martes, 19 de mayo de 2020

COVID-19. Actualización a 18 de mayo de normativa, resoluciones judiciales, y aportaciones económicas, jurídicas y sociales.


Actualizo en esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización, y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo con sus contenidos. 

Dado que el número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con regularidad, es necesario remitirse al   Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico”  que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a medida que se van dictando nuevas normas.


1. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados.  Sesión Plenaria. Núm. 22, 13 de mayo.


La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta del diputado don Edmundo Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor BAL FRANCÉS: Señora ministra, ¿qué medidas tiene previsto adoptar este Gobierno para asegurar la protección social de los trabajadores y favorecer la recuperación del empleo ante esta crisis sanitaria?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.
Señora ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, señor Bal, por su pregunta.
Como sabe, el Gobierno de España ha optado por una estrategia basada en el mantenimiento del empleo y de las empresas a diferencia de la crisis anterior, en la que optaron por aquella fórmula denominada flexibilidad externa, que consistía en despedir masivamente a los trabajadores. Es una estrategia semejante a la europea. En España tenemos acogidas en ERTE 520 000 empresas con una afectación de 3 300 000 trabajadores, mientras, por ejemplo, Alemania tiene en ERTE 751 000 empresas con más de 10 millones de trabajadores en ERTE; Italia, 648 000 empresas con una afectación de 7 800 000, y Francia más de 900 000 empresas con una afectación de 12 100 000.
Quiero dar las gracias a su grupo, porque ustedes han entendido bien la importancia de la herramienta de los ERTE, y por supuesto quiero agradecerles el trabajo y el entendimiento. Creo que es colectivo ―igual que para otros grupos― el pensamiento de que esta herramienta funciona para mantener el empleo y las empresas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Bal Francés.
El señor BAL FRANCÉS: Señora ministra, sí, hace unos días me subía a esa tribuna para explicar que no íbamos a apoyar su real decreto-ley y que, efectivamente, los ERTE tenían que quedar desvinculados del estado de alarma. Pasado un mes, usted ha rectificado, y lo ha hecho, además, con la colaboración de los agentes sociales y teniendo como lema el diálogo. Ha tenido la elegancia, además, de reconocer en público el trabajo de Ciudadanos y, por eso, mis primeras palabras son para darle las gracias por esa actitud, porque es una buena noticia que millones de españoles estén más tranquilos pensando que tienen la esperanza de poder volver al empleo, porque es una buena noticia que se bajen del caballo ideológico y traten de resolver los problemas reales de los españoles. Pero hay que avanzar más. Mire, nosotros también le pedíamos desvincular los ERTE en sectores como el turismo, incluso de la fecha fija del 30 de junio. Avancemos por ahí. Hemos topado con una barrera ideológica en materia de despido por causas objetivas. En época de bonanza económica podríamos discutir este despido, pero no en época de crisis. Usted no ha prohibido el despido, usted lo ha encarecido. Usted lo que ha hecho es que algunos empresarios caigan por insolvencia, y tendrá usted que explicarles a los trabajadores que, cayendo en insolvencia, solo se van a quedar con las ayudas del Fogasa, en su casa, con miedo y sin empleo, porque ha derogado el despido objetivo. Llegaron tarde a los ERTE. No ha habido manera con el despido objetivo.
¿Les ofenden a ustedes de alguna manera los autónomos o las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral de este país, que se levantan todas las mañanas a trabajar y que no se pueden poner enfermos porque dejarían de tener ingresos? Ya se lo digo, desvincule usted las ayudas de los autónomos del estado de alarma. Tenga en cuenta a los mutualistas y a los autónomos estacionales. Baje el límite del 75 % para la prestación extraordinaria, porque, ¿si se pierde el 50 %, no se tiene derecho?, ¿qué pasa con aquellas familias donde los ingresos proceden de dos autónomos? Aplacemos el pago de los impuestos y perdonemos cuotas de Seguridad Social. La pregunta es: ¿Está dispuesta usted a negociar estas medidas con nosotros y con el resto de grupos parlamentarios que quieran, con la ministra de Hacienda, con la ministra de Economía, con el ministro de Seguridad Social? Si lo quiere, nos sentaremos a negociar. Hemos demostrado que el pacto es posible y hemos demostrado que el pacto es bueno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal.
Señora ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señor Bal, estoy segura de que si la CEOE y la Cepyme pensasen lo que usted acaba de decir no hubieran suscrito el acuerdo con los agentes sociales. Este Gobierno no ha rectificado, lo que ha hecho es seguir trabajando. Es el tercer acuerdo que suscribimos con los agentes sociales, y quiero hacer un llamamiento a esta Cámara para que sigamos por esa senda.
Efectivamente, ayer aprobábamos los segundos ERTE, los de segunda generación: se van a prorrogar hasta el 30 de junio; en muchos sectores van a continuar después del 30 de junio; han de conservar el empleo hasta seis meses, y, por supuesto, vamos a ir monitorizando el control de cada una de las empresas y ver qué necesidades tienen. Pero permítame hacer una reflexión. Creo que la pandemia nos ha dejado tres grandes retos, que son, en primer lugar, un acuerdo para una política de empleo basada en la estabilidad, el tiempo de los cuidados, y también lo que tiene que ver con el teletrabajo. Estos son los retos pendientes. Aprendamos de los agentes sociales y legislemos en esta Cámara para conseguirlo. (Aplausos).

2. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Serie D. 18 de mayo. Núm. 84.

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre laregularización inmediata de las personas migrantes que se encuentran en Españaen el momento en el que se decretó el Estado de Alarma por la COVID-19, para su debate en Pleno.

Proposición no de Ley

«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Mostrar su apoyo a la pertenencia de tomar medidas extraordinarias en materia de Derechos Humanos de las personas migrantes que viven en el estado español, dada la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
2. Reafirmar su compromiso, solidaridad y trabajo para que los derechos de todas las personas sean garantizados en el estado español.
3. Convocar la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, regulada por el Orden TAS/1713/2005, de 3 de junio, para que emprenda todas las medidas posibles para efectuar la regularización urgente, inmediata y sin condiciones de todas las personas migrantes que se encontraban de forma irregular dentro del estado español con fecha 14 de marzo del 2020, día de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
4. Revocar todas las órdenes de expulsión en vigor, por razones humanitarias y por responsabilidad con la preservación de la salud pública hacia países terceros
5. Renovar de manera automática todos los permisos de residencia y de trabajo pendientes de tramitación y paralizados como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, en virtud de su disposición adicional cuarta que declara la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
6. Prorrogar de manera automática todos los permisos de residencia y trabajo hasta que se cumpla un año natural de la fecha en que entró en vigor la finalización del estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020.
7. Emprender todas las medidas necesarias para agilizar los procesos de petición de solicitud de asilo, incluyendo el impulso de medidas telemáticas con la colaboración de las administraciones locales.
8. Hacer efectiva la atención universal a todas las personas en riesgo de exclusión, sin que esta atención genere ninguna obligación de pago posterior.
9. Desarrollar el Reglamento del Real Decreto 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, de forma que ninguna persona en riesgo de exclusión quedo fuera de la atención gratuita.
10. Establecer una comisión mixta de coordinación y seguimiento entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales y en defensa de la salud pública universal para que informe y acompañe a todos los actores implicados de los cambios planteados en esta propuesta de resolución.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2020.—Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Adjunto del Grupo Parlamentario Plural.




Acuerdo del Gobierno por el que se impulsa la coordinación y el seguimiento de la campaña agraria en el contexto de la pandemia generada por la Covidien-19.

La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia de la Covidien-19 ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado la normalidad de las relaciones sociales, económicas y productivas, también en el ámbito agrario y industrialagrari. En un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, hay que garantizar la debida protección de la salud de todas las personas que intervienen en el sistema de producción, manipulación y transporte de la materia prima y elaborada desde la finca a la agroindustria. A la vez, es esencial garantizar la producción en cantidad, calidad y seguridad de alimentos en Cataluña de forma que se asegure el abastecimiento de la población y del conjunto de las industrias agrarias dependientes. Hacer frente a los retos en los sistemas de producción agraria, transporte, vivienda, servicios sociales, de empleo, de salud y de seguridad que plantea la pandemia en el contexto de las campañas agrarias, requiere articular mecanismos de coordinación desde la proximidad territorial y con la participación y corresponsabilidad de las administraciones públicas implicadas y del sector agrario en su conjunto. Durante la campaña agraria son muchas las personas que se desplazan en los territorios productores de fruta que se añaden a la población que reside permanentemente, lo cual tiene un impacto en un contexto de pandemia por Covid-19, que añade complejidad a la problemática ya habitual de las campañas agrarias.

En este marco de actuación, y siempre de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo GOV / 57/2020, de 12 de abril, por el que se aprueba la estrategia de actuación, ante las nuevas medidas de restricción de la actividad laboral aplicables a partir del 14 de abril, a fin de contener la pandemia generada por la Covidien-19, el Gobierno considera necesario impulsar la coordinación y el seguimiento de la campaña agraria mediante mecanismos de coordinación territorial, con las limitaciones y en las condiciones que en cada momento establezca la normativa vigente y las instrucciones emanadas de las autoridades competentes.

A propuesta de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Gobierno acuerda: 1.- Impulsar la coordinación y el seguimiento de la campaña agraria en Cataluña, mediante los mecanismos de coordinación territorial ya existentes en los ámbitos de las correspondientes delegaciones territoriales del Gobierno, con la participación de las administraciones públicas implicadas y del sector agrario en su conjunto, con el fin de hacer el seguimiento de la campaña agraria y consensuar propuestas en relación a criterios o recomendaciones de actuación durante la campaña agraria en el contexto de contención de la pandemia de Covid-19.

