domingo, 31 de enero de 2021

Crisis sanitaria, económica y social. De la reunión (virtual) del Foro de Davos (enero 2021), y a la espera de la presencial en Singapur (mayo), a los datos y problemas (reales) del mundo del trabajo. Lecturas recomendadas de Informes de la OIT y de Oxfam Intermon.

 

1. El lunes 25 de enero, y con duración hasta el día 29, se iniciaba una nueva edición, concretamente la número 55 del Foro de Davos, en esta ocasión totalmente virtual debido a la crisis sanitaria, si bien la organización informó ese mismo días de la celebración de la reunión presencial en Singapur del 13 al 16 de mayo, inicialmente prevista para los días 25 a 28. Para la organización, “la  Reunión Anual Especial de 2021 en Singapur será el primer evento de liderazgo global que abordará la recuperación mundial de la pandemia. Esta reunión en persona congregará a los líderes para centrarse en la creación de soluciones a los retos más acuciantes del mundo”.  "Una cumbre de liderazgo global es de crucial importancia para abordar cómo podemos recuperarnos juntos", dijo Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. "La Reunión Anual Especial de 2021 será un lugar para que los líderes de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnan en persona por primera vez desde el inicio de la pandemia mundial. La cooperación entre el sector público y el privado es más necesaria que nunca para reconstruir la confianza y abordar las fallas que surgieron en 2020.". 

No hay duda de la importancia de todos los asuntos abordados desde una perspectiva global, a la par que es necesario después bajar a conocer los datos y los problemas no virtuales sino muy cercanos y presenciales que afectan a un número cada vez mayor de personas trabajadoras, ya estén ocupadas, en situación de desempleo, inactivas por no poder buscar activamente empleo, trabajando en la informalidad o de manera formal, en situación irregular o regular en  cuanto al cumplimiento de los requisitos legales para poder trabajar, respetándose o no las normas que regulan las condiciones de trabajo, y añadan aquí todas las demás características o circunstancias que consideren relevantes…, sin olvidar que cuando hablemos del mundo laboral deberíamos referirnos en especial a quienes sufren mas las consecuencias de la crisis, y me parece que son los jóvenes, y dentro de este grupo (¿hasta qué edad llegamos?, 25, 30 , 35 años?) las mujeres, y  en muchos países las jóvenes migrantes. No es una reflexión en el vacío, sino extraída de los datos facilitados en informes internacionales y también de los que reflejan la realidad laboral española y que ponen de manifiesto, por si quedaba alguna duda, la importancia de apostar fuertemente desde el sector público, con la participación del sector privado, en políticas de formación e inserción en el mundo laboral en especial para aquellas y aquello que tienen poca cualificación profesional.

2. Desde la páginaweb del Foro de Davos 2021 hemos podido seguir todos los debates virtuales sobre los siete temas en los que se ha estructurado este año, y que en buena lógica (que desde luego puede fallar) deberían seguir siendo los de la futura (a salvo de posibles rebrotes de la crisis sanitaria) reunión presencial, y que han contado con la presencia de muy destacadas y destacados ponentes, con la participación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el panel sobre el futuro del trabajo y la necesidad de un nuevo contrato social que aborde los retos sociales y económicos del siglo XXI en la búsqueda de la recuperación de la cohesión social, tan desgastada por políticas de los últimos años que no han tenido en absoluto en consideración los intereses de una gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de todos los países del planeta, con especial afectación negativa a las personas que viven en países de los llamados poco desarrollados o en vías de desarrollo. En la presentación del Foro se afirmaba que “La pandemia de COVID-19 ha demostrado que ninguna institución o individuo puede abordar por sí solo los retos económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos de nuestro complejo e interdependiente mundo. La pandemia en sí no transformará el mundo, pero ha acelerado los cambios sistémicos que eran evidentes antes de su aparición. Las líneas de falla que surgieron en 2020 aparecen ahora como encrucijadas críticas en 2021. El momento de reconstruir la confianza y de tomar decisiones cruciales se acerca rápidamente, ya que la necesidad de reajustar las prioridades y la urgencia de reformar los sistemas se hacen más fuertes en todo el mundo”. 

