Ya se han
publicado los programas electorales de diversas formaciones políticas para las elecciones
generales del 10 de noviembre. La finalidad de la presente entradas es la de
dar a conocer los contenidos sociolaborales de dos fuerzas políticas que hubieran
podido formar gobierno de coalición, o apoyando la fuerza minoritaria a la
mayoritaria tras acuerdo en el programa de gobierno, y que finalmente no se
produjo tras las elecciones anteriores, lo que arrastró consigo la celebración
de unas nuevas. Es obvio que me refiero al PSOE y Unidas Podemos.
¿Habrá acuerdo
tras el 10-N? De momento, conozcamos los contenidos sociolaborales, o más exactamente
aquellos contenidos que me ha parecido más necesario y conveniente extractar
para conocer qué futuro pueden tener las relaciones laborales y de protección
social en España si ambas fuerzas, conjuntamente o con apoyo “desde fuera” de
una a la otra, gobiernan en España a partir de 2020.
Buena lectura.
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UNIDAS
PODEMOS https://bit.ly/2pna7pl
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1.
EMPLEO DIGNO Y PENSIONES JUSTAS
1.1. La
lucha contra la precariedad en el empleo. De forma inmediata,
el Gobierno iniciará el diálogo social, con el objetivo prioritario de derogar,
durante el primer año de legislatura, los aspectos más lesivos de la reforma
laboral. Asimismo, se reforzarán los medios para seguir avanzando en la Estrategia
para el Trabajo Digno, revisando la normativa sobre el trabajo a
tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y los falsos autónomos,
así como la regulación de despido y la legislación sobre subcontratación
laboral. Continuaremos combatiendo el fraude y la economía
sumergida. También mejoraremos la inserción de personas desempleadas en
empleos de calidad a través de una protección por
desempleo
más eficiente e inclusiva y reconoceremos el derecho a la formación
continua a lo largo de la vida.
1.2. Hacia
un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno impulsará, con
los agentes sociales, la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores,
que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de
calidad y estable, de forma que la contratación indefinida sea la forma
ordinaria de acceder al empleo. El nuevo Estatuto deberá garantizar la protección
de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos
y ecológicos del siglo XXI, reforzando su participación en las decisiones
de las empresas y recuperando el papel crucial de la negociación colectiva.
Elaboraremos una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras que
actualice el catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización,
incluyendo el derecho a la desconexión.
1.3. Incremento
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sueldos dignos permiten
tener futuros estables, permiten a nuestros jóvenes apostar por su
emancipación
y a nuestros adultos mantener a sus familias. Por ello, hemos
aumentado
el SMI un 22% en 2019, recuperando lo perdido en años anteriores y
situándonos en la media de la OCDE. Continuaremos aumentando el
SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo
al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con
lo establecido en la Carta Social Europea.
1.4. Comprometidos
con las trabajadoras y los trabajadores autónomos que siguen
padeciendo deficiencias en su régimen de cotización y de protección
social, y que deben ser corregidas cuanto antes. El PSOE impulsará con
la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de
los trabajadores por cuenta ajena, así como con el establecimiento de una cotización
acorde con sus ingresos reales, que les comportará mayor protección
social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. Asimismo, incentivará el
emprendimiento fomentando el apoyo a autónomos y emprendedores. Todo ello se
impulsará en estrecha colaboración con las organizaciones representativas del
trabajo autónomo y en el marco del diálogo social.
1.5. Se
reforzará el ya existente Plan de Choque para el Empleo Joven, incrementando
los recursos públicos en políticas activas de empleo, en educación y
formación profesional y fomentando la formación dual. Aprobaremos y
desarrollaremos el Estatuto del Becario mejorando su retribución,
limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un
porcentaje máximo de becarios en las empresas.
1.6. No
existe un trabajo digno si no es seguro y saludable.
Nos comprometemos a modificar la legislación de prevención de riesgos laborales
para clarificar el concepto de enfermedad profesional y accidente de
trabajo y su notificación. Incorporaremos el tratamiento y la
prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC y de
determinadas sustancias químicas dañinas para la salud,
incorporando la perspectiva de género, así como a la creciente robotización
y a las nuevas formas de organizar el trabajo.
