I. Introducción.
El nombramiento de
nuevo gobierno en España, y las expectativas levantadas por la intervención del
Ministro de inclusión, Seguridad Social y migraciones, José Luis Escrivá, en su
comparecencia en la Comisión de Trabajo, inclusión, Seguridad Social y
Migraciones del Congreso de los Diputados el 27 de febrero (ahora parece una
fecha lejanísima en el tiempo ¿verdad?) me animó en aquel momento a pensar en
la publicación de una nueva entrada en este blog dedicada a la política de inmigración,
para tratar de su importancia en el ámbito internacional, europeo y por
supuesto español. Por ello, fui recopilando documentación para su preparación,
primero, y redacción después.
El Covid-19 nos ha
cambiado la vida en todos los aspectos, poniendo por delante de todo la
importancia de la salvaguardia de la salud, si bien solo ha relegado
temporalmente, al menos a mi parecer, la importancia de abordar, mejor dicho de
seguir abordando, otros asuntos de mucha
relevancia para nuestro futuro, como son el cambio climático, el impacto de la
tecnología, la demografía y el procesos de envejecimiento de la población en
las sociedades (al menos hasta hace poco tiempo) desarrolladas, y desde luego
también la inmigración. Aunque tampoco estamos a salvo, ni mucho menos, de
repetir errores y de olvidar el pasado cuando puedan acaecer nuevas crisis (lean,
por favor, el artículo del incansable profesor Ignasi Beltrán de Herediaen su blog, “¿Por qué no lo vi venir?; es casi obligada dicha lectura, obligación voluntaria si me permiten una
contradictio in terminis, para entender qué nos ha pasado y qué nos puede
pasar)
Quizá resulte algo
sorprendente que en unos momentos en que están cerradas las fronteras en muchos
países y la libre circulación de personas restringida al máximo decida dedicar
una entrada a la inmigración, ya adelanto que no desde una perspectiva de análisis
teórico o doctrinal (tiempo habrá, espero y deseo, para ello), sino desde la de
una recopilación ordenada de documentos que he podido leer, la gran parte
bastante recientes (antes y después del inicio de la pandemia del Covi-19) y que
ahora pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog con algunos extractos
o fragmentos de sus contenidos que me han parecido más relevantes en cuanto a
la temática abordada en cada uno de ellos.
Lo hago, porque la
inmigración no va a desaparecer y también porque habrá que prestar atención
cada vez más, en un cambio social incierto en su configuración futura, tanto a
los procesos migratorios de unos Estados a otros, como a los que se dan en el
interior de cada uno de ellos, y plantearse con toda claridad si es posible
seguir distinguiendo entre personas en situación “regular” y otras en situación
“irregular” cuando la crisis que vivimos nos está demostrando que todas, además
de la redundancia obvia de ser personas y por ello con derechos, son necesarias
para el mantenimiento, y si es posible mejora, de nuestro bienestar. Y si quieren
un ejemplo muy reciente referido a España, ¿qué les parecen las medidas
adoptadas en el RDL 11/2020 para el empleo agrario y el reconocimiento de la
regularidad, aunque en principio se plantee como temporal, de quienes podrían
pasar a ser irregulares laboralmente hablando durante su vigencia?
Al igual que he
hecho en otras ocasiones en que he abordado esta temática, he dividido las
referencias de cada documento en tres bloques: el primero de ámbito
internacional, con una atención preferente al último Informe de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) sobre las migraciones en el mundo, presentado
públicamente poco antes del inicio, a ritmo de formula 1, de la crisis sanitaria
y social que estamos viviendo; el segundo de ámbito europeo, con atención
también destacada para las decisiones institucionales, pero sin olvidar en modo
alguno las aportaciones de organizaciones sociales no gubernamentales y del
sindicalismo que agrupa a los organizaciones de los Estados UE; en fin, la realidad
española es el punto de atención del tercer bloque, con atención de primera
magnitud para la citada intervención del Ministro José Luís Escrivá, acompañada
de otros documentos con datos, cifras, estadísticas y propuestas tendentes a
mejorar la situación de la población migrante, ahora tan vapuleada por la crisis
como la nacional, ya que los virus no conocen de nombres, apellidos ni lugar de
nacimiento… aunque sí impactan mucho más en quienes tienen peores condiciones de
vida y de trabajo (o desempleo).
Y me permito finalizar
esta introducción con dos reflexiones de índole general y que he considerado
conveniente destacarlas aquí ya que podrían perfectamente tener cabida en las
tres dimensiones o ámbitos anteriormente citados.
La primera, desde
una revista de lectura recomendada por su dimensión social, “En la calle”, a cargo
de Antonio Jiménez, del centro nacional salesiano de pastoral juvenil, titulada
“Migraciones. Una perspectiva desde la fe”, quien manifiesta, con toda razón a mi
parecer, que “las migraciones, durante milenios, han conformado nuestros
actuales contextos culturales y sociales, nuestros horizontes de pensamiento,
nuestras tradiciones religiosas”, y que “en las próximas décadas, el gran reto
de nuestras sociedades europeas será el paso desde el inevitable
multiculturalismo a la realidad compleja de la interculturalidad”.
La segunda, desde
una perspectiva totalmente pegada a la realidad, es la efectuada por la Red Jesuita con Migrantes (RJM),
y ya en la primera fase de la presente crisis, titulada “ Ante la crisissanitaria y humanitaria provocada por la propagación del coronavirus COVID-19”,en las que se defiende, y no puedo sino estar de acuerdo también con estas tesis,
que “Nos toca levantar la voz
para que en cada uno de nuestros países se realice una reflexión argumentada
sobre el aporte que hace la población migrante y refugiada a nuestras
sociedades y que por tanto no puede quedar excluida de un abordaje integral de
la crisis. Nos necesitamos todos y todas para salir de esta pandemia”,
y que “Las personas migrantes y refugiadas dinamizan las sociedades de
las que hacen parte, prestan servicios indispensables en muchas áreas,
son consumidores, están a cargo de los cuidados de niños y personas adultas
mayores, se desempeñan en construcción, agricultura y en muchas otras áreas... En
otras palabras, permiten que la vida siga o resurja. Para ayudarnos a superar
los escenarios de recesión económica que se prevén, necesitamos también de las
personas que han migrado. La política migratoria de cada país debe
reforzar sus estrategias de integración en este contexto”.
II. Documentación
internacional.
1. OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo2020. (NOTA IMPORTANTE: Documento redactado antes del inicio de la pandemia del
Covid-19).
“Síntesis
del Informe. Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de
creciente incertidumbre”.
“El presente informe sobre las migraciones en el
mundo se centra en la evolución de la migración en el último bienio, procurando
ofrecer un análisis que tenga en cuenta factores tanto históricos como
contemporáneos. Históricos, en reconocimiento de que la migración y el
desplazamiento se enmarcan en situaciones sociales, políticas, económicas y de
seguridad más amplias y de más largo aliento; y contemporáneos, en
reconocimiento de que nos encontramos en medio de profundas transformaciones
mundiales, y de que los cambios en nuestra vida cotidiana están repercutiendo
en el entorno en que se produce y analiza actualmente la migración”.
