jueves, 25 de noviembre de 2021

Empleo público. Notas previas, y texto comparado del Proyecto de Ley, del Informe de la Ponencia y del texto aprobado por la Comisión de Hacienda y Función Pública el 22 de noviembre de 2021.

 

1. El lunes 22 de noviembre se reunió la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para dictaminar sobre el Informe de la Ponencia  presentado al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de latemporalidad en el empleo público, procedente del Real Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio 

En dicha reunión fueron incorporadas siete enmiendas y se llegó a un acuerdo transaccional sobre otras siete. Varios grupos parlamentarios manifestaron que mantenían todas o algunas de sus enmiendas para el trámite de la sesión plenaria.

Aún no se encuentra disponible en la página web del Congreso, cuando redacto este texto, el acta de la reunión. Sí puede seguirse todo su desarrollo, para quienes no pudieron hacerlo el día de su celebración, en Canal Parlamento  . Igualmente, una amplia síntesis de su contenido se encuentra en la página web de la Asociación de Profesionales de Informática de Sanidad de la Comunidad de Madrid     (APISCAM)  También hay amplias referencias en el artículo del redactor del diario jurídico electrónico Confilegal, Luís Javier Sánchez “La Comisión de Función Públicaaprueba el dictamen al proyecto de ley de interinos y se debatirá en el Plenodel Congreso” 

2. En esta entrada continuo con la explicación del Proyecto de Ley, que analicé con detalle en una anterior   al explicar qué enmiendas había aceptado incorporar la ponencia al texto. Para facilitar el seguimiento de mi explicación, mantendré las modificaciones de la ponencia y cuando sea oportuno añadiré las aprobadas por la Comisión, en el bien entendido que todas las incorporadas por la ponencia han quedado también aprobadas.

Ahora, el texto pasa al Pleno del Congreso para debate y aprobación, estando previsto todo ello en la sesión plenaria del jueves 2 de diciembre. Mientras tanto, no se detiene el debate social y sigue habiendo conflictividad por el desacuerdo que manifiestan algunas organizaciones sindicales y asociaciones de personal interino sobre cómo está quedando la futura norma tras las sucesivas modificaciones. No sería de extrañar, por todo ello, que hubiera alguna o algunas novedades en el texto que sea aprobado el próximo 2 de diciembre, si bien no creo que las paredes maestras de la futura norma se cuestionen. Tampoco desaparecerá la conflictividad jurídica, ya que hay aún muchos litigios pendientes en los tribunales, tanto de lo social como contencioso-administrativo, de personal laboral o funcionarial interino que reclama, después de algunos (o muchos) años de prestación de servicios en régimen de interinidad, la condición de fijeza, laboral o equivalente a personal funcionario de carrera, con sentencias contradictorias al resolver las demandas o recursos, y de muchas de ellas voy dando información en mi cuenta de la red social twitter.

Al finalizar las notas previas, adjunto el texto comparado del Proyecto de Ley, del texto con las enmiendas que aceptó la ponencia, y del proyecto aprobado por la Comisión, a fin y efecto de que pueda comprobarse con detalle cuál ha sido, insisto que solo hasta este momento, el iter legislativo de la futura norma, sin olvidar por supuesto que se presentaron 182 enmiendas al texto procedente del Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio y que fui analizando en esta entrada. 

Igualmente, adjunto fragmentos de la Exposición de Motivos con las modificaciones incorporadas en el texto original por el informe de la ponencia y por el aprobado por la Comisión.

Los tres textos comparados, dada su extensión, se encuentran disponibles en este enlace. 

A) Encontramos dos modificaciones en el art. 1, y en concreto en la nueva regulación del art. 10 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre los funcionarios interinos.

Se ha aceptado, en trámite de Comisión, la incorporación de la enmienda núm. 95, de Más Madrid (Grupo parlamentario plural) , de tal manera que se incluye la mención, antes inexistente, a que los procedimientos de selección se regirán por el principio de publicidad, además de los ya recogidos de igualdad, mérito, capacidad y celeridad. Coincido con la tesis expuesta en la justificación de la enmienda ahora aceptada, cual es que la publicidad resulta esencial para asegurar que la provisión de los puestos temporales “se realiza de acuerdo con los principios constitucionales y en términos de igualdad de todas las personas interesadas”.

Por otra parte, habiendo sido aceptada en trámite de ponencia, el apartado 5 del citado precepto, permite la permanencia del personal funcionario interino con carácter excepcional en la plaza que ocupa temporalmente si la correspondiente convocatoria se ha efectuado dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y siempre que “sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. La permanencia se mantendrá hasta la resolución de aquella, sin generar derecho a compensación económica.

B) Pasemos al art. 2, que regula los procesos de estabilización del empleo temporal, tanto a los que se refiere el art. 1 como al nuevo regulado en aquel, disponiendo que las ofertas de empleo deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinadas por las Administraciones Públicas competentes. En el proyecto de ley se contemplaba la fecha del 31 de diciembre de este año, con lo que lógicamente hubiera sido prácticamente imposible de cumplirla dada la marcha de la tramitación parlamentaria de la norma.