¿Cuáles son las cuestionesque se ha abordado en el Foro de Davos virtual. Son las que relaciono a continuación junto con la breve síntesis publicada en la página web para cada una de ellas:

Cómo salvar el planeta. 

La Tierra se está calentando, el hielo se está derritiendo, el nivel de los océanos está aumentando y se están llenando de plástico. Estamos perdiendo especies, acumulando gases de efecto invernadero y nos estamos quedando sin tiempo. Es fácil que nos falte el ánimo. Y, sin embargo, hay muchas razones para estar alegre: la consigna es 'sostenible' y se aplica a todas las áreas de la actividad humana: energía, alimentos, ropa, viajes, ciudades y todo lo demás. Pero incluso si todo fuera 100 por cien sostenible, todavía habría trabajo por hacer para reparar el daño que hemos hecho. ¿Por dónde empezar? 

Economías másjustas.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la esperanza media de vida en el mundo ha aumentado 30 años. Mientras tanto, el acceso a la salud y la educación ha sacado a miles de millones de la pobreza. Pero la desigualdad económica dentro de muchas naciones se ha disparado, la movilidad social ha retrocedido y la cohesión se ha debilitado. Ahora se teme que la nueva tecnología empeore las cosas. ¿Cómo podemos reformar las economías para que el crecimiento beneficie a la mayoría y no solo a unos pocos y para asegurarnos de que el extraordinario motor del desarrollo humano sea sostenible?  

Tecnología para el bien. 

La nueva tecnología siempre es disruptiva. Crea ganadores y perdedores, destruye unos empleos y crea otros, e introduce un profundo cambio social. Pero la vertiginosa velocidad y el verdadero peso de esta etapa de cambio técnico es, en realidad, una amenaza a la definición misma de lo que es ser humano. Se nos presenta una gran variedad de dilemas éticos. ¿Cómo unirnos para acordar las reglas sobre cosas como los bebés genéticamente modificados, los robots de guerra y los algoritmos que determinan nuestras posibilidades de vida? ¿Deberíamos ralentizar un poco las cosas? 

Empresas másjustas.

 Desde la primera Revolución Industrial, las empresas han estado en primera línea del cambio tecnológico y social. No hay forma de que creemos un mundo cohesionado y resiliente sin ellos. Pero para hacer esto, necesitaremos que cambien sus horizontes temporales, mirar más allá de los beneficios a corto plazo y se transformen en organizaciones sostenibles e inclusivas. ¿Qué ha de hacer una empresa inteligente? 

Futuros más saludables.  

El gasto mundial en salud ha aumentado drásticamente en la última década. Asuntos que antes se limitaban a una consulta médica van perdiendo el peso del estigma. La soledad, el estrés laboral, el duelo, la depresión o la ansiedad son solo algunos de las cuestiones de salud mental de los stakeholders se están haciendo conscientes. Las dolencias físicas también son parte del problema. La ciencia médica ha dado grandes pasos, y la tecnología ahora promete el sueño de la "medicina de precisión" que ya aparecía en los libros y películas de ciencia ficción. ¿Cómo identificar y resolver los principales desafíos de salud al tiempo que garantizamos un acceso justo para todas las personas?  

Más allá de la geopolítica. 

Existen 193 naciones, una proliferación de centros regionales de poder y una realidad irrefutable: estamos juntos en esto. La buena noticia: cuando nos lo proponemos, realmente podemos lograr que nuestra acción internacional sea una. Como cuando tratamos el deterioro de la capa de ozono. O cuando llegamos al Acuerdo de París para limitar el cambio climático. La noticia no tan buena: el nivel de los desafíos a los que nos enfrentamos exige muchas más historias de éxito. Necesitamos pasar de la geopolítica y la rivalidad internacional a la única posible solución de colaboración global. Las naciones van a tener que cambiar.  

