1. El jueves 8 de
febrero, la oficina de prensa del gabinete del Presidente del Tribunal
Constitucional publicó una nota de prensa titulada “El TC declara contrarias alderecho a la igualdad las actuaciones de las administraciones que no adoptanlas medidas necesarias para evitar la discriminación por discapacidad”. En
dicha nota, se da debida cuenta de los contenidos más destacados de la
sentencia dictada por la Sala Segunda del TC el 22 de enero en el recurso de
amparo núm. 2699-2016, de la que fue ponente el magistrado Ricardo Enríquez, y
se destaca que en el caso litigios enjuiciado se produjo una discriminación
múltiple, por edad y por discapacidad, en la medida en que la persona discapacitada
que promovió el recuro de amparo “no va a tener la atención que necesita, tanto
para su salud como para su integración social, frente a quienes en su misma
situación de discapacidad sí disponen de dicha asistencia únicamente por no
tener 60 años”. La importancia doctrinal de la sentencia me ha animado a hacer un comentario de esta.
Desconozco cuáles son los
criterios que utiliza el gabinete del Presidente del TC para seleccionar las
sentencias de las que se publican notas informativas en la página web del
Tribunal junto con su texto y, si los hubiera, los votos particulares, aunque sí
puedo asegurar, del seguimiento que hago de dichas notas, que son muy escasas
las sentencias dictadas en recursos de amparo que han merecido esa atención
preferente informativa en relación a muchas otras dictadas para dar respuesta a
recurso de la misma naturaleza.
En cualquier caso,
supongo que el criterio puede ser la importancia que dicho gabinete otorga a la
sentencia en cuestión desde la perspectiva de creación de nueva jurisprudencia
del TC por abordar una cuestión sobre la que anteriormente no se había
pronunciado, o bien cuando procede a la adaptación, modificación o corrección
de la jurisprudencia anteriormente existente.
Igualmente, aunque de
menor relevancia, la publicación puede deberse, además de la importancia
jurisprudencial de la sentencia, a que esta procede a un riguroso y detallado
estudio y análisis de las resoluciones judiciales de los tribunales
internacionales y europeos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de
Justicia de la Unión Europea) que han abordado cuestiones semejantes.
Ciertamente, en la
sentencia de 22 de enero, aún no publicada en el suplemento del Boletín Oficial
del Estado de sentencias del TC, coinciden ambas circunstancias, ya que se
aborda un caso en el que aparece una discriminación múltiple por edad y discapacidad,
no conocido en los mismos términos por anteriores sentencias, y hay un
exhaustivo estudio de cómo han abordado la problemática de la discriminación
por tales motivos el TEDH y el TJUE en aplicación de la normativa internacional
europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE y las Directivas sobre igualdad de trato y no
discriminación.
Bueno, el término
“exhaustivo” alcanza hasta la fecha de publicación de la sentencia, ya que
pocos días después, el 30 de enero, el TEDH dictó la sentencia Enver Sahin c.Turquía, en la que declara (con un voto particular discrepante) la vulneración
del derecho a la educación de una persona discapacitada por no haber adaptado
la Universidad en la que cursaba sus estudios las instalaciones para poder
facilitar su acceso sin dificultades. Tal como se explica en el resumen
publicado en el blog de la comisión social de Jueces y Juezas para laDemocracia, el TEDH consideró que el gobierno rumano no pudo demostrar que las
autoridades nacionales universitarias y judiciales actuaran “con la diligencia
debida para que el Sr. Sahin pueda continuar disfrutando de su derecho a la
educación en pie de igualdad con los otros estudiantes”.
2. Digo que la sentencia
del TC es un estudio detallado de resoluciones judiciales sobre discriminación
por edad y discapacidad porque a ello se dedican siete páginas de los
fundamentos jurídicos, mientras que son sólo cuatro las que abordan el problema
concreto sobre el que debe pronunciarse el TC, si bien resulta obvio concluir
que la argumentación respecto a esta segunda parte bebe jurídicamente, está
directamente influenciada, por la primera.
