miércoles, 10 de junio de 2020

COVID-19. Actualización a 9 de junio de normativa, resoluciones judiciales, y aportaciones económicas, jurídicas y sociales.



 
Actualizo en esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización, y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo con sus contenidos. 

Dado que el número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con regularidad, es necesario remitirse al   Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico”     que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a medida que se van dictando.




Los jóvenes deben afrontar complejas situaciones en el mercado laboral aun en períodos de bonanza. Antes de la pandemia de la COVID-19 eran tres veces más proclives que los adultos a estar desempleados. La crisis amenaza ahora con exacerbar la desigualdad entre países y a escala nacional.



El nuevo número de Carta Local ya está online. En esta nueva edición, realizada y distribuida de forma digital en su totalidad, se puede encontrar las propuestas de la FEMP y los esfuerzos del mundo local por la incipiente reconstrucción tras la crisis de la COVID-19. Entre otros temas, se puede encontrar el documento ‘Pilares Locales para la Reactivación Económicay Social de la Administración Social '; además de las propuestas locales en materia de turismo, comercio, transporte y movilidad y Cultura. 



“… la nota incluye un escenario denominado «de recuperación temprana» y otro «de recuperación gradual» (así como también uno de riesgo). En el primero se asume que la mejoría de la actividad observada desde el tramo final del segundo trimestre prosigue con posterioridad sin que se registren nuevos obstáculos (de naturaleza sanitaria, económica o financiera) de envergadura relevante. Bajo el escenario de recuperación gradual, se asume una incidencia sobre la actividad algo mayor de las medidas adoptadas para contener la pandemia en el segundo trimestre; además, no se descartan ni la posible aparición de nuevos brotes de la epidemia (que, aunque de menor virulencia que el episodio original, pudieran llevar a la reintroducción de ciertas medidas de contención) ni el surgimiento de daños más persistentes en el tejido productivo. En ambos escenarios, la incertidumbre acerca del desarrollo de la enfermedad, que se mantendrá previsiblemente hasta entrado el próximo año, actuará como freno del gasto de hogares y empresas.





Os relacionamos a continuación todas las informaciones oficiales referentes a las acciones para prevenir y controlar el coronavirus, con una explicación técnico-jurídica elaborada diariamente por la FMC



… El ingreso mínimo vital (IMV), tal y como establece el art. 2.1, se configura como un derecho subjetivo a una prestación económica no contributiva del Sistema de Seguridad Social y sin perjuicio de otras ayudas autonómicas (art. 2.2). El propósito es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y mientras persista (art. 3.c).

Con esta finalidad, se trata de compensar el diferencial entre los recursos económicos (de cualquier naturaleza) de una persona individual o de una unidad de convivencia y el umbral mínimo (art. 3.a).

Se trata de una prestación finalista (intransferible e inembargable – art. 3.d), pues, como establece el art. 2.1, «persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias» y, más específicamente, «se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad» (art. 3.d).

Y, en este sentido, la norma articula un «diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones» (art. 3.d). En este sentido, como se establece en el art. 28.2, «los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno». 




Unai Sordo, secretario general de CCOO ha reflexionado en conversación con Ignacio Escolar sobre el papel de la organización y los retos que tienen por delante para dar respuestas a la ciudadanía. 
En este sentido, ha autoalabado la capacidad que han tenido los sindicatos "para reinventar una organización de cientos de miles de personas y atender las demandas de la población". Sordo ha señalado que se anticiparon a lo que estaba por venir con el acuerdo de los ERTE "antes de que se decretara el estado de alarma", ya que intuían que se iba a producir una fuerte caída del empleo. 
Sobre esta medida de flexibilización puesta en marcha durante la pandemia, el secretario general de CCOO cree que hay que mantenerlos un tiempo, ya que muchas actividades volverán "con restricciones", y ha defendido que "el dinero que se invierta ahora evitará la destrucción de puestos de trabajo".

En cuanto a qué pasos habrá que seguir para poder ir prescindiendo de esta medida a la vez que avanza la desescalada, Sordo ha propuesto que se acompañen los ERTEs con "medidas flexibles" que faciliten el proceso de vuelta a la normalidad en los puestos de trabajo.



