Actualizo en
esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así
como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y
reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad
serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y
parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización,
y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen
más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo
con sus contenidos.
Dado que el
número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con
regularidad, es necesario remitirse al
Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico” https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355¬a=1&tab=2 que ha publicado el Boletín Oficial del
Estado y que se actualiza a medida que se van dictando
1. Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que
se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y
marítimos. BOE, 2.
Artículo 1. Objeto
y ámbito de aplicación.
Esta orden tiene
por objeto establecer medidas en los ámbitos de la aviación civil y marina
mercante, en aplicación del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, para las
unidades territoriales que se encuentren en la fase 2 o 3.
Disposición final
primera. Modificación de la Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se
dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros.
La Orden
TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
reducción de los servicios de transporte de viajeros, queda modificada como
sigue:
Uno. El apartado 1
del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los servicios de transporte público de
viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal
que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de
operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:
i) Servicios ferroviarios de media
distancia: 70 %.
ii) Servicios ferroviarios de media
distancia-AVANT: 70 %.
iii) Servicios regulares de transporte de
viajeros por carretera: 70 %.
iv) Servicios de transporte aéreo sometidos
a OSP: 70 %.
v) Servicios de transporte marítimo
sometidos a contrato de navegación: 70 %.
Estos porcentajes podrán ser modificados
por el operador por causa justificada, teniendo en cuenta que, en todo caso,
deben adoptarse las medidas necesarias para procurar la máxima separación
posible entre los pasajeros.
En los servicios previstos en los
subapartados i) a iii), la Dirección General de Transporte Terrestre podrá
adecuar los niveles de servicio que garanticen una prestación mínima en las
conexiones ferroviarias de media distancia y en las rutas o tráficos de
naturaleza periurbana o cuya única alternativa de transporte público sea el
autobús para facilitar el acceso a los puestos de trabajo y servicios básicos
de los ciudadanos en sus territorios, sin que se produzcan aglomeraciones.
En los servicios previstos en el
subapartado iv), la Dirección General de Aviación Civil podrá adecuar los
niveles de servicio para posibilitar una prestación mínima en las conexiones
aéreas sometidas a obligaciones de servicio público al objeto de adecuar la
oferta de estos servicios a la evolución que vaya experimentando la demanda a
medida que avance el proceso de desescalada en los diferentes territorios.»
Dos. Se añade un
apartado 3 al artículo 2 con la siguiente redacción:
«3. En los servicios previstos de líneas
regulares de transporte marítimo, tanto las sometidas a contrato público u OSP
como las que no lo están, la Dirección General de la Marina Mercante podrá
adecuar los niveles de servicio que garanticen una prestación mínima en las conexiones
marítimas, en las condiciones de movilidad que se requieran con los territorios
no peninsulares.»
Grupo
parlamentario socialista. Proposición
no de Ley de prórroga de los ERTEs en el sector turístico de Canarias, ante la
crisis económica y social provocada por la COVID-19.
«El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, dado el impacto que la pandemia del
COVID-19 ha supuesto para toda la actividad productiva y el empleo y, en
particular, para el sector turístico debido a la limitación de la movilidad de
las personas y el tráfico aéreo, prorrogue más allá del estado de alarma y
hasta que se normalice, al menos, la conectividad área, la posibilidad de las
empresas que engloba dicho sector, incluidas las de comercio y hostelería
vinculadas, de acogerse a un ERTE, así como que extienda los ERTEs ya
registrados hasta dicho momento, como fórmula para garantizar que dicho
instrumento cumple con su finalidad de alivio económico para las empresas y de
ayuda a la reactivación económica y el mantenimiento del empleo.»
4. El SEPE ha
reconocido y abonado más de 5,2 millones de prestaciones desde el inicio de la
crisis sanitaria 2 de junio.
El SEPE ha
reconocido y abonado más de 5,2 millones de prestaciones desde el inicio de la
crisis sanitaria, el 16 de marzo, de las que un total de 3.748.009 corresponden
a expedientes de ERTE, que ya están abonados gracias al convenio firmado por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social y las entidades financieras. El SEPE ha
reconocido el 98,5% de las solicitudes recibidas, quedando pendientes nuevas
prestaciones o las que han llegado al Servicio Público de Empleo Estatal con
errores que deben ser subsanados.