En este bienio “fuimos testigos de un aumento de
la escala de la migración en consonancia con las tendencias recientes. Se estima
que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y que
casi dos tercios de ellos son migrantes laborales. Esta cifra sigue siendo un
porcentaje muy pequeño de la población mundial (el 3,5%), lo que significa que
la enorme mayoría de las personas del mundo (el 96,5%) residen en su país
natal. Sin embargo, estas estimaciones del número y la proporción de migrantes
internacionales ya superan algunas proyecciones hechas para el año 2050, que
pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de migrantes internacionales”.
“El 74 % de los migrantes internacionales eran
personas en edad de trabajar”… “Más de la mitad de los migrantes internacionales
del mundo (141 millones) vivían en Europa y América del Norte”.
“La movilidad es una característica intrínseca de
todas las poblaciones, a menos que existan políticas u otros factores
específicos que la limiten o controlen. Sin embargo, algunas personas se mueven
más que otras y lo hacen de maneras diferentes, lo que parece estar
estrechamente vinculado al grado de desarrollo de los países, que a su vez se relaciona
con la distribución de la población dentro de cada país”.
“La inclusión de los migrantes en las sociedades
de acogida se relaciona con distintos ámbitos sociales y normativos, que en
gran medida son interdependientes. Los resultados de la inclusión en un ámbito
de las políticas —como la enseñanza del idioma, la educación, el mercado
laboral, la reunificación familiar, la participación política o la
naturalización— repercutirán probablemente en otros”.
“En los dos últimos años se registraron cambios
sustanciales en la gobernanza mundial de la migración, principalmente gracias a
la creación de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y a la
aprobación de los dos pactos mundiales sobre los refugiados y la migración. Aunque
no son jurídicamente vinculantes, ambos pactos mundiales representan un
consenso casi universal sobre las cuestiones que requieren una cooperación y un
compromiso sostenido de parte de la comunidad internacional”.
“… tenemos un conjunto cada vez mayor y mejor de datos
y pruebas que pueden ayudarnos a comprender con más exactitud las
características básicas de la migración y el modo en que están cambiando, así
como la evolución que está modificando el contexto en que tiene lugar la migración.
Esto se está volviendo cada vez más importante, porque los debates públicos,
plagados de desinformación y falsedades, están pudiendo utilizar en medida
creciente la constante expansión de las plataformas abiertas de los “nuevos
medios” para afianzar la representación distorsionada y tergiversada de la
migración y los migrantes”.
“Más que meros trabajadores…
Aunque solemos pensar en los migrantes
internacionales principalmente como una fuente de mano de obra, estas personas
son más que meros trabajadores y cumplen diversas funciones económicas en los
países de origen y de destino:
• Como trabajadores, forman parte del mercado
laboral pero tienen asimismo un efecto en él; también modifican la distribución
de ingresos del país e influyen en las prioridades de inversión interna.
• Como estudiantes, los migrantes —o sus hijos—
contribuyen a aumentar la reserva de capital humano y a difundir el
conocimiento.
• Como emprendedores e inversionistas, crean
oportunidades de empleo y promueven la innovación y el cambio tecnológico.
• Como consumidores, contribuyen a aumentar la
demanda de bienes y servicios nacionales —y extranjeros— influyendo de este
modo en los niveles de los precios y la producción, así como en la balanza
comercial.
• Como ahorradores, no solo envían remesas a sus
países de origen, sino que también contribuyen indirectamente, a través del
sistema bancario, a promover la inversión en sus países de acogida.
• Como contribuyentes fiscales, hacen
aportaciones al presupuesto público y utilizan los servicios públicos.
• Como miembros de sus familias, respaldan a
otros, que pueden necesitar cuidados y apoyo”.
MIGRACIÓN, INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL: RETOS,
NOVEDADES RECIENTES Y OPORTUNIDADES.
“Con 164 millones de trabajadores migrantes en el
mundo en 2017 —el 59,2% de todos los migrantes internacionales y el 70,1% de
los que estaban en edad de trabajar—, la inclusión en el mercado laboral es una
esfera de política crucial para los países. Su importancia en términos de las
contribuciones económicas de los migrantes a las sociedades de acogida y de
origen se recalca cada vez más.. Por ejemplo, se ha estimado que, aunque los
migrantes aportaron el 9,4% del producto interno bruto (PIB) mundial en 2015, una
mayor inclusión, también en el empleo, podría añadir otro billón de dólares de
los Estados Unidos por año al PIB mundial.
las diferencias entre distintos países y grupos
son considerables, ya que la inclusión en el mercado laboral depende de la
situación socioeconómica y las políticas de cada país, así como de las
características demográficas e individuales de los migrantes (como la edad, el
género, el conocimiento del idioma o los títulos de estudio) y las
circunstancias de su migración…”.
2.
OIT.
Global employment trends for youth 2020. 9 de marzo.
“En los últimos años, las políticas de
inmigración se han vuelto más severas para los jóvenes migrantes, requiriendo
el cumplimiento de una serie de procedimientos burocráticos. Es probable que quienes inmigren sin los documentos
necesarios terminen trabajando de manera informal y, por consiguiente, sean
vulnerables a los abusos de sus empleadores.
La migración irregular también aumenta la probabilidad de trabajar sin
contrato, lo que a menudo supone recibir un pago irregular y exponerse al
riesgo de no recibir ningún pago por los servicios prestados. Sin embargo, las
considerables disparidades en la calidad y la disponibilidad de trabajo entre
los países significan que, a menos que se aborden los problemas del mercado
laboral, los jóvenes seguirán buscando oportunidades económicas en el
extranjero, independientemente de la legalidad”.
3. Comunicado de prensa conjunto del
ACNUDH, la OIM, el ACNUR y la OMS: los derechos y la salud de los refugiados,los migrantes y los apátridas deben protegerse en la respuesta a COVID-19. 1 de abril.
“Frente a la crisis de COVID-19, todos somos
vulnerables. El virus ha demostrado que no discrimina, pero muchos refugiados,
los desplazados por la fuerza, los apátridas y los migrantes corren un riesgo
mayor.
Tres cuartas partes de los refugiados y muchos
migrantes del mundo se encuentran en regiones en desarrollo donde los sistemas
de salud ya están abrumados y con poca capacidad. Muchos viven en campamentos, asentamientos,
refugios improvisados o centros de recepción superpoblados, donde carecen de
acceso adecuado a los servicios de salud, agua potable y saneamiento.
La situación de los refugiados y los migrantes
detenidos en lugares de detención oficiales y oficiosos, en condiciones de
hacinamiento e insalubridad, es particularmente preocupante. Considerando las
consecuencias letales que tendría un brote de COVID-19, deberían ser liberados
sin demora. Los niños migrantes y sus familias y los detenidos sin una base
jurídica suficiente deberían ser liberados inmediatamente.