Vayamos por parte y
analicemos los datos fácticos del litigio, que también se encuentran,
evidentemente de forma muy resumida, en la nota de prensa. Estamos en presencia
de un supuesto en el que una persona, nacida el 16 de abril de 1945 (aunque más
adelante “aparecerá” otra fecha de su nacimiento, que será alegada por la
representación letrada de la parte recurrente en amparo para intentar obtener
el éxito de su pretensión, algo que no obtendrá resultado positivo por tratarse
el baile de fechas de un mero error de hecho) tiene reconocida una discapacidad
desde el 30 de septiembre de 1996, en concreto, y en la terminología de la
época, “minusvalía psíquica por trastornos de la personalidad, del sesenta y
cinco por ciento -65%- (discapacidad global por retraso mental moderado del 60%
y otros 4,5 “puntos” por factores sociales complementarios)”. Más adelante, y
una vez vigente la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, se le reconoció
la situación de dependencia en grado I (dependencia moderada), nivel I, siendo
la autoridad competente el Director General de coordinación de la dependencia,
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
(Resolución de 24 de febrero de 2010).
La disconformidad con
dicha resolución por considerar el recurrente que la valoración técnica
efectuada no se ajustaba a su situación real, llevó a presentar una solicitud
de revisión y a la posterior resolución de la Directora General de coordinación
de la dependencia de la citada Consejería, en la que se reconoció la situación
de dependencia del recurrente en grado II, nivel I, aprobado el programa
individual de atención, siendo la modalidad de intervención más adecuada para
su atención la de “servicio de atención residencial para personas mayores”, y
mientras no fuera posible adjudicarle una plaza pública percibiría una
prestación económica. Como consecuencia directa de la resolución citada, la Subdirectora
General de prestaciones y servicios de la dependencia de la consejería
autonómica madrileña antes referenciada, dictó otra resolución reconociendo al
recurrente la condición de beneficiario de una prestación económica vinculada
al servicio, en cuantía mensual de 300 euros.
A los efectos del debate
jurídico suscitado tanto en sede jurisdiccional contencioso-administrativa como
ante el TC, es importante destacar que en la propuesta, previa a las citadas
resoluciones, emitida el 5 de junio de 2012 por el coordinador del servicio, se
hacía constar que el ahora recurrente había solicitado “Servicio de atención
residencial para personas con discapacidad intelectual y transitoriamente
prestación económica vinculada al servicio”, no siendo posible acceder a su
petición por incumplir un requisito previsto por la normativa vigente, no
superar la edad de 60 años, siendo así que la persona solicitante había
cumplido los 67. La propuesta que se formulaba en el informe técnico, y que
sería acogida por las autoridades competentes, la de reconocer “servicio de
atención residencial para personas mayores y prestación económica vinculada al
servicio de forma transitoria”, se acompañaba de la justificación por que la
que se proponía una modalidad distinta de la preferencia del solicitante, cual era
que “no cumple con requisito de edad para acceder a una plaza de atención
residencial para personas con discapacidad”.
3. A partir de aquí se
inicia el peregrinaje jurídico del recurrente, que verá desestimadas todas sus
reclamaciones y recursos, lo que llevará a que el recurso de amparo se
interponga tanto contra actos públicos de las autoridades administrativas como
contra autos dictados por las Salas de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo.
De todo el largo y
tortuoso camino seguido por el recurrente hasta llegar al TC se da debida
información en las ocho primeras páginas de la sentencia. Me parece
especialmente importante resaltar, desde la perspectiva de la argumentación
sustantiva del posterior recurso de amparo que será acogida por el TC, el
contenido del recurso de alzada interpuesto en sede administrativa contra la
resolución dictada el 5 de junio de 2012 por la Directora General de
coordinación de la dependencia, que cabe
subdividir en dos parte: la primera, de índole argumental sobre las
circunstancias personales de la persona solicitante, afectada de una discapacidad
intelectual que requeriría de ayuda “para la realización de actividades básicas
de su vida diaria, así como ayuda especializada para promover su autonomía,
razón por la que se hallaba ingresado en un centro especializado en atención de
personas con discapacidad, …. ; instalaciones y personal especializado del que
no dispone una residencia de la tercera edad”; la segunda, de índole jurídica
sustantiva o de fondo, en la que ya se aborda la posible discriminación por
razón de edad y que enlazaría con la que sufriría la misma persona por su
condición de discapacitada, en cuanto que el hecho de serle negada el acceso a
una residencia específica para personas con discapacidad, por razón de la edad,
“no solo es incongruente con la letra y el espíritu de la ley de dependencia,
sino claramente discriminatorio, pues niega a una persona la asistencia que
necesita en el centro adecuado por una simple razón de edad, lo que va en
contra de la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006”.