2.- El Gobierno, a través de los departamentos que desarrollan sus competencias, velará por el buen desarrollo de la campaña agraria y para dar respuesta a las cuestiones que se puedan plantear en el seno de dichos mecanismos de coordinación, con las condiciones que en cada momento establezca la normativa vigente y en el marco presupuestario derivado de los requerimientos de esta situación de excepcionalidad ... "


Hay bastantes ciudadanos que trabajaban 'en negro’ y quedan fuera de estas herramientas de protección.

Hay una parte de los trabajadores hiperprecarizados que se nos caen, para los que la herramienta del ERTE no sirve. Y hay una parte de la economía irregular que cuando se paraliza la actividad se desploma. Es de una urgencia máxima el desplegar el Ingreso Mínimo Vital.

¿El Gobierno comparte el temor de que el Ingreso Mínimo Vital puede desincentivar algunos trabajos?

Parto de la premisa de que a las familias españolas, a los hogares con todos sus miembros en paro, a las familias monoparentales, ya les gustaría tener un trabajo. España tiene unos niveles preocupantes de pobreza infantil. El ministro Escrivá y el vicepresidente segundo, Iglesias, están arbitrando mecanismos…



 El RDLey 18/2020 establece (art. 1) una distinción entre fuerza mayor total (ap. 1) y parcial (ap. 2); y, en este segundo supuesto, se prevé el reingreso de los trabajadores a medida que se recupera la actividad.
En esta entrada me gustaría abordar estas cuestiones desde un enfoque estrictamente teórico, esto es, a partir de las categorías jurídicas implicadas para, de este modo, tratar de identificar la coherencia de tales reglas y de sus efectos (aunque probablemente – por el título de la entrada – ya hayan intuido que tengo mis reservas sobre ambas: parcialidad y la exigencia del reingreso)….
…. D. Sobre los ERTE por fuerza mayor parcial: la importancia de la divisibilidad (o no) de las prestaciones
El RDLey 18/2020 establece (art. 1) una distinción entre fuerza mayor total (ap. 1) y parcial (ap. 2) (extensamente aquí).
Aunque el art. 1 RDLey 18/2020 describa dos posibilidades (total/parcial) es importante tener en cuenta que no está reconociendo una facultad de elección.
– En ERTE por fuerza mayor total, la medida adoptada (suspensión/reducción) sólo puede mantenerse mientras la imposibilidad objetiva persista. Lo que es lógico, pues, en estas condiciones el cumplimiento de lo acordado no es «objetivamente posible».
De ahí que el establecimiento de un marco temporal (30 de junio 2020) pueda resultar controvertido si el hecho obstativo persiste, pues, en la lógica de la transitoriedad que ampara la suspensión no parece adecuado que se establezca un término (aunque sea prorrogable) porque compromete la causalidad de la medida.
No obstante, también podría entenderse que el propósito del RDLey 18/2020 sea que, cumplido este plazo, se entienda que la imposibilidad objetiva ya no es transitoria sino definitiva (lo que forzaría inexorablemente a la extinción de los contratos).
Aunque la norma no lo especifica, no parece que esta última opción sea (por el momento) su propósito.
– En ERTE por fuerza mayor parcial, la cuestión relativa al mantenimiento de la medida adoptada (suspensión/modificación), a mi modo de ver, está sujeta a una notable complejidad (planteándose, en los mismos términos, la cuestión temporal anteriormente descrita).
Para tratar de desentrañarla, creo que deben tenerse en cuenta dos aspectos: la naturaleza divisible o indivisible de las prestaciones contractuales (a); y la afectación de la imposibilidad objetiva y de la excesiva onerosidad sobre ellas (b).




“…. Las ondas del seísmo provocado por la pandemia del COVID 19 no sólo ha tenido efectos telúricos en la vida de la ciudadanía y los valores sociales al uso, también han afectado en forma muy significativa al Derecho. En el mes y medio transcurrido desde la declaración del estado de alarma han aparecido múltiples normas de ámbito estatal, de comunidades autónomas y –inicialmente en forma muy escasa- de la Unión europea. Pero en especial la regulación de excepción por el coronavirus se ha cebado (sanidad aparte) aquí y a escala internacional1 en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como no podía ser de otra forma en tanto que nuestra disciplina jurídica es la más cercana al día a día de las personas. Desde el 14 de marzo pasado hasta mayo se han publicado en el BOE más de dos centenares de decretos-leyes, reales decretos, órdenes y resoluciones en las que se concretan medidas de todo tipo para hacer frente a la epidemia (a lo que cabe añadir varios cientos de normas de las comunidades autónomas). Pues bien, prácticamente un cuarenta por ciento de los preceptos estatales han afectado directamente o indirectamente al ámbito iuslaboralista. A ellos cabe sumar la emisión de diversos criterios e interpretaciones efectuados por distintos ministerios y organismos públicos que, pese a su importancia práctica, ni han sido publicado en el BOE, ni resultan en muchos casos accesibles a través de las webs oficiales.