1.7. Reforzaremos
el apoyo a las empresas de economía social, como modelo de empresa
sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad, y como agentes
clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social.
Promoveremos un Plan Nacional de Emprendimiento Social para
impulsar el diseño y puesta en marcha de políticas públicas específicas que
apoyen a las y los emprendedores sociales a diseñar, consolidar y gestionar
sus proyectos. Mejoraremos la representatividad y el diálogo institucional
con las principales asociaciones nacionales del sector. Revisaremos el
régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para
recuperar
la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
1.8. Apoyaremos
la internacionalización de nuestras empresas.
Muchas empresas españolas han conseguido ya competir con éxito en los mercados
internacionales. Nuestro empeño es que su competitividad no
descanse en ningún caso en salarios bajos ni empleos precarios, sino en el
enorme potencial existente para la mejora de su productividad, gracias
a un mayor impulso público a la educación, la formación profesional
y la innovación.
Dicho
apoyo debe beneficiar, en particular, a las pymes.
1.9. El
Gobierno planteará a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo
Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución,
la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones,
actualizándolas conforme al IPC real, y aumentando el poder adquisitivo
de las pensiones mínimas y las no contributivas.
1.10. Hasta
que se alcance dicho Pacto, el Gobierno seguirá actualizado las pensiones conforme
a los criterios señalados en el punto anterior. Asimismo,
el
Gobierno impulsará la reducción de la brecha de género en las
pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad en los casos de
parejas sin vínculo matrimonial. Revisaremos el complemento por maternidad
para hacerlo más equitativo y reformaremos el Sistema de la Seguridad Social
para eliminar las discriminaciones por razón de género, particularmente en
materia de trabajo a tiempo parcial, teniendo en cuenta las últimas
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal
Constitucional
1.11. Desarrollaremos
el Estatuto Básico del Empleado Público, fomentando la evaluación
del desempeño, la carrera profesional… y se evitará el uso abusivo de la
interinidad.
1.12. El
salario de los empleados públicos se elevará en un 2% en 2020.
1.13. Policías
y Guardias Civiles. Cumpliremos en 2020 como hicimos en 2018 y 2019, el acuerdo
firmado por el Gobierno y los sindicatos y asociaciones
profesionales
de la Policía y la Guardia Civil, para alcanzar la equiparación salarial
con los cuerpos autonómicos.
2. FEMINISMO,
LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL Y CALIDAD
DEMOCRÁTICA
2.1. Agenda
Feminista
2.1.1.
Igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación
Aplicaremos
el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación, potenciando las inspecciones
laborales, y el régimen sancionador, y crearemos la Oficina Estatal de
lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo. En el
caso de personas trabajadoras con hijos o hijas, garantizaremos el derecho
a la adaptación de la jornada de trabajo, hasta que los menores cumplan
doce años.
Estableceremos
en cuatro años y de forma progresiva, la obligación de que los consejos de
administración de las sociedades cumplan con el principio de presencia
equilibrada, previsto en la Ley 3/2007.
Seguiremos
avanzando en la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad iguales
e intransferibles para que estos permisos sean totalmente iguales (16
semanas), intransferibles y retribuidos al 100% en 2021, modificando
aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad
de
los permisos; y desarrollaremos programas para fomentar la paternidad responsable.
Para
garantizar una creciente conciliación de la vida laboral, familiar y
personal,
favoreciendo la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres,
impulsaremos un pacto social y político por la racionalización de los
horarios, que incluirá una Ley de usos del tiempo y racionalización de
los horarios.
……… Ratificaremos el
Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo, de 21 de junio de 2019.
….. Propondremos el blindaje en la
Constitución del Sistema Público de servicios sociales, como derecho
fundamental, para consolidar el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar,
garantizando una cartera mínima de servicios de gestión descentralizada a
través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales, consensuada
con las comunidades autónomas, e impulsando una alianza con el Tercer
Sector de Acción Social mediante un sistema de financiación estable
de dichas entidades.