De entrada, disculpen por el título, no he sabido encontrar otro mejor. Me encuentro entre los que valoran muy positivamente la aprobación por el Gobierno, y en un plazo muy breve, del ingreso mínimo vital. Un avance cualitativo en nuestro sistema de protección social, que crea un nuevo derecho subjetivo no condicionado a la contribución previa de sus beneficiarios, ni a la disponibilidad presupuestaria sino a las necesidades vitales de las personas. 
Ello no me impide añadir que hay aspectos que podrían mejorarse si se termina tramitando como Proyecto de Ley. Y entre ellos destaca uno de gran trascendencia, la del modelo -aunque mejor sería decir el (no)modelo de gestión establecido en la norma. 
….. El modelo definitivo debe ser muy ágil y lo más armonizado posible, aunque eso sea más fácil de decir que de conseguir. Algunas de las personas que accedan al ingreso mínimo vital pueden tener derecho también a otras prestaciones de las CCAA muy dispersas y diversas entre sí – en el 2018 fueron 679.180 personas en toda España. 
Además, la propia ley ha previsto –muy acertadamente- que el IMV vaya acompañado de acciones de inserción laboral y social que son competencia de las CCAA y algunas las ejecutan los Ayuntamientos. 
… Con todos estos ingredientes, creo que se puede concluir que la fórmula apuntada por el Decreto Ley 20/2020 de conveniar la gestión con las CCAA solo se justifica si el resultado final es eficiencia y celeridad en la gestión del IMV. Por la naturaleza de la prestación y las personas beneficiarias, no es un aspecto secundario sino un tema central. 
Parecería lógico que la administración central del Estado, que financia esta prestación, exija para conveniar la gestión que las CCAA se comprometan a cumplir algunos requisitos, relativos a períodos máximos de resolución, transparencia y participación en un sistema informativo único y que la duración de los convenios sea temporal y sometidos a revisión. 
Sé que a algunos, fijando la mirada en el fuero – competencias- y no en el huevo –las personas beneficiarias- esta propuesta no les gustará, pero me parece ineludible si de verdad nos creemos que en el centro de la política están las personas y no las estructuras políticas y administrativas.  
Acertar en el modelo de gestión no es una minucia, porque las leyes mejor intencionadas en ocasiones embarrancan en su aplicación y no nos podemos permitir que al ingreso mínimo vital le suceda algo parecido que a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Tan importante como reconocer por ley un derecho es que las personas beneficiarias puedan acceder rápidamente a él. Nos jugamos mucho.  


Este apartado recoge una selección de artículos que formarán parte del próximo Anuario Internacional CIDOB, cuya 30 edición se publicará el próximo mes de julio. Además de echar la vista atrás, mediante artículos que repasan los cambios en las relaciones internacionales de las últimas tres décadas, se analizan los efectos de la Covid-19 para el futuro de la democracia, su impacto sobre la economía o los equilibrios de poder y la rivalidad entre potencias internacionales. ¿Quiénes o qué alianzas y organizaciones saldrán reforzadas y cuáles perjudicadas con esta crisis? ¿Se cerrarán o se ensancharán las fracturas sociales y políticas entre países? ¿Dónde quedará la ola de protestas globales que marcó el final del 2019? La lucha contra la Covid-19, ¿unirá o dividirá más a la comunidad internacional? 


9. Carme Porta y Sara Babiker. Un horizonte feminista: la rentabásica.  7 de junio.

Y si hablamos de renta básica universal es porque como con la Educación o la Sanidad, entendemos la universalidad en un sentido amplio desde la perspectiva del derecho: un derecho que incluya también a las mujeres (y hombres) migrantes independientemente de su situación administrativa, uno de los colectivos que más cara está pagando esta crisis. Ni la medidas de conciliación ni el Ingreso Mínimo Vital las tiene en cuenta. Entendemos que ampliar el derecho a un mínimo material para todas es radicalmente feminista.

Se nos está hablando de una “nueva normalidad”, nosotras queremos hablar de una nueva construcción social en base a la equidad y no seguir reproduciendo los errores de la crisis del 2008. El actual modelo económico es injusto y desigual. Necesitamos un piso común, un mínimo seguro que nos preserve de la dependencia económica, que nos permita planificar cual es la nueva normalidad que queremos sin la presión de no poder mirar más allá de la supervivencia. Y esto nos iguala a todas, y también a todos.