Durante el mes de
mayo la cifra total de prestaciones abonadas, por parte del Servicio Público de
Empleo Estatal, ha ascendido a 5.988.572, de las que 791.921 son nuevas
prestaciones. El total incluye las prestaciones por desempleo y los afectados
por un ERTE, incluidos los que regresaron total o parcialmente a la actividad
durante el mes de mayo. El importe total abonado por estas prestaciones ha
ascendido, en el mes de mayo, a 5.121 millones de euros.
5. Eduardo
Rojo Emergencia sanitaria y legislaciónlaboral. Sigue la saga Covid-19. Notas a propósito del RDL 20/2020 de 29 demayo por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. 2 de junio.
El propósito de
esta entrada es realizar algunas anotaciones al Real Decreto-Ley 20/2020de 29
de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. El texto fue aprobado por el Consejo de
Ministros celebrado ese día y publicado en el BOE del 1 de junio, con entrada
en vigor inmediata, y además con una mención, ciertamente peculiar desde el
punto de vista de su encaje en un precepto jurídico, cuál es la contenida en la
disposición transitoria primera, en cuyo apartado 11 se dispone que para la
aplicación de esta disposición, dedicada a la prestación económica transitoria
de ingreso mínimo vital durante 2020, se podrán comenzar a realizar las
operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde
el 29 de mayo de 2020.”
Antonio Baylos ANOTACIONES
A PROPÓSITO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL (RDL 20/2020, DE 29 DE MAYO) 2 de junio.
6. El Ingreso
Mínimo Vital (IMV) se configura como un derecho subjetivo, enmarcado en el art.
41 CE, integrado en el sistema de Seguridad Social como prestación no
contributiva e independiente de las ayudas establecidas por las comunidades
autónomas. En este mismo blog, (El proyecto de Ingreso Minimo vital) Joaquín
Aparicio explicaba exhaustivamente la razón de ser y las características de
esta figura, enlazándola con el debate sobre la renta básica o renta universal,
anticipando que su colocación dentro de la acción protectora del Sistema de la
Seguridad Social “supondría una manera muy adecuada de dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 41 CE que ordena a los poderes públicos garantizar a
todos los ciudadanos a través del Sistema de la Seguridad Social “prestaciones
sociales suficientes ante los estados de necesidad”. La Seguridad Social es
dinámica y tiene que adaptarse a los cambios socioeconómicos y con esta
prestación daría un importante paso en la cobertura de los estados de necesidad
en las circunstancias actuales, en las que las formas de trabajar están
cambiando mucho. De ese modo avanzaría en
el fin que le es propio, que no es otro que la igualdad sustancial a la que
hacen referencia los arts. 1.1. y 9.2 CE”, y que de este modo se romperían la
tendencia de las reformas regresivas en materia de protección social que habían
caracterizado las reformas del sistema en el 2011 y de manera muy señalada con
la reforma del 2013, cuya derogación está incluida en el programa de gobierno
progresista. Este es el primero de los elementos que se deben resaltar, que la
medida supone la inversión de la tendencia a la contracción del Estado Social
que había caracterizado las crisis anteriores y en especial la llamada de la
deuda soberana y las políticas de austeridad a partir del 2010.
7. Jesús R.
Mercader. Progresos en el camino hacia
la “Renta Básica Universal”: Cambio tecnológico y covid-19 como aceleradores 1 de junio.
El trabajo es un
factor esencial vinculado a la naturaleza humana cuya lógica y función varía en
cada escenario; una categoría antropológica, un elemento indisolublemente
ligado a la naturaleza humana, cuyo rastro se encuentra en todo tiempo y lugar.
En los últimos tiempos habíamos venido debatiendo sobre los efectos que la
intensificación de los procesos de automatización y la incorporación de nuevas
tecnologías podrían ejercen como fuerza de expulsión de mano de obra y de
reducción de la fuerza de trabajo. La negra sombra del desempleo tecnológico
empezaba a cernirse amenazadora sobre unos mercados de trabajo bastante
debilitados como consecuencia de las crisis económicas que se han venido
sucediendo y que, a duras penas, empezábamos a superar.
