martes, 29 de octubre de 2019

10- N. Programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos. Conocimiento de los contenidos sociolaborales.


Ya se han publicado los programas electorales de diversas formaciones políticas para las elecciones generales del 10 de noviembre. La finalidad de la presente entradas es la de dar a conocer los contenidos sociolaborales de dos fuerzas políticas que hubieran podido formar gobierno de coalición, o apoyando la fuerza minoritaria a la mayoritaria tras acuerdo en el programa de gobierno, y que finalmente no se produjo tras las elecciones anteriores, lo que arrastró consigo la celebración de unas nuevas. Es obvio que me refiero al PSOE y Unidas Podemos.


¿Habrá acuerdo tras el 10-N? De momento, conozcamos los contenidos sociolaborales, o más exactamente aquellos contenidos que me ha parecido más necesario y conveniente extractar para conocer qué futuro pueden tener las relaciones laborales y de protección social en España si ambas fuerzas, conjuntamente o con apoyo “desde fuera” de una a la otra, gobiernan en España a partir de 2020.

Buena lectura.


UNIDAS PODEMOS https://bit.ly/2pna7pl
1. EMPLEO DIGNO Y PENSIONES JUSTAS

1.1. La lucha contra la precariedad en el empleo. De forma inmediata, el Gobierno iniciará el diálogo social, con el objetivo prioritario de derogar, durante el primer año de legislatura, los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Asimismo, se reforzarán los medios para seguir avanzando en la Estrategia para el Trabajo Digno, revisando la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y los falsos autónomos, así como la regulación de despido y la legislación sobre subcontratación laboral. Continuaremos combatiendo el fraude y la economía sumergida. También mejoraremos la inserción de personas desempleadas en empleos de calidad a través de una protección por
desempleo más eficiente e inclusiva y reconoceremos el derecho a la formación continua a lo largo de la vida.

1.2. Hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno impulsará, con los agentes sociales, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceder al empleo. El nuevo Estatuto deberá garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI, reforzando su participación en las decisiones de las empresas y recuperando el papel crucial de la negociación colectiva. Elaboraremos una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras que actualice el catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización, incluyendo el derecho a la desconexión.

1.3. Incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sueldos dignos permiten tener futuros estables, permiten a nuestros jóvenes apostar por su
emancipación y a nuestros adultos mantener a sus familias. Por ello, hemos
aumentado el SMI un 22% en 2019, recuperando lo perdido en años anteriores y situándonos en la media de la OCDE. Continuaremos aumentando el SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea.

1.4. Comprometidos con las trabajadoras y los trabajadores autónomos que siguen padeciendo deficiencias en su régimen de cotización y de protección social, y que deben ser corregidas cuanto antes. El PSOE impulsará con la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como con el establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. Asimismo, incentivará el emprendimiento fomentando el apoyo a autónomos y emprendedores. Todo ello se impulsará en estrecha colaboración con las organizaciones representativas del trabajo autónomo y en el marco del diálogo social.

1.5. Se reforzará el ya existente Plan de Choque para el Empleo Joven, incrementando los recursos públicos en políticas activas de empleo, en educación y formación profesional y fomentando la formación dual. Aprobaremos y desarrollaremos el Estatuto del Becario mejorando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas.

1.6. No existe un trabajo digno si no es seguro y saludable. Nos comprometemos a modificar la legislación de prevención de riesgos laborales para clarificar el concepto de enfermedad profesional y accidente de trabajo y su notificación. Incorporaremos el tratamiento y la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, incorporando la perspectiva de género, así como a la creciente robotización y a las nuevas formas de organizar el trabajo.

1.7. Reforzaremos el apoyo a las empresas de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad, y como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social. Promoveremos un Plan Nacional de Emprendimiento Social para impulsar el diseño y puesta en marcha de políticas públicas específicas que apoyen a las y los emprendedores sociales a diseñar, consolidar y gestionar sus proyectos. Mejoraremos la representatividad y el diálogo institucional con las principales asociaciones nacionales del sector. Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para
recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
1.8. Apoyaremos la internacionalización de nuestras empresas. Muchas empresas españolas han conseguido ya competir con éxito en los mercados internacionales. Nuestro empeño es que su competitividad no descanse en ningún caso en salarios bajos ni empleos precarios, sino en el enorme potencial existente para la mejora de su productividad, gracias a un mayor impulso público a la educación, la formación profesional y la innovación.
Dicho apoyo debe beneficiar, en particular, a las pymes.