Un análisis conjunto de todos esos preceptos pone en evidencia que nos hallamos ante una legislación de urgencia, de carácter excepcional, con expresa voluntad de duración efímera y transitoria (una especie de paréntesis). En la inmensa mayoría de preceptos se hace mención a ello, limitando su ámbito temporal a la vigencia del estado de alarma (o en algún supuesto, prorrogándolo unas semanas o pocos meses); por tanto, desde el 14 de marzo (RD 463/2020), hasta –de momento- el 24 de mayo (con las prórrogas desde el 29 de marzo al 12 de abril del RD 476/2020, del 13 al 25 de abril del RD 487/2020, del 26 de abril al 9 de mayo del RD 492/2020 y del 10 al 23 de mayo del RD 514/2020)…”
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7. Bruno Estrada. Los ERTES han llegado para quedarse. 18 de mayo.



 En la crisis del covid-19, el Gobierno de España ha optado por que el Estado asuma un activo papel en la gestión de la crisis, y también en el impulso a la recuperación económica. Mucho más activo que el que tuvieron los diferentes gobiernos durante la Gran Recesión de 2009-2013. Es cierto que son muchos los elementos que diferencian ambas crisis, pero en estas reflexiones tan solo quiero centrarme en la diferente actitud del Gobierno.

En 2012, el Gobierno del Partido Popular —ignorando el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva alcanzado por empresarios y sindicatos tan solo unos días antes, que apostaba por la moderación salarial y la flexibilidad interna negociada frente al despido— aprobó una reforma laboral en el contexto de un mercado de trabajo dominado por la precariedad, que tenía como principales objetivos facilitar el despido y reducir la capacidad de negociación de los trabajadores, y de sus sindicatos. El fin último era lograr una sustancial disminución de los salarios. Sus consecuencias fueron dramáticas, más de 3,3 millones de trabajadores despedidos y una fuerte bajada salarial de los sueldos más bajos, lo que produjo un fuerte incremento de la desigualdad social y la pobreza en nuestro país.

Estas medidas, junto con la austeridad fiscal impuesta por el Gobierno de Rajoy, profundizaron la crisis, al desplomar la demanda agregada nacional, y retrasaron en varios años la recuperación económica. En 2013, el desempleo llegó a alcanzar el 27%.

… Por el contrario, las medidas laborales tomadas al inicio de esta crisis por el actual Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas-Podemos (RD-Ley 8/2020 y RD-Ley 9/2020) han facilitado que empresarios y trabajadores utilicen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como la principal herramienta de gestión de los recursos humanos en las empresas en esta situación excepcional. Esta decisión ha sido refrendada por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el acuerdo alcanzado en mayo para prolongar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020. A principios de mayo, más de medio millón de empresas habían solicitado un ERTE, llegando a afectar a cerca de 3,4 millones de trabajadores.

Estas medidas han permitido que, hasta ahora, las cifras se hayan invertido respecto a la crisis iniciada en 2009. En marzo y abril de 2020, se han destruido 920.000 puestos de trabajo, pero en la Gran Recesión se perdieron 3,3 millones de empleos asalariados y, sin embargo, el total de trabajadores acogidos a ERTE en 2009, el año que supuso un máximo histórico, fue de tan solo 486.000.

….. Los ERTE han aliviado las tensiones de liquidez de las empresas y han evitado el desmoronamiento de un mercado de trabajo, caracterizado por un altísimo grado de precariedad, que habría arrastrado a una fuerte caída de la demanda agregada, agudizando aún más la crisis. Pero resulta evidente que hay que empezar a afrontar medidas estructurales, a escala sectorial, que estimulen la demanda de aquellas actividades que tienen un elevado volumen de trabajadores en ERTE y cuya vuelta a la normalidad productiva no va a ser sencilla. Los sectores de hostelería, comercio, transporte colectivo, fabricación de automóviles y componentes y actividades culturales representan el 60% de los trabajadores en ERTE.

La prioridad económica del Gobierno debe ser evitar que los problemas de liquidez de miles de empresas se transformen en problemas de solvencia, ya que ello supondría una pérdida definitiva de empleos y salarios, destrucción del tejido empresarial y reducción del crecimiento potencial de la economía. Resulta evidente que ello trasciende el ámbito de lo laboral e implica a todo el Gobierno, a las comunidades autónomas y a los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones empresariales.