Esta enfermedad sólo puede ser controlada si hay un
enfoque inclusivo que proteja los derechos de cada individuo a la vida y la
salud. Los migrantes y los refugiados
son desproporcionadamente vulnerables a la exclusión, la estigmatización y la
discriminación, en particular cuando están indocumentados. Para evitar una catástrofe, los gobiernos
deben hacer todo lo posible para proteger los derechos y la salud de todos. La
protección de los derechos y la salud de todas las personas ayudará de hecho a
controlar la propagación del virus.
Es vital que todos, incluidos todos los migrantes y
refugiados, tengan garantizado el acceso igualitario a los servicios de salud y
se incluyan efectivamente en las respuestas nacionales a COVID-19, incluidas la
prevención, las pruebas y el tratamiento. La inclusión no sólo ayudará a
proteger los derechos de los refugiados y los migrantes, sino que también
servirá para proteger la salud pública y frenar la propagación mundial de
COVID-19. Si bien muchas naciones
protegen y acogen a las poblaciones de refugiados y migrantes, a menudo no
están equipadas para responder a crisis como la de COVID-19. Para garantizar
que los refugiados y migrantes tengan un acceso adecuado a los servicios
nacionales de salud, los Estados tal vez necesiten apoyo financiero adicional.
Es aquí donde las instituciones financieras mundiales pueden desempeñar un
papel destacado en la facilitación de fondos.
Mientras los países cierran sus fronteras y limitan
los movimientos transfronterizos, hay formas de gestionar las restricciones
fronterizas de manera que se respeten las normas internacionales de derechos
humanos y de protección de los refugiados, incluido el principio de no
devolución, mediante la cuarentena y los controles sanitarios.
Más que nunca, dado que COVID-19 representa una
amenaza mundial para nuestra humanidad colectiva, nuestro principal objetivo
debería ser la preservación de la vida, independientemente de su estatus. Esta crisis exige un enfoque internacional
coherente y eficaz que no deje a nadie atrás.
En este momento crucial, todos debemos unirnos en torno a un objetivo
común, la lucha contra este virus mortal. Muchos refugiados, desplazados,
apátridas y migrantes tienen habilidades y recursos que también pueden ser
parte de la solución.
No podemos permitir que el miedo o la intolerancia
socaven los derechos o comprometan la eficacia de las respuestas a la pandemia
mundial. Estamos todos juntos en esto. Sólo podremos derrotar este virus cuando
todos y cada uno de nosotros estemos protegidos”.
III. Documentación europea.
1. Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, y al Comité de las Regiones.
Plan de acción para la integración de los nacionales de terceros países. 7 de
junio de 2016.
“En el caso de los nacionales de terceros países
interesados, en particular los que se desplazan por motivos laborales o
familiares, y también en el de los refugiados que necesitan reasentarse, la
capacitación lingüística y la formación laboral antes de la partida pueden
agilizar la integración en su futuro entorno. Se ha demostrado que las medidas
previas a la partida diseñadas de manera conjunta entre los países de origen y destino
resultan muy eficaces para acelerar la integración. No obstante, la cooperación
con los países de origen y tránsito en esta cuestión aún no está lo
suficientemente desarrollada. En su comunicación sobre el establecimiento de un
nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda
Europea de Migración, la Comisión propone adoptar un enfoque coherente y
adaptado para desarrollar, en colaboración con los Estados miembros,
instrumentos, herramientas e incentivos para crear asociaciones de amplio
alcance con terceros países a fin de mejorar la gestión de la inmigración”.
“En aras de reforzar sus políticas de
integración, se insta a los Estados miembros a:
-- Apoyar la inserción rápida en el mercado
laboral de los nacionales de terceros países recién llegados, por ejemplo,
mediante una pronta evaluación de sus competencias y cualificaciones, la
combinación del aprendizaje de lenguas con la formación en el puesto de
trabajo, asesoramiento y orientación específica.
-- Eliminar los obstáculos para garantizar un
acceso efectivo de los refugiados a la formación profesional y al mercado
laboral y, cuando las condiciones sean propicias para ofrecerles protección,
también a los solicitantes de asilo.
-- Evaluar, validar y reconocer lo antes posible
las competencias y cualificaciones de los nacionales extranjeros, haciendo
pleno uso de las herramientas disponibles en la UE.
-- Fomentar el espíritu emprendedor mediante el
asesoramiento y la formación empresarial individualizados y con la apertura a
los nacionales de terceros países de estructuras estándar orientadas a impulsar
el emprendimiento”.
2.
European Union. Sustainable inclusion ofmigrants into society and labour market. Junio 2019.
Algunos mensajes clave sobre la mejor manera de
desarrollar enfoques integrados para incluir activamente a los migrantes en el
trabajo, el mercado y la sociedad:
●● Adoptar políticas de inclusión dinámicas y a
largo plazo y vías de acceso al trabajo al ritmo de la evolución del mercado y
teniendo en cuenta transformaciones del trabajo (como la digitalización y la
economía gig como políticas de inclusión que deben ser "a prueba de
futuro", es decir, coherente con oportunidades futuras), así como confiar
en medidas de protección social reforzadas.
●● Velar por que el enfoque integrado de la
inclusión de los migrantes tenga en cuenta la gran variedad de perfiles de los
migrantes y de estructuras y condiciones del mercado de trabajo en todos los
Estados miembros.
●● Crear un entorno propicio para la migración
inclusión al proporcionar un robusto y estable marco jurídico… La incertidumbre
y los cambios retrasan el proceso de inclusión y podría crear desconfianza
hacia las autoridades.
Fomentar la integración temprana y rápida de los
migrantes en el mercado laboral como elemento crucial para su inclusión, ya que
les permite ser financieramente independientes y autosuficientes; utilizar sus
habilidades y cualificaciones; poner en práctica sus conocimientos del idioma; y
construir redes sociales.
●● Las medidas de integración deberían ser el
enfoque preferido, ya que pueden contribuir mejor a la inclusión sostenible de
los migrantes en el mercado laboral a largo plazo.
Dar prioridad a los sistemas duales que combinan
cursos de idiomas con vías de capacitación o empleo, que requieren que los
migrantes conozcan el idioma antes de acceder al mercado laboral”.
3. Eurobarómetro estándar 92. Otoño 2019. Laopinión pública en la Unión Europea. Noviembre 2019.
En el ámbito europeo, un 34 % de las personas
encuestada consideran la inmigración como el problema más importante al que
debe hacer frente la UE (sin cambio en el porcentaje desde el euro barómetro de
primavera del mismo año), seguida del cambio climático (24 %) y la situación
económica (18 %) (Posibilidad de dos respuestas). En España el porcentaje es el
29 %. En 26 Estados miembros (frente a 21 en la primavera de 2019) consideran
la inmigración el principal problema.
En el ámbito nacional de cada persona encuestada,
la principal preocupación es el sistema de salud y de seguridad social (23 %),
siendo la primera ocasión en que se sitúa en primer lugar en el barómetro. La
inmigración está en quinto lugar (17 %, muy lejos aún del porcentaje récord, 36
%, alcanzado en la primavera de 2015). Es el problema más importante en tres
países (Malta, Grecia y Bélgica) y segunda en Chipre, Alemania, Austria e
Italia. En España ocupa el quinto lugar (11 %)
(DATO IMPORTANTE, YA QUE ES ANTERIOR AL INICIO DE
LA CRISIS DEL COVID 19) Un 68 % de las personas encuestada se manifiestan favorables
a un reforzamiento de las fronteras exteriores de la UE, por sólo 22 % en
contra y 10 % que no saben o no contestan. En Grecia alcanza un 91 %, y en
España es de un 60 %.