En sede judicial, tras la
desestimación del recurso de alzada, el recurrente alegó, ante el TSJ de
Madrid, que la resolución recurrida había provocado una discriminación con
relevancia constitucional, con base en los mismos argumentos antes utilizados.
Yendo un paso jurídico más adelante, se hace expresa mención al precepto
aplicado (art. 3) de la Orden autonómica 1363/1997 de 24 de junio (“1.2.
Requisitos específicos. -Teniendo en cuenta el tipo de Centro en el que al
usuario le corresponda ser atendido, deberá reunir, además, los siguientes
requisitos específicos: a) Para Centros Residenciales:… a.4. Tener una edad
comprendida, en el momento de formalizar la correspondiente solicitud, entre
los dieciocho y los sesenta años”), argumentando que dicha norma entraba en
contradicción con otras de rango superior aplicables a la misma materia, por lo
que debía anularse y no procedía su aplicación “con el límite temporal y la
discriminación por razón de edad que se derivan del mismo”, pidiendo que se le
reconociera “el servicio de atención residencial para personas con
discapacidad”.
En el fallo de la
sentencia del TC, que considera existente la discriminación múltiple por edad y
discapacidad, se acuerda restablecer al recurrente “en la integridad de su
derecho”, declarando la nulidad de todos los actos administraciones y resoluciones judiciales impugnadas, al mismo tiempo que se ordena retrotraer las actuaciones “al momento
inmediato anterior al de resolverse por la Dirección General competente de la
Comunidad de Madrid, el expediente de solicitud de reconocimiento de servicio
de atención residencial para persona con discapacidad, a fin de que dicte nueva
resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado”. Está
por ver, ciertamente, cual será el estado físico de la persona solicitante del
recurso asistencial tras haber transcurrido cerca de seis años desde aquella
resolución, y cuál el grado real de eficacia de la sentencia dictada en amparo.
La desestimación del
recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el TSJ encuentra su razón
de ser en que el tribunal considera que no fue impugnado el art. 3 de la Orden
1363/1997, habiendo sido necesario que se hubiera impugnado, y decidida su
anulación, para que hubiera podido prosperar en su caso el recurso. Esta tesis
será posteriormente rechazada por el TC, para quién queda claro del conjunto de
las actuaciones judiciales que sí se procedió a la impugnación de dicho
precepto.
El posterior recurso
anunciado ante el TS no fue aceptado a trámite por el TSJ, al ser su cuantía
inferior a 600.000 euros, si bien en el escrito por el que se anunciaba la
intención de interponer el recurso se hacía referencia a la vulneración de
derechos fundamentales, entendiendo que procedía la casación en un caso como el
ahora enjuiciado “cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de
los derechos fundamentales”.
El recurso de queja interpuesto
ante el TS fue igualmente desestimado, haciendo referencia a la cuantía del
recurso y unas precisiones complementarias sobre el cálculo de la cantidad,
rechazando la alegación relativa al procedimiento especial de protección de
derechos fundamentales, “pues el procedimiento seguido en la instancia ha sido
el ordinario…”.
El último trámite
procesal judicial versó sobre el incidente de nulidad de actuaciones promovido
por
la ahora recurrente, con alegación del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva del art. 24.1 CE, con alegación, a los efectos que ahora
interesa de mi explicación, de que la materia inicial sobre la que versaba el
procedimiento en el que se sustanciaba el litigio era el procedimiento de la
tutela de derechos fundamentales. El rechazo del TS se debió a su consideración
de que, en primer lugar, el recurrente utilizaba indebidamente el incidente de
nulidad, ya que en realidad su argumentación era propia de un recurso de
súplica, y en segundo término que el procedimiento del que derivaban todas las
actuaciones era el ordinario y no el de protección de derechos fundamentales.
