo, así como la mejora y el reciclaje
del personal sanitario.
- Reforzar la
prestación de servicios de cuidados de larga duración de calidad, asequibles y
sostenibles, en consonancia con la Recomendación del Consejo sobre el acceso a
cuidados de larga duración asequibles y de calidad.
- Garantizar
sistemas de pensiones inclusivos y sostenibles que permitan unos ingresos
adecuados en la vejez y la equidad intergeneracional.
La financiación de
la UE, en particular a través del FSE+, el FEDER, el FCPT, el IAC y el FRR para
inversiones y reformas subvencionables, ayuda a los Estados miembros a
intensificar la actuación política en estos ámbitos”.
Buena lectura.
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