…………………………
Impulsaremos la
aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la
no discriminación y la valoración positiva de la diversidad: una Ley
Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, la Ley
contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional
de las llamadas terapias de reversión-, y la reforma de la Ley de
Identidad de Género. Fomentaremos la integración sociolaboral de las
personas trans y su plena participación en la vida
política, social
y cultural, y combatiremos la discriminación de las
personas LGBTI en el deporte.
…………………………….
A
través del desarrollo del Plan Estratégico de Formación Profesional, fomentaremos
una Formación Profesional adaptada a las necesidades del mercado laboral
actual.
Incentivaremos
el emprendimiento y el trabajo autónomo de las y los jóvenes,
con especial atención a las zonas más despobladas.
Implementaremos
la Estrategia de Transición Justa para permitir la optimización de oportunidades
en el empleo asociadas a la transición ecológica, acompañando y
minimizando el impacto del cambio de modelo energético y aplicando la
perspectiva de género.
Impulsaremos el derecho
a la desconexión digital de los empleados públicos, y en el marco del diálogo
social desarrollaremos medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales
de todos los trabajadores y trabajadoras.
La
Unión Europea debe comprometerse con la reducción de las
desigualdades,
la precariedad y la pobreza, que se han agravado durante
los últimos diez años, como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la
crisis. El PSOE impulsará:
El establecimiento de un Salario Mínimo
Interprofesional europeo.
Un Seguro Europeo de Desempleo.
La consolidación del Pilar Social de la
UE, con carácter vinculante.
La igualdad entre mujeres y hombres, incluida
la erradicación de la violencia contra las mujeres. Promoveremos la
aprobación de una “Estrategia de igualdad de género de la Unión
Europea”, con carácter vinculante, tal como propuso el Gobierno el pasado
mes de febrero.
La igualdad de trato y contra todo tipo de discriminación (por
orientación
sexual,
identidad de género, raza, religión...) impulsando las correspondientes normas
de ámbito europeo, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia.
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Garantías de Justicia
Laboral y Pensiones
1.
Derogar
la reforma laboral de Zapatero de 2010 y la de Rajoy de 2012. Es obvia la
necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la
realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de
este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que
la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron
escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo
de Empresarios. Esta derogación haría efectivas muchas de las medidas que se
proponen en este apartado.
2.
Eliminar
la mal llamada «flexibilización» que instalaron las reformas laborales del
PSOE y del PP, y que introduce una gran precariedad a través de la
contratación temporal masiva. De esta manera, dejaremos un único tipo de
contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por
causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y
organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).
3.
Prohibir
los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación
de contratos. En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la
nueva ley, este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los
cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la
trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la
trabajadora pase a ser fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá
de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última
contratada de manera temporal se considerará indefinida.
4.
Poner
coto a las trampas para mantener una temporalidad fraudulenta. En primer
lugar, si se despide a un trabajador o a una trabajadora con un contrato
temporal fraudulento conforme a estas reglas, ese despido será nulo y se
deberá readmitir al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido.
Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infractoras opten por
despedir a sus trabajadores y trabajadoras temporales antes de que sus
contratos se conviertan en indefinidos. En segundo lugar, penalizaremos a
las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una
cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas
específicos de inspección en sectores que se encuentren en una especial
situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados.
1.
Hacer
realmente estables los contratos indefinidos. Un 40 % de los contratos
indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos
«indefinidos», hay que hacerlos estables y, para eso, proponemos distintas
medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas
laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo
facilitando las distintas modalidades de despido y abaratando su coste. En
particular, estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura de
qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.
2.
Poner
orden en la subcontratación y proteger los derechos laborales de los y las
trabajadoras de subcontratas. Limitaremos la subcontratación a servicios
especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que
los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no
puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta
servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Cuando
la subcontratación esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán
las mismas condiciones que las de la empresa matriz.
3.
Convertir
el trabajo a tiempo parcial en una opción digna. Adoptaremos una serie de
protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría,
mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar
el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de nuestro entorno. En
particular, exigiremos definir el horario en el contrato, con una
distribución regular, de manera que los trabajadores y las trabajadoras
puedan organizar su vida. Además, y según la regulación actual, las horas
realizadas más allá del contrato de trabajo no se consideran horas extras. Eliminaremos
esto y haremos que todas aquellas se consideren horas extras y se paguen como
tal. Respecto a este y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la ley.