1.9. El Gobierno planteará a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real, y aumentando el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

1.10. Hasta que se alcance dicho Pacto, el Gobierno seguirá actualizado las pensiones conforme a los criterios señalados en el punto anterior. Asimismo,
el Gobierno impulsará la reducción de la brecha de género en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de parejas sin vínculo matrimonial. Revisaremos el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y reformaremos el Sistema de la Seguridad Social para eliminar las discriminaciones por razón de género, particularmente en materia de trabajo a tiempo parcial, teniendo en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional

1.11. Desarrollaremos el Estatuto Básico del Empleado Público, fomentando la evaluación del desempeño, la carrera profesional… y se evitará el uso abusivo de la interinidad.

1.12. El salario de los empleados públicos se elevará en un 2% en 2020.

1.13. Policías y Guardias Civiles. Cumpliremos en 2020 como hicimos en 2018 y 2019, el acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos y asociaciones
profesionales de la Policía y la Guardia Civil, para alcanzar la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.

2. FEMINISMO, LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL Y CALIDAD
DEMOCRÁTICA
2.1. Agenda Feminista

2.1.1. Igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación
Aplicaremos el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, potenciando las inspecciones laborales, y el régimen sancionador, y crearemos la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo. En el caso de personas trabajadoras con hijos o hijas, garantizaremos el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, hasta que los menores cumplan doce años.

Estableceremos en cuatro años y de forma progresiva, la obligación de que los consejos de administración de las sociedades cumplan con el principio de presencia equilibrada, previsto en la Ley 3/2007.

Seguiremos avanzando en la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles para que estos permisos sean totalmente iguales (16 semanas), intransferibles y retribuidos al 100% en 2021, modificando aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad
de los permisos; y desarrollaremos programas para fomentar la paternidad responsable.

Para garantizar una creciente conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, favoreciendo la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres, impulsaremos un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluirá una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios.

……… Ratificaremos el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de 21 de junio de 2019.

…..   Propondremos el blindaje en la Constitución del Sistema Público de servicios sociales, como derecho fundamental, para consolidar el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, garantizando una cartera mínima de servicios de gestión descentralizada a través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales, consensuada con las comunidades autónomas, e impulsando una alianza con el Tercer Sector de Acción Social mediante un sistema de financiación estable de dichas entidades.

…………………………

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad: una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, la Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI,  incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión-, y la reforma de la Ley de Identidad de Género. Fomentaremos la integración sociolaboral de las personas trans y su plena participación en la vida
política, social y cultural, y combatiremos la discriminación de las
personas LGBTI en el deporte.

…………………………….
A través del desarrollo del Plan Estratégico de Formación Profesional, fomentaremos una Formación Profesional adaptada a las necesidades del mercado laboral actual.

Incentivaremos el emprendimiento y el trabajo autónomo de las y los jóvenes, con especial atención a las zonas más despobladas.

Implementaremos la Estrategia de Transición Justa para permitir la optimización de oportunidades en el empleo asociadas a la transición ecológica, acompañando y minimizando el impacto del cambio de modelo energético y aplicando la perspectiva de género.

Impulsaremos el derecho a la desconexión digital de los empleados públicos, y en el marco del diálogo social desarrollaremos medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de todos los trabajadores y trabajadoras.

La Unión Europea debe comprometerse con la reducción de las
desigualdades, la precariedad y la pobreza, que se han agravado durante los últimos diez años, como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la crisis. El PSOE impulsará:
El establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional europeo.

Un Seguro Europeo de Desempleo.

La consolidación del Pilar Social de la UE, con carácter vinculante.

La igualdad entre mujeres y hombres, incluida la erradicación de la violencia contra las mujeres. Promoveremos la aprobación de una “Estrategia de igualdad de género de la Unión Europea”, con carácter vinculante, tal como propuso el Gobierno el pasado mes de febrero.

La igualdad de trato y contra todo tipo de discriminación (por orientación
sexual, identidad de género, raza, religión...) impulsando las correspondientes normas de ámbito europeo, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia.



