Actualizo en
esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así
como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y
reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad
serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y
parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización,
y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen
más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo
con sus contenidos.
Dado que el
número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con
regularidad, es necesario remitirse al
Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico”
que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a
medida que se van dictando.
1. OrdenSND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. BOE. 15.
Artículo 1. Criterios
aplicables para denegar la entrada por razones de orden público y salud pública
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
1. A efectos de lo
establecido en los artículos 6.1.e) y 14 del Reglamento (UE) 2016/399 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las
fronteras (Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación de
entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda persona nacional de
un tercer país, salvo que pertenezca a una de las siguientes categorías:
a) Residentes
habituales en la Unión Europea, en los Estados asociados Schengen o Andorra que
se dirijan directamente a su lugar de residencia.
b) Titulares de un
visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado
Schengen que se dirijan a éste.
c) Trabajadores
transfronterizos.
d) Profesionales
sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad
laboral.
e) Personal
dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad laboral,
dentro del que se consideran comprendidos los tripulantes de los buques, a fin
de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo y la
actividad pesquera, y el personal de vuelo necesario para llevar a cabo las
actividades de transporte aéreo comercial. Será condición indispensable que
tengan asegurada la inmediata continuación del viaje.
f) Personal
diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares y miembros
de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.
g) Personas que
viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados.
h) Personas que
acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o
cuya entrada se permita por motivos humanitarios.
2. A efectos de lo
dispuesto en los artículos 4.3 y 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, se considerará procedente denegar la
entrada por motivos de orden público o salud pública a los ciudadanos de la
Unión y sus familiares que no pertenezcan a una de las siguientes categorías:
a) Registrados
como residentes en España o que se dirijan directamente a su lugar de
residencia en otro Estado miembro, Estado asociado Schengen o Andorra.
b) El cónyuge de
ciudadano español o pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal
inscrita en un registro público, y aquellos ascendientes y descendientes que
vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con éste.
c) Las
comprendidas en los párrafos c) a h) del apartado 1 de este artículo.
3. Con el fin de
no tener que recurrir al procedimiento administrativo de denegación de entrada
en los casos previstos en los dos apartados anteriores, se colaborará con los
transportistas y las autoridades de los Estados vecinos al objeto de que no se
permita el viaje.
4. Lo dispuesto en
los apartados anteriores no será de aplicación en la frontera terrestre con
Andorra ni en el puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar.
Artículo 2. Cierre
de puestos habilitados.
Se mantiene el
cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la
entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla,
acordado en la Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, de acuerdo con el artículo 3
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica
2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Disposición final
segunda. Entrada en vigor y efectos.
1. Esta orden
entrará en vigor a las 00:00 horas del 16 de junio de 2020.
2. Mantendrá su
vigencia hasta la finalización del estado de alarma, sin perjuicio de la
aprobación en ese momento de la disposición por la que se prorrogue, en los mismos
términos, la restricción temporal de viajes no imprescindibles regulada en esta
orden hasta las 24:00 horas del 30 de junio de 2020
2. Josep Burgaya.
No es desigualdad, es pobreza. 13 de
junio.
Durante un
tiempo se publicaron estadísticas según las cuales mejoraba la inserción
laboral, pero en realidad había multitud de personas que no tenían más remedio
que aceptar condiciones draconianas: contratos de días o semanas, salarios
indecentes, falsos autónomos, acumular varios trabajos complementarios para
obtener un salario aceptable, discontinuidad de ocupaciones. El triunfo del
mundo de la «gig economy», es decir, de encargos y «bolos» que sirven para
malvivir cuando la situación es de bonanza y que te condenan a la nada cuando
las cosas van mal. Hemos dado por bueno un mercado laboral dual en el que un
60% de los empleados disponemos de trabajos más o menos seguros y salarios
dignos, lo que nos da «derecho» a mantener una vida bastante estable y unas
razonables expectativas de futuro. Pero hay un 40% de la población activa que
vive en otro mundo y, muy a menudo, hacemos como que no nos damos cuenta. Una
tercera parte de estos, son parados de larga duración y con posibilidades casi
nulas de acceder a algo parecido a un puesto de trabajo. Condenados a malvivir
con ayudas escasas y solidaridades familiares difíciles. Los dos tercios
restantes son trabajadores en situación flotante –“reserva laboral” se le
definía antaño- la mayoría de los cuales han dejado de percibir ingreso con el
impacto de la epidemia actual.