4. Al contenido de la
demanda de amparo, de las alegaciones de la administración autonómica
demandada, y de las del Ministerio Fiscal (que solicita la estimación del
recurso) se dedican las paginas ocho a dieciocho de la sentencia.
A) Con respecto a la
primera, cabe decir que se alega de una parte la vulneración del art. 14 CE, es
decir del principio de igualdad y no discriminación, y de otra la del art. 24.1
en cuanto que aquello que el recurrente considera indebida inadmisión del
recurso de casación habría vulnerado su derecho al recurso, integrado en el
derecho a la tutela judicial efectiva.
Para el objeto de mi
comentario tiene relevancia el primer bloque argumental, que se sustenta en dos
motivos: uno primero consistente en no haber alcanzado el ahora recurrente la
edad de 60 años cuando presentó la solicitud, basando su argumentación el
recurso en que la sentencia del TSJ madrileño recogía en su fundamento de
derecho tercero la referencia a que la documentación aportada por la
Administración demandada dejaba constancia de que el solicitante había nacido
en 1954. El rechazo, lógico, de este motivo, se debe a que en la propia
sentencia, en el apartado de antecedentes queda constancia del año de su
nacimiento, 1945, tal como consta en su DNI, por lo que decae cualquier sombra
de discriminación por razón de edad, argumentando con acierto a mi parecer el
TC que “lo que se cuenta atañe más bien a un hipotético error de hecho que, de
no producirse, hubiera evitado aplicar aquella regla de exclusión”.El segundo, de mucho
mayor calado jurídico y sobre el que girará la argumentación posterior del TC,
es la inexistencia de una justificación objetiva y razonable para aplicar la
regla de la edad de 60 años como límite para el acceso a los centros
residenciales, resultando desproporcionada en relación con la finalidad
perseguida. En apoyo de su tesis cita la propia jurisprudencia del TC, la Convención
de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de
13 de diciembre de 2006, y la Ley 39/2006, ya que en ambas se modula la
protección de que deben gozar las personas discapacitadas en función de las
necesidades de las mismas y no en razón de su edad. También muy relevante,
desde el plano de aplicación temporal de las normas y de búsqueda de una
aplicación normativa que resulte compatible con el objetivo general perseguido
en las normas internacionales, europeas, estatales y autonómicas, de protección
de las personas con discapacidad, me parece la referencia a la Orden 625/2010
de 21 de abril, en la que no se hace expresa mención a una edad concreta para
el acceso a centros residenciales, sino que en el art. 3.1 a) se mencionan las
residencias “para personas mayores” y las destinadas a “personas con algún tipo
de discapacidad”, y de ahí que esta segunda norma derogaría implícitamente a la
primera por oponerse a lo dispuesto en aquella.
Es sabido que el recurso
de amparo sólo será admitido a tramite si puede acreditarse su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará por el tribunal “atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o
para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales” (art. 50.2 b LO 2/1979, de 3 de octubre). El
recurrente señala con acierto a mi entender tres ámbitos o perspectivas desde
las que puede apreciarse aquella especial trascendencia constitucional: en primer
lugar, la oportunidad que tiene el TC para definir los criterios con los que la
AA PP deberían establecer los itinerarios personalizados para la aplicación de
la Ley de dependencia, “distinguiendo entre dependientes por razones de la edad
y dependientes por razones de discapacidad, con independencia de su edad”, en
segundo término, que con anterioridad la jurisprudencia constitucional se había
centrado, al abordar la discriminación por razón de edad, en el ámbito laboral,
sin que existieran antecedentes “respecto de la no discriminación por razón de
la edad en la concesión de servicios públicos”; por último, la situación de
desamparo en que quedarían personas como la recurrente si no se atendieran sus
peticiones, por no ser las residencias de mayores el lugar adecuado para la
atención a dichas personas, por no disponer ni de personal especializado ni de
programas específicos para aquellos.