4. Resolución sobre las vías de trabajo de la ConfederaciónEuropea de Sindicatos en materia de migracióny asilo. 18 de noviembre de 2019.
“La presente
Resolución se refiere
a las condiciones
de entrada, estancia
y trabajo de
los nacionales de terceros países
en Europa. Un migrante se define como una persona que vive en Europa pero que
tiene la ciudadanía de un tercer país.
La CES y sus miembros piden a la UE que garanticen
los derechos de todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, los
refugiados y los migrantes indocumentados.
Todos
los Estados miembros
deben garantizar el
derecho a trabajar
a los solicitantes de asilo. La
condición de inmigrante
concierne a los
solicitantes de asilo,
mientras que el
derecho al empleo
concierne a la
dignidad del trabajador
- a nadie
se le debe privar del derecho a trabajar debido
a su situación
irregular. Lo mismo
se debe aplicar a
los hijos de los
solicitantes de asilo y a los menores que solicitan protección internacional.
Su condición no puede ser motivo para privarles del derecho a asistir a la
escuela o a tener acceso a una educación de calidad.
La UE debería
perseguir la mejora
de las condiciones
de vida y
de trabajo de
todos los trabajadores
y de los
miembros de sus
familias, independientemente de
su situación migratoria. El Pilar Europeo de Derechos
Sociales debe aplicarse a todas las personas que trabajan. En el esfuerzo común
por mejorar el nivel de vida y de trabajo de los trabajadores europeos, no
se puede dejar
de lado a
los migrantes (alrededor
del 10% de
la mano de
obra). Especialmente cuando
están expuestos a
la explotación y
al empleo no
declarado, sus derechos como
trabajadores deberían conducir
a la regularización de
su situación laboral y garantizar la continuidad de sus
ingresos y su dignidad de vida
Más
oportunidades para la
migración regular. La
CES defiende una
Europa abierta, con
oportunidades para que los inmigrantes económicos entren y trabajen en
la UE. Los Estados miembros deben tener libertad para decidir sobre los flujos.
Sin embargo, la legislación de la UE
puede seguir obligando
a las legislaciones
nacionales a respetar
derechos mínimos, normas
de trabajo decente
y el principio
de igualdad de
trato en favor
de todos los
trabajadores,
independientemente de su
situación migratoria, incluido
el derecho que garantice la transición del empleo
irregular al empleo regular.Es
necesario definir distintas formas de
regularización permanente para
los ciudadanos migrantes
presentes en el
territorio europeo sin
permiso de residencia.
Al mismo tiempo,
deben derogarse todas
las leyes y
reglamentos relativos a
la seguridad y
las prácticas discriminatorias en materia de inmigración
adoptadas hasta ahora por los distintos Estados miembros, y poner
en marcha políticas migratorias nuevas y
eficaces destinadas a
garantizar una inclusión
real una verdadera
aceptación, así como
una mayor cohesión
social.
La condición de inmigrante y los derechos
laborales deberían separarse para garantizar que todos los trabajadores puedan
reclamar sus derechos en el trabajo.
Los
inmigrantes indocumentados deben
poder reclamar sus
derechos en el
trabajo.En muchos Estados
miembros, los trabajadores
indocumentados no pueden
reclamar sus derechos laborales, ya que la ley vincula los
derechos laborales a la condición de migrante. Empleadores sin escrúpulos
se aprovechan de
esto y obligan
a los trabajadores indocumentados a aceptar
condiciones abusivas sin que puedan denunciar los abusos a las autoridades sin
riesgo de ser
encarcelados o deportados.
Es imperativo que
todos los Estados miembros separen la situación de la
migración y los derechos laborales para evitar dicha explotación.
Habida cuenta del
gran número de
trabajadores migrantes
presentes en Europa,
de las condiciones
de explotación a las que
a menudo se
ven sometidos y de la
gran dificultad para repatriarlos, es preciso encontrar una solución
política a escala de la UE. En
particular, los migrantes no
comunitarios deben estar
protegidos contra las
formas ilegales o irregulares de
empleo y beneficiarse de una regularización caso por caso de sus
situaciones. El Pilar
Europeo de Derechos
Sociales debe interpretarse
de manera que
proteja plenamente a
todos los nacionales
de terceros países
"que trabajan en actividades legales" o con residencia legal”.
5. Comisión Europea y Alto representante de la
Unión para asuntos exteriores y política de seguridad. Comunicación conjunta al Parlamento Europeoy al Consejo. Hacia una estrategia global con África. 9 de marzo.
“… Es necesario reforzar la cooperación para
evitar la migración irregular y poner fin a la pérdida de vidas en el mar. Esto
incluye intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, prestando
especial atención al papel de las redes delictivas, y debe ir de la mano de la
lucha contra la trata de seres humanos. La creación de capacidad para una
gestión eficaz de la migración, incluida una gestión fronteriza eficaz, es
especialmente importante, y la UE debe seguir ofreciendo asistencia a los
socios africanos en este ámbito. También se requieren medidas adicionales para
hacer frente a las causas subyacentes de la migración irregular y de los
desplazamientos forzosos tomando como base los diversos tipos de apoyo
facilitado a través del Fondo Fiduciario de la UE para África.
Es preciso mejorar la cooperación en materia de
retorno y readmisión y los índices de retorno efectivos. La UE y África deben
esforzarse por lograr unos mecanismos más eficientes y sostenibles, también
mediante el apoyo al retorno voluntario, y mediante la celebración y la
aplicación efectivas de acuerdos de readmisión. Los retornos deben ir
acompañados de una reintegración sostenible en los países de origen.
Paralelamente, una cooperación reforzada en
materia de migración legal puede aportar importantes ventajas en ambos
sentidos, ofreciendo oportunidades de empleo que respondan a las necesidades
del mercado laboral en ambos continentes. Los proyectos relativos a la
migración legal y circular y la movilidad laboral con los países africanos y
los esfuerzos por mejorar los beneficios de la migración para el desarrollo,
también mediante la facilitación de las remesas, podrían contribuir
significativamente a la regularidad y la seguridad de la migración y la
movilidad….”.
6. Cáritas Europa. Covid-19 as an opportunity to improve ourwelfare systems. 27 de marzo.
Cáritas Europa ve la situación actual como una
oportunidad para que la UE y sus estados miembros empiecen a diseñar un sistema
de bienestar sostenible y adecuado que ponga a las personas en primer lugar,
avanzando hacia una convergencia ascendente. En respuesta a la crisis
financiera de 2008, Cáritas Europa ya destacó la importancia del estado de
bienestar como el asunto más crítico que deben afrontar la UE y sus Estados
miembros, instando a una transformación del estado de bienestar de los siglos
XIX y XX para abordar adecuadamente los retos del siglo XXI de pleno empleo,
crecimiento inclusivo, inversiones en familias y jóvenes, una fuerte protección
social, condiciones de jubilación decentes y una política sanitaria activa.