“… Que asociaciones patronales del sector agrario hagan pública su indignación porque la Inspección de Trabajo indique a sus agentes que investiguen y repriman las redes de tráfico ilegal y los supuestos de explotación inhumana y trabajo forzoso que se den en las campañas agrícolas, es sumamente indicativo del desenfoque con el que abordan su función institucional de defensa de los intereses de los empresarios agrícolas, que debe velar por eliminar las distorsiones en la competencia entre las empresas y explotaciones agrarias. ASAJA y COAG deberían ser las organizaciones más interesadas en eliminar estos fenómenos odiosos de explotación inhumana que se expresan en el sector agrario, y cooperar, junto con los sindicatos, en la denuncia y erradicación de estas conductas….”


En un documento discutido la semana pasada en una reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Integración, Migración y Expulsión, la Presidencia hace cuatro preguntas:

1. ¿Cómo se aborda a nivel nacional la cuestión de los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal prolongada?

2. ¿Qué medidas se adoptan para promover el retorno de esos nacionales de terceros países y están resultando eficaces?  ¿Qué otras medidas podrían adoptarse para promover el retorno?

3.  ¿Podría considerarse como factor de atracción la concesión de cualquier derecho, además de las salvaguardias mínimas básicas previstas en el artículo 14 de la Directiva sobre el retorno, a esta categoría de personas? En caso afirmativo, ¿qué soluciones alternativas podría haber, y puede compartir las mejores prácticas a este respecto?

4. ¿Considera que la armonización de las medidas o un enfoque coordinado de la Unión Europea respecto de las medidas relativas a los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal prolongada podría ayudar a hacer frente a este desafío?



10. Niall Coglan    Dissecting Covid-19 Derogations    6 de mayo. 

Requiere la pandemia la derogación de los tratados de derechos humanos? Esta pregunta ha suscitado un importante debate, impulsado en particular por el provocativo argumento de Alan Greene de que si no se derogan los tratados, se desnaturalizaría la legislación ordinaria de derechos humanos y se dejarían sin aclarar los puntos de partida y de llegada de la crisis. Otros no están de acuerdo: Scheinin argumenta que el principio de normalidad, contenido en la Observación General 29, debería seguir aplicándose. Sólo cuando los derechos humanos ordinarios ofrezcan una flexibilidad inadecuada debe considerarse la posibilidad de suspenderlos, e incluso en ese caso el principio debe seguir limitando las suspensiones. Varios análisis han complementado este debate, analizando la práctica del TEDH (Molloy), el detalle de las derogaciones europeas, salvo la de San Marino (Zghibarta), la perspectiva de una mayor supervisión política de la derogación, en particular después de la resolución 2209 (2018) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PACE) (Epure), los mecanismos de notificación en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Holcroft-Emmess) y los marcos generales del Tratado (Emmons). El propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha intervenido, emitiendo una declaración criticando aspectos de la práctica de derogación del Covid-19 el 24 de abril…




"..El resultado preliminar del proyecto “Condiciones de trabajo, inseguridad y salud de los y las trabajadoras residentes en España en el contexto del COVID-19”, una encuesta epidemiológica realizada por ISTAS-CCOO y la Universidad Autónoma de Barcelona, apunta la gravedad de la situación.

Casi la mitad de la población asalariada empeoró su estado de salud percibida, y aumentó el consumo de psicofármacos desde el inicio de la pandemia

… Esta encuesta epidemiológica lanzada conjuntamente por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud de CCOO (ISTAS-CCOO) el pasado 1 de Mayo, pretende conocer el impacto de la pandemia entre las personas que a fecha 14 de marzo de 2020 tenían un trabajo (asalariadas o autónomas) incluidas aquellas que posteriormente fueron afectadas por un ERTE o fueron despedidas.

El análisis, aunque todavía preliminar, de los primeros 12.000 cuestionarios de personas asalariadas revela que casi la mitad de la población asalariada empeoró su estado de salud percibida; mientras que el 10% comenzó a consumir analgésicos opiodes y casi el 12% psicofármacos; siendo la prevalencia total de ambos consumos (teniendo en cuenta las personas que ya consumían anteriormente o las que aumentaron su dosis desde la pandemia) cercana al 20 % en ambos casos.

Por otro lado, casi la mitad de las personas asalariadas han tenido que ir trabajar sin las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio por COVID-19, y un 15% del total lo ha hecho siempre o la mayoría de las veces.






En este recuadro se presentan tres escenarios alternativos para mostrar el rango probable de impactos de la pandemia de Covid-19 sobre la economía de la zona del euro. Los escenarios varían en función de diversos factores, en concreto la duración de las medidas de confinamiento estricto y su impacto sobre la actividad económica de los distintos sectores, los efectos económicos alternativos relativos al impacto de la pandemia de Covid-19 en la actividad económica de la zona del euro de medidas de contención prolongadas durante el período de transición posterior al confinamiento, el comportamiento de los agentes económicos para minimizar las perturbaciones económicas y los efectos más duraderos sobre la actividad económica cuando se hayan levantado todas las medidas de contención. Este análisis de escenarios para la zona del euro considera los mismos supuestos para la economía mundial (y, por tanto, para la demanda externa de la zona del euro), pero no tiene en cuenta otros efectos de retroalimentación relacionados con disrupciones en los mercados financieros o con las consecuencias a largo plazo de unos niveles de paro persistentemente elevados.