4.
Acabar
con el fraude de las horas extras. En España se hacen una enorme cantidad de
horas extras, muchas de ellas impagadas y que, además, desequilibran
cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de
vida. Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas extras y
que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan
tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan.
1.
Poner
orden en el sistema de prácticas externas para que sean un trampolín y no una
trampa de precariedad. Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los
planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente
y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas
cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.
2.
Jornada
laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo,
ocio y cuidados….
3.
Permisos
por nacimiento y cuidado del menor iguales e intransferibles. …
4.
Acabar
con la brecha salarial. …
5.
Fin
del fraude de las y los falsos autónomos. Se conocen cada vez más casos, como
los que aparecen en las recientes sentencias contra Deliveroo, en los que
grandes empresas tienen bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que,
sin embargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya 225 000
personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus
cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos
600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle
la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por
cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos
relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a
la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa
persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad
Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de
su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además,
iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de Seguridad Social y de
trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador
a la altura del fraude.
6.
Establecer
cuotas justas para las y los autónomos. En el modelo actual, hay un
desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que
trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo,
a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como
autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por
ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar
solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción
actual….
177. Recuperar el poder de la
negociación colectiva, devolviendo a los sindicatos la fuerza que les
quitaron las reformas de Zapatero y Rajoy. Al derogar estas dos reformas, se
reestablecerá el poder de la negociación colectiva. Estableceremos la
prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial,
autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de
modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa.
Como garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene
ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se
establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes,
tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la
llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática
cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se
dejan de aplicar en la fecha en que terminan, desarticula cualquier
posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya
que, al bloquear la situación, se retrocede a una situación peor para los
trabajadores y las trabajadoras. Este fortalecimiento de la negociación colectiva
tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre la modernización y
efectividad de la prevención de riesgos laborales.
178. Alcanzar un salario mínimo
interprofesional de 1200 euros en la próxima legislatura. Gracias a la
presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor
subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900
euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente
a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel
establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al
menos, el 60 % del salario medio.
179. Fortalecer las protecciones por
desempleo. Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en
esta situación. Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora
desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías
máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que
no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se
tendrán en cuenta todos los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que
optar por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho a no
consumir la prestación mientras se está en situación de incapacidad temporal
y reconoceremos esta protección a los empleados y las empleadas del hogar y a
quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse
esta.
180. Protección especial por desempleo
para jóvenes. El periodo de cotización exigido para tener derecho a la
prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al
mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo
trabajado a la mitad.
1. Recuperar los derechos
laborales en el sector público. Garantizaremos la recuperación del poder
adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la
austeridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con
la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las
vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones
del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.
2. Recuperar derechos en los
empleos más precarios y feminizados. Por una parte, garantizaremos los
derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys).
Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero
—ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda
externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es,
en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos
la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a
la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades
autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios,
reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos
de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de
las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su
integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad
de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una
prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo,
reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las
llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da
acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras.
También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin
penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se
adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y
precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.
3. Reconocer los derechos
sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles. Reconoceremos la
condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y
derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la
vida sindical. Al mismo tiempo,
garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para
defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la
ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal
Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y
constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.
4. Culminar la equiparación salarial
de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa
popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial
de las Policías del Estado español.
5. Dignificar las retribuciones
de nuestros y nuestras militares sin más excusas ni retrasos y equiparar derechos.
Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los presupuestos de
2020 y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal para
garantizar una subida lineal. Es urgente aproximar las condiciones
sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los
funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar
los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus
derechos civiles a los del resto de la ciudadanía; en particular, los
derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de
expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y
normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento
clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad
y otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones
equiparables a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ….
6. Dignificar la situación de las funcionarias y los
funcionarios de prisiones. Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolaborales,
en cuanto a retribución, formación y medios, con la equiparación de
condiciones entre personal funcionario y laboral, una adecuación de los complementos
conforme a una retribución lineal y un proceso de negociación con las
asociaciones y los sindicatos. Por otro lado, incrementaremos esta plantilla
para responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo
público la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo con personal
precario y sin formación adecuada….