Modificación ciertamente importante, incorporada en trámite de comisión, es la que resulta de la aceptación de la enmienda núm. 116, presentada por el grupo parlamentario republicano, y que queda recogida en el segundo párrafo del art. 2.1, justificada por la necesidad, se expone, de “ofrecer garantías a todas las personas que se vieron incluidas en los fallidos procesos de estabilización…” previstos en las normas que menciono a continuación, previendo que serán convocadas aquellas plazas que no lo hubieran sido o bien que hubieran quedado sin cubrir tras la convocatoria y posterior resolución.

El nuevo texto es el siguiente: “Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir”.

Hago referencia a continuación a otra modificación, que a mi parecer, ya se preveía después del acuerdo alcanzado poco antes de inicio del trámite de convalidación del RDL para su aprobación. Se mantiene, como no puede ser de otra forma debido al marco constitucional y legal, y la jurisprudencia del TC, el sistema de concurso-oposición, ampliando al máximo, de acuerdo a dicha jurisprudencia, el posible porcentaje de valoración, en la fase de concurso, hasta el cuarenta por ciento de la puntuación total y teniendo en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el art.37.1.c) del EBEP.

Una concreción, sin duda no casual, de qué plazas son ocupadas de forma temporal, se ha llevado a cabo en trámite de Comisión, al modificar el art. 2, apartado 7, y además de introducir la nomenclatura correcta del Ministerio competente (era obligado introducir la referencia a la Función Pública, inexistente en el Proyecto de Ley por provenir del RDL 14/2021), se hace constar expresamente que la obligación que tienen las Administraciones Públicas competentes , para permitir el seguimiento de la oferta, es la de certificar el número de plazas estructurales que estén ocupadas de forma temporal, y por tanto, existentes, en cada uno de los ámbito afectados por los procesos de estabilización. Ha sido aceptada la enmienda núm. 140 del grupo parlamentario republicano, siendo la justificación de esta que debe aclararse que la certificación de plazas ocupadas de forma temporal “se realizará respecto de las plazas de naturaleza estructural y no respecto del conjunto de la plantilla”.

C) Llegamos a la disposición adicional segunda, que versa sobre las medidas de seguimiento de la temporalidad y que es resultado, en trámite de comisión, de la aceptación de la enmienda núm. 100 presentada por Más Madrid. El informe anual que ya aparecía previsto en el Proyecto de Ley, se concreta ahora que deberá remitirse a la Comisión competente del Congreso, que no es otra que la ha aprobado este texto ahora examinado, y que más exactamente “contendrá, como mínimo, el detalle funcional con escala autonómica y local de todas las situaciones de temporalidad en el empleo público”.

D) La disposición adicional tercera trata sobre medidas de seguimiento presupuestario. A diferencia del Proyecto de Ley, en el que sólo se preveía que las Administraciones Públicas podrán nombrar personal interino en las plazas vacantes que se produzcan en el ejercicio presupuestario por jubilación, el nuevo texto amplía tal posibilidad, y siempre “con la finalidad de mantener una adecuada prestación de los servicios públicos”, a  las plazas de necesaria y urgente cobertura que, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, no computen en la tasa de reposición de efectivos.

E) Ya había destacado en entradas anteriores las mínimas referencias existentes en el RDL 14/2021 a la contratación laboral temporal, y a los problemas que ello podía suponer si la norma, en su tramitación parlamentaria, quería también dar respuesta a las situaciones de “interinidad larga” (sin entrar ahora en su posible carácter abusivo tras traes año de encontrarse en dicha situación, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo) de las y los contratados laborales. Pues bien, muy probablemente, al menos a mi parecer, la novedad más relevante incorporada en Comisión, a partir de transaccionar una enmienda presentada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, es la inclusión de dicho personal laboral temporal en los procesos de estabilización.

En primer lugar, se incluye la expresa mención a dicho colectivo en la disposición adicional cuarta, reguladora de las “medidas de agilización de los procesos selectivos”, ya que las convocatorias de tales procesos (habiéndose introducido en el primer párrafo la mención expresa a tal carácter de selectivos de tales procesos, inexistente en el Proyecto de Ley y en el informe de la ponencia, que hacían mención genéricamente a los procesos de estabilización) podrán prever para quienes no los superen, su inclusión en bolsas  de personal funcionario interino o de personal laboral temporal, ya sean especificas o bien su integración en otras ya existentes.

Más importante sin duda es la modificación operada en trámite de comisión y que completa, o más correcto sería que se añade, las ya introducidas por la ponencia, cual es que los procesos de estabilización del personal contratado laboral temporal también puedan llevarse a cabo a través del concurso de méritos, es decir en idénticos términos a los del personal funcionario interino. Ello se ha plasmado en el texto aprobado en Comisión con la incorporación de la mención al apartado 7 del EBEP (que recordemos que dispone que “los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos”)

Recapitulemos. La modificación que ha merecido total atención desde que fuera conocida, es la nueva disposición adicional sexta, y es también, como se comprueba por un buen número de declaraciones de responsables políticos y sindicales, y por las primeras valoraciones jurídicas efectuadas, la más polémica; para unos, por la posible inseguridad jurídica que genera y que pudiera provocar recursos en sede judicial, y para otros por no respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no prestar auténtica atención a las personas interinas sino a las plazas.