Insistimos en la necesidad de aumentar la conciencia
de las desigualdades que existen e instamos a los encargados de la formulación
de políticas a que tengan esto en cuenta en las propuestas presupuestarias en
curso. Debemos asegurarnos de que la atención de salud universal, la atención
infantil universal, la licencia de enfermedad remunerada, los ingresos mínimos,
el apoyo y los servicios para los solicitantes de asilo, las personas sin hogar
y otras personas menos afortunadas sigan ocupando un lugar destacado en el
programa político. Debemos colaborar ahora con soluciones innovadoras para
asegurar que los gobiernos mantengan sistemas de atención de la salud pública
universales y sólidos sistemas de protección social (incluidos los planes de
ingresos mínimos) para poder hacer frente a esta crisis sanitaria y económica.
Con este fin, recordamos la necesidad de incluir los tres pilares siguientes en
el próximo modelo social de Europa:
1. Protección de la familia
La familia es la célula vital de la sociedad, hoy con
las medidas de confinamiento de COVID-19 más que nunca. Las medidas
socioeconómicas deben salvaguardar los ingresos y las condiciones de vida de la
familia, apoyando la resistencia de las familias.
2. Empleo
Los trabajadores afectados por el cierre forzoso de
sectores económicos deben tener derecho a un ingreso de sustitución que cubra
al menos el 70% de su salario regular.
3. Vivienda y atención de la salud
Las autoridades públicas evitarán cualquier situación
que ponga en peligro a los individuos y las familias durante el encierro. Por
lo tanto, es importante hacer cumplir una moratoria temporal para el pago de
alquileres o hipotecas en todos los casos en que la persona o la familia se
encuentre temporalmente incapacitada para pagar. Los bancos deben asumir su
responsabilidad en esto.
La aplicación de las medidas de confinamiento debe
tener en cuenta la situación especial de los grupos e individuos en situaciones
de exclusión social grave, como las personas sin hogar o los migrantes en
situación administrativa irregular, que viven en asentamientos informales.
Todas las personas que residen en el país,
posiblemente afectadas por el virus COVID-19, deberían tener acceso igual e
incondicional a una atención de salud adecuada.
8. Eurostat. Los Estados miembros de la UEconcedieron la ciudadanía a más de 670 mil personas en 2018. 30 de marzo.
“En 2018, alrededor de 672.300 personas
adquirieron la ciudadanía de uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea
(UE), frente a 700 600 en 2017 y 843 900 en 2016.Del total de personas que
obtuvieron la ciudadanía de uno de los Estados miembros de la UE en 2018, el
13% eran antiguos ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, mientras que la
mayoría eran ciudadanos de la UE o apátridas.
El grupo más numeroso que adquirió la ciudadanía
de un Estado miembro de la Unión Europea donde vivía en 2018 fue el de los
ciudadanos de Marruecos (67200 personas, de las cuales el 84% adquirió la ciudadanía
de España, Italia o Francia), por delante de los ciudadanos de Albania (47400,
el 97% adquirió la ciudadanía de Grecia o Italia), Turquía (28 400, el 59%
adquirió la ciudadanía alemana), el Brasil (23100, el 76% adquirió la
ciudadanía de Italia o Portugal), Rumanía (21.500, el 51% adquirió la
ciudadanía de Italia o Alemania), Argelia (1.800, el 81% adquirió la ciudadanía
francesa), el Reino Unido (16.200, el 59% adquirió la ciudadanía de Alemania o
Francia), Siria (16.000, el 66% adquirió la ciudadanía de Suecia), Rusia
(15.800, el 31% adquirió la ciudadanía alemana) y Ucrania (1.500, el 55%
adquirió la ciudadanía de Alemania, Polonia o Italia).
Los rumanos (21.500 personas), los polacos
(1.900) y los italianos (8.100) fueron los tres grupos más numerosos de
ciudadanos de la Unión Europea que adquirieron la ciudadanía de otro Estado
miembro de la Unión.
IV. Documentación española.
1 Consejo Económico y Social. La inmigración enEspaña: efecto y oportunidades. 20 de marzo de 2019.
Conclusiones del Informe.
“… no debe olvidarse que la emigración entraña una
gran pérdida de capital humano porque tienden a emigrar las personas con más
formación y especialización profesional, con mayores recursos económicos y
mayor red de contactos internacionales.
En España, desde el inicio de la salida de la
crisis económica (2014-2015) “hay… una mayor diversidad de países de nacimiento
de los inmigrantes, una menor masculinización y una distribución menos
concentrada en edades jóvenes.
En los flujos de entrada, que van configurando la
nueva población inmigrante en España, es visible el avance de la presencia de
mujeres, hasta una participación ya muy igualadaen los datos anuales. Y se
observa asimismo una mayor presencia de edades relativamente más mayores en
estos datos. Se trata de dos rasgos distintos a los que se daban antes de la crisis
y, sobre todo, en los años noventa del pasado siglo y en los primeros años del
actual, donde los inmigrantes eran varones en mayor proporción y donde las
edades eran más jóvenes (pero sin destacar la presencia de niños) lo que
marcaba el carácter más económico, laboral sobre todo, de la inmigración en
aquellos años, frente a la mayor diversidad actual de motivos”.
Los datos sobre autorización de residencia
permanente (84,2 % en 2018) permiten afirmar en el Informe que “la regularidad
y la estabilidad de los extranjeros, referidos a su situación administrativa,
constituyen hoy en día la norma en la gran mayoría de los casos”, que pierden
peso las de trabajo y lo gana las de razones familiares y arraigo.
No obstante, el informe reconoce que “… por su propia naturaleza, se desconoce la
magnitud exacta de volumen de extranjeros en situación administrativa
irregular. La mayoría de la información disponible, al igual que el debate
sobre estas cuestiones, se centra en las entradas interceptadas por vía
marítima y terrestre cuando lo más probable es que la principal vía de entrada
en la irregularidad sea la caducidad de los visados de turista de personas
llegadas por vía aérea”.
En el conjunto de la población activa en España
había, en 2018, 3,6 millones de personas de origen inmigrante (733.000 de ellas
con doble nacionalidad). De ellas, 2,8 millones tenían empleo y las 766.000
restantes estaban en paro. El peso de esta población activa inmigrante no ha
llegado a retroceder, pese al visible impacto de la crisis, y supone más del 15
por 100 del total en 2018, con una importancia aún mayor en los grupos más
jóvenes (en torno al 22 por 100 en ese mismo año), asociada al peso ya en ellos
de la segunda generación. Por otro lado, la mayoría de esta población de origen
migrante en edad laboral cuenta con periodos largos de residencia en España,
como atestigua el 58 por 100 del total con residencia entre 10 y 19 años en
España que señalaba la EPA en 2018.