3. Y dejo para el final la que centra mi atención en este entrada respecto a gran parte de su contenido, El futuro del trabajo.  cuya presentación es la siguiente:

“Cualquier persona con un teléfono móvil puede acceder al material de cursos para obtener un título de Harvard, participar en la "gig economy” o encontrar financiación para su nuevo proyecto. Ese es un cambio profundo y muy reciente. Las tecnologías que están alterando nuestras vidas económicas y sociales también nos están ayudando a adaptarnos. Pero la historia sugiere que si lo dejamos en manos del mercado, la Cuarta Revolución Industrial nos conducirá a un largo y perjudicial período de discontinuidad. Podemos verlo venir, sabemos que vamos a tener que adquirir nuevas habilidades, pero, ¿qué vamos a hacer al respecto?”.

El evento se centró en cómo avanzar en un nuevo contrato social, contando como ponentes con Hilary Cottam, James Quincey, Pedro Sánchez, Sharan Burrow, Paul Kagame, Jo Ann Jenkins, Saadia Zahidi. En el panel se partía de la premisa de que “Cerca de 1.600 millones de los trabajadores más vulnerables de la economía en los mercados laborales mundiales han perdido su capacidad de ganarse la vida de forma decente en el contexto de la pandemia, al tiempo que se han puesto de manifiesto las insuficiencias de las redes de seguridad para la mayoría de la población trabajadora del mundo”, y se pedía que el Panel examinara “qué respuestas son más eficaces y cuáles son las características emergentes de un nuevo contrato social entre gobiernos, empresas y ciudadanos”.    

Sobre ese nuevo contrato social tan necesitado para renovar, reforzar, fortalecer, la debilitada cohesión social, el sindicalismo internacional, a través de la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (ICTU-CSI), Sharan Burrow, ha presentado sus reivindicaciones en el Foro, tanto en el citado debate como en una sesión organizada por la CSI y dedicada dicho a tema,   afirmando que “Las opciones adoptadas por los líderes mundiales y por las empresas en 2021 deberán responder al llamamiento de los trabajadores y la sociedad civil para una reforma del modelo económico y contribuir a crear un futuro sostenible, en lugar de mantener las cosas como estaban y conservar un modelo de codicia corporativa que profundiza las desigualdades, la exclusión y la desesperación, perpetuando la inestabilidad para nuestras comunidades y para el planeta”.

Los cinco elementos sobre los que se debe construir este nuevo contrato social han sido ya bien explicados y demandados en muchos documentos anteriores, y ahora se sintetizan para insistir en su importancia real para un futuro mejor para la población trabajadora, que es en definitiva la mayor parte de la que puebla el planeta. Son estos:

“Creación de empleos respetuosos con el clima con medidas de transición justa. Transformación industrial generadora de empleo para lograr cero emisiones netas de carbono, junto con puestos de trabajo en sanidad, educación y otros servicios públicos de calidad.

Derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su modalidad de empleo, para cumplir la promesa de la Declaración del Centenario de la OIT, con un piso de protección laboral incluyendo derechos, límites máximos de horas de trabajo, salarios mínimos vitales y salud y seguridad en el trabajo.

Protección social universal, con el establecimiento de un Fondo para la Protección Social destinado a ayudar a los países menos ricos.

Igualdad. Poner fin a cualquier tipo de discriminación, ya sea en base a la raza o al género, para garantizar que todas las personas compartan la prosperidad y que la tremenda concentración de riquezas en manos de unos pocos a expensas de la mayoría pueda revertirse.

Inclusión. Combatir el creciente poder de monopolios y oligarcas, asegurando que los países en desarrollo puedan realmente desarrollar sus economías y garantizar sistemas impositivos que aporten los ingresos vitales para permitir a los Gobiernos responder a las necesidades de la población y del planeta. Un enfoque inclusivo para hacer frente a la pandemia de COVID-19 es fundamental, tanto en términos de apoyo económico como de acceso universal a pruebas, tratamiento y vacunas.

