Notas sobre los contenidos de interés laboral y de protección social de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

1. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer viernes la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para elaño 2016. El objetivo de esta entrada es reseñar y comentar en su caso aquellos preceptos del texto articulado y muy especialmente de las disposiciones adicionales y finales que poseen contenido de interés laboral y de protección social. Quizás esta entrada quede sólo como una explicación de una norma con muy poco tiempo de vida si se produce un cambio político en las elecciones generales del 20 de diciembre, pero no adelantemos acontecimientos y esperemos que la ciudadanía española se pronuncie en esa fecha.

2. El art. 19 está dedicado a “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público”, disponiendo en su apartado 2 que durante el próximo año las retribuciones de dicho personal “no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. Por consiguiente, y de acuerdo a lo dispuesto en el apartado ocho, “Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado Dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.”. En los mismos términos, el art. 24.2 dispone que la masa salarial del personal laboral del sector público estatal "no podrá experimentar un crecimiento superior al 1 por ciento, límite máximo “cuya distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva”.

Por su parte el art. 20 regula la  “oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal”. Con carácter general la tasa de reposición se fija en un máximo del 50 %, aplicándose dicha tasa, según dispone su apartado 4, “sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna”.

No obstante, la tasa de reposición se amplía al 100 % en algunos sectores y administraciones, entre los que se incluyen las Administraciones Públicas “respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos”, y “a las plazas de personal que realice la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo”.

Al igual que en años anteriores no está previsto autorizar convocatoria de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal, “salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidad urgentes e inaplazables”, con previa autorización del MINHAP.

3. La posibilidad de contrataciones temporales para la realización de obras o servicios por parte de los departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entidades gestoras de la Seguridad Social y la Tesorería General de la SS, está prevista en el art. 34 siempre y cuando se cumplan estos tres requisitos: “a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado. c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal”. Al objeto de evitar irregularidades en la contratación de las que pudieran derivarse responsabilidades legales en orden a la incorporación del personal a la plantilla (en condición de indefinidos no fijos), el apartado 3 dispone que los contratos deberán ser informados con carácter previo a su aprobación por la abogacía del Estado o en su caso por el letrado de la Administración de la SS, y que en ambos casos deberá el informe pronunciarse, en especial, “sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral”.

4. Por fin, de especial interés para todos los profesionales dedicados a las relaciones de trabajo y de Seguridad Social es el título VII dedicado a las cotizaciones sociales. Remitiendo a su lectura, y a la espera de la Orden de desarrollo, cabe indicar que el tope máximo de la base de cotización se fija a partir del 1 de enero de 2016 en 3.642,00 euros mensuales, y que el tope mínimo será “la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementada en un sexto, salvo disposición expresa en contrario”.

5. Pasemos ahora a las disposiciones adicionales.

A) Es sin duda la duodécima la que mayor interés concitará para el personal empleado en el sector público, en cuanto que prevé la recuperación de parte de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 que fue suprimida en virtud de lo dispuesto en el RDL 20/2012 de 13 de julio, en el bien entendido que se deja a cada Administración que decida aquello que considere conveniente hacer, “teniendo en cuenta su situación financiera”, para después pasar a regular la recuperación en el caso del personal del sector público estatal.. Las cuantías que podrán abonarse serán “las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre….”.

B) Las disposiciones décimo quinta, décimo sexta y décimo séptima,  regulan, y permiten, la contratación de personal laboral por sociedades mercantiles públicas y entidades empresariales, fundaciones y consorcios del sector público.

C) La disposición adicional vigésima octava vuelve a aplazar, sin fecha, la aplicación de las previsiones contenidas en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto. Dicho precepto dispone que “El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria concurran requisitos listados en esta disposición, y que la aplicación del porcentaje señalado “… se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012”.

D) Sigue sin haber recursos económicos para el fondo de integración de los inmigrantes. La disposición adicional septuagésima quinta suspende para el próximo año lo dispuesto en el art. 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000. Dicho precepto dispone que “De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo”.

E) La Comunidad Autónoma canaria sale también malparada de estos presupuestos, al menos por lo que se refiere a los fondos para políticas de empleo, ya que durante el próximo año, tal como indica la disposición adicional septuagésima quinta, quedará sin efecto la aplicación de la disposición adicional quinta de la Ley de Empleo (en su versión anterior al texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 3/2015 de 23 de octubre), que dispone lo siguiente: “Considerando la situación económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución y por el artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea y, respecto de las ayudas de los fondos estructurales, por el artículo 3.1 del Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en orden a incrementar el empleo en su territorio, el Estado podrá participar en la financiación de un Plan integral de empleo que se dotará, de forma diferenciada, en el estado de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión directa por dicha comunidad autónoma, no integrado en la reserva de crédito a que se refiere el artículo 13.e) de esta ley y que será independiente de la asignación de los fondos de empleo de ámbito nacional, regulados en el artículo 14, que le corresponda”.