Una población de origen inmigrante que es, por
tanto, cada vez mayor en volumen y en peso en el mercado laboral y que presenta
además, en concordancia con lo que se explicó en la caracterización
sociodemográfica, dos rasgos diferenciales básicos: su mayor juventud (su menor
edad, en promedio), que no ha variado mucho en el periodo contemplado; y su
creciente heterogeneidad por otras circunstancias personales (orígenes, grado
de cualificación…) con impacto en su situación laboral.
El carácter central del trabajo como medio de
vida se trasluce en la participación laboral de las personas extranjeras,
sistemáticamente más alta que la de las personas de nacionalidad solo española
(15 puntos más de tasa de actividad en 2018)….
El informe propone: “las políticas de integración
deben implicarse también, en lo relativo al mercado de trabajo, en la mejora de
los procedimientos administrativos, reduciendo trabas que obstaculizan el
acceso al trabajo de las personas de origen extranjero. En este sentido, sería
deseable que se articularan medidas para facilitar la homologación de los
títulos formativos obtenidos en el extranjero, así como la acreditación de las
competencias profesionales adquiridas en la práctica laboral, para permitir a
los trabajadores inmigrantes el acceso a ramas de actividad y categorías
ocupacionales acordes con su nivel de cualificación y mejor remuneradas, lo que
redundaría, a su vez, en un mejor aprovechamiento económico de su capital
humano”.
En cuanto a las ocupaciones desempeñadas, destaca
que cinco categorías “suponen nada menos que el 55 % del total del empleo en
las mujeres inmigrantes”, y que dentro de ellas “destaca la de empleadas
domésticas, con un 22 % de ese total”.
El Informe propone: “… en línea con la opinión de
la AIREF, el mantenimiento de una política migratoria abierta, flexible e
integradora durante las próximas décadas puede paliar en cierta medida el descenso
de la población en edad de trabajar, y con ello, de los ingresos por cotizaciones,
compensando en parte el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto
en pensiones”.
CONCLUSIÓN FINAL.
“La política migratoria no puede quedar reducida a la gestión de los
controles en las fronteras. Es necesario apostar por la aceptación de la
diversidad y su traslación a la gestión de todas las políticas con el objetivo
de reforzar la cohesión social. Los cambios sociales y económicos derivados del
fenómeno migratorio en España necesitan de la articulación de políticas de
carácter integral apoyadas en el más alto nivel de consenso que favorezca su
continuidad y eficacia, con un papel destacado del diálogo social”.
2. Eduardo Rojo. Extranjeros con certificado deregistro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2019.
A 31 de
diciembre de 2019 había 5.663.348 extranjeros con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor, más exactamente 3.435.034 personas acogidas al
régimen comunitario (60,7 %) y 2.228.314 al régimen general (39,3 %), con un
incremento en series interanual en el primer grupo de 160.180 (4,9 %), y de
78.387 en el segundo (3,6 %). Cabe destacar como elemento relevante el
incremento del número de residentes extranjeros en régimen general, habiéndose
cambiado la tendencia de descenso poblacional de 2001 a 2015 en 2016, en que el
porcentaje de la población extranjera residente se incrementó alrededor del 1,5
%, subiendo al 3,6 % en 2017 y 2018, y alcanzando el 4,5 % el pasado año. La edad media es de 39 años, con grandes
diferencias entre la población de mayor edad (Reino Unido, 53,5 años) y la de
menor (Marruecos, 32 años, seguida muy de cerca por China, 33,2). La población
femenina supone el 47,9 % del total.
Como he
indicado, el porcentaje de ciudadanos extranjeros a los que se aplica el
derecho de libre circulación y residencia, es decir, el Régimen Comunitario, es
del 60,7 % sobre el total, frente al Régimen General que se sitúa en el 39,3 %
% Las provincias de Madrid y Barcelona, con 927.228y 849.405 extranjeros
respectivamente concentran el 31,4 % de los extranjeros residentes en España, y
junto con las de las de Alicante, Málaga, Valencia, Islas Baleares y Murcia, el
56,5 %. Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad
Valenciana, concentran el 66,0 % del total de la población extranjera.
En el régimen general, destaca el peso de la
población extranjera en edad laboral, ya que el 78,2 de la población se
encuentra en edades comprendidas entre 16 y 64 años (1.742.978) mientras que el
resto se concentra mayoritariamente en la población menor de 16 años (414.933,
18,6 %), con una presencia residual (70.403, 3,2 %) de los mayores de 65 años.
De los extranjeros del régimen general, el 81,6
%, es decir 1.817.191 personas, disponen de autorización de residencia de larga
duración (con un elevado porcentaje, superior al 49 y 28 % de ciudadanos
africanos y de América Central y del Sur, destacando que los colectivos más
numerosos son los nacionales de Marruecos, China y Ecuador,). Las
autorizaciones temporales (411.123) suponen el 18,4 % del total, habiéndose
detenido por tercer año consecutivo la disminución existente en años
anteriores, con un crecimiento de 65.126 (18,8 %) concesiones en serie
interanual.
3. Amparo González. Cambios en la dinámica
migratoria española de la última década. Más allá del titular. El Notario del siglo XXI, enero-febrero 2020,
nº 89.
“Junto al dinamismo de los flujos y el reemplazo
constante de una parte de la población inmigrante que deriva de la salida de
unos y la llegada de otros, hay una parte importante de la población de origen
inmigrante que se ha instalado de forma permanente en España, lo que no quiere
decir necesariamente para siempre. La estabilización de la población de origen
inmigrante implica una mayor presencia de mujeres y menores, así como una
sustancial reducción de la irregularidad frente a épocas pasadas, con el
incremento paralelo de quienes tienen permiso de residencia permanente (83% de
los sometidos a régimen general de extranjería en 2018, frente al 36% en 2008)
y, en muchos casos, la nacionalidad española (ver más abajo). Por tanto, como
en tantos otros países de nuestro entorno, la población extranjera representa
solo una fracción de toda la población de origen inmigrante, y es necesario
incorporar al imaginario colectivo y a las políticas públicas el componente de
diversidad que ello implica”.
4. Pacto social vasco para la migración. 31 de enero de 2020.
Sus objetivos tienen una proyección ética,
preventiva, y proactiva. El objetivo ético de este pacto es contribuir a
reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las
personas migrantes. El objetivo preventivo es configurar una unidad social y
política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos de
pretexto xenófobo. Su objetivo pragmático es afrontar el reto migratorio como
parte de un proceso de crecimiento y progreso para nuestra sociedad.
OPCIONES TRANSVERSALES. Quienes suscribimos este
Pacto coincidimos en hacer nuestras, en la medida de nuestras capacidades y
competencias, las siguientes opciones transversales:
II. Derechos Humanos. Promovemos la máxima
extensión posible de la titularidad de derechos fundamentales, con
independencia de la nacionalidad, sobre la base del principio de igualdad de
trato y oportunidades, y frente a cualquier forma de discriminación.
IV. Cohesión. Apoyamos firmemente la
universalidad de la educación, la sanidad o las prestaciones sociales básicas y
el mantenimiento de cauces para el acceso a la formación e integración
socio-laboral para el empleo y a la vivienda en un marco de igualdad de
derechos y deberes.