4. De las granes proclamas, de las grandes reivindicaciones, de los grandes debates (virtuales desde hace muchos meses) sobre el futuro del trabajo y el nuevo contrato social, hemos de pasar al conocimiento de los datos y problemas actuales (no virtuales) de millones de personas en el mundo,  así como de los que afectan a una parte cada vez menos menospreciable de la población trabajadora española.

Para examinarlos, he acudido a dos documentos internacionales publicados el mismo día de inicio del Foro.

En primer lugar, el Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. 7ª edición  del que se encuentra publicada además una amplia nota informativa en la que se pone de manifiesto que los datos de 2020 ponen de manifiesto   una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos, y previendo para 2021 “una recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas de recuperación centradas en las personas”, y del que destaco ahora estas manifestaciones: .

“Las nuevas estimaciones “ponen de manifiesto efectos adversos generalizados en los mercados del trabajo a lo largo de 2020. Según esas estimaciones, a lo largo del pasado año la cantidad de horas de trabajo a escala mundial se redujo en un 8,8% (con respecto al cuarto trimestre de 2019), equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo. Esta pérdida es aproximadamente cuatro veces mayor que la que provocó la crisis financiera mundial de 2009.

Dicha pérdida de horas de trabajo obedece a la reducción de horas de trabajo de personas ocupadas, o a la disminución "sin precedentes" del nivel de ocupación, que afectó a 114 millones de personas. Cabe destacar que la disminución de la ocupación (81 millones de personas) constituyó, en el 71% de los casos, una salida de la fuerza de trabajo, más que del desempleo propiamente dicho; es decir, se produjo una salida del mercado de trabajo por no poder trabajar, probablemente debido a las restricciones de la pandemia, o porque las personas afectadas dejaron de buscar trabajo. El análisis del desempleo por sí solo subestima drásticamente el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral.

Estas pérdidas generalizadas provocaron una disminución del 8,3% de los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial (antes de que aplicaran medidas de apoyo para garantizar los ingresos), equivalente a 3,7 billones de dólares de EE.UU, o al 4,4% del producto interno bruto (PIB) mundial.

Las mujeres se han visto afectadas en mayor medida que los hombres por las consecuencias adversas de la pandemia en el mercado laboral. A escala mundial, la tasa de ocupación de las mujeres se redujo en un 5%, frente al 3,9% en el caso de los hombres. En particular, las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de salir del mercado de trabajo y de dejar de formar parte de la fuerza de trabajo.

Los trabajadores más jóvenes también se han visto particularmente afectados, ya sea por la pérdida de empleo, la salida de la fuerza de trabajo, o la incorporación tardía a la misma. La tasas de ocupación de los jóvenes (de 15 a 24 años) disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. Ello "pone de relieve un riesgo muy elevado de una generación perdida", según se señala en el Observatorio.

En el informe se destaca asimismo una repercusión desigual por sector económico, zona geográfica y mercado de trabajo. Por otro lado, se pone de manifiesto la inquietud de que se produzca una "recuperación en forma de K", es decir, de que los sectores y los trabajadores más afectados se queden atrás durante el proceso de recuperación, lo que daría lugar a una desigualdad cada vez mayor, a menos que se adopten medidas correctivas.

El sector más afectado ha sido el de la hotelería y la restauración, en el que la tasa de ocupación se redujo en más del 20%, en promedio, seguido de los sectores del comercio minorista y las actividades de producción industrial. Por otro lado, la tasa de ocupación en el sector de la información y la comunicación, así como en el de las finanzas y los seguros, aumentó en el segundo y tercer trimestre de 2020. También se registró un aumento marginal en los sectores de la minería y la extracción de minerales, así como en los servicios públicos”.

