Unas notas sobre los macrodatos (PAPE 2019) y los microdatos (submuestra de la EPA 2018) del mercado laboral español.

1. El Consejo de Ministros celebrado el 8 de marzo aprobó el Plan Anual de Política de Empleo(PAPE) para 2019, habiendo sido publicado el texto en el Boletín Oficial del Estado del día 15. Con carácter previo, fue informado por la Conferencia sectorial de empleo y relaciones laborales el 21 de febrero, y por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo el día 28.

El PAPE anual ha merecido mi atención en anteriores entradas del blog desde 2013, a las que me permito remitir a las personas interesadas en el estudio y seguimiento de la política de empleo en España.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba el día 22 de este mes lasvariables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2018. Tal como se explica en la nota metodológica que acompaña al documento, “Una de las novedades introducidas en los cambios metodológicos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2005 fue la utilización de una submuestra de la Encuesta, distribuida a lo largo de todo el año, con el fin de proporcionar información sobre variables de carácter estructural en media anual. Este sistema de encuesta extendida a una submuestra para cubrir una serie de variables adicionales a las investigadas cada trimestre, se denomina sistema de submuestra y las variables adicionales estructurales obtenidas, variables de submuestra”.

En el PAPE 2019, así como en el acuerdo del Consejo de Ministro por el que se procede a su aprobación, disponemos de una muy amplia información (por ello me he permitido calificarlo de “macrodatos) de la realidad del mercado de trabajo en España, tras el obligado recordatorio previo de que el PAPE se aprueba anualmente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 11.2 de la Ley de Empleo (“Los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informarán por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 8.b), y se aprobarán por el Consejo de Ministros. Además, en la elaboración de los Planes Anuales de Política de Empleo, se consultará a los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social, en relación con las actuaciones de promoción del trabajo autónomo y de la economía social”), siendo conveniente también recordar, y así se hace tanto en el acuerdo del Consejo de Ministros como en el propio texto, que se marcan unos objetivos y para alcanzarlos se contemplan los servicios y programas de políticas activas de empleo (PAE) e intermediación laboral “que van a llevar a cabo las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias  de ejecución de las políticas activas y el Servicio Público de Empleo estatal en ejecución de la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos”.  

En cambio, en la variable de submuestra del INE tenemos información sobre aspectos muy concretos de nuestro mercado de trabajo (de ahí la mención a “microdatos”) que ayudan mucho, sin duda, a completar, por una parte, y a entender mucho mejor, por otra, los datos globales disponibles.

2. ¿En que conviene fijarse a mi parecer, al leer el (muy extenso) PAPE 2019?

En primer lugar, en su obligada conexión con la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE) 2017- 2020, que recordemos que establece tres tipos de objetivos, complementarios entre sí: los claves, conceptuados como aquellos que “resumen la finalidad última de los servicios  públicos de empleo”; los “estratégicos o prioritarios”, a los que se cataloga como los que “adquieren especial relevancia en un momento determinado, sobre los cuales se tiene que focalizar el esfuerzo durante un tiempo”; en fin, los “estructurales, de naturaleza estable”, que se apoyan en los seis ejes de activación para el empleo fijados en el art. 10 de la Ley de Empleo (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento, y mejora del marco institucional), objetivos que deben ser atendidos por los servicios  públicos de empleo (SPE) “en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo”. Tanto los objetivos claves como los prioritarios o estratégicos son concretados anualmente en el PAPE, que recoge también los indicadores a utilizar para conocer el grado de consecución de aquellos, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos, enfatizándose en el de 2019 que su gran novedad “es la simplificación y racionalización del número de indicadores, fruto del trabajo conjunto realizado con las Comunidades Autónomas”.

Dada la estrecha relacióndel PAPE con la EEAE, recupero algunos fragmentos de mi análisis efectuado enuna entrada anterior sobre esta:

“La segunda parte del documento aprobado el 15 de diciembre entra ya de forma concreta en la explicación de los “principios de actuación y objetivos” de la nueva EEAE, aun cuando, como ya he indicado con anterioridad, tiene muchos puntos de conexión con la anterior, explicándose en la parte introductoria del RD que persigue ir más allá de la anterior, y poner el centro de las actuaciones en “en desarrollar y poner a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas, infraestructuras y sistemas de información, y en mejorar los ya existentes, de forma que la utilización de medios comunes y el intercambio de experiencias y buenas prácticas constituyan los mejores vectores para la modernización del Sistema”.