Garantías de Justicia Laboral y Pensiones

1.      Derogar la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad labo­ral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios. Esta derogación haría efectivas muchas de las medidas que se proponen en este apartado.
2.      Eliminar la mal llamada «flexibilización» que instalaron las reformas laborales del PSOE y del PP, y que introduce una gran precariedad a través de la contratación temporal masiva. De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá reali­zarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sus­tituciones por bajas (interinidad).
3.      Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contratos. En caso de po­derse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley, este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evi­tar que se produzca la trampa de despedir antes de ese tér­mino para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la últi­ma contratada de manera temporal se considerará indefinida.
4.      Poner coto a las trampas para mantener una temporalidad fraudulenta. En primer lugar, si se despide a un trabajador o a una trabajadora con un contrato temporal fraudulento confor­me a estas reglas, ese despido será nulo y se deberá readmitir al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido. Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infrac­toras opten por despedir a sus trabajadores y trabajadoras temporales antes de que sus contratos se conviertan en inde­finidos. En segundo lugar, penalizaremos a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implemen­taremos programas específicos de inspección en sectores que se encuentren en una especial situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados.

1.      Hacer realmente estables los contratos indefinidos. Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y, para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo facilitando las distintas modalidades de despido y abaratando su coste. En particular, estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.
2.      Poner orden en la subcontratación y proteger los derechos laborales de los y las trabajadoras de subcontratas. Limita­remos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las mismas condiciones que las de la empresa matriz.
3.      Convertir el trabajo a tiempo parcial en una opción digna. Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajado­res y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxi­me este tipo de contrato a una forma moderna de combinar el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario en el contrato, con una distribución regular, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida. Además, y según la regulación actual, las horas realizadas más allá del contrato de trabajo no se consideran horas ex­tras. Eliminaremos esto y haremos que todas aquellas se con­sideren horas extras y se paguen como tal. Respecto a este y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la ley.
4.      Acabar con el fraude de las horas extras. En España se ha­cen una enorme cantidad de horas extras, muchas de ellas impagadas y que, además, desequilibran cualquier organiza­ción corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida. Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan.

1.      Poner orden en el sistema de prácticas externas para que sean un trampolín y no una trampa de precariedad. Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de es­tudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesio­nalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.
2.      Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados….
3.      Permisos por nacimiento y cuidado del menor iguales e in­transferibles. …
4.      Acabar con la brecha salarial. …
5.      Fin del fraude de las y los falsos autónomos. Se conocen cada vez más casos, como los que aparecen en las recientes sen­tencias contra Deliveroo, en los que grandes empresas tienen bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que, sin em­bargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los dere­chos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obliga­remos a la empresa a incorporar a esa persona con un con­trato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de Seguridad Social y de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sanciona­dor a la altura del fraude.
6.      Establecer cuotas justas para las y los autónomos. En el mo­delo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza  entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual….

177. Recuperar el poder de la negociación colectiva, devolvien­do a los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de Zapatero y Rajoy. Al derogar estas dos reformas, se reestable­cerá el poder de la negociación colectiva. Estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito pro­vincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa. Como garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de ne­gociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraac­tividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación ac­tual, en la que se dejan de aplicar en la fecha en que terminan, desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcan­zar una mejora de las condiciones, ya que, al bloquear la situa­ción, se retrocede a una situación peor para los trabajadores y las trabajadoras. Este fortalecimiento de la negociación co­lectiva tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre la modernización y efectividad de la prevención de riesgos laborales.

178. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la próxima legislatura. Gracias a la presión de nuestro grupo par­lamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inme­diatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se ac­tualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.  

179. Fortalecer las protecciones por desempleo. Las reformas labo­rales también recortaron nuestros derechos en esta situación. Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumu­lados para la prestación que no hayan sido consumidos, de ma­nera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho a no consumir la prestación mientras se está en situación de incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban pres­tación para el cuidado de familiares al finalizarse esta.

180. Protección especial por desempleo para jóvenes. El periodo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo trabajado a la mitad.

1. Recuperar los derechos laborales en el sector público. Ga­rantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la aus­teridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.

2. Recuperar derechos en los empleos más precarios y femini­zados. Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejo­ras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación im­pide que una empresa pueda externalizar servicios que for­man parte de su actividad principal, como es, en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a la dureza de su empleo. También im­pulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los dere­chos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garan­tizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración den­tro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de comple­tar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotiza­ción») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabaja­doras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación an­ticipada sin penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.