.
3. Ignacio
Muro.. Sectores estratégicos ynacionalizaciones, ¿un nuevo consenso?
10 de junio.
El repliegue de la
globalización es un hecho, al menos la identificada con pautas multilaterales.
El orden internacional olía y huele a unilateralismo y a la ley del más fuerte.
Pero la crisis del
Covid19 ha matizado las pautas del nacionalismo neoconservador representada por
las diferentes versiones de “nosotros, primero” (EEUU, Reino Unido, Italia,
Brasil…) al otorgar al estado el papel de actor económico de última instancia,
como prestamista, proveedor y garante de actividad.
Esta crisis ha
introducido un nuevo matiz en la lógica local/global que augura cierto
consenso. La ruptura de las cadenas de suministro reclama un modo de producción
con un centro de gravedad más próximo, es decir una economía más autocentrada,
y eso supone un cambio esencial en la globalización económica. Significa, en
primer lugar, que se asume y reconoce la existencia de sectores estratégicos
(alimentación, sanidad, energía…) como articuladores de un proyecto de pais. No
es admisible un futuro en el que el 80% de los principios activos de todos los
medicamentos que consumen los europeos se sigan produciendo en China e India.
También significa
que se favorecerá un proceso rápido de ‘relocalizaciones” de modo que una parte
mucho mayor del abastecimiento de la cadena de suministro se atienda mediante
proveedores cercanos. Los clusters de cercanía ganan peso cuando se requieren
lógicas de abastecimiento más seguras y no solo más baratas. Esas actuaciones
estarán incentivadas mediante políticas públicas. El ejemplo más reciente es el
paso dado por Japón, cuyo paquete de medidas de estímulo incluye una abultada
partida para subvencionar el retorno de compañías japonesas que fabrican en
China.
….. Es el momento
de fortalecer el modelo de empresa pública que tenemos en España, excesivamente subsidiaria y débil en la
defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los
intereses partidistas del gobierno de turno. La definición y apuesta por
sectores estratégicos exige saltarse tópicos y reforzar la conexión entre
impulsos públicos e interés general.
Introducción
El coronavirus ha sumido a nuestras economías en una crisis sin precedentes
desde el crack del 29. Si bien se trata de una crisis global, provocada por un
virus que no entiende de fronteras, la salida de la crisis sí dependerá de las
políticas que a partir de ahora adopte cada país. Europa, y dentro de Europa
España, no puede desaprovechar esta oportunidad. Debemos apostar por políticas
que nos permitan cambiar el modelo productivo y energético, creando empleo,
fortaleciendo y modernizando nuestro tejido industrial y empresarial,
propiciando una reducción de las desigualdades y revirtiendo el deterioro
medioambiental hasta ahora provocado por la actividad económica. Esto exige
pasar de los enunciados a la acción, al pragmatismo, a la búsqueda de
soluciones concretas que permitan demostrar el papel transformador de la
política. Hay mucho en juego.
…. Conclusión
En conclusión, la crisis debe de ser aprovechada como una verdadera palanca
de cambio que se vertebre en torno al concepto de sostenibilidad, en su doble
dimensión económica y medioambiental. La puesta en marcha del Pacto Verde, con
su traslación a los Estados Miembros, tiene la capacidad para contribuir al
cambio del modelo productivo en esta dirección, aportando tejido industrial y
empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad en sectores clave para
la economía.
España ha salido particularmente perjudicada de esta crisis, pero también
parte de una situación de ventaja para aprovechar las oportunidades y los
recursos que brinda la estrategia europea para la recuperación. Pero esto no ha
hecho nada más que empezar. Hay que pasar de los enunciados y de los objetivos,
a la concreción de los planes y a su puesta en marcha, que son los que
definirán el terreno donde se librará la batalla.
Pero no quiero concluir sin expresar mi preocupación respecto a uno de los
principales riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad en la salida de esta
crisis. Corremos el riesgo de que las desigualdades sociales se agudicen de
manera estructural si no se actúa de manera decidida. Aunque se encuentra al
margen de mi área de especialización, querría enumerar, sin ánimo exhaustivo,
una serie de ámbitos de actuación que en mi opinión deberían ser prioritarios.