También se explica en la misma introducción que el texto incorpora “las recomendaciones que se derivaron de la primera evaluación de los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo, realizada en 2016 en el marco de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo (Red SPE-UE), y resulta coherente con la Agenda de Cambio que impulsa esta misma Red Europea para los siguientes ciclos de evaluación”, y que igualmente “concede especial relevancia a la planificación, evaluación y seguimiento de las políticas de activación para el empleo en base a resultados, una de las líneas de actuación prioritarias expresamente acordadas en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017”.

El marco general de la Estrategia lleva a que la concreción de los programas y medidas a adoptar para abordar cómo dar respuesta a los objetivos clave, estratégicos o prioritarios, y estructurales, se deja a los planes anuales, por lo que habrá que esperar al PAPE 2017 y 2018 para conocer la concreción de las medidas que se adopten al respecto, si bien todas las medidas deberán ir destinadas a mejorar los niveles formativos y el impulso de la activación e inserción de aquellos que sean demandantes de empleo, con una manifestación genérica, que dudo que alguien pueda cuestionar (cuestión distinta, y con respuesta negativa a mi parecer, es que las reformas laborales instrumentadas en los últimos años, hayan favorecido esta tesis), cual es que “para ganar la batalla de la competitividad es imprescindible poder contar con todo el talento disponible, y para ello se necesita contar con más trabajadores, que sean más productivos y que estén más motivados”.

Tras la explicación de cuáles son los principios de actuación, poniendo la nueva Estrategia especial énfasis en la orientación a resultados y en el tratamiento individualizado de las situaciones de cada demandante de empleo, así como también (en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 18 de septiembre, para dar respuesta a las cuestiones jurídicas suscitadas por la sentencia del TC sobre las competencias autonómicas en relación con el plan PREPARA) “de coordinación entre las políticas activas, la protección económica frente al desempleo y otras prestaciones públicas de protección social, como aspectos complementarios de la misma política de integración social”, se define cuál es la finalidad y cuáles son los objetivos, definiendo aquella como “los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios indicados anteriormente”, y entendiendo por cada objetivo “una finalidad a alcanzar o una línea de actuación a desarrollar en el ámbito de las políticas activas de empleo”.

Como novedad con respecto a la Estrategia anterior, se fijan unos objetivos clave, de carácter general, cuales son la reducción del desempleo, la reducción de los períodos de desempleo por una mayor activación de quienes se encuentran en tal situación, una mejora de la participación de los SPE en la cobertura de vacantes, y una mejora de la satisfacción de los usuarios de los servicios prestados por estos.

Respecto a los objetivos estratégicos, un total de seis, destaco la importancia de abordar la problemática de los jóvenes a través del programa de Garantía Juvenil, la especial atención concedida a la activación de los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años, la necesidad de adecuar la oferta formativa a las necesidades de un mercado de trabajo cada vez más cambiante, y la igualmente necesidad de tomar en consideración las dimensiones sectorial y local en las políticas de activación, estableciendo para ello “marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados”.

En fin, sobre los objetivos estructurales son aquellos que se agrupan en los seis ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el art. 10 de la Ley de Empleo, destacando, tal como se explica en el texto la incorporación al eje núm. 1, orientación, “el objetivo de mejora de la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos de empleo, demandantes y empleadores, siguiendo la recomendación que la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo hizo tras su evaluación del Sistema Nacional de Empleo en el año 2016”.

3. Regreso al PAPE 2019. En segundo término, cabe destacar su análisis de la situación actual del mercado de trabajo, básicamente elaborado a partir de los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2018, de la afiliación a la Seguridad Social y de las contrataciones efectuadas, que considera que esta evolucionando positivamente, tesis por cierto que coincide con la del diario económico Financial Times en un artículopublicado el 20 de marzo y en el que explica que España “lidera el crecimiento de la eurozona”, y que a pesar de que sigue teniendo déficits importantes en materia de empleo y de desempleo, su economía está creciendo a un ritmo elevado.

Un dato especialmente relevante que se destaca en el PAPE a partir de los de la EPA es que se ha recuperado casi el 100 % del empleo indefinido durante la crisis, y que la tasa de ocupación haya experimentado un crecimiento de 9,7 puntos desde el momento más duro de la crisis (primer trimestre de 2013, 58,8 %) al cuarto trimestre de 2018 (en fase de recuperación, 67,7 %). El incremento del número de contrataciones y el descenso continuado de la tasa de desempleo se subrayan, evidentemente, como datos positivos, si bien no conviene olvidar, a fin de no caer en un desmesurado optimismo, el elevado volumen de contratación temporal de corta o muy corta duración que sigue habiendo en España, y en la difícil situación de un buen número de jóvenes que desean acceder, o permanecer, en el mercado de trabajo.

Por ello, justamente sobre los jóvenes el gobierno aprobó en diciembre de 2018 el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2011, del que ahora se recuerda en el PAPE sus contenidos más relevantes (“1. Buscar la mejora de la competitividad y el valor añadido de la estructura productiva española con el objetivo de alcanzar niveles de crecimiento económico que permitan generar una oferta sustancial de empleo, estable o flexible, sobre la base del desarrollo de sectores de futuro y con alto valor añadido. 2. Fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes, que impulse su promoción individual, colectiva y profesional, que se apoye en el sistema educativo y en el entorno laboral como elementos fundamentales para su integración social, dotando de competencias profesionales a aquellos jóvenes con escasa cualificación, ocupándose de los jóvenes del entorno rural y potenciado y reforzando el Plan 2019 de los Servicios Públicos de Empleo como puerta de entrada al mercado de trabajo y a la vida activa. 3. Desarrollar iniciativas de retorno a la escuela, de apoyo a la formación en competencias estratégicas, a la formación profesional dual, al empleo con derechos, al emprendimiento de los jóvenes, al fomento de la participación sindical de las personas jóvenes y del asociacionismo empresarial”), así como sus objetivos cuantitativos a alcanzar y las cincuentas medidas a poner en marcha para alcanzarlos para, sintéticamente hablando, “recuperar la calidad del empleo, luchar contra la brecha de género en el empleo y reducir el desempleo juvenil”.

En tercer lugar, el anuncio de la puesta en marcha próximamente de un plan de empleo específico para personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años, colectivos que ciertamente han mejorado su situación en los últimos años pero que aún tienen déficits importantes (de desempleo y empleo) que hay que intentar subsanar.

4. Los objetivos “claves” marcados para 2019, y que guardan relación  directa con las políticas comunitarias plasmadas en las orientaciones generales de política de empleo para cada Estado miembros, son las siguientes: “reducir el desempleo; aumentar la activación y reducción de los períodos de desempleo; mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes; mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo”.

Los objetivos “estratégico o prioritarios” son, en síntesis, los siguientes: Promover y potenciar la activación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años; potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social; promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral; mejorar el desempeño (= modernización) de los SPE; en fin, y especialmente importante a mi parecer, “abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados”.

Los objetivos estructurales son los ya recogidos en la EEAE y en la Ley de Empleo, y me he referido a elloscon anterioridad. Una síntesis de todos ellos la realicé en mi comentario de la EEAE en estos términos: “Como digo, el primer eje es el de orientación, siendo uno de los objetivos instrumentales incorporados al mismo el de orientación y acompañamiento de itinerarios individualizados personalizados. El segundo es el de formación, al objeto de mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores, destacando a mi parecer el objetivo instrumental de “promover la formación vinculada a contratación y obtención de experiencia laboral”. Las oportunidades de empleo es el tercer objetivo estructural, con atención especial para los colectivos desfavorecidos, la dimensión local de la política de empleo y la promoción de la activación de quienes perciben prestaciones por desempleo, llamándose una vez más a “la vinculación de las políticas activas y pasivas”.

El eje cuarto está dedicado a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con especial énfasis en las medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral. El reto del emprendimiento está recogido como quinto objetivo (recordemos que el art. 10 de la LE dispone al respecto que comprende “las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local”), incluyéndose en el mismo como objetivo estructural, como especial novedad que demuestra la importancia que está adquiriendo en el mundo laboral, no sólo la promoción del empleo autónomo, sino también “las nuevas oportunidades laborales que ofrecen la economía digital y las distintas fórmulas de la economía social y de la economía colaborativa”. Cuáles sean esas fórmulas es cuestión que dejo para otras entradas del blog sobre la distinción entre el verdadero trabajo por cuenta propia y el mal llamado autoempleo que existe en la mal llamada economía colaborativa que (no) practican algunas importantes empresas que se autoproclaman incluidas en esta realidad económica productiva, y creo que la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso UBER, que concluye que su actividad se ubica en el sector del transporte, debe servirnos como punto de referencia.  

Por fin, el eje sexto está dedicado a la mejora del marco institucional, de carácter transversal y por tanto de afectación a todos los cinco anteriores, destacando a mi parecer uno de sus objetivos instrumentales novedosos, cuál es el de “evaluación del desempeño y desarrollo de una Agenda de Cambio en base a sus resultados”.

5. El PAPE 2019, al igual que los anteriores, incluye un apartado específico dedicado a explicar los criterios de su elaboración, del que destaco su explicación de que “contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas”, y que “En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas han podido optar por realizar servicios y programas propios, con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, el Plan 2019 recoge también la información correspondiente a los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que las Comunidades Autónomas prevean realizar con recursos económicos propios”.

En total el SEPE y las CCAA han propuesto un total de 637 servicios y programas para los seis ejes, todos ellos referenciados en anexo. De manera desagregada, y remitiendo a las personas interesadas a dicho anexo, cabe decir que el eje 1, orientación, dispondrá de 106 servicios y programas (13 comunes  y 93 propios autonómicos);  el eje 2 , formación, un total de 166 (17 comunes y 149 propios); el eje 3, oportunidades de empleo, 164 (6 comunes y 158 propios);  el eje 4, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, 29 (5 comunes y 24 propios), el eje 5, emprendimiento, 108 (11 comunes y 97 propios); en fin, el eje 6 , mejora del marco institucional del SNE, 64 (8 comunes y 56 propios).

La prórroga presupuestaria, al haber sido aceptadas las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, mantiene las partidas del año anterior, siendo de cerca de 5.800 millones de euros, con más de 2.126 millones para las CC AA. En fin, al abordar el apartado de evaluación, se destaca que “por primera vez, la descripción de indicadores es conceptual y detallada y se establecen las ponderaciones de los objetivos a efecto de que las Comunidades Autónomas dispongan de la información necesaria y con la mayor antelación posible para hacer un adecuado seguimiento del cumplimiento de sus objetivos”, y la selección de 22 indicadores principales: uno para cada uno de los objetivos clave, uno para cada uno de los objetivos estratégicos, y doce indicadores para el conjunto de los objetivos estructurales, todos ellos recogidos y explicados en el anexo V.

6. De los “macrodatos” a los “microdatos”. De las grandes cifras del PAPE 2019 a las más concretas de algunas cuestiones de especial interés para el conocimiento real de nuestro mercado de trabajo, aportada por el INE en su variable de submuestra de la EPA 2018.

¿Cuáles son los contenidos que creo más relevante destacar?

En primer lugar, el muy importante número de personas trabajadoras que prestan sus servicios en empresas de hasta 10 trabajadores, y también de 11 a 50 (7.338.800 y 3.792.200, respectivamente), dato que destaco porque en las primeras no hay representantes del personal salvo que así lo decidan los trabajadores y trabajadoras en las empresas de 6 a 10, y en las segundas puede haber únicamente delegados de personal (uno de 11 a 30 y tres de 31 a 49) . El dato que se destaca en la variable de la EPA 2018 es lógicamente el incremento de personas ocupadas en este año con respecto al anterior, un total de 502.900, siendo digno de mención que las que ocupan de 50 a 249 trabajadores,  es decir aquellas en las que ya hay, mejor dicho puede haber, representación unitaria vía comité de empresa, han aumentado su porcentaje al 15 % del total, frente al 14 % en 2017, así como también el ligero descenso de las que ocupan hasta 10 trabajadores, que han bajado del 38,7 % al 38 %.

En segundo término, que la gran mayoría de personas ocupadas son trabajadores subordinados, es decir que tienen un superior que les dicta las órdenes e instrucciones para el ejercicio de su actividad laboral. En efecto, si al 69,1 % que el INE califica como “empleado con jefe y sin subordinados”, le sumamos los encargados  y mandos intermedios (que sí tienen subordinados a su cargo, pero a la vez ellos dependen de sus superiores) se supera el 80 % del total de la población ocupada, siendo relevante destacar que la presencia femenina es muy superior (más de 13 puntos) en el grupo estricto de trabajadores con jefe y sin subordinados, mientras que por el contrario es inferior entre encargados y mandos intermedios, así como también entre directores de empresa y profesionales independientes.

¿Qué impacto, qué presencia tienen las empresas de trabajo temporal, en nuestro mercado de trabajo? Refiriéndonos únicamente al volumen de contratación efectuada (recordemos que la reforma laboral de 2012 ha ampliado considerablemente su ámbito de actuación) los datos demuestran un ligero crecimiento con respecto a 2017, pasando del 3,4 al 3,9 % (626.500) del total de personas contratadas. Por otra parte, la capacidad de intermediación de los SPE sigue con niveles muy bajos, aun cuando no podemos olvidar que tales servicios se dirigen al conjunto de la población; 344.700 asalariados obtuvieron su empleo a través de la intermediación del servicio público, un 2,1 % sobre el total, mínimamente superior al 2 % de 2017.

7. No parece que el teletrabajo aumente su presencia en la vida laboral española, a pesar de los intereses de numerosos trabajadores y también de algunas empresas y de las Administraciones Públicas, si hemos de hacer caso a los datos de la submuestra, ya que “El 91,5% de los ocupados no trabajó ningún día en su domicilio particular. Un 4,3% trabajó en casa más de la mitad de sus días laborables y un 3,2% lo hizo ocasionalmente”.   

La distribución irregular de la jornada de trabajo sí es una realidad perfectamente constatable para buena parte de la población laboral en España, tanto por lo que respecta al trabajo en sábados y domingos, como en horarios nocturnos, sin que en la submuestra se disponga de datos sobre el trabajo a turnos, algo que también sería ciertamente muy interesante. Un 36, 4 % de las personas ocupadas trabajo cómo mínimo un sábado al mes en 2018, y un porcentaje algo menor, pero también muy significativo, el 22,2 % lo hizo en domingo. Inferior, pero no desdeñable, es el número de personas ocupadas que trabajaron en jornada nocturna, el 12,5 %, en el bien entendido que sólo fue el 6.1 % el que tuvo dicha jornada los días en que trabajo. Nuevo elemento para la reflexión sobre el mercado de trabajo y las políticas de conciliación es que el porcentaje de trabajadores varones que trabajaron en jornada nocturna fue superior en casi siete puntos al de las mujeres (16,2 y 9,4 %, respectivamente).

Y si no quieeas caldo, dos tazas. Sigamos con los (necesarios) debates sobre las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, porque de no cambiar mucho las cosas, ya no a corto sino a medio plazo seguiremos encontrándonos con datos como los que facilita la submuestra respecto a las personas que trabajaron a tiempo parcial por la necesidad de atender a familiares en situación de dependencia, un total de 358.200, con un espectacular incremento del 28,8 % respecto a 2017, siendo la inmensa mayoría mujeres (344.800), respondiendo el 56,8 % de ellas que la razón de su decisión fue “que no hay servicios adecuados para la atención a personas dependientes (niños, adultos, enfermos, personas con discapacidad, etc.) o que no pueden costearlos”.

La importancia de la contratación temporal en España no radica sólo en como afecta a la inseguridad laboral de una importante parte de la población ocupada, sino también en su impacto sobre el número de personas que salen de la población ocupada una vez que finaliza su (primer, segundo, tercero...) contrato y se convierten en población desempleada… a la espera de volver a entrar en el circuito de la ocupación. Los datos de la submuestra son significativos al respecto: de los 3.479.100 parados de media em 2018, 3.144.000 habían trabajador anteriormente, y de estas 1.677.600 (53, 4%) se incorporaban al desempleo por la finalización de su contrato, un porcentaje sensiblemente superior al de quienes vieron extinguida su relación laboral por extinción del contrato por causas objetivas (individual o colectivo) o disciplinario (10, 9%, si bien destaca el incremento de 0,6 puntos con respecto a 2017).

Que la mayor y mejor formación es algo que contribuye a tener mejores expectativas de acceder y permanecer en el mercado de trabajo sigue comprobándose con los datos del informe del INE, que además subraya un dato que merece especial atención y que permite comprender mejor la preocupación existente en el mundo empresarial y académico sobre el futuro, cuales que casi el 60 % de la población ocupada tiene “formación general y habilidades personales”, es decir se trata de personas que “a lo sumo han alcanzado la enseñanza secundaria obligatoria o el bachillerato”. No resulta por ello extraño, y en el informe se encuentran los datos detallados, que “El nivel de formación alcanzado y el sector de estudios de esta formación son factores determinantes de las tasas de actividad y empleo de la población, tanto de su cuantía como de la distancia entre la tasa masculina y la femenina”, siendo la población formada en TICs la que presenta mayor tasa de actividad (88,06 %), mientras que la más baja es justamente la de quienes acreditan una formación general y habilidades personales, un 47,16 %, siendo también las primeras las que presentan una mayor tasa de empleo (79,88 %), y las segundas la menor (37,63 %), siendo también en estas últimas donde la tasa de desempleo es la más elevada (20,21 %).

7. Concluyo. Buena lectura de los macrodatos y microdatos, y esperemos que buenas decisiones de los poderes públicos, y de los agentes sociales, para abordar los retos de nuestro mercado de trabajo. ¡Ah! Y esperar y desear que se hable de ello en los debates que se lleven a cabo en el período electoral previo a las elecciones de 28 de abril. No sé si soy muy optimista, pero por ilusión que no quede.