Para el Director General de la OIT Guy Rider, “Nos enfrentamos a una disyuntiva: una opción conduce a una recuperación dispar y no sostenible, con una desigualdad e inestabilidad cada vez mayores, susceptibles de agravar la crisis. La otra lleva a una recuperación centrada en las personas, con el fin de reconstruir mejor y promover el empleo, los ingresos y la protección social, así como los derechos de los trabajadores y el diálogo social. Si queremos una recuperación duradera, sostenible e integradora, este es el camino que deben seguir los responsables políticos.”.

Mirando al futuro, la OIT formula varias propuestas tendentes al “fomento de una recuperación centrada en el ser humano” y que preste especial atención a aquellos países en los que la crisis ha tenido una mayor repercusión y que “ya se encontraban en una situación desfavorable previamente”, por lo que la solidaridad internacional es del todo punto necesaria. Propugna el mantenimiento de una política macroeconómica flexible, siendo necesario mantener el paquete de ayudas destinadas garantizar los ingreso de las personas afectadas por la crisis, y por ello se considera primordial “proteger el empleo y facilitar el repunte de la actividad económica”, y fortalecer los sistemas de protección social. Especial importancia concede a las medidas que deben dirigirse a jóvenes, mujeres y personas trabajadoras poco cualificadas, en donde cobrarán especial importancia los programas puestos en marcha a través de los servicios de empleo que incluyan “iniciativas de capacitación a tenor de las nuevas necesidades”. Y, por supuesto, sin olvidar el “santo y seña” de la OIT, foro tripartito, cual es la instrumentación y adopción de medidas que se basen en el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, con la finalidad, ya apuntada en la declaración del centenario de la OIT, de “encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible”.

En segundo lugar, y como ya he indicado, el mismo día 25 de enero se publicaba  el Informe de     Oxfam Intermon que lleva este año por título “El virus de ladesigualdad”, con el amplio subtítulo de “Cómo recomponer un mundo devastadopor el coronavirtus a través de una economía equitativa, justa y sostenible”.  cuya síntesis es la siguiente:

“Este informe revela que la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que empezaron a registrarse datos hace más de un siglo.

La pandemia de coronavirus tiene el potencial de agravar la desigualdad en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que existen registros. El virus ha puesto al descubierto y ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales, a la vez que se ha alimentado de ellas. Más de dos millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza, mientras que la mayoría de las personas y empresas más ricas del mundo sigue enriqueciéndose. Las fortunas de los milmillonarios han recuperado el nivel previo a la pandemia en tan solo nueve meses, mientras que para las personas en mayor situación  de pobreza del mundo esta recuperación podría tardar más de una década en llegar. La actual crisis ha puesto al descubierto nuestra fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad. No obstante, también nos ha enseñado que la acción de los Gobiernos es vital para proteger nuestra salud y nuestros medios de vida. De repente, se ha demostrado que es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran impensables. No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía y los Gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible”.

Algunos datos para reflexionar sobre las desigualdades existentes en el mundo laboral a escala mundial: “… mientras que el 90 % de las trabajadoras y trabajadores estadounidenses que se encuentran en el cuartil con más ingresos tiene derecho a licencia remunerada por enfermedad, tan solo el 47 % de quienes se encuentran en el cuartil con menores ingresos disfrutan de ese derecho.53 En los países de renta baja, el 92 % de las mujeres trabaja en el sector informal o tiene empleos peligrosos o inseguros.54 El coronavirus también ha generado un enorme incremento del volumen de trabajo de cuidados mal remunerado o no remunerado, que recae principalmente sobre las mujeres, y especialmente sobre las mujeres pertenecientes a grupos excluidos por razones de origen racial o étnico”. Me alegra coincidir con el Informe cuando afirma, ciertamente con otras palabras, que las y los (trabajadores) prescindibles antes (de la crisis) pasaron a ser imprescindibles durante (la crisis), citando a “enfermeras y enfermeros, conductores y conductoras de autobús, y las personas que trabajan en supermercados, y no los directivos de los fondos de cobertura o los abogados de grandes empresas”.