7.
Ley
específica para el sector de los Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de
Protección Civil.Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para
la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los
derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y
distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la
categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el
Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado
Público.
8. Ley específica para bomberos y
bomberas forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta
norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en
relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y
de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector
mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales,
que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y
rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como
las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.
9. Cuidar a los y las
profesionales del deporte y fomentar el deporte femenino mediante una ley
marco estatal. Esto mejorará sus condiciones laborales, ya que la actual
ausencia de reglas favorece la precariedad que reina en el sector. …
10. Aumentar un 50 % la tasa de
actividad de las personas con diversidad funcional y garantizar el empleo con
apoyos. Estas personas tienen una tasa de paro del 26,2 %, casi 10 puntos
por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el acceso al
mercado de trabajo donde se encuentra la barrera principal, por lo que
aprobaremos una nueva Ley de Inclusión Laboral, dotada con un aumento de
recursos suficiente.
10. Protección para los jornaleros
y las jornaleras del campo. La guerra comercial puede perjudicar todavía más
a la gente más precaria del campo. Como ya propusimos este mismo año con una
nueva ley en el Congreso, estableceremos una única prestación (subsidio
especial agrario) para trabajadores y trabajadoras residentes en Andalucía y
Extremadura, eliminando el requisito de jornadas trabajadas (peonadas) y
subiendo su cuantía al 75 % del SMI. Este suelo de ingresos aumentaría con
cada tramo de 10 nuevas peonadas, para lo que computarían las realizadas en
el extranjero. Al garantizar el subsidio, estamos quitando un mecanismo de
poder a los terratenientes y caciques locales con el fin de aumentar la
libertad de la gente que trabaja en el campo para exigir sus derechos y que
se cumpla la ley.
11. Garantía de revalorización de
las pensiones por ley. Estableceremos la actualización por ley de las pensiones
al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía
constitucionalizándola de forma expresa.
12. Derogar el mal llamado factor de
sostenibilidad, que, de no derogarse, supondrá un descenso de la pensión
inicial de entre el 9 % y el 18 % en los próximos años. De no haberse
conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un
0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida
retrasa la edad de jubilación (en un país con grandes problemas de empleo
juvenil y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y las
pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de Rajoy tuviera que
suspender la entrada en vigor de este mecanismo en 2019, pero no se eliminó,
sino que se pospuso al año 2023; por eso, hay que derogarlo de una vez.
12. Incrementar las pensiones
mínimas y las no contributivas. Al establecer un Ingreso Básico Garantizado
de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en
función de la situación y el tamaño del hogar, como señalaremos en el
apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo más
de 200 euros las pensiones no contributivas, que principalmente reciben
mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y elevaremos de manera inmediata
las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros, con lo que
avanzaremos en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta Social
Europea.
13. Las personas que lleguen a la
edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el
cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral. Tanto la
limitación de que sean los últimos años como la de que sean consecutivos
estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican
especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con
dificultades para tener buenos empleos.
14. Fortalecer los ingresos del
sistema de Seguridad Social. Aparte de la creación neta de empleo y, por
tanto, de ingresos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el
actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de
bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone
una pérdida de más de 3000 millones cada año, para invertir ese dinero de
manera más eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera
que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así
como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones
privados
15. Las personas que hayan
cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización
en sus pensiones. Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado
más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un empleo digno en los
últimos años de su vida laboral, no pueden acceder a la jubilación, porque
sufrirían una penalización muy alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos
la medida también de forma retroactiva a quienes se hayan visto perjudicados
o perjudicadas al ver reducida su jubilación por el hecho de hacerlo
anticipadamente bajo la regla en vigor.
16. Compensar las lagunas de
cotización. Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener
acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que
tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar,
autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se
conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la
trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el
empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de
carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el
tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea
tiempo de cotización.
16. Jubilación anticipada y sin
penalización en sectores especialmente duros. Agilizaremos el reconocimiento
de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para
trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, como
camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio,
buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos
industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros. ….
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