3. Reconocer los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles. Reconoceremos la condición de sin­dicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical.  Al mismo tiempo, garantiza­remos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que pres­tan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la apli­cación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.

4. Culminar la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Pro­posición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Sa­larial de las Policías del Estado español.

5. Dignificar las retribuciones de nuestros y nuestras militares sin más excusas ni retrasos y equiparar derechos. Aumen­taremos la partida dedicada a retribuciones en los presu­puestos de 2020 y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal para garantizar una subida lineal. Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nues­tras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas y cuer­pos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ….

6. Dignificar la situación de las funcionarias y los funcionarios de prisiones. Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolabo­rales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la equipa­ración de condiciones entre personal funcionario y laboral, una adecuación de los complementos conforme a una retribución lineal y un proceso de negociación con las asociaciones y los sindicatos. Por otro lado, incrementaremos esta plantilla para responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo público la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo con personal precario y sin formación adecuada….  

7. Ley específica para el sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.Con esta norma, es­tableceremos los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, catego­rías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bom­bera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Ley específica para bomberos y bomberas forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones compe­tentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También esta­blecerá los derechos laborales del sector mediante la crea­ción del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.

9. Cuidar a los y las profesionales del deporte y fomentar el de­porte femenino mediante una ley marco estatal. Esto mejora­rá sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de reglas favorece la precariedad que reina en el sector. …

10. Aumentar un 50 % la tasa de actividad de las personas con diversidad funcional y garantizar el empleo con apoyos. Es­tas personas tienen una tasa de paro del 26,2 %, casi 10 pun­tos por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el acceso al mercado de trabajo donde se encuentra la barre­ra principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclu­sión Laboral, dotada con un aumento de recursos suficiente.

10.  Protección para los jornaleros y las jornaleras del campo. La guerra comercial puede perjudicar todavía más a la gente más precaria del campo. Como ya propusimos este mismo año con una nueva ley en el Congreso, estableceremos una única prestación (subsidio especial agrario) para trabajado­res y trabajadoras residentes en Andalucía y Extremadura, eliminando el requisito de jornadas trabajadas (peonadas) y subiendo su cuantía al 75 % del SMI. Este suelo de ingresos aumentaría con cada tramo de 10 nuevas peonadas, para lo que computarían las realizadas en el extranjero. Al garantizar el subsidio, estamos quitando un mecanismo de poder a los terratenientes y caciques locales con el fin de aumentar la libertad de la gente que trabaja en el campo para exigir sus derechos y que se cumpla la ley.

11. Garantía de revalorización de las pensiones por ley. Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.

12. Derogar el mal llamado factor de sostenibilidad, que, de no derogarse, supondrá un descenso de la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 % en los próximos años. De no haberse conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubie­ra descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubila­ción (en un país con grandes problemas de empleo juvenil y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y las pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este me­canismo en 2019, pero no se eliminó, sino que se pospuso al año 2023; por eso, hay que derogarlo de una vez.

12. Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas. Al establecer un Ingreso Básico Garantizado de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del hogar, como se­ñalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo más de 200 euros las pensiones no contributivas, que principalmente reciben mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros, con lo que avanzaremos en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta Social Europea.

13. Las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Tanto la limitación de que sean los últimos años como la de que sean consecutivos estaban pensadas para un modelo laboral ante­rior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener buenos empleos.

14.  Fortalecer los ingresos del sistema de Seguridad Social. Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingre­sos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad So­cial y de bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000 millones cada año, para invertir ese dinero de manera más eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados  

15. Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones. Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un em­pleo digno en los últimos años de su vida laboral, no pueden acceder a la jubilación, porque sufrirían una penalización muy alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos la medida también de forma retroactiva a quienes se hayan visto perjudicados o perjudicadas al ver reducida su jubilación por el hecho de hacerlo anticipadamente bajo la regla en vigor.

16. Compensar las lagunas de cotización. Extenderemos el de­recho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no co­tizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a em­pleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principal­mente, la trayectoria de las mujeres. También considera­remos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equipa­rará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiem­po que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

16.  Jubilación anticipada y sin penalización en sectores especial­mente duros. Agilizaremos el reconocimiento de la posibili­dad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales peno­sos y de transporte en carretera, entre otros. ….

1 comentario:

PLUGGERS dijo...
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