Las incertidumbres jurídicas que se suscitan por los primeros son intentadas salvar por las modificaciones operadas en la Exposición de Motivos para justificar su perfecto encaje con el marco normativo y jurisprudencial. En cuanto a las tesis de los segundos, la crítica deriva sustancialmente de que no cierra completamente que las personas que se encuentran en situación de interinidad puedan pasar a convertirse en personal funcionario de carrera.

El texto aprobado en Comisión es el siguiente;

“Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración

Las Administraciones publicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Repárese, por consiguiente, en el importante papel que asumen las distintas Administraciones, algo que no es, ni mucho menos, de poca importancia, por cuanto que el grueso de personal funcionario interino se concentra en los sectores de enseñanza y sanidad, con competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, y que en las Administraciones Locales hay un volumen elevado de personal laboral temporal.

Repárese, igualmente, y sin duda en ello habrán parado su atención las personas interesadas, que la norma se refiere, obviamente, a plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, y no a personas que las hayan ocupado. Por otra parte, el plazo de cinco años, que muy probablemente acabe siendo de seis en función de la fecha en que se convoque la correspondiente oferta de empleo, parece identificarse, así lo contempla la exposición de motivos, con el de “duración inusualmente larga” al que se refiere el TJUE en su sentencia de 5 de junio de 2018 (asunto C- 677/16, caso Lucía Montero Mateos).

F) Mucho menos publicitada, pero no menos importante por el importante número de personas trabajadoras a las que afecta, es la modificación incorporada por la ponencia, que no por casualidad lleva el título de “Extensión del ámbito de aplicación de los procesos de estabilización”, y que contempla la aplicación de los preceptos recogidos en el texto “a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa específica”.  

G) Otra modificación es la de una nueva disposición adicional, octava, que no recuerdo que fuera propuesta como enmienda por los grupos parlamentarios, y que muy probablemente haya sido incorporada por iniciativa del Ministerio competente. Lleva por título “Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso”, y dispone que “Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la Disposición Adicional Sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016”.

H) En trámite de Comisión se han incorporado transaccionadas dos nuevas enmiendas que sin duda cumplen, a mi parecer, con los deseos manifestados en algunas enmiendas por los grupos parlamentarios republicano y nacionalista vasco, que además atribuyen con carácter general un muy importante papel a las administraciones autonómicas, locales y forales para el desarrollo de los procesos de estabilización. Son las nuevas disposiciones adicionales novena y décima cuyo texto es el siguiente:

“Disposición adicional novena. Actuaciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

En el marco de lo establecido en el TREBEP y en esta Ley, la administración de las Comunidades Autónomas, Entidades forales y locales, desarrollarán los procesos de estabilización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta Ley, acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr el objetivo de reducción de la temporalidad establecido en esta norma.

Disposición adicional décima. Aplicación en las Instituciones Forales.

La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.18 y disposición adicional primera de la Constitución, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco la presente Ley se aplicará de conformidad con el artículo 149.1.18 y la disposición adicional primera de la Constitución, y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco”.

I) Una modificación que puede ser igualmente de importancia es la introducida en la disposición transitoria primera, que regula el plazo de resolución de los procesos de estabilización de empleo temporal ya convocados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 14/2021.

Mientras que en el texto original del Proyecto de Ley se disponía que los procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en las ofertas de empleo público aprobadas en el marco de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos en las Leyes de  Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, cuya convocatoria hubiere sido publicada en los respectivos diarios oficiales con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RDL, “seguirán ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias”, en el texto del Dictamen de la Comisión, acogiendo el texto de la Ponencia, es modificado para suprimir dicha mención y únicamente mantener que “deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024”.

J) Por último, deseo hacer mención a una modificación… que no lo es. Me explico: en la disposición final segunda del RDL se difería la regulación concreta que afecta al personal docente y de salud, que debería llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de aquel, es decir desde el 8 de julio, y siempre “de acuerdo con las peculiaridades propias de su régimen jurídico”, previendo que si no se produjera tal regulación en el plazo citado, sería de aplicación la normativa contenida en los artículos del EBEP modificados por la citada norma, es decir los arts. 10 y 11 y la nueva disposición adicional décimo séptima.

Pues bien, la norma pactada no dice nada al respecto…. ¿o sí? Pues la respuesta es que sí lo dice sin decirlo. Sé que parece un contrasentido, pero creo que es la conclusión a la que debe llegarse al leer el nuevo texto, de idéntico contenido pero con diferente redacción, aprobado por la ponencia y mantenido por la Comisión: “Permanece en vigor la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, relativa a la adaptación de la normativa del personal docente y del personal estatutario y equivalente de los servicios de salud”.

3. Continuará, seguro. Ahora, a esperar el Pleno del Congreso del día 2 de diciembre. Mientras tanto, buena lectura. 


No hay comentarios: