Introducción.
Recojo en este texto las entradas, por orden cronológico, publicadas en el blog en las que he abordado el examen de conflictos suscitados en sede judicial por el profesorado universitario, desde la publicada el 15 de marzo de 2014, en la que fue objeto de atención la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de marzo de 2014, con ocasión del planteamiento de una cuestión prejudicial por un juzgado de lo social de Barcelona sobre el régimen jurídico contractual aplicable a un profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, hasta la publicada el 23 de marzo de 2018, en la que es objeto de estudio la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede Valladolid) el 27 de febrero, que versa sobre la obligación de dar debida publicidad a los concursos de plazas de profesor ayudante doctor.
Recojo en este texto las entradas, por orden cronológico, publicadas en el blog en las que he abordado el examen de conflictos suscitados en sede judicial por el profesorado universitario, desde la publicada el 15 de marzo de 2014, en la que fue objeto de atención la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de marzo de 2014, con ocasión del planteamiento de una cuestión prejudicial por un juzgado de lo social de Barcelona sobre el régimen jurídico contractual aplicable a un profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, hasta la publicada el 23 de marzo de 2018, en la que es objeto de estudio la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede Valladolid) el 27 de febrero, que versa sobre la obligación de dar debida publicidad a los concursos de plazas de profesor ayudante doctor.
La recopilación
recoge comentarios a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TJUE,
Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Social.
Además, también incorporo, aún cuando no llegara a conocimiento de los juzgados
y tribunales, la problemática suscitada el pasado año por el cambio de código
de contratación, a efectos administrativos, de los contratos predoctorales.
Es, no me cabe
duda, un documento no cerrado, ya que la litigiosidad seguirá existiendo, aún
cuando la sentencia del TS de 15 de febrero de 2018, con una muy amplia
aceptación de la figura contractual del profesor asociado, pueda contribuir a
una reducción de aquella. Habrá que estar a la espera.
Buena lectura.
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