La legislación laboral no puede seguir siendo un motor en la precarización
de las relaciones laborales. Es urgente abordar una modificación de la
legislación laboral, no sólo para adaptarla a los cambios productivos y a la
economía digital, sino también para asegurarnos que se restablece el equilibrio
en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, para evitar que
los bajos salarios y la precariedad amenacen el crecimiento de la eficiencia y
la productividad. Junto con el mercado de trabajo, resulta imprescindible
abordar una reforma de la educación, que asegure su adecuada financiación y que
garantice una educación pública y de calidad, adaptada a las necesidades de la
nueva economía para generar oportunidades a nuestros jóvenes,
independientemente de su capacidad económica o la de sus familias.
Se trata de dos reformas urgentes, que junto con el cambio en el modelo
productivo y energético, deben de ponerse en lo más alto de las prioridades
para la reconstrucción de este país. Está en juego el que la reconstrucción
económica lo sea también en el ámbito social y medioambiental. Me atrevo a
concluir que no conseguiremos una sin las demás.
5. Antonia Díaz. El
Fondo de Recuperación y la búsqueda de una solución. 12 de junio.
El 27 de Mayo pasado
la presidenta de la Comisión Europea presentó su propuesta de Fondo de
Recuperación “Next Generation”. Este fondo está dotado con 750 mil
millones de euros (mm€) y complementa el
Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027. Su motivación es (1) contrarrestar
los efectos asimétricos de la crisis de la COVID19 sobre los países dependiendo
de su composición sectorial y (2) evitar que las respuestas nacionales,
condicionadas por situaciones fiscales muy diferentes, amenace el mercado
único. Esta propuesta centra el debate en la discusión de mecanismos de
coordinación y cobertura de riesgos para articular una respuesta conjunta a la
crisis apelando a criterios de eficiencia en vez de solidaridad, lo que es muy
clarificador. No solo eso, sino que explicita la política económica que
pretende impulsar la EU en el medio plazo y es importante que entendamos cómo
aprovechar todo su potencial.
… ¿Cómo
aprovechamos el fondo?
Es necesario abrir
un debate sobre qué política industrial queremos para estar preparados. Como no
podemos ser lo que no somos (de momento) ni podemos ni debemos olvidar nuestros
principales sectores, debemos pensar en la construcción, turismo, agricultura.
El sector de la construcción es uno de los pilares de la economía verde dado
que casi un tercio de las emisiones de CO2 vienen del sector residencial. El
turismo tiene un papel estratégico para la cohesión territorial y sostenimiento
del sector agrícola. Aunque no se dice literalmente en la propuesta de la
Comisión, mi impresión es que vamos a ver un cambio profundo en la Política
Agrícola Común que se va a reorientar al European Green Deal. No solo eso, el
sector turístico tiene sinergias con el sector de salud (pensemos en cuidados
geriátricos) que deben ser estudiados, incentivados y explotados. Esto no
quiere decir que haya que abandonar a la industria, pero no se puede hablar de
todo en un post.
Tenemos que llegar
a enero con un bosquejo de Plan de Reconstrucción y Resiliencia. Ya sabemos que
quien toma la iniciativa condiciona el debate. El Gobierno de España ya lo hizo
al proponer que el Fondo de Recuperación diera transferencias, no prestamos,
financiado con recursos propios de la EU. Fue esta propuesta la que quitó el
foco sobre el debate de la solidaridad europea y maniqueos clichés culturales.
Debemos seguir tomando la iniciativa.
Es urgente
desarrollar las competencias del Ministerio de Sanidad en materia de Salud
Pública para poder gestionar de forma eficaz las políticas que se articulen a
través del Programa de Salud Europeo. La coordinación y comunicación entre
C.C.A.A. es imprescindible. Ya hemos visto las dificultades con que hemos
enfrentado esta pandemia. Las actuaciones no coordinadas tienen grandes costes
sociales.
