Emergencia sanitaria y legislación laboral. Sigue la saga Covid-19. Notas al RDL 3/2021 de 2 de febrero. Modificaciones en materia de Seguridad Social y del Ingreso Mínimo Vital. Texto comparado con la redacción anterior de las normas modificadas.

 

1. El Consejo de Ministros celebrado el martes 2 de febrero aprobó el Real Decreto Ley 3/2021, mediante el que se adoptan medidas, así se recoge en su título, “para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico”.   El texto fue publicado en el BOE del día 3, con entrada en vigor al día siguiente de la publicación.

En la muy amplia exposición de motivos se sintetizan primeramente los tres objetivos perseguidos: “ Primero, reforzar la fortaleza y viabilidad del sistema de Seguridad Social, al tiempo que se actúa contra la brecha de género manifestada en las pensiones, mediante la reforma del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; segundo, mejorar los mecanismos protectores en favor de los colectivos que más lo precisan, modificando por un lado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital y mejorando, por otro lado, el régimen de incapacidad temporal del personal sanitario y sociosanitario; y tercero, garantizar la suficiencia de los recursos de familias y autónomos, ampliando el plazo para que puedan disfrutar de moratorias hipotecarias y otorgando avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial”. Me refiero a continuación a las dos primera.

Respecto al primero, se expone que “el número de hijos” es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida; también que “se combina la acción positiva a favor de las mujeres (si ninguno de los progenitores acredita el perjuicio en su carrera de cotización, el «complemento» lo percibe la mujer) con la previsión de una «puerta abierta» para aquellos hombres que puedan encontrarse en una situación comparable”; en fin, dado que el objetivo es reducir la brecha de género, su alcance temporal se vincula a que dicha brecha en las pensiones contributivas de jubilación se sitúe “por debajo del 5 por ciento”.

Con relación al segundo, la nueva modificación del RDL 20/2020 por el que se regula el IMV (pocos RDL que yo recuerde han recibido tantas modificaciones en tan poco tiempo, pero bienvenidas sean si contribuyen a mejorar el acceso a la prestación para las personas que la necesitan)  destaco, también a partir de la exposición de motivos, estos contenidos: la modificación de la regulación de las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial “para ampliar la capacidad de ser beneficiarias de la prestación a las personas que residan en establecimientos financiados con fondos privados, dado que en la redacción previa solo se extendía a establecimientos públicos”; la eliminación del límite de titulares del IMV en una misma vivienda, “con el fin de eliminar las barreras de acceso al mismo que han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como de reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de compartir gastos”; la toma en consideración de especiales casos de empadronamiento, como el que se produce en establecimientos colectivos, en infraviviendas y de personas sin domicilio; el acceso a la prestación para personas solas en situación de exclusión social “que convivan con otras personas solas o en unidades de convivencia y que no tengan vínculos de parentesco”; una mucho mayor y más destacada participación de las entidades del tercer sector de acción social debidamente acreditadas, que podrán certificar “la existencia de determinadas situaciones particulares”, creándose al efecto la figura de “los mediadores sociales del ingreso mínimo vital”.

Una muy amplia explicación del contenido de la norma se encuentra en la nota de prensa del Consejo   así como también en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la nota titulada “El Gobierno aprueba medidas para facilitarel acceso al Ingreso Mínimo Vital de personas sin hogar y otros colectivosvulnerables”,   junto con la presentación de las principales modificaciones introducidas en diversos textos normativos. Además, en la cuentade la red social twitter del Ministro José Luis Escrivá pueden conocerse las modificaciones más relevantes.

2. La norma ya ha merecido la atención de la doctrina laboralista, y también se han manifestado sobre su contenido las organizaciones sindicales.

La profesora María José Romero Ródenas ha publicado en el blog del profesor Antonio Baylos el artículo “Comentario de urgencia del RDL 3/2021 de 2 de febrero, por las que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género (no solo) y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico”   . La profesora Romero dedica especial atención a la nueva regulación del denominado “complemento para la reducción de la brecha de género”, y se manifiesta, al comparar la nueva regulación con la modificada, en estos términos:

“El artículo 60 TRLGSS no contenía ningún elemento que estableciera un vínculo entre la concesión del complemento de pensión controvertido y el disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en su carrera debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto. Por el contrario, exigía que las mujeres hubieran dejado efectivamente de trabajar en el momento en que tuvieron a sus hijas/os, por lo que no se cumplía el requisito relativo a que hubieran disfrutado en determinados casos de un permiso de maternidad. Obviamente, esta original construcción técnica no contemplaba la principal insuficiencia de la acción protectora del sistema de Seguridad Social, la brecha de genero en pensiones, que es el reflejo de la situación histórica de subordinación de las mujeres en el trabajo productivo íntimamente vinculado con el trabajo reproductivo. La nueva construcción legal del art. 60 TRLGSS, sin embargo, juega con la acción positiva a favor de las mujeres con la previsión de una “vía abierta” para aquellos varones u otro progenitor que puedan acreditar el perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción de una hija/o, con la expresa previsión de que “sin ninguno de los progenitores acreditara perjuicio en la cotización, el “complemento, lo percibe la mujer”.  Por tanto lo que persigue la nueva regulación del art. 60 TRLGSS tal y como expresa la académica exposición de motivos es “corregir una situación de injusticia estructural (la asunción por las mujeres de las tareas de cuidados de los hijos) que se proyecta en el ámbito de las pensiones, dando visibilidad a la carencia histórica de políticas de igualdad y a la asignación del rol de cuidadora. En el bien entendido que se trata de reparar un perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres que hoy acceden a la pensión, es decir, un perjuicio generado en el pasado. Y que, por tanto, resulta perfectamente compatible y coherente con el desarrollo de políticas de igualdad ambiciosas que corrijan las desigualdades actualmente existentes en el mercado de trabajo y la asignación de los roles relacionados con los cuidados”.

No podía faltar la aportación de uno de los juristas más acreditados en materia de Seguridad Social, el letrado, y profesor asociado de la Unidad Docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB, Miguel Arenas, cuyo parecer se plasma en la entrada “Nuevo complemento de maternidad. RDL 3/2021. ¿mejor o peor? otodo lo contrario”   De su muy extenso y detallado artículo me quedo ahora con las “dudas y afirmaciones” que se encuentran en su conclusión:

“1) Y, si en una pareja, un progenitor interrumpe su actividad laboral para cuidar un hijo y el otro progenitor posteriormente interrumpe la suya para cuidar a otro hijo posterior....¿Qué hacemos?.

2)  Y si, en una pareja, normalmente ella, no es ya que interrumpa, es que ni tan siquiera puede acceder a una pensión contributiva porque no alcanza la cotización suficiente, pero sí se ha dedicado a sus hijos, ¿cómo se compensa?.

3) Y, a vueltas con las parejas de hecho, si ella interrumpió su actividad laboral por el cuidado de hijos, pero, por no tener dependencia económica, o por la falta de registro de la pareja, no puede acceder a la pensión de viudedad... ¡se pierde el complemento!. ¿Y por qué no puede acrecer al huérfano, entonces?.

4) Y, quien tenga con la anterior redacción del art. 60 LGSS un menor complemento, no pueda optar por percibir el nuevo si es más favorable, sin necesidad de causar una nueva pensión?. Entiendo que la DT 33º no lo permite. Injusto.

5) Me parece a mí que, 378 € anuales por hijo poco compensa el cuidado de aquel, y me parece a mí, que poco reduce la brecha de género.... Buenas maneras, actuaciones insuficientes.... No oculten la realidad de nuestro sistema de pensiones, y menos aún en clave de género, que muy especialmente pivota sobre dos cuestiones: Las menores carreras de cotización de ellas, el perjuicio del cálculo de la base reguladora - y más aún con el esperpéntico sistema de integración de lagunas actual- y el acceso tardío de ellas a la pensión de jubilación. Ahí está la brecha de género. Y 27 € al mes, no lo compensan.

En definitiva, un complemento mejor regulado, pero del que surgen nuevas dudas, y con una cuantía, como media, inferior a la anterior”.

Por otra parte, conviene recordar que la modificación ahora introducida en la LGSS deriva de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 12 dediciembre de 2019  a partir de una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Girona, en la que falló que “La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión”.

Dicha sentencia mereció un análisis crítico por parte de la profesora Pilas Rivas en el artículo “La sobreprotección por el TJUE de los padres cuidadores que fueronexcluidos del complemento de maternidad”.  del que creo que merece reproducirse su aportación final porque me parece que en buena medida ha sido acogida por el legislador: “¿Cabría introducir la medida en formulación neutra, esperando que su impacto de género fuera evidente? Sin duda, esa reformulación a la que aboca la sentencia reseñada es posible, valorando el posible impacto de género de su introducción en términos de neutralidad de género, pero en tal caso el complemento será otro muy distinto y habrá de guardar la necesaria coherencia con el objetivo principal pretendido, que no es el que da título a la prestación (aportación demográfica), sino la compensación por las desventajas sufridas como consecuencia de la crianza de los hijos. En tal caso bastará con acreditar los altibajos padecidos a partir de la línea de la maternidad en la carrera de cotización, excluyendo los anteriores a esta fecha, pero este criterio seguirá siendo presuntivo”.  