Nos  enfrentamos  a  una  situación  inédita  que,  desde  el  punto  de  vista  del  impacto económico,  presenta  tres  características  que  querría  destacar,  dado  que,  en  mi  opinión, condicionan la respuesta óptima de la política económica.  En primer lugar, la magnitud de la perturbación es elevadísima. Desgraciadamente, hemos comprobado cómo en unos pocos días esta pandemia ha llevado al límite a nuestro sistema sanitario, segado miles de vidas humanas y  dejado una cicatriz profunda en otras tantas familias  y  en  el  conjunto  de  la  sociedad  española. 

La  situación  ha  llevado  a  nuestras autoridades, como a tantos otros Gobiernos de todo el mundo, a adoptar medidas drásticas de distanciamiento social que suponen una limitación muy severa de los movimientos de las  personas  y  la  suspensión  casi  completa  de  la  actividad  de  algunos  procesos productivos.  Estas medidas están teniendo un impacto económico muy intenso a causa de la reducción de la oferta y la demanda de bienes y servicios. En paralelo, el aumento de la incertidumbre generada por la pandemia ha producido un deterioro muy acusado de la confianza de los agentes y una fuerte caída del precio de muchos activos financieros. Como resultado, este año se registrarán previsiblemente los retrocesos del PIB más abultados desde la Segunda Guerra Mundial en el del conjunto de las economías avanzadas y desde la Guerra Civil en el caso de España.

La constatación del fuerte impacto sobre nuestra economía a partir de la evidencia estadística acumulada en las últimas semanas y las dificultades que comienzan a vislumbrase de cara a la eventual recuperación hacen, de hecho, que los escenarios con caídas del PIB más moderadas que se proyectaban hace un mes sean hoy poco realistas, como detallaré más adelante. En segundo lugar, se trata de una crisis causada por un factor que, al menos en principio, tiene una naturaleza temporal – aunque probablemente más duradera de lo que inicialmente anticipábamos  -  y  es  ajena  al  propio  funcionamiento  de  la  economía.  La  duración  de  la perturbación  es  incierta,  pero,  en  todo  caso,  debería  ser  limitada  y  dar  paso  a  una recuperación una vez que hayamos controlado la enfermedad. De cualquier manera, como luego subrayaré, a pesar de este carácter temporal, no es descartable que se produzcan también algunos daños y/o cambios estructurales tras la crisis, que es preciso identificar a tiempo. La tercera y última característica que me gustaría destacar es la naturaleza global de esta crisis,  que  va  a  infligir  un  golpe  muy  duro  a  la  economía  mundial.  Esto  significa  que  la profundidad   de   la   recesión   de   la   economía   española  y  su   posterior  recuperación dependerán también de la marcha de nuestros principales socios comerciales…

…en esta crisis de nuevo se ha puesto de manifiesto con intensidad, tal y como ha sucedido en episodios recesivos anteriores, que, cuando sobreviene una perturbación adversa,  la  destrucción  de  puestos  de  trabajo  recae  desproporcionadamente  sobre  los asalariados  temporales.  En  concreto,  el  peso  de  estos  trabajadores  en  la  caída  de  la afiliación entre marzo y abril habría sido de, aproximadamente, unas tres cuartas partes del total,  proporción  similar  a  la  de  la  crisis  financiera.  Este  hecho  es,  en  primer  lugar, profundamente  injusto,  porque  supone  que,  a  diferencia  de  los  trabajadores  fijos,  los temporales apenas pueden contar con protección alguna una vez que expira su contrato, salvo  que  se  articulen  medidas  excepcionales  que  igualen  esta  protección.  Más  allá  de consideraciones de equidad, la alta temporalidad de nuestro mercado de trabajo introduce una  elevada  prociclicidad  del  empleo,  que  tiende  a  exacerbar  la  profundidad  de  las recesiones, además de generar efectos negativos sobre la productividad, a los que luego me referiré.
  

15. Vitor Gaspar, Paulo Medas y John Ralyea. Las empresas estatales en tiempos de laCOVID-19  Mayo.

  
La pandemia ha puesto de relieve el papel que juega el sector público a la hora de salvar vidas y medios de vida. Las empresas estatales colaboran con esa tarea. Pueden ser empresas de servicios públicos que proporcionan servicios esenciales. O bancos públicos que otorgan préstamos a la pequeña empresa. Ahora bien, algunas también están sufriendo dificultades y agravando la carga para las finanzas públicas; desde empresas petroleras nacionales que enfrentan una fuerte caída de los precios del petróleo hasta aerolíneas nacionales que se ven privadas de suficientes pasajeros.
La mayor parte de la gente trata con empresas públicas todos los días. Es probable que sean la fuente de suministro del agua y la electricidad que consumen, así como el autobús o el subterráneo que usan para ir a trabajar o estudiar. Las empresas públicas vienen en todos los tamaños y formas. Algunas son propiedad exclusiva del gobierno; otras, propiedad conjunta con inversionistas privados.
La nueva edición del informe Monitor Fiscal ahonda en este otro gobierno. ¿Cómo evolucionaron las empresas estatales en las últimas décadas? ¿Qué pueden hacer los países para aprovecharlas al máximo? Cuando funcionan en forma óptima, pueden ayudar a los países a alcanzar las metas socioeconómicas. Pero cuando su funcionamiento es deficiente, necesitan extensos salvatajes con fondos públicos y obstaculizan el crecimiento económico. Los factores decisivos en uno u otro sentido son la buena gobernabilidad y la rendición de cuentas.

 

16. Paul Mason.  Brexit: deaths, more deaths … and no-deal calculations 18 de mayo.




“… Para Boris Johnson el año que se suponía que se centraba en 'Brexit' se ha convertido en un año centrado en la muerte. Para ser exactos, 50.000 muertes en exceso y en aumento, resultado de la arrogancia e incompetencia de su gobierno frente a la epidemia de Covid-19.

La respuesta del Reino Unido a la pandemia ha sido puesta en la picota por los medios de comunicación mundiales: el cierre tardío, la escasez de equipos de protección personal y kits de pruebas, la estrategia no anunciada de proteger el sistema hospitalario trasladando la epidemia al sistema de atención a domicilio de los ancianos y, en el momento de escribir este artículo, un intento confuso y fragmentario de aliviar las restricciones de trabajo y movimiento.

Pero hay esperanza a la vista para el primer ministro, en forma de un choque con la Unión Europea y la renovada perspectiva de un Brexit sin acuerdo. A nivel oficial, el Reino Unido todavía planea no sólo abandonar el mercado único el 31 de diciembre, sino también activar un escenario de no-transacción tan pronto como el 30 de junio, momento en el cual cualquier extensión de la transición tendría que ser decidida, si no se llega a un acuerdo en la cumbre UE-Reino Unido del próximo mes…..



“… Además, los desarrollos pioneros también podrían ser poco probables por "simples" razones económicas. En Europa, la asistencia sanitaria es el segundo mayor consumidor (después de las pensiones) de los fondos de bienestar público. Como el enfoque de austeridad seguido durante la crisis de la eurozona no parece haber sido desacreditado, todavía podría aplicarse al bienestar, incluyendo la política sanitaria una vez que la pandemia haya terminado.

La última razón de la incertidumbre sobre la dirección de la política sanitaria es la política. Las pruebas preliminares indican que los efectos de la crisis actual se han distribuido de manera desigual entre los grupos sociales. Los pobres y los enfermos se han visto más afectados por la pandemia, no sólo por el empeoramiento de su salud sino también por sus condiciones económicas. Esto sugiere que el espíritu de solidaridad que se puso en primer plano en el contexto de la crisis podría retroceder rápidamente después de ella.

Los efectos socioeconómicos diferenciales de la pandemia podrían entonces traducirse en diferentes preferencias políticas entre el electorado, generando un conflicto político sobre la dirección de la política sanitaria. Como la política hace política, y la política posterior a la crisis aún no se ha desarrollado, el futuro de la política sanitaria europea es, por lo tanto, muy incierto.




Debido a la actual pandemia de COVID-19, la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrará de forma virtual. El orden del día se ha reducido para tratarlo en dos días. La reunión dará comienzo el lunes 18 de mayo para concluir no más tarde del 19 de mayo. 





¿Qué es lo que ha fallado? ¿No había planes en Europa para afrontar una pandemia?

No estábamos preparados. El sudeste asiático tuvo un ensayo general con el SARS de 2003, pero aquí no estábamos entrenados. Nadie: ni gobierno, ni sanitarios, ni investigadores, ni ciudadanos. Si una semana antes de lo que se hizo nos dicen que nos confinan a todos, no hubiésemos hecho ni caso. Lo veíamos en China y pensábamos "qué exóticos, estos chinos están locos". ¿De verdad podíamos creer que China iba a hacer maniobras así para fastidiar su economía? Los chinos son personas razonables, como todos nosotros. Pero el 99% no se lo creía. Y llegó a Italia, aquí al lado, y seguíamos sin creérnoslo. Actuamos una semana después que Italia, igual de mal, y los debates eran sobre qué le estábamos haciendo al turismo, a los bares… cuando nadie nos estaba haciendo nada, era el virus. Seguíamos sin entenderlo.