F) El IPREM se mantiene, o dicho en lenguaje más directo queda congelado, con respecto a la cuantía de este año, de tal manera que con carácter mensual será de 532,51 euros, 17,75 al día, y 6.390,13 anuales, siendo de 7.455,14 euros anuales cuando deba incluirse el abono de dos pagas extraordinarias (disposición adicional octogésima cuarta).

G) Determinadas reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ya reguladas en leyes anteriores de presupuestos se mantienen en la actual, así como también medidas de apoyo a la prolongación de la actividad de los trabajadores fijos discontinuos en el sector turístico. Cuando se trate de un cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como también en los supuestos de enfermedad profesional, la reducción será del 50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. En casos de personas que prestan servicios en el hogar familiar se seguirá aplicando la disposición transitoria única de la Ley 27/2011(“Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se aplicará una reducción del 20 por 100 a las cotizaciones devengadas por la contratación de las personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas en el sistema especial a que se refiere la disposición adicional trigésima novena de esta Ley, siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la fecha de la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 % para familias numerosas, en los términos de las reducciones y bonificaciones que ya se vienen aplicando en este Régimen Especial”).  Por fin, cuando se trate de empresas de turismo, y comercio y hostelería vinculados al primero, y excluidas las del sector público, durante  2016 aquellas empresas “,,, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores” (disposiciones adicionales octogésima secta, séptima y novena”.

H) Hay preceptos que cada año se aplazan, sin ninguna fecha de previsión para su entrada en vigor. Tal ocurre en la disposición adicional octogésima octava con la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 27/2001, precepto que dispone que “El Gobierno presentará, en el plazo de un año, un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias, acorde con los incrementos que, en el ámbito de la contributividad, se producen en esta Ley, y con la sostenibilidad del sistema”.

I) La disposición adicional nonagésima prevé la financiación de los servicios y programas que deben llevarse a cabo por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 h) de la Ley de Empleo, con partida presupuestaria  que no estará sujeta, en virtud del ámbito supraautonómico de ejecución, a la distribución territorial entre las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de empleo”.

J) La disposición adicional nonagésima versa sobre la financiación de la formación profesional para el empleo, adaptando la regulación a lo dispuesto en el RDL 4/2015 de 22 de marzo y la Ley 30/2015 de 9 de septiembre. El 50 %, como mínimo, de los fondos que provengan de la cuota de formación profesional se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados, gasto de funcionamiento de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, y acciones dirigidas a la formación de agentes sociales para llevar a cabo las tareas que les atribuye la citada ley.  El restante 50 %, en su caso, irá dirigido a la formación de trabajadores desempleados y a programas públicos de empleo-formación y a la formación impartida en la red pública de centros de formación.

6. En las disposiciones derogatorias cabe destacar la supresión de la disposición adicional décima de la Ley 40/2007. Dicho precepto dispone que “El auxilio por defunción se incrementará en un 50 por ciento en los próximos 5 años, a razón de un 10 por ciento anual. A partir de ese momento, en cada ejercicio, se actualizará el auxilio por defunción con arreglo al índice de precios al consumo”.

7. Vayamos a las disposiciones finales, algunas relacionadas directamente con las adicionales.

A) El tan publicitado por las autoridades del MEySS “complemento por maternidad en las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social” se incorpora  a la Ley General de Seguridad Social en un artículo 50 bis…, hasta el 2 de enero de 2016, fecha en la que entra en vigor el RDLeg. 8/12015 de 30 de octubre por el que se apruebael texto refundido de la LGSS, que lo recoge en el art. 60, aun cuando sólo será aplicación, cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, “a las pensiones contributivas que se causen a partir de 1 de enero de 2016”. Por su interés reproduzco el primer párrafo del precepto:

“1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos según la siguiente escala:

– En el caso de 2 hijos: 5 por 100.

– En el caso de 3 hijos: 10 por 100.

– En el caso de 4 o más hijos: 15 por 100….” (disposición final segunda).

No será aplicable este complemento en caso de acceso anticipado a la jubilación por decisión voluntaria de la trabajadora, ni tampoco en los caso de jubilación parcial.  

Además, dicho complemento será aplicable, según dispone la disposición adicional tercera, “a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente que se causen a partir del 1 de enero de 2016 y cuyo titular sea una mujer”.