En este incierto
momento ha hecho acto de presencia la pandemia de COVID-19. Un virus que se
está transmitiendo, también, a la economía y a la sociedad a una velocidad
inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al
bienestar de los ciudadanos. Las medidas adoptadas para reducir la pérdida de
vidas humanas han conducido a la mayoría de las economías a una paralización de
parcelas importantes de la actividad y, por tanto, a una caída profunda del
PIB. La crisis sanitaria global está dando paso a una crisis económica también
global que ahonda más si cabe en la crisis de empleo latente a la que venimos
asistiendo. Ante la magnitud del problema, los Gobiernos han respondido
adoptando medidas de muy diverso orden que en lo social han pasado por
garantizar un flujo de rentas para los agentes cuyas fuentes de ingresos se han
visto perjudicadas más directamente por la epidemia.
8. Miguel
Arenas. INGRESO MÍNIMO VITAL. ¿ELTRÁNSITO INICIAL HASTA UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL? 1 de junio.
Ya tenemos
aprobado el Ingreso Mínimo Vital, a través del Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Pero no es, ni de
lejos, una renta básica universal, sino un remedio contra la pobreza extrema,
lejos de aquel concepto más amplio -y no condicionado a la situación personal
del ciudadano-. En todo caso, bienvenida sea, porque entiendo es absolutamente
necesaria -no tengo tan claro que sea suficiente- y más aún en los tiempos que
vienen, ante una crisis económica, ya veremos de qué intensidad, provocada por
el COVID-19. Los datos varían según el interlocutor, pero en la propia
Exposición de Motivos se indica que "Cruz Roja señala que más de 12
millones personas en España, más del 26% de la población, se encuentran en
riesgo de pobreza o exclusión social, siendo las que actualmente se encuentran
aisladas y en confinamiento las que están viviendo una situación de mayor
vulnerabilidad". Así, el "legislador de urgencia" ha dictado
esta nueva prestación no contributiva, que vamos a analizar a continuación, de
forma esquemática, siguiendo el orden de los diferentes artículos y lo que
brevemente se reseña en la E.M. con respecto a cada uno de ellos.
9. Cristina Aragón. Contagio del personal sanitario: ¿accidente
de trabajo? Reflexiones en torno al art. 9 RDLey 19/2020 2 de junio.
Pues bien, en mi
opinión, este régimen de urgencia presenta una única bondad y es que queda
claro es que el contagio del virus SARS-CoV2 por parte del personal que presta
servicios en los centros sanitarios y sociosanitarios es una contingencia
profesional. Salvo por eso, el resto de previsiones del precepto deviene
contraproducente. Es cierto que el legislador parece establecer una doble
presunción: De un lado, reconoce que se entienden cumplidos los requisitos
exigidos en el art. 156.2.e) LGSS (cuando dicho precepto requiere de forma
expresa que se pruebe que la enfermedad tuvo “por causa exclusiva” la ejecución
del trabajo). Y, de otro, indica que en el supuesto de que se produzca el óbito
del empleado, “se considerará que la causa es accidente de trabajo siempre que
el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al
contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 217.2 LGSS”. ¿Pero supone eso alguna mejora sobre lo previsto
por la legislación ordinaria contenida en la LGSS? Entiendo que no y ello por
los siguientes motivos:…
10. FAES. Ingreso mínimo. 1 de junio.
El Estado de
bienestar es una gran estructura de solidaridad de los que tienen trabajo hacia
quienes no lo tienen, de los que tienen más ingresos hacia los que tienen
menos, de los que se encuentran sanos hacia los que necesitan recuperar la
salud, y de las generaciones presentes hacia las futuras. Para asegurarlo, la
solidaridad se tiene que ejercer sobre una economía que pueda financiar sus
prestaciones mediante el crecimiento y el empleo. Por eso, el Estado de
bienestar solo se da en economías de mercado, abiertas y basadas en la
iniciativa empresarial. No existe Estado de bienestar en las economías de la
privación y la miseria soñadas por la extrema izquierda populista y predicadas
por esta como sus modelos….