Una tesis del documento, que comparto plenamente, es que “El virus ha demostrado que es imprescindible que los ingresos estén garantizados, y también que es posible encontrar una salida permanente a la pobreza. Para lograrlo, no solo necesitamos salarios dignos, sino una seguridad laboral mucho más sólida, lo cual incluye garantizar los derechos laborales, las licencias por enfermedad y maternidad y paternidad remuneradas, y las prestaciones por desempleo para aquellas personas que pierdan su trabajo”.

No menos relevante es la reflexión, apoyada en datos estadísticos, que se realiza sobre la difícil situación de la población migrante, 272 millones de personas en todo el mundo y de las que dos tercios son migrantes por motivos laborales, ocurriendo que “tienen más probabilidades de trabajar con contratos temporales, estar peor remuneradas, carecer de seguridad laboral y realizar tareas incompatibles con el teletrabajo. A pesar de ello, tienen menos probabilidades de que las respuestas al coronavirus tengan en cuenta su situación y les ofrezcan protección…. , Las personas migrantes y solicitantes de asilo tienen más probabilidades de verse obligadas a trabajar fuera del sector formal, de manera que cuentan con un nivel de protección mucho menor, lo que hace que sus despidos tengan un impacto aún más negativo. En concreto, las personas LGBTQIA+ migrantes y solicitantes de asilo se ven especialmente afectadas por las dificultades económicas, la inseguridad de la vivienda, y una salud mental frágil.. “. Y un reflejo directo de la crisis sobre la economía de los países de los que migra buena parte de la población es que la pandemia “ha provocado una caisa del 22 y 23 % respectivamente de las remesas enviadas desde el extranjero a Asia y África subsahariana”.

Situación de crisis laboral que no es solo actual sino que se arrastra también desde hace tiempo con afectación a quienes perciben bajos ingresos en los Estados miembros de la UE. Los últimos datos facilitados por la Oficina estadística Eurostat  a mediados del pasado mes de diciembre nos informan de que “En 2018, el 15,3% de los asalariados de la Unión Europea (UE) eran asalariados con salarios bajos (esto significa que ganaban dos tercios o menos de la mediana nacional de los ingresos brutos por hora), en comparación con el 16,4% en 2014. El 18,2% de las mujeres asalariadas tenían salarios bajos en 2018, frente al 12,5% de los hombres. En 2014, el 19,9% entre las empleadas y el 13,2% entre los hombres eran asalariados con salarios bajos”, y que “Cuanto más bajo sea el nivel educativo de una persona, mayor será la probabilidad de que tenga un salario bajo. Más de una cuarta parte (27,1%) de los empleados de la UE con un nivel educativo bajo son asalariados con salarios bajos. El número de asalariados con un nivel de formación medio es menor (18,0% de los asalariados), mientras que los asalariados con un nivel de formación alto sólo representan el 4,6% de los asalariados con un nivel de formación bajo. El 28,1% de los asalariados con contrato de duración limitada son asalariados con salarios bajos, frente al 12,8% de los asalariados con contrato indefinido”.

5. Por fin, también es recomendable la lectura del Informe sobre la realidad española, “Superarla pandemia y reducir la desigualdad. Como hacer frente a la crisis sin repetirerrores”, que ha sido elaborado por José Moisés Martín Carretero, Anabel Suso Araicoy Juan Fernández Fonseca (equipo Red2Red) e Iñigo Macías Aymar y Lara Contreras (Oxfam Intermón). cuya síntesis es la siguiente:

“El impacto de la COVID-19 en España nos podría devolver a índices de desigualdad semejantes a los experimentados durante los peores años de la crisis anterior, como resultado, sobre todo, de la pérdida de empleo de las personas más vulnerables: jóvenes, mujeres y migrantes. Además, el efecto de este golpe nos llevaría a niveles de pobreza inéditos.