Las tesis de la parte
recurrente convencieron al TC para admitir a trámite el recurso, recordando en
su providencia de 13 de febrero de 2017 que este podía dar ocasión al tribunal
“para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos
relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC
155/2009, FJ 2, b), así como que el asunto suscitado trasciende del caso concreto
porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social
o económica [STC 155/2009, FJ 2, g)]”.
B) Por parte de la
representación letrada de la Administración demandada, la Comunidad de Madrid,
se solicitó la inadmisión del recurso o en su defecto la desestimación. Desde
el plano de protección de los derechos fundamentales, en el que centro mi
comentario, la Comunidad alegó que el ahora recurrente no hizo mención durante
el proceso en instancia a la lesión después aducida del principio de igualdad
del art. 14 CE, al que sólo se menciona por primera vez en el escrito de
preparación del recurso de casación, además de no haberse accionado en sede
judicial por la vía (arts. 114 y ss de la Ley 29/1998, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa) de protección de los derechos
fundamentales de la persona. Expone igualmente que el recurrente no justifica
la especial trascendencia constitucional del recurso, “limitándose en apenas
cuatro párrafos a este cometido” (dicho sea incidentalmente, bastaría a mi
parecer un solo párrafo bien argumentado y motivado para rechazar la tesis
“cuantitativa” alegada para pedir su inadmisión).
La Administración
demandada defendió la no vulneración del art. 14 CE, argumentando que la
resolución judicial del TSJ madrileño aplicó escrupulosamente la normativa en
vigor, en el marco de un proceso ordinario, que fija unas determinadas reglas
por razón de la edad para poder acceder a determinado servicios. Obsérvese ya,
como bien expondrá el TC en su argumentación, que la Administración pone el
acento, al igual que lo hizo la resolución judicial, en que se trata de una
cuestión de legalidad ordinaria, sin entrar en el análisis de si podía estar
vulnerándose el derecho fundamental constitucional del art. 14 por una
interpretación de la normativa vigente que no fuera la más adecuada para
proteger a las personas discapacitadas de una determinada edad.
C) Para el Ministerio
Fiscal, le resolución administrativa cuestionada y la posterior sentencia del
TSJ madrileño vulneraron el derecho fundamental de la recurrente a la no
discriminación, mientras que no aprecia tal vulneración en lo relativo al
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1. Se observa en la cuidada
argumentación del Ministerio Fiscal un deseo de que el TC pueda entrar en el
fondo del asunto, ya que aunque mantiene dudas respecto a la improcedencia del
recurso de casación interpuesto, subraya que en todo momento del litigio el
recurrente planteó la dimensión constitucional de su pretensión con alegación
de discriminación por razón de edad y que se mantuvo en el recurso, por lo que
ella, señala con prudencia jurídica la fiscalía, debe servirle al TC “al menos
para entender que la vía escogida por la parte de mandante de amparo a la hora
de agotar la vía judicial previa no fue absolutamente inidónea”.
Al abordar la tesis de la
parte recurrente de la vulneración del art. 14 CE, la fiscalía recuerda que el
TC ha incluido la edad “como una de las circunstancias personales que no pueden
traducirse en factor de discriminación”, y que su doctrina ha sido hasta el
presente “heterogénea” respecto a la toma en consideración o no de la
existencia de discriminación. Trasladando la doctrina del TC al caso concreto,
y señalando que la única argumentación de la autoridad administrativa
competente para denegar la petición de la parte solicitante fue que no se
cumplía el requisito de la edad máxima de 60 años, concluyó que aquella había
vulnerado el derecho constitucional de dicha parte. Por su interés doctrinal,
me permito reproducir la argumentación de la fiscalía, recogida en el
antecedente 9: al haber resuelto la petición de la forma que lo hizo, “la
Administración competente no debía haber prescindido ni del hecho cierto de la
específica naturaleza de la discapacidad intelectual de aquél ni, en relación
con ello, de las cláusulas antidiscriminatorias y de las medidas protectoras
resultantes de lo dispuesto en el art. 3 Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, en el
art. 14 CE, en los arts. 3, 13, 25 y 29 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, y en el art. 3 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid”. Por ello se le aplicó al recurrente “con
todo rigor” un precepto (el art. 3 de la Orden 1363/1997) “que era en realidad
inaplicable” a su situación, otorgándole un trato que no le correspondía ni por
razón de la edad, “ni en atención a sus circunstancias personales, ni en
atención a sus reales necesidades de asistencia (…) que ha perjudicado al
interesado al privarle sin motivo de un servicio asistencial al que debería de
haber accedido con toda normalidad”.
Respecto a la sentencia
del TSJ la fiscalía rechaza la tesis de que la parte recurrente no impugnara el
art. 3 de la Orden 1363/1997, y argumenta que no se pronunció sobre el
contenido esencial de la demanda, siendo así que esa falta de pronunciamiento “pero
también el carácter manifiestamente irrazonable de la motivación que conduce a
la desestimación del recurso contencioso-administrativo”, lo que permitirá concluir
que la sentencia impugnada “incurrió en la vulneración denunciada por la parte
demandante de amparo”.
5. En la fundamentación
jurídica de la sentencia, el TC repasa primeramente el contenido más relevante
de las actuaciones en sede administrativa y judicial de las que trae causa el
recurso de amparo, procediendo en primer lugar al examen de todas las excepciones
de inadmisibilidad alegadas, desestimando todas ellas.
Desde la perspectiva
doctrinal, me interesa destacar como aborda el TC la argumentación de la
Administración demandada respecto a la improcedencia de instar el incidente de
nulidad de actuaciones contra la resolución de un recurso de queja, ya que es
cierto (art. 89.4 LRJCA y art. 495.3 LEC) que no está previsto un recurso
contra dicha resolución. Para el TC, el incidente de nulidad de actuaciones “no
es un “recurso” en sentido técnico-procesal, sino que se configura por el art.
241 LOPJ como un mecanismo de impugnación de resoluciones judiciales firmes,
por vulneración de los derechos fundamentales del art. 53.2 CE”, subrayando
para fortalecer su tesis que “Lo que realmente cobra importancia, es el
contenido del escrito de nulidad que se presenta”, y concluyendo que la
actuación procesal del ahora recurrente no puede caer bajo el paraguas jurídico
de un recurso “manifiestamente improcedente”, dadas las matizaciones
introducidas por el TS en el auto de resolución del recurso de queja sobre las
cuestiones planteadas por el recurrente.
Por otra parte, las dudas
que planteaba el Ministerio Fiscal respecto a la posible improcedencia del
recurso de casación quedan despejadas por el TC al subrayar, de acuerdo a los
datos disponibles en el expediente, que el recurrente alegó vulneración (=
discriminación) por razón de la edad, sin que ello mereciera respuesta por el
TSJ, por lo que cabía entender razonablemente que el recurso de casación podía
interponerse por la vía del art. 86.3 LRJCA. Esta misma tesis servirá para
desmontar la argumentación de la Comunidad sobre la falta de invocación del
derecho fundamental hipotéticamente vulnerado en la tramitación judicial, ya
que queda debida constancia de que sí se hizo, además de las referencias a la
Convención de las Naciones Unidas. La falta de cita literal del precepto
vulnerado, art. 14 CE no puede llevar en modo alguno a la desestimación de la
demanda por razones formales, ya que el TC recuerda su consolidada doctrina
antiformalista de que aquello que se exige “es que la persona haya aportado al
órgano judicial los datos de hecho suficientes para que este último pueda
reconocer la existencia de la lesión del derecho fundamental que ante él se
deduce”, y de su cumplimiento no hay duda alguna por la demanda de instancia.
En fin, sobre la falta de
alegación de la especial trascendencia constitucional, el TC rechaza la tesis
“cuantitativa” de la Administración demandada, en cuanto que aquello que debe
apreciarse es el contenido de las argumentaciones, siendo así que las dos
primeras de ellas (remito a mi explicación anterior) tienen especial
trascendencia constitucional “desde la perspectiva del derecho a la no
discriminación (art. 14 CE) por motivo de edad ni de discapacidad, y en
aplicación de una regla de exclusión genérica”, por lo que el TC tiene la
oportunidad de aclarar su doctrina “sobre el derecho a la no discriminación en
esos dos ámbitos”.
6. Despejados, por haber
sido desestimados, todos los óbices procesales formales, la Sala procede a
entrar en el fondo del litigio analizando la posible vulneración del art. 14 CE
por la aplicación en sus términos literales del art. 3 de la Orden 1363/1997.
Ahora bien, antes de abordar la cuestión litigiosa propiamente dicha, el TC
repasa ampliamente, casi diría que de forma exhaustiva, su doctrina respecto al
derecho fundamental a la no discriminación en relación con la edad y la
discapacidad “como circunstancias personales protegidas por el art. 14 CE”, en
la que aplica la normativa internacional y la jurisprudencia emanada de los
tribunales encargados de velar por la interpretación de esta (las citas del
art. 96.1 y 10.2 CE son obligadas al respecto, y así lo hace ahora el TC, así
como también la relación de sentencias en las que ha aplicado la normativa internacional y la jurisprudencia de los
tribunales competentes).
Llegados a este punto es
cuando el investigador de la materia encontrará una muy rica fuente documental
para sus trabajos (estoy pensando, por ejemplo, en trabajos de fin de grado, de
máster, o incluso de tesis doctoral), ya que la sentencia repasa en primer
lugar, refiriéndose a la edad, cómo ha interpretado el TC la cláusula de no
discriminación contenida en el segundo inciso del art. 14 CE, ya sea cuando derive del propio texto o bien
cuando sea consecuencia de la interpretación y aplicación que haga un tribunal
y que produzca el resultado de desigualdad vedado por el ordenamiento jurídico.
A continuación, la sentencia se detiene en el examen del Convenio Europeo de
Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH, para pasar sin solución de
continuidad al derecho comunitario (Directiva 2000/78/CE) y la jurisprudencia
del TJUE, sin olvidar el examen de la CDFUE que prohíbe expresamente la
discriminación por razón de edad.
Inmediatamente, la
sentencia aborda, en los mismos términos, cómo es protegida la discapacidad
frente a actuaciones de las que pueda derivarse un trato discriminatorio a las
personas que la padecen, con amplia cita en primer lugar de su jurisprudencia
al respecto, tanto con respecto al art. 14 como al art. 49 CE. Especial
atención se concede a la Convención de la ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad y cómo ha sido acogida por el TC a la hora de
determinar la necesidad de adoptar “ajustes razonables” para garantizar
derechos de las personas con discapacidad. Tras recordar que la Convención ha
sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno por el Real Decreto
Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, se pasa revista a la jurisprudencia del
TEDH y a la normativa europea y jurisprudencia del TJUE.
Sin duda, o al menos así
me lo parece, un mayor interés de la sentencia ahora objeto de mi comentario, radica
en las argumentaciones sobre el concepto de discriminación múltiple, es decir
aquellas situaciones de discriminación que afectan a más de un derecho humano,
y de las que se hace eco la Convención y el TEDH en dos de sus sentencias,
reconociendo en un caso la doble discriminación por razón de sexo y de origen
étnico, y en otra la discriminación por razón de sexo y de edad.
7. Pues bien, realizada
esa exhaustiva disección del marco constitucional y de la normativa
internacional y europea, así como también cómo es protegida toda persona para
evitar sufrir discriminación por razón de edad y de discapacidad, ha llegado el
momento de trasladarla al caso concreto enjuiciado, para concluir con la
vulneración del art. 14 CE, más exactamente “del derecho fundamental a no ser
discriminado por razón de edad y discapacidad”.
Para llegar a tal conclusión,
la Sala enfatiza que la decisión de la Administración se adoptó con una
interpretación literalista del art. 3 de la Orden 1363/1997, de tal manera que
la superación de la edad fijada en dicho precepto (60 años) excluía al
solicitante del acceso al centro residencial solicitado. Al actuar de esta
manera, la Administración no tuvo en consideración si la persona necesitaba o
no tratamiento especializado, sino que simplemente consideró que una
determinada edad llevaba a que no fuera necesario realizar tal consideración y
análisis, y tampoco se valoró el impacto que la incorporación de esta persona,
con un cuadro de discapacidad psíquica severa crónica, provocaría en el resto
de personas residentes en el centro de mayores. Al actuar de esta forma, la
Administración aplicó literalmente el citado precepto, “sin excepciones ni
modulación alguna”.