Un análisis crítico de la normativa ahora modificada se encuentra en el artículo de la profesora Cristina Aragón “Según el TJUE, el complemento por maternidad discrimina a loshombres” 

Con respecto a las modificaciones operadas en la regulación del IMV, CCOO se ha manifestado critica con algunas de las llevadas a cabo, y así se recoge en el artículo “El IMV llega al 20% de los hogares previstos, mientras algunas CCAA reducen su cobertura en rentas mínimas”  . La crítica se manifiesta en estos términos: “Lejos de preservar el carácter eminentemente público que hasta el momento mantienen las prestaciones de Seguridad Social, el Ministerio ha impulsado, en una huida hacia adelante, una nueva “reforma parcial” del IMV en el Consejo de Ministros para permitir que entidades del tercer sector de acción social inscritas como “mediadores sociales del IMV” emitan certificados para acreditar situaciones de convivencia complejas.

Para CCOO, sin desmerecer en modo alguno la aportación de muchas de estas organizaciones en su acción social, el recurso a entidades ajenas a las administraciones públicas no es la mejor solución para encubrir la existencia de excesivos filtros en la solicitud del IMV. Las entidades del tercer sector y otras pueden colaborar en la detección de situaciones de vulnerabilidad, pero la evaluación, acreditación y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones públicas como forma de garantizar la equidad, igualdad en el acceso y plenas garantías en los diagnósticos de las situaciones de vulnerabilidad”.

Por otra parte, se realiza una valoración positiva   respecto a las modificaciones efectuadas para reducir la brecha de género y el reconocimiento de enfermedad profesional de los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios afectados por COVID, habiendo publicado ya un muy interesante estudio sobre “impacto del nuevo Complemento depensiones contributivas para reducir la brecha de género (art. 60 LGSS),regulado en el RD-Ley 3/2021 como resultado del proceso de debate y negociaciónen el ámbito del Diálogo Social” 

Una visión crítica de esta última medida, si bien se valora su incorporación a la normativa, ha sido la efectuada por UGT en la entrada publicada en su página web “UGT reclamala enfermedad profesional por contagio de COVID para los servicios esenciales yotros profesionales”  , en la que se manifiesta en estos términos:

“Para UGT el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, el contagio por COVID-19 entre el personal sanitario y socio sanitario pasa a considerarse como enfermedad profesional, en lugar de como accidente de trabajo, es una medida que supone un avance, en línea con las reivindicaciones de UGT, pero claramente insuficiente e incluso discriminatoria.

Y es que el INSS no ha modificado su criterio y, con la redacción aprobada, no se consideran como enfermedad profesional, los contagios por COVID-19 del personal que trabajando en centros sanitarios o socio-sanitarios, desempeñe otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios. Y tampoco se considerare enfermedad profesional aquellos contagios del personal que presta servicios sanitarios o socio-sanitarios exclusivamente fuera de los centros sanitarios o socio-sanitarios. Además, los contagios por COVID-19, entre personal sanitario y sociosanitario únicamente serán considerados como enfermedad profesional hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

Para el sindicato, es una injusticia y un despropósito que no se hayan incluido ya a todos estos colectivos de trabajadores y trabajadoras que han estado y están en primera línea en la lucha contra la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, afrontando situaciones absolutamente precarias y arriesgando su salud en favor de los enfermos y las personas que cuidaban, como es el caso de los cuidadores de mayores de las residencias, el personal de la limpieza en los hospitales, o el personal de los centros educativos”.

3. Es obligado, obviamente, acudir a la página web de la Seguridad Social, que además de una amplia información sobre las medidas ya referenciadas también la incluye sobre una novedad que había sido durante mucho tiempo demandada por el personal afectado, cual es la consideración de la COVID-19 como enfermedad profesional para trabajadores sanitarios y socio-sanitarios  , en la que se da cuenta de dicha modificación en estos términos: “El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley en el que se incluyen medidas para establecer la consideración de enfermedad profesional de la COVID-19 para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, a efectos de prestaciones. Con esta decisión, mejora la cobertura de este colectivo, cuyos contagios ya tenían una consideración especial como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo para todas las prestaciones.

De esta forma, aquellos profesionales que presten servicios en centros sanitarios y socio sanitarios inscritos en los registros correspondientes; aquellos que atiendan en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios, a enfermos contagiados por el virus SARS-Cov2; y hayan contraído el virus desde la declaración de la pandemia internacional por la OMS hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria tendrán las mismas prestaciones que la Seguridad Social otorga a los afectados por una enfermedad profesional.

Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe donde se haga constar que la actividad profesional conlleva la atención a enfermos contagiados por el virus SARS-Cov2. Una vez acreditado el contagio se presumirá en todo caso que este se ha producido por atender a personas contagiadas por la COVID-19…”.

4. En el documentoadjunto se recogen los textos comparados de las normas vigentes hasta el día 4 de febrero y las modificaciones incorporadas a cada una de ellas en el RDL 3/2021. Como se podrá comprobar, son numerosas.

Buena lectura.