COMPROMISOS ESPECÍFICOS.
3. Inmigración regularizada. Promover cauces que
amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada y que tenga en cuenta
la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de la persona
migrante y las necesidades que en Europa plantea el reto demográfico.
4. Solicitantes de asilo y personas refugiadas.
Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la
acogida e integración de solicitantes de protección internacional y personas
refugiadas tanto en el ámbito europeo y estatal como en Euskadi.
5. Migrantes en situación de vulnerabilidad.
Ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a
migrantes en situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres,
menores y víctimas de violaciones de derechos humanos.
6. Migrantes en situación no regularizada.
Articular los recursos necesarios para ofrecer una respuesta solidaria y
humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito, o sin documentación
regularizada, que sea tendente a favorecer procesos de autonomía.
7. Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) y
Jóvenes Extranjeros No Acompañados (JENAs). Disponer los recursos necesarios
para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones
legales, al cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un
proyecto de integración socio-laboral de estos jóvenes.
5. Comparecencia del Ministro de Inclusión,Seguridad Social y Migraciones. Sr. Escrivá. Comisión de Trabajo, inclusión
social, Seguridad Social y Migraciones, del Congreso de los Diputados. 27 de
febrero de 2020.
“… Abro el tercer consenso, que es por la
migración. Aquí, permítanme empezar con una referencia general, necesitamos
gestionar la realidad migratoria de hoy, pero también, y esto es muy
importante, la realidad migratoria de hoy es cambiante, volátil, por la
geografía que tenemos y por el entorno en que nos movemos. Tenemos que
planificar mucho mejor las necesidades que tenemos que afrontar en los próximos
años, cuando se produzca este gran envejecimiento de la población nacida en
España. Por eso, es clave construir un consenso duradero en torno a una
migración legal, segura y ordenada. Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar unas
situaciones inmediatas de gestión, y ya lo estamos haciendo desde la Secretaría
de Estado de Emigración, yo diría día tras día.
Aquí, al mismo tiempo que gestionamos esto,
tenemos que perfeccionar nuestros mecanismos de gestión. Tenemos que introducir
innovaciones y, sobre todo, tenemos que reforzar nuestro sistema de acogida. …
“… tenemos que prepararnos para, primero,
gestionar, desde el lado de la comunicación a corto plazo, que ahora mismo,
efectivamente, la prioridad tiene que ser dar oportunidades de trabajo a los
españoles que no la tienen, son muchos, y muchos en algunas regiones. Pero, al
mismo tiempo que esto es así, tenemos que ser conscientes de que esto que viene
hacia adelante, a partir dentro de cinco o seis años, va a ser creciente en el
tiempo. España a veces ha tenido problemas por no mirar largo, no tener una
visión de largo plazo y solamente concentrase en la gestión del corto. Por
tanto, tenemos que articular dos niveles de actuación que son muy importantes y
no perder de vista esta dimensión. Por eso, hay que hacer un acuerdo y un
pacto, para que ese flujo que nos vendrá sea lo más ordenado, lo más seguro y
lo más adecuado a las necesidades del país. Por tanto, debemos hacer frente a un
reto demográficamente a medio plazo. Lo que está en juego aquí es mantener
nuestro estado de bienestar, para nosotros y todos los países de nuestro
entorno”.
IMPORTANTE.
“Al final todo esto que les estoy comentando sobre el consenso nos lleva
a la Ley de extranjería del año 2000, que es una ley que tenemos que cambiar
—tenemos que cambiar aquí— porque la realidad ha cambiado dramáticamente,
porque hay que fortalecer las vías de acceso legal a nuestro país, porque es
necesario primar lo ordinario frente a lo extraordinario. Al final —y yo creo
que este gráfico es muy claro—, de media, en el periodo 2011-2019 el ministerio
termina autorizando casi tantos permisos de trabajo por la vía ordinaria como
por la vía extraordinaria a través del arraigo que se produce tras los tres
años en España de situación irregular. Prácticamente, lo extraordinario es
igual a lo ordinario, y estoy hablando de la media en 2011-2019. Esto no
debería de ser así. Debemos de intentar que lo que haya sean procedimientos
ordinarios y no procedimientos extraordinarios por la vía, digamos, del arraigo
de hecho”.
6. Yolanda Ponce. La participación de la mano deobra extranjera en la formación de la empresa en España. Marzo 2020.
“Nuestros análisis confirman que, junto a la brecha
cuantitativa de nacionalidad, existe un desajuste cualitativo: los extranjeros
hacen menos formación en horas de trabajo que los nativos, obtienen menos
cursos pagados por la empresa y reciben, en cuatro de cada diez casos, sólo
cursos básicos obligatorios para el empresario, como Prevención de Riesgos o
Manipulación de Alimentos. Así mismo, la gama de contenidos a la que pueden
acceder para formarse es más estrecha que la de los trabajadores nativos. La
duración de los cursos y la proporción de formación online es prácticamente la
misma.
Los trabajadores extranjeros entienden la
formación como una salvaguarda laboral y una señal, destinada a que los
empleadores, de que se hayan en un proceso de integración, de ahí que los
propósitos que persiguen al realizar los cursos sean mucho más concretos que
los que de los españoles. Las barreras declaradas por unos y otros son
similares, salvo en el coste de los cursos, la falta de formación adecuada y no
reunir los requisitos para realizarla, que son señalados con mayor frecuencia
por los inmigrantes y que denotan, entre otras, dificultades para acceder a la
información sobre la oferta formativa gratuita o a bajo coste disponible.
Adicionalmente, los inmigrantes valoran más positivamente que los españoles los
resultados obtenidos con la formación”.
7. Proposición no de Ley presentada por el grupoparlamentario republicano del Congreso de los Diputados, relativa al programa
piloto visar dirigido a hijos y nietos de españoles de origen residentes en
Argentina, para su debate en la Comisión Interior. 3 de marzo.
«El Congreso insta al Gobierno español a:
1. Prorrogar los visados de búsqueda de empleo
del programa piloto visar dirigido a hijos y nietos de españoles de origen
según Orden Ministerial 1426/2018 de 26 de diciembre.
2. Equiparar a los trabajadores altamente
cualificados y de los que no lo son, en cuanto a la duración de los contratos,
sin exigencia de duración mínima en los contratos para la concesión de la
autorización de la residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a los hijos y
nietos de españoles de origen.
3. Reconocer el ejercicio del derecho a la
reagrupación familiar de todos los hijos y nietos de españoles de origen, desde
su entrada en España y extender la duración de la autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena en las mismas condiciones que los
profesionales altamente cualificados.
4. Adoptar las modificaciones normativas y
administrativas necesarias con el fin de agilizar los trámites para la
concesión de la autorización de la residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena, a los hijos y nietos de españoles de origen.
5. Acelerar las modificaciones normativas
necesarias para la concesión de la nacionalidad española a todos los hijos y
nietos de españoles de origen.»
8. Instrucción 1/2020 de la Secretaria de Estadode migraciones por la que se habilita a trabajar a menores extranjeros en edad
laboral. 6 de marzo.