Hay que poner
sobre la mesa que necesitamos de forma urgente una reforma que aumente nuestra
capacidad fiscal. En este blog hemos hablado exhaustivamente sobre ello (como
son tantas, se puede ver aquí todas las entradas que mencionan la palabra
impuestos). El consenso general es que, aunque los tipos impositivos son
parecidos a los de los países de nuestro entorno los tipos efectivos son
significativamente más bajos. Esto se debe a que las bases imponibles son más
estrechas y, como se ha visto durante la Gran Recesión, más sensibles al ciclo
económico. Esto redunda en que tengamos una capacidad fiscal menor que la que
nos corresponde y más volátil. Hay que ensanchar bases imponibles. Hay que
abrir este melón por varias razones. La primera es por justicia horizontal. La
segunda es por eficiencia: lo peor que pueden hacer los impuestos es crear
rentabilidades artificiales. La tercera es por coherencia con Europa. No
podemos pedir coordinación fiscal entre países y mantener un sistema fiscal
lleno de agujeros. Sin tener la casa aseada no se tiene poder de negociación.
6. RESIDENCIAS DEMAYORES Y ASISTENCIA SANITARIA EN MADRID. UNA REFLEXIÓN DE JOAQUINAPARICIO. 13 de junio.
Desde la promulgación de la Constitución
en España se dio un gran paso adelante en la garantía de la protección de la
salud por medio de un sistema público de calidad, mientras que subsistía un
privado un tanto escuálido, cuyo mejor destino habría sido el de desaparecer
para alcanzar mayores cotas de decencia social. Pero no ha sido esa la
evolución desde finales del siglo, en especial en Comunidades Autónomas como
Madrid y Cataluña, en donde la voracidad del ánimo de lucro ha llevado al
estímulo de la privatización y al lento pero progresivo deterioro de la sanidad
pública. En nombre de la libertad, la libertad del dinero, han ido ganando
terreno compañías mercantiles para las que la salud es objeto de tráfico
mercantil, pero la salud está unida a la vida por tanto están comerciando con
la vida de las personas. Cada aumento del espacio de las compañías privadas es
un fracaso social. Las formulas jurídicas para aumentar ese espacio han sido
varias, pero llevan a un mismo resultado: para que prosperen los seguros
privados es necesario deteriorar la asistencia pública, de otro modo, al igual
que ocurre con los fondos de pensiones, quedarían como algo residual.
Esta pandemia ha sacado a la luz las
graves carencias que la sanidad pública española tiene producto de los recortes
y las ansias privatizadoras de los años pasados, y se ha visto con claridad
que, además de las medidas de profilaxis, entre ellas el confinamiento,
solamente con un sistema sanitario público potente, universal y de calidad nos
podemos salvar todos, incluidos los que tienen más dinero. Pero las autoridades
de la Comunidad de Madrid se han visto atrapadas en las redes de su ceguera
ideológica. Con el estimulo de los seguros privados la ciudadanía más pudiente
que puede suscribir esos contratos quiere desligarse de la suerte de los demás,
quiere un trato distinto y así avanzan en el camino de la desigualdad que se ha
revelado con todo dramatismo cuando a unas personas ancianas se les ha derivado
a hospitales para ser atendidas (mejor o peor es otra cuestión), mientras que
otras eran abandonadas en sus domicilios o en residencias de mayores, todo por
no tener un seguro privado. El dinero ha sido el criterio de selección. Algo
repugnante que indica las cotas de indecencia social a las que llevan las
políticas privatizadoras por las que tendrán que responder las autoridades
madrileñas que con sus políticas están llevando a una sociedad espiritualmente
enferma.
7. Garrigues. Newsletter Especial COVID-19 - España | Del
1 al 14 de junio
… Las últimas dos
semanas han venido marcadas por la progresiva desescalada, la reanudación de
actividades y el inicio del regreso gradual a los centros de trabajo.
Igualmente han sido semanas de intensa actualidad en materia laboral.
Diferentes organismos han emitido diversos criterios interpretativos y guías de
actuación ante las dudas generadas por la regulación de los ERTE. Se ha
celebrado el primer juicio laboral online y se están poniendo en marcha
sistemas para la celebración de conciliaciones por medios telemáticos. Por
último, la posible derogación de la reforma laboral vuelve al debate público y
la generalización del teletrabajo crea una intensa discusión sobre su
regulación.
8. Ana Brás, Lukas Schaefer. La COVID-19 da un empujón al teletrabajo.. 3
de junio.
La crisis sanitaria provocada por la
COVID-19 ha obligado a gran parte de la sociedad a adaptarse de manera veloz e
inesperada al trabajo en remoto, una práctica relativamente minoritaria en
España antes de la eclosión de la pandemia. En 2019, tan solo un 8,3% de los
ocupados en España recurrían a la opción de trabajar desde casa, ya fuera
habitualmente o de forma ocasional. Esta es una cifra que se sitúa claramente
por debajo de la media de la UE (16,1%) y de las economías líderes en
teletrabajo de la eurozona, como los Países Bajos (37,1%) y Luxemburgo
(33,1%).1 ¿Cómo debemos interpretar estas diferencias? ¿Tiene España
simplemente un bajo potencial para el teletrabajo o, por el contrario, lo
tiene, pero no lo está explotando?
… Por otro lado, una encuesta realizada
por la Generalitat Valenciana y un estudio reciente de Eurofound nos dan una
primera indicación de la magnitud de la práctica actual del teletrabajo en
España. Según ambos análisis, desde que empezaron a implementarse las medidas
de confinamiento, alrededor de un 30% de los empleados han estado trabajando en
remoto y desde sus domicilios, una cifra muy cercana al potencial de
teletrabajo que estimamos para España.9 Posiblemente, la necesidad de
afrontar el parón económico que ha supuesto la irrupción de la COVID-19 ha
llevado a muchos sectores de la economía a descubrir una mayor capacidad para
teletrabajar de la que estimaban hace tan solo unos meses.
Puesto que el teletrabajo es un
mecanismo eficaz para mitigar los efectos del confinamiento, la COVID-19 está
penalizando más o menos a cada sector económico según su capacidad para
implementar el teletrabajo.10 Como se puede apreciar en el tercer gráfico, los
sectores que más sufrieron el impacto económico de la COVID-19 en las últimas
semanas de marzo se caracterizan por un menor potencial de teletrabajo. En
cambio, las actividades inmobiliarias, las telecomunicaciones o las actividades
financieras tienen un mayor potencial de teletrabajo y han conseguido mantener
un mayor grado de actividad.
Por otra parte, dentro de cada sector,
hay ocupaciones con más potencial que otras para realizar tareas desde casa.
Por ejemplo, en el sector de actividades científicas y técnicas, estimamos que
los profesores universitarios pueden realizar el 98% desde casa, un porcentaje
que alcanza solo el 34% en el caso de los técnicos de física e ingeniería. Por
lo tanto, la distribución relativa entre las ocupaciones en cada sector afecta
decisivamente al potencial de su sector respectivo.
9. Ana Muñoz. Siete riesgos del modeloactual del teletrabajo. 12 de junio.
La pandemia está acelerando cambios en
la estructura laboral. Algunos de ellos, como una mayor relevancia del
teletrabajo, ya se han hecho notar, mientras que otros se irán desarrollando
con más intensidad en los próximos meses: trabajos por proyectos, automatización,
nuevos diseños curriculares... Pero estas transformaciones también traen
consigo nuevos riesgos vinculados a la precarización del mercado laboral.
Sobre todo ello se habló este semana en
la conferencia web La nueva configuración del trabajo tras la pandemia,
organizada por Esade, en la que directora del Instituto de Estudios Laborales
de la escuela de negocios, Anna Ginès, y el decano de la facultad de Derecho de
Icade, Iñigo Navarro, enumeraron las principales amenazas que se presentan e
hicieron hincapié en la necesidad de diseñar un sistema legal que proteja a los
trabajadores. “Se habla de la pandemia como una oportunidad, pero esta por sí
sola no va a solucionar los problemas. El futuro depende de lo que hagamos
ahora y, sobre todo, de cómo queremos que sea”, justificó Ginès. Estos son
algunos de los riesgos:
Precariedad. “La crisis sanitaria ha
sacado a relucir las vergüenzas del mercado laboral”, criticó la directiva de
Esade. España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de
temporalidad, de hecho, esta afecta a más del 26% de los asalariados. Un
problema al que se une la generalización del falso trabajo autónomo, lo que ha supuesto
la exclusión de estas personas de la protección social básica. El futuro,
apuntó Ginès, pasa entonces por fomentar el empleo, pero también por vigilar
que este sea de calidad y por luchar contra las irregularidades.