Ahora bien, el
tratamiento generalista que efectúa la citada norma, y de la que con acierto
destaca el TC que no contiene argumentación alguna de la razón de la exclusión
por superación de una determinada edad, no es el mismo que realizan normas
posteriores, tanto del mismo como de superior rango jerárquico, con cita
expresa de la Ley 11/2013, de 27 de marzo, de servicios sociales de la
Comunidad de Madrid, en la que el paso de un situación a otra en razón del
cumplimiento de una determinada edad no impedirá, así lo dispone el art. 20.1,
“la continuidad de las atenciones sociales requeridas por la misma persona
cuando pase de una etapa a otra”, y lo mismo ocurre en la Orden 625/2010 de 21
de abril por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la
situación de dependencia y para la elaboración del Programa Individual de
Atención (posteriormente derogada por el Decreto 54/2015, de 21 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para reconocer la
situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid).
Es decir, las normas
referenciadas no establecen una exclusión incondicionada por el cumplimiento de
una determinada edad, sino que plantean un modelo flexible, del que resalta el
TC que “si bien se vertebra por sectores de edad, no impide la prestación del
tratamiento que requiera la persona necesitada por pasar de un grupo a otro”.
Cobra aquí, entonces,
plenamente sentido, la tesis de haberse podido proceder por la Administración a
una interpretación flexible de la normativa, plenamente acorde a derecho porque
así lo permitían normas tanto del mismo como, más importante por aplicación del
principio de jerarquía normativa, de superior rango. En este punto es cuando el
TC recuerda su consolidada doctrina jurisprudencial de que “la selección de la
norma legal o reglamentaria aplicable para la resolución de un caso, es materia
de legalidad ordinaria en la que no cabe inmiscuirse, excepto cuando con ella
“resulte afectado el núcleo constitutivo de un derecho o de una libertad
pública como es la igualdad ante la Ley, en cuyo caso la interpretación de la norma
adquiere relevancia constitucional en amparo ….., dando así lugar a un
resultado discriminatorio (art. 14 apartado segundo CE), como sucede también en
este caso”.
Estamos pues en presencia
de una discriminación múltiple, tanto por discapacidad como por edad, sumada la
segunda (en aplicación literalista de la norma) a la primera ya que el
recurrente, expone el TC, “no va a tener la atención que necesita, tanto para
su salud como para su integración social, frente a quienes en su misma
situación de discapacidad sí disponen de dicha asistencia únicamente por no
tener 60 años”, sin que se haya previsto efectuar ajustes razonables para
posibilitar que el solicitante pudiera ser acogido en un centro de los
solicitados, y más cuando la propia Administración reconoció en el
requerimiento realizado por el TC que
“dispone de centros para ello”. La posibilidad de aplicar la normativa
en términos que evitaran esta discriminación múltiple también la tuvo el TSJ
pero no tomó en consideración la aplicación del principio de jerarquía
normativa recogido en el art. 6 de la Ley orgánica del Poder Judicial. Ni la
Administración ni el TSJ aplicaron la normativa teniendo en consideración la
normativa internacional que, recordemos una vez más, ha sido plenamente acogida
por el TC a los efectos de interpretar nuestra normativa constitucional y
legal. En suma, la cuestión debatida se plantea, argumenta el TC antes de
concluir con el fallo estimatorio del recurso, “no tanto en la
inconstitucionalidad del citado apartado del art. 3 de la Orden 1363/1997, el
cual desde luego prima facie resulta contrario al art. 14 CE, sino en la
negativa de las resoluciones aquí impugnadas en evitar la aplicación de aquella
norma de exclusión, pese a disponer de instrumentos jurídicos suficientes para
que tal aplicación no tuviera lugar”.
Buena lectura de esta
importante sentencia.
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