“PRIMERA
La concesión de la autorización de residencia,
expedida a favor de los menores extranjeros, habilitará para el ejercicio de la
actividad laboral por cuenta ajena en el momento en el que éstos alcancen 16
años de edad, sin necesidad de ningún otro trámite administrativo en materia de
extranjería. Esta habilitación quedará reflejada expresamente en la
documentación expedida a su favor, mediante la siguiente leyenda “habilita atrabajar
por cuenta ajena”.
SEGUNDA
De acuerdo con el artículo 118.3 del Real Decreto
557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, la vigencia del reconocimiento de la excepción se mantendrá en tanto
duren las circunstancias que motivaron la excepción”.
9. Instrucción 2/2020de la Dirección General de Migraciones sobre la suspensión de los
procedimientos enmarcados en la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la
que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020. como
consecuencia del alcance del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19. 25 de marzo.
El Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, establece en su disposición adicional tercera la
suspensión de los plazos administrativos y la disposición adicional cuarta en
materia de suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Teniendo en cuenta
lo anterior, desde esta Dirección General, de acuerdo con la función que se le
atribuye en el artículo 4.1b) del aún vigente Real Decreto 903/2018, de 20
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y en el marco del Real Decreto
2/2020, de 12 de enero, y del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero,
ha resuelto dictar
la siguiente Instrucción:
Primero
Los procedimientos
enmarcados en la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula
la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020 quedan suspendidos
atendiendo a la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo.
Segundo
Cuando la
situación del estado de alarma termine, siempre que a su vez se produzca el levantamiento
de las restricciones en las fronteras exteriores, esta Dirección General se
reserva el derecho de dictar nuevas instrucciones con la finalidad de adaptar
los procedimientos iniciados durante esta campaña a las necesidades que existan
en ese momento en relación con los procesos regulados por la Orden
TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2020.
10. Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. BOE, 30.
En la
introducción se explica que “la evolución de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 exige adoptar nuevas medidas que suponen una modificación de la
referida orden ministerial con las que poder dar respuesta con la necesaria
agilidad a la creciente demanda asistencial”. Por ello, se modifica la Orden
citada en estos términos:
“Uno. Se
modifica el apartado segundo que queda redactado en los siguientes términos:
«Segundo. Medidas relativas a los
profesionales sanitarios en formación.
1. Se establece la prórroga de la
contratación de los residentes en el último año de formación, de las
especialidades de: Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y
Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud
Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico,
Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y
Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica. …
Dos. Se
modifica el párrafo 1.a) del apartado tercero, que queda redactado en los
siguientes términos:
«1. Se autoriza con carácter excepcional y
transitorio la contratación de aquellas personas con grado, licenciatura o
diplomatura, y que carecen aún del título de especialista, para la realización
de funciones propias de una especialidad en los siguientes supuestos: a) Profesionales
que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 y 2019/2020 de formación sanitaria
especializada.
Los profesionales, de cualquier titulación,
que realizaron las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019, a
plazas de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la
puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza,
podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud.
El contrato que se suscriba tendrá una
duración de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.
Asimismo, se podrá contratar a los
profesionales, de cualquier titulación, que realizaron las pruebas selectivas
2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria
especializada y que han superado la puntuación mínima en el ejercicio. Podrán
ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
El contrato que se suscriba tendrá una
duración de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses, y se
extinguirá en el momento en que el profesional resulte adjudicatario de plaza.»
11. Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se
modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas
en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 3 de abril.
En la introducción se explica que “La necesidad de ir adoptando de manera gradual medidas en esta materia, en función de la continua evolución de la crisis provocada por el COVID-19 y su repercusión en la organización asistencial, exige una nueva modificación de la orden ministerial que dé respuesta al avance de esta crisis en lo que respecta a las dificultades de gestión de los recursos humanos, en particular de los residentes en formación y en la posibilidad de que nuevos grupos de profesionales sanitarios puedan incorporarse a prestar sus servicios en el Sistema Nacional de Salud”.
Las
modificaciones son las siguientes:
“Primero. Modificar
la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia
de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos.
Dos. Se
añade un nuevo apartado 3 al apartado tercero, que queda redactado en los
siguientes términos:
«3. Se autoriza, con carácter excepcional y
transitorio, la contratación de aquellos profesionales sanitarios incluidos en
el ámbito de aplicación del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, que cuenten
con título de Especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea
siempre que hayan adquirido una formación cualitativa y cuantitativamente
equivalente a la que otorga el correspondiente título español de Especialista y
se encuentren en la fase de evaluación prevista en el artículo 8.d) del citado
real decreto.
El contrato que se suscriba será de un
máximo de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.
12. El Defensor traslada a las Administraciones laspreocupaciones de los ciudadanos en la crisis del coronavirus. 3 de abril.
“Los CIE y los CETI
Tras decretarse el estado de alarma para la gestión de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Institución comenzó a
recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la
puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no puede
llevarse a cabo su devolución o expulsión. El Defensor recuerda que la
privación de libertad de estas personas en estos centros tiene como fin
exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión.
Fernández Marugán se encuentra en permanente
comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la
Secretaría de Estado de Migraciones. Ambos departamentos han comunicado las
medidas de coordinación adoptadas que han permitido que ya se esté poniendo en
libertad de manera paulatina a los internos derivándoles a los recursos
disponibles de acogida humanitaria.
Por otra parte, el Defensor también ha traslado al
Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
consideraciones sobre la situación en los centros de estancia temporal para
inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Fernández Marugán, teniendo en cuenta la
tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que además, suele
encontrarse un número significativo de menores, aboga por continuar con los
traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas
dependencias que, en su opinión, no están preparadas para tal eventualidad.
Autorizaciones de trabajo y homologación de títulos
Fernández Marugán ha pedido al ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones la concesión de autorizaciones de trabajo
para ciertos colectivos de ciudadanos extranjeros que podrían incorporarse a determinados
sectores (sanitario, agrícola o cuidado de personas mayores) que en esta crisis
necesitan personal de manera urgente.
Así, el Defensor es consciente de que no es el momento
de abordar reformas normativas. Sin embargo, cree que la legislación actual
permite dotar de permiso de trabajo a ciudadanos que se encuentran en situación
regular en España pero que no pueden acceder al mercado laboral al no contar
con autorización de trabajo.
En esta situación se encuentran tanto solicitantes de
protección internacional, titulares de la conocida como “tarjeta roja”, como
jóvenes extutelados por la Administración, que son titulares de autorización de
residencia no lucrativa.
Fernández Marugán recuerda que el Reglamento de
extranjería dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica,
social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar
instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o
trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral, o
territorialmente, en los términos que se fijen en aquellas.
En este sentido, para paliar la falta de personal en
ciertos ámbitos, el Defensor también ha formulado una recomendación a la
Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de
Universidades para que facilite la incorporación de los profesionales
sanitarios que en el momento actual permanezcan a la espera de finalizar la
homologación o reconocimiento de su formación sanitaria. …”.
Buena lectura.
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