Uberización. En relación con el punto
anterior, Navarro se mostró especialmente preocupado por la precarización
ligada a las nuevas plataformas digitales. “Podría llegar a pasar que en lugar
de trabajadores tuviéramos una auténtica nube humana de trabajo. Así, cada uno
desarrollaría las funciones en su casa y cuando una empresa necesitara la
realización de ciertas tareas, contrataría a alguno de estos agentes libres
para que sirvieran en un momento concreto”, comentó el profesor de Icade, quien
insistió también en la importancia de que en el teletrabajo se mantengan las
garantías y condiciones laborales previas al mismo….
10. Antón Costas. La estrategia de lastres 'R'. 12 de junio.
¿Qué hacer en medio
de esta economía pandémica? Sugiero que practiquemos la estrategia de
las tres 'R': resistir, recuperarse, reinventarse. En cada una
de estas etapas hemos de atrevernos a practicar la máxima
de Horacio divulgada por Immanuel Kant del 'sapereaude', atrevernos a
pensar lo impensable. Me limitaré aquí al campo de la política
económica y la empresa.
Resistir. Es la tarea prioritaria en el
corto plazo. Se trata sobrevivir, como sea. No
tenemos un 'manual de supervivencia'. Podríamos haber aprendido de la
experiencia de los países asiáticos y africanos, que llevan décadas
enfrentándose a virus similares. Pero, arrogantes, pensábamos que en nuestro
mundo desarrollado eso no ocurriría….
… Recuperarse. Es la tarea para el medio
plazo. Hay que ir con cuidado y no dejarnos llevar por el deseo
de volver rápidamente a la normalidad anterior. La recaída
complicaría mucho las cosas. Los gobiernos han de preservar el empleo salvado
con los ertes a medida que se va
reabriendo algunos sectores. En aquellos otros que se retrasarán por
estar más vinculados al mundo de relaciones sociales desenfadadas que se fue
-como el ocio, la restauración y el turismo- habrá que seguir ayudándoles a
sobrevivir.
… Reinventarse. Es la tarea para el largo
plazo. La organización del trabajo en las empresas no podrá ser la
misma. El
teletrabajo volverá en su mayor parte a las oficinas. Pero estas tendrán que organizarse de otra forma. Las
empresas tendrán también que adaptarse a las nuevas pautas y
preferencias de los consumidores. El covid-19 ha anticipado un
lustro las tendencias inevitables que ya estábamos viendo. El único criterio
para la adaptación es el de "ensayo y error".
Pero, en cualquier caso, está claro que no podemos pensar el futuro en términos
del pasado.
11. Ignasi Beltrán de Heredia. Personalinterino administrativo y laboral del sector público: sobre el empleado públicofijo no funcionario de carrera y otras novedades de la jurisdicción contenciosay social importantes. 14 de junio.
La temporalidad en el empleo público sigue suscitando reacciones judiciales
de notable interés. El objeto de esta entrada es exponer las novedades más
relevantes al respecto en la jurisdicción contencioso-administrativa y social.
12. Oscar Vargas. COVID-19 unleashedthe potential for telework – How are workers coping? 9 de junio.
La crisis sanitaria de COVID-19 impulsó a los
gobiernos a dar el paso sin precedentes de cerrar todos los lugares de trabajo,
excepto los que proporcionan bienes y servicios esenciales, para controlar la
propagación del virus. Todos los trabajadores que pudieron hacerlo comenzaron a
trabajar desde sus casas, iniciando un experimento social de un tipo y a una
escala nunca antes vista. El mundo del trabajo nunca volverá a ser el mismo.
Este acontecimiento ha acelerado la transición de una organización del trabajo
regular, burocrática y "basada en la fábrica" a una basada en la
asignación flexible de tareas y la gestión por objetivos. Si bien estos
teletrabajadores de reciente creación están sin duda mejor que los que han perdido
su trabajo o corren el riesgo de perderlo, la experiencia también tiene sus
inconvenientes.