11. Vicenç Navarro. Las dos grandes visiones de la recuperaciónsocial y económica en España.. 29 de mayo.
Estamos viendo hoy
en España principalmente dos visiones de lo que debería ser la recuperación y
vuelta a la normalidad durante y después de la pandemia. Una de ellas queda
reflejada en el aplauso que cada día, a las 8 de la tarde, la ciudadanía de
cualquier población española dedica, desde los balcones de su casa, a los
profesionales y trabajadores de los
servicios sanitarios y sociales que están desempeñando su labor de salvar la
vida de sus conciudadanos en unas condiciones que entrañan un alto riesgo de
contagio, enfermedad y muerte, a causa de la escasez de recursos
(concretamente, de instrumentos que los protejan) derivada de la gran
subfinanciación de dichos servicios. Tal escasez es resultado de las políticas
de austeridad impuestas (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales)
a la población por los partidos gobernantes en España (y en la Generalitat de
Catalunya), siendo el gobierno del Partido Popular (apoyado por Ciudadanos) y
el gobierno de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en Catalunya
(apoyado por el PP catalán primero y por ERC después), los que recortaron más
dicho gasto (Vox no tenía entonces representación parlamentaria, aunque de
haberla tenido habría exigido incluso más recortes, privatizando, incluso con
más dureza, los servicios sanitarios y sociales, tal y como promueve su
programa electoral)…
12. Giulio di Blasi
There is no recovery without migration 2 de junio.
El Covid-19 puede
ofrecer una oportunidad única de superar los errores del pasado y replantearse
el sistema mundial de migración y movilidad de abajo hacia arriba,
incorporándolo como elemento central de la estrategia de recuperación. Para
ello se necesitarán cuatro grandes cambios de paradigma.
En primer lugar,
la migración debería dejar de ser una competencia exclusiva de los ministros
del interior. Los agentes económicos y sociales deberían participar en la mesa
de negociaciones y sus preocupaciones deberían servir de base para el rediseño
de las políticas migratorias en los planos nacional, regional e internacional.
Sobre la base de ese diálogo, deberían desarrollarse canales de migración y
movilidad legales, centrándose en los sectores económicos que se enfrentan a la
escasez de mano de obra. Ello ofrecerá la oportunidad de abordar la migración
irregular mediante canales estructurados de migración legal y ampliar las
oportunidades de los refugiados, incluidos los estudiantes y los trabajadores,
de buscar protección de manera regular.
En segundo lugar,
las cadenas y líneas migratorias deberían replantearse por completo, para
integrar las preocupaciones sanitarias justificadas sin obstaculizar el papel
que deben desempeñar la migración y la movilidad en apoyo de la recuperación.
Están empezando a surgir ideas concretas, desde los pasaportes sanitarios hasta
los controles en los aeropuertos, pero se necesitarán muchas más y se
garantizará su cumplimiento con los derechos fundamentales.
En tercer lugar,
los gobiernos y los actores de la sociedad civil deben unirse en torno a
campañas colectivas para evitar la difusión de relatos falsos y engañosos sobre
los migrantes, promoviendo en cambio el papel que los nacionales de terceros
países están desempeñando en las sociedades y comunidades para responder a la
crisis. Lo último que el mundo puede permitirse en este momento es un
recrudecimiento de las narrativas xenófobas y de derechas que ahogarán la
recuperación y profundizarán la recesión.
Por último, pero
no por ello menos importante, las autoridades deben invertir en el diseño de
"planes de recuperación inclusivos", que incorporen inversiones
específicas para atender a los más vulnerables de la sociedad, reducir las
desigualdades y permitir que los migrantes desempeñen un papel activo en la
salida de la crisis. Portugal e Italia están liderando el camino al promover
oportunidades innovadoras de regularización para los migrantes irregulares que
viven en los márgenes de la sociedad y la economía.
13. CCOO. La Renta Mínima es ya una realidad para laspersonas en situación de mayor vulnerabilidad
29 de mayo.
Una renta que
refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la
pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de
vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma,
a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo
en el mercado de trabajo, o en su caso, de inserción social. Por ello, sin
perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando
corresponde, CCOO y UGT exigen un seguimiento permanente de cada caso por parte
de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de
los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad
a corto plazo.