Pero está situación se puede revertir tomando las decisiones políticas adecuadas tanto en el ámbito del mercado de trabajo, como aquellas relacionadas con el gasto social o la necesaria reforma fiscal para financiarlas. Los fondos europeos también deben ser una oportunidad para generar más equidad. Así lo demuestran algunas medidas tomadas por el Gobierno para paliar la primera fase de la pandemia.

Este informe analiza el impacto de la pandemia en la desigualdad económica y social, respecto a la situación previa a su llegada, evaluando su desigual incidencia en diferentes sectores de la población y examinando sus efectos en las condiciones socioeconómicas y de empleo. Asimismo, estima el impacto de algunas de las políticas públicas puestas en marcha para proteger a la población. La puesta en marcha de estos mecanismos de protección, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ha salvado a cientos de miles de personas de la pobreza y ha supuesto un importante cambio respecto a la anterior crisis. También se analizan otros mecanismos, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para los que los resultados no han sido los inicialmente esperados”.

Al igual que se destaca en el Informe de la OIT antes referenciado, el de Oxfam Intermon subraya, haciendo expresa mención a la importancia que han tenido los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) en el mantenimiento de la ocupación, que “2020 será el año en el que comprendimos que las políticas públicas importan, y mucho, para mitigar los efectos sociales de la desigualdad”; una desigualdad que hunde en gran medida sus raíces, y de ahí las dificultades para su corrección, en la estructura del mercado de trabajo español y también “en el desigual reparto de rentas entre capital y trabajo en la salida de la crisis y en el escaso componente redistributivo de nuestro gasto público”.

He enfatizado con anterioridad la especial afectación de la crisis sobre la población joven, y el informe aporta datos estadísticos que así lo confirman, ya que es la población menor de 30 años la más perjudicada, seguida de la de 30 a 49 y en menor medida de las de 50 a 64 años. Una explicación plausible de ello, y que se señala, con acierto a mi parecer, es que “ El acceso al empleo se ha configurado como el principal factor de generación de desigualdad a lo largo de la pandemia, afectando fundamentalmente a las personas con contratos temporales y más precarizados, problema que afecta principalmente a quienes son menores de 30 años”, además de ampliar las diferencias por razón de género  en el conjunto de la población, y sin olvidar tampoco el importante impacto sobre la población migrante, particularmente la que se encuentra en situación administrativa irregular, dada su importancia presencia en el sector de servicios al hogar y también en el de la restauración, especialmente afectados por la crisis.

En definitiva, y siempre sin olvidar la perspectiva de género, se concluye de todos los datos estadísticos disponibles que “las personas jóvenes, aquellas con menor nivel de formación y las extranjeras han sido las principales afectadas por la destrucción de empleo: en otras palabras, aquellas personas que ya disponían de empleos en peores condiciones, con menos posibilidades de teletrabajar y muy vinculados al sector de servicios elementales como la hostelería y el comercio minorista”.

Entre las propuestas que se formulan para corregir estas situaciones económicas y sociales generadoras de desigualdad, cabe destacar a mi parecer las de “Mejorar a medio plazo la estructura ocupacional, aumentando el peso en la economía de sectores de mayor valor añadido, mediante el aprovechamiento de la transición energética para generar empleo de calidad, así como del fortalecimiento del Estado del Bienestar y de las oportunidades de la digitalización”, y “Promover cambios legislativos encaminados a reducir la precariedad laboral que no vuelvan a pasar por la desregulación laboral y, por tanto, no generen un nuevo empleo precario”, con una amplia batería de propuestas concretas en materia de contratación de duración determinada, a tiempo parcial y políticas de subcontratación.