10. Isabel Mastrodomenico. Con o sin covid-19, ni un paso atrás en igualdad   7 de junio.


Necesitamos una respuesta clara y ágil de quienes administran los recursos y las instituciones públicas y que no se olviden que están allí porque hemos sido, nosotras, la ciudadanía, quienes les hemos puesto allí. Por ello estamos en todo nuestro derecho de exigir que se otorgue prioridad a las situaciones de mayor urgencia y vulnerabilidad.

Ahora bien, internacionalmente se están haciendo lecturas acerca de cómo esta crisis está afectando específicamente a las mujeres: aquellas que se han quedado en el paro, las que están teletrabajando o formando parte de esas ocupaciones denominadas "esenciales", o llevaban meses o años en una búsqueda activa se empleo; sobre cómo nos afecta a nivel de contagio el virus, nuestra exposición y cuales han sido las consecuencias de esto; sobre las dobles o triples jornadas a las que nos estamos viendo abocadas para poder mantenernos en pie, mientras esta ola nos empuja a todas y todos; sobre los recursos con los que contamos o no, para salir de esta crisis, como piezas claves en el entramado social.

Es por esto que ahora mismo, en todo este proceso de "reinvención" o "nueva normalidad" es indispensable reforzar todos aquellos espacios donde se hacen políticas con perspectiva feminista.



Con la crisis de la Covidien-19 hemos visto las debilidades de nuestra economía y de los sistemas de protección de la salud y de protección social; también, las limitaciones de la tecnología y la ciencia. Nos hemos sentido vulnerables. Hemos vuelto a ver que el trabajo es imprescindible para el mantenimiento de la vida y hemos constatado que algunos de los trabajos peor pagados, mayoritariamente feminizadas, eran las insustituibles.

CCOO de Cataluña presenta su contribución para la reconstrucción económica y social con el informe 'Propuestas para un Pacto de Reconstrucción'. Los criterios a partir de los que hemos trabajado son:
- CCOO considera imprescindible que las políticas se acuerden en la Mesa de Diálogo Social. Hay que construir un acuerdo político, institucional y social. La situación es lo suficientemente grave como para que se imponga la responsabilidad comunitaria ante los egoísmos de parte.
- La prioridad absoluta de CCOO es la protección de las personas y la preservación de la salud y la vida. El pensamiento feminista ha sido primordial en la elaboración de estas propuestas.
- Hay que salir adelante, hacia una economía verde, un estado del bienestar sólido y una democracia plena. Sería un error intentar volver al pasado, a un modelo económico que ha causado desigualdad y pobreza.
- El trabajo digno es el factor clave para impulsar un modelo productivo equilibrado e innovador….

 
12. Samuel Bentolila y Juan F. Gimeno. ERTE o no ERTE:esa es la cuestión.  9 de junio.

… En esta entrada abundamos en los fundamentos económicos de los ERTE y ofrecemos otra lectura de la evidencia empírica disponible sobre su eficacia para mantener el empleo ante una reducción transitoria de la actividad económica. Con ello tratamos de señalar luces y sombras en las medidas adoptadas a este respecto y plantear algunas dudas sobre la conveniencia de mantenerlos durante un periodo prolongado.

… En este momento es difícil saber si sectores muy perjudicados por la covid-19, como la hostelería y el turismo (en especial el extranjero), con un gran peso en el empleo en España, se verán afectados de forma duradera, al menos mientras no exista un tratamiento eficaz o una vacuna contra la enfermedad. Mantener el empleo en estos sectores mediante los ERTE solo tiene sentido en tanto en cuanto el efecto sea transitorio.

En los próximos meses, en la medida en que se ponga de manifiesto que la reducción de actividad en estos sectores sea duradera, será más adecuado acotar la duración de los incentivos extraordinarios para los ERTE, favoreciendo así la reasignación de trabajadores de estos sectores a otros menos afectados. Para ello podría ser deseable mejorar transitoriamente su cobertura de prestaciones por desempleo y mejorar la dotación y la calidad de las políticas activas de empleo, como la formación. Una transformación que eleve el crecimiento de la productividad es una vieja asignatura pendiente de la economía española que podría facilitarse de esta forma.

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