Por eso no hemos reaccionado y por eso quiero que, ahora que nos hemos dado cuenta de lo que supone una pandemia, aprendamos de la primera ola para que la segunda sea mucho más suave. Sí confío en que hemos adquirido ya una rutina, que es un rollo pero que debemos mantener, por ejemplo como digo en la manera de trabajar. Y sobre todo que no caigamos en errores del principio, cuando hubo gente que pensó que iban a ser dos semanas y luego se agobió. Nos será mucho más fácil asumir que estos son los años de la pandemia, que tenemos que ir adaptándonos, alegrándonos de cada relajación… el final del túnel solo llegará cuando haya vacuna y con ella inmunidad de grupo.

20.  Oscar Molina, Alejandro Godino, Alba Molina. Sensedret a desconnectar? El teletreball en temps de covid-19  13 de mayo.


“…. En este sentido, los resultados de una encuesta 'on-line' hecha a 656 personas que teletrabajan durante el periodo de confinamiento revelan que, ante la pregunta sobre si se han intensificado las formas de control del rendimiento del teletrabajo, bien por falta de tiempo o por ausencia de necesidad, las personas trabajadoras están desarrollando principalmente su actividad sin nuevas herramientas de control de su rendimiento. Sólo un 25,46% de las personas encuestadas apuntan a la implementación de mecanismos adicionales de control de la productividad por parte de sus empresas u organismos públicos. Asimismo, sólo un 6% afirma realizar registro horario de su jornada (pese a continuar siendo una medida obligatoria durante el estado de alarma, también para los teletrabajadores) e, incluso, un 15% declara no rendir cuentas de ningún tipo. Por el contrario, el seguimiento del desempeño laboral a través de la evaluación de resultados y objetivos alcanzados parece ser el mecanismo fundamental hacen uso las organizaciones públicas y privadas en el presente contexto de excepción (46% de los encuestados). Y ello sin menospreciar la importancia, en muchos casos complementaria, de reuniones y comunicaciones con superiores y responsables mediante diferentes vías (mails, llamadas, videoconferencias, etc.), tal y como declaran 28% de encuestados).

Esta tendencia puede reflejar la posible proliferación de un modelo de gestión resultadista donde la valoración de la productividad laboral se convierte central, así como la conversión de empleadas y empleados en co-responsables de visibilizar y justificar activamente su desempeño. Podría suceder que, ante una actividad laboral forzosamente remotizada por la crisis sanitaria, las trabajadoras hubieran asumido la responsabilidad de autosupervisar y mostrar a sus responsables la viabilidad del teletrabajo, además de la realización de su trabajo mediante medios personales (extendiendo su jornada, negando su derecho a la desconexión, haciendo uso de dispositivos y equipos propios, y asumiendo costes operativos). Una opción que, en esta coyuntura, está siendo ampliamente percibida como el mal menor frente a la lucha contra la pandemia, el incremento de las necesidades de conciliación familiar, el fantasma de los ERTE o, en el peor de los casos, el despido…”

21- Albert Recio. Respondre la crisi evitant vells errors.  12 de mayo.



“... La crisis debe servir para repensar qué es lo importante para las vidas de las personas y, en consecuencia, cuáles deben ser las prioridades de la política económica. Los derechos laborales y sociales deben pasar al primer plano, así como la política fiscal progresiva. Y todo ello sin olvidar las experiencias de reestructuración empresarial para producir bienes esenciales, experiencias aunque modestas pero que pueden considerarse como ejemplos a menor escala de la necesaria reestructuración económica.

A veces, las crisis abren oportunidades para los cambios. Así, el final de la Segunda Guerra Mundial llevó en algunos países a mejoras en la distribución y las condiciones laborales y sociales. En cambio, la crisis originariamente financiera de 2008 supuso un retroceso en nuestro país y en muchos otros. No podemos repetir los errores de esta última, por lo que la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus debe estar orientada a establecer las bases de una sociedad más justa, más igualitaria y ecológicamente sostenible ".  

 



“… El objeto de esta entrada es centrarse en el tema de la inmigración. Por esa razón, voy a reseñar los principales elementos del apartado sobre migraciones del Informe de Gestión (I), así como del estudio sobre la contribución de los migrantes a la economía española (II). Lo voy a hacer enfatizando mediante el sistema de “citas literales” de algunos de los párrafos que el Defensor señala en su informe. He pensado que aportar la copia literal de determinados contenidos de los informes (que estarán en azul, con la página donde se han localizado) van a llegar más al lector que si las expongo bajo mi tamiz.

Por lo tanto, a continuación, el lector ha de tener en cuenta que utilizo el color negro para enmarcar los comentarios o propuestas del Defensor del Pueblo que considero más importantes de sus informes, mientras que en azul estarán las frases o párrafos donde aquél explica su posición o sus propuestas en el marco de las actuaciones que ha llevado a cabo. Desde luego, lo que se va a ver es un registro de la existencia de los migrantes en nuestro país, así como la profunda impronta que tienen para bien en nuestra sociedad, y en particular en nuestro mercado de trabajo, sin que a tenor de algunas de las cosas que se exponen, sean debidamente reconocidos o compensados por ello…”



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