No menos importante, y que enlaza con el debate actualmente abierto sobre la reforma del Reglamento de la Ley de extranjería, es la propuesta de reforma de dicha normativa para facilitar el acceso de las personas migrantes al trabajo en condiciones dignas, y que van desde el planteamiento máximo, como medida de urgencia, de “habilitar un proceso de regularización administrativa que permita el acceso al permiso de trabajo por razones extraordinarias de las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que actualmente impone la Ley de Extranjería, como medida imprescindible para facilitar su acceso a empleo formal en condiciones dignas. Para ello, proponemos activar el mecanismo previsto en la Disposición Adicional Primera del actual Reglamento de Extranjería, por el que las actuales circunstancias de naturaleza económica, social y laboral permitirían dictar criterios y procedimientos para otorgar autorizaciones de residencia y trabajo de manera extraordinaria, en el marco de las provisiones del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo”, hasta otros más posibilistas como son “En el corto plazo, revisión de la Ley de Extranjería vigente, flexibilizando los criterios de arraigo para que respondan a la realidad actual y a las necesidades de las personas migrantes que forman parten de la sociedad española. En caso de irregularidad sobrevenida, seguir prorrogando, de forma automática, autorizaciones de residencia y trabajo, hasta que termine el actual estado de alarma y revisar de nuevo en ese momento. Firmar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”.

6. Por último, no está de más recordar los datos más importantes, a la par que preocupantes por lo que respecta a la caída de la ocupación y el aumento de desempleo, que se extraen de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020,   que son los siguientes: 

“El número de ocupados aumenta en 167.400 personas en el cuarto trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior (un 0,87%) y se sitúa en 19.344.300. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 1,29%. El empleo ha descendido en 622.600 personas (un –3,12%) en los 12 últimos meses.

- La ocupación aumenta este trimestre en 42.000 personas en el sector público y en 125.400 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 125.800 personas en el sector público y ha descendido en 748.400 en el privado.

- Los asalariados suben este trimestre en 133.500. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 26.300, mientras que los de contrato temporal lo hacen en 107.200. En variación anual, el número de asalariados disminuye en 604.600 (el empleo indefinido baja en 207.500 personas y el temporal en 397.100). El número de trabajadores por cuenta propia sube en 28.900 este trimestre y desciende en 19.800 en los 12 últimos meses. El número de parados desciende este trimestre en 3.100 personas (–0,08%) y se sitúa en 3.719.800. En términos desestacionalizados la variación trimestral es de –1,56%. En los 12 últimos meses el paro ha aumentado en 527.900 personas (16,54%).

- La tasa de paro se sitúa en el 16,13%, lo que supone 13 centésimas menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa se ha incrementado en 2,35 puntos n la Agricultura, 30.900 en la Construcción y 5.900 en la Industria. En el último año el empleo baja en los cuatro sectores, sobre todo en Servicios (537.100 menos) y en la Industria (–70.100).

- Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Andalucía (–25.100) Comunitat Valenciana (–24.800) y Región de Murcia (–16.800). Y los mayores incrementos en Cataluña (31.300 parados más), Illes Balears (21.900) y Comunidad de Madrid (21.000). En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en Extremadura (–12.200 menos), Región de Murcia (–5.500) y Galicia (–3.200). Los mayores incrementos de paro en el último año se dan en Cataluña (132.100 parados más),  de Madrid (127.700) y Andalucía (83.400).

- El número de activos se incrementa este trimestre en 164.300, hasta 23.064.100. La tasa de actividad sube 36 centésimas y se sitúa en el 58,19%. En el último año la población activa se ha reducido en 94.700 personas.

- Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Andalucía (97.800 más), Comunidad de Madrid (62.100) y Castilla–La Mancha (22.300). Los mayores descensos se observan en Illes Balears (–50.000), Región de Murcia (–4.500) y Cantabria (–3.600). En el último año casi todas las comunidades disminuyen su ocupación. Cataluña (137.600 ocupados menos), Canarias (–112.800) y Comunidad de Madrid (–107.100) presentan las mayores bajadas”.

Buena lectura.

 

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