13. Eric Reidy Coronavirus: Awindow of opportunity for action on migration?
10 de junio.
La pandemia de coronavirus podría estar
creando una apertura en la que se superpongan los intereses de la salud
pública, los intereses económicos propios y los derechos humanos para allanar
el camino a la adopción de pruebas y políticas basadas en los derechos que
antes estaban fuera de la mesa. "Creo que la pandemia ha cambiado en
cierta medida el cálculo de los estados", dijo Diez, hablando de Europa.
"Algunas de estas políticas muestran que otras formas son posibles".
Al mismo tiempo, la recesión económica y
el malestar social derivados de los cierres de puertas y fronteras podrían ser
un terreno fértil para que los grupos de la derecha y los partidos políticos
presionen para que se apliquen aún más políticas anti-migrantes y nativistas.
El desafío para la sociedad civil será
construir sobre las pocas medidas prometedoras que ya se han puesto en marcha.
"Cualquier cosa que se haya adoptado ahora puede ser útil a corto plazo,
pero siempre hay que ver la perspectiva a largo plazo", dijo LeVoy. "Es
realmente importante mantener algunos de estos avances iniciales".
14. Peter Bonfinge. The Covid-19 crisis: inflationaryor deflationary? 15 de junio.
La pandemia de Covid-19
ha provocado una enorme caída de la actividad económica en todo el mundo. Al
mismo tiempo, afortunadamente, los gobiernos y los bancos centrales han
aplicado medidas de estímulo económico sin precedentes en la historia
económica. Con esa combinación de choque masivo y terapia muy dosificada, se
plantea cada vez más la cuestión de si ello dará lugar a tendencias
inflacionistas o deflacionistas para la economía mundial a mediano plazo.
En particular en el
debate alemán, hay una creciente preocupación por los posibles efectos
inflacionarios de las medidas de estímulo. Hans-Werner Sinn, presidente durante
mucho tiempo del prestigioso Instituto Ifo y uno de los economistas alemanes
más conocidos, ya está estableciendo paralelismos con la hiperinflación interna
de la primera mitad del decenio de 1920.
15. Miguel Arenas. INGRESO MÍNIMO VITAL. ¿EL TRÁNSITO INICIAL HASTA UNA RENTA BÁSICAUNIVERSAL?
Actualización, en una segunda lectura. 14/06/2020. En rojo.
https://miguelonarenas.blogspot.com/2020/06/ingreso-minimo-vital-el-transito.html
16. Antonio
Baylos. Precariedad y empleo público. 15 de junio.
..... La discusión entre
los expertos se centra en la propuesta que sugiere el propio TJ, es decir, la
idoneidad de una indemnización disuasoria, no limitada a la que se fija por
despido improcedente, abriéndose a la posibilidad de una adicional por daños
morales, lo que en cualquier caso requeriría una modificación legislativa, que
en la reflexión de la sentencia parece configurarse como el mecanismo de
sanciones efectivo y disuasorio que el Acuerdo Marco y la Directiva imponen.
También aquí el modo de calcular la indemnización, basado en la antigüedad del
trabajador, su tope en los 24 meses en el caso del despido improcedente, y la
peculiaridad que puede revestir cada supuesto, exige una reconsideración de los
instrumentos resarcitorios en el caso de la extinción de la relación de servicios,
que sin duda se deberá plantear con carácter general también en la futura
regulación laboral largamente solicitada y renombrada.
Mientras tanto, la
precariedad en el empleo público es un elemento retardatario en la consecución
de un empleo de calidad adecuado a la prestación de los servicios
indispensables para nuestra sociedad, cuya posición se ha revalorizado
fuertemente con la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Pensar en la
estabilización progresiva del personal es urgente, no se pueden mantener
entidades públicas que sostienen servicios fundamentales, como las que componen
las Comunidades Autónomas, con porcentajes de temporalidad casi diez puntos
superior a la ya abultada tasa de temporalidad general; no es posible que un
44% del personal universitario sea temporal. Hay que integrar esta situación
inadmisible en un proyecto general que se plasme en un gran acuerdo social
contra la precariedad en el empleo, y que se vertebre en las medidas
centrales de la reconstrucción
económica y social que se debe poner en pie en el período post-pandemia.
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