Además, esta
prestación debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales
y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que
peor lo están pasando debido a esta pandemia.
14. Foment del
Treball insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en los términos actuales
más allá del 30 de junio 2 de junio.
Desde Fomento,
insistimos en la necesidad de adoptar medidas como las prórrogas de los ERTES
en los términos actuales más allá del 30 de junio por todas las empresas que se
encuentren en una situación negativa por la suspensión o cancelación de
actividades, o que tengan una afectación en su nivel de producción o pérdidas
de facturación, así como la adopción de medidas fiscales y de reducciones de
las cotizaciones sociales
Así mismo, es
fundamental mantener los escasos mecanismos de flexibilidad existentes en
nuestra normativa laboral e impulsar nuevos elementos que permitan adaptar las
condiciones laborales a las nuevas situaciones y casuísticas con las que se
encuentran las empresas en el proceso de reanudación de las actividades, para
adaptar sus recursos humanos a la nueva realidad.
Igualmente, es
imprescindible otorgar seguridad jurídica a las empresas, mediante las
necesarias aclaraciones respecto a la interpretación de la aplicación de las
innumerables normativas publicadas recientemente, así como respecto a los
futuros escenarios de las relaciones laborales. Los escenarios de certeza,
seguridad jurídica y estabilidad institucional son elementos claves para
retener y atraer inversiones generadoras de puestos de trabajo…..
15. Héctor Sánchez
Margalef (CIDOB) Coronavirus: ¿el findel europeísmo naif?
1 de junio.
El europeísmo
acrítico ha definido durante mucho tiempo el apoyo de los países del sur de
Europa al proyecto comunitario. Múltiples gobiernos indistintamente de su color
político han hecho gala de estas credenciales, declarando al país de turno como
un actor con el que contar para llevar a cabo la ever closer Union, la Unión
cada vez más estrecha. Sin embargo, a golpe de crisis, este apoyo
incondicional, que podríamos considerar como un europeísmo naif, empieza a
resquebrajarse. Las primeras reacciones de los estados miembros a la hora de
encarar la crisis del coronavirus no fueron precisamente de solidaridad; un
valor sobre el que se supone que se asienta la Unión Europea. Al contrario, la
reacción de algunos gobiernos fue aferrarse, una vez más, a la austeridad como
valor y al cierre de fronteras como medida de protección.
16. Isabelle Marc
y Juan Varela-Portas. La encrucijada de
la Universidad post-covid. 26 de mayo.
Así las cosas, la
universidad pública se encuentra en una encrucijada en la que los gobiernos,
los rectorados y la sociedad en su conjunto deben reflexionar y elegir entre
dos opciones: por un lado, relanzar y fortalecer la investigación y la
educación superior como derecho y servicio públicos y como pilares del país, o
por el contrario –de nuevo en aplicación de la “doctrina del shock”–,
profundizar las reformas neoliberales de las últimas décadas.
Si decidimos seguir
aplicando las recetas del shock y los argumentos de la austeridad –como ya
hemos visto este mismo mes en Andalucía–, es muy probable que se vacíen los
campus y que el acceso al saber sea cada vez más el privilegio de unos pocos.
Volverán a pararse los proyectos de investigación, volverán a tener que emigrar
los jóvenes, volverá a instalarse la precariedad. Es más que probable, también,
que la ciencia, más esencial que nunca, sin financiación pública, recaiga en
manos privadas, convirtiéndose así no en un bien común sino en un producto de
mercado.
Si, por el
contrario, decidimos no repetir los errores de la crisis del 2008, no expulsar
a los estudiantes ni a los investigadores y evitar que caigan en saco roto el
esfuerzo y los recursos públicos, podremos proporcionar un horizonte
profesional y vital a nuestros jóvenes. Podremos, asimismo, gracias a una
investigación pública e independiente de presiones mercantilistas, a la vez que
eficiente y dinámica, hacer frente a los cada vez más complejos desafíos
sanitarios, medioambientales, sociales y culturales que se nos avecinan, así
como contribuir al imprescindible cambio de modelo productivo que España
necesita urgentemente…
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