B) También se modifica el art. 147 de la LGSS todavía vigente hasta el 2 de enero de 2016. Destaco en negrita la modificación incorporada.

“Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas extraordinarias (IPREM) y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción no afectará al complemento previsto en el apartado 6 del artículo 145 de esta Ley.»

C) La disposición final quinta procede a la modificación de la Ley 16/2003 de 28 de mayo. Su art. 3 2 d) atribuye la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud a quien ha agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, se encuentre en situación de desempleo, no acredite la condición de asegurado por cualquier otro título y que resida en España. 

Pues bien, la ley de PGE 2016 añade un párrafo a este apartado en estos términos: “A los solos efectos de lo dispuesto en este artículo, la realización de trabajos por cuenta ajena o propia, por un período inferior a seis meses, cuando no se acceda a nueva prestación o subsidio por desempleo, no impedirá recuperar la condición de parado que agotó la prestación o el subsidio por desempleo.»

D) Seguimos con modificaciones normativas y nos encontramos en la disposición final novena con varias que afectan a preceptos de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado ayer viernes por el Consejo de Ministros y ha sido publicado hoy sábado por el BOE (RDLeg. 5/2015 de 30 de octubre), cuya disposición final única estipula lo siguiente: “El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad en el artículo 49.c) del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la disposición transitoria sexta de dicho texto refundido. Por último, la entrada en vigor, tanto del apartado 2 del artículo 50 como de la disposición adicional decimosexta del texto refundido, se producirá el 1 de enero de 2016”.

La precisión de la fecha de entrada en vigor es muy importante en cuanto que justamente las modificaciones operadas en el EBEP se refieren al precepto y disposición adicional referenciada. En el art. 50, que regula las vacaciones de los empleados públicos, se adiciona un párrafo semejante al ya existente en la normativa laboral, la LET, para los trabajadores por cuenta ajena, disponiéndose que “«Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.».

Por otra parte, se crea, con muchos matices en cuanto que se deja a cada Administración Pública que adopte las medidas oportunas, un permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación, de tal forma que “Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.». Hay que poner en relación este último precepto con la disposición adicional nonagésima segunda, que se refiere a la aplicación de este permiso a las funcionarias de la Administración del Estado, disponiendo que en la AGE y en los organismos y entidades de ella dependientes, el permiso “será de aplicación desde su entrada en vigor”. Igualmente, hay que relacionar este precepto con la disposición adicional nonagésimo tercera, que permite a las AA PP, en el marco de la negociación colectiva, “…determinar la extensión al personal adscrito o dependiente de las mismas del permiso retribuido para la funcionaria gestante al que se refiere la Disposición final novena de esta Ley, y su aplicación mediante el instrumento normativo correspondiente”. La extensión también se predica de la movilidad del personal laboral de las AA PP, “de forma que se posibilite que puedan pasar a prestar servicios en otras Administraciones, o en el ámbito de otro Convenio colectivo de la misma Administración, mediante los procedimientos que se establezcan al efecto”.

A fin de salvar, jurídicamente hablando, las modificaciones operadas de la limitación establecida en el art. 8.3 del RDL 20/2012 (“Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza”), la disposición adicional nonagésima tercera dispone que tal limitación “debe entenderse referida a la nueva redacción dada por la presente Ley a los permisos de los funcionarios públicos”. 

En fin, en esta vorágine legislativa cabe destacar que esta disposición fina novena de la LPG2016 es expresamente derogada por la disposición derogatoria del RDLeg. 5/2015. 

E) Un “clásico” de las leyes de PGE desde 2011 es la disposición final que va cambiando un número de una cifra para ir retrasando cada año la fecha de entrada en vigor de un precepto legal aprobado en 2009 y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2011. Estoy seguro de que todas las personas conocedoras del mundo laboral saben que me refiero a la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas, previsto en la disposición final segunda de la Ley 9/2009, y que ahora la disposición final undécima de la ley analizada retrasa su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2017. No parece, ciertamente, que haya mucho interés por avanzar en la puesta en marcha de medidas que faciliten el ejercicio efectivo de la conciliación de la vida familiar y laboral… al menos para los trabajadores varones.

F) Seguimos retrasando la entrada en vigor de preceptos normativos y ahora le toca el turno a la disposición final duodécima, letra d), apartado 1.de la Ley 27/2011, que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Dicho precepto dispone que disposición final décima de dicha Ley debía entrar en vigor el 1 de enero de 2016. La citada disposición final décima modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo para posibilitar la prestación de tal actividad por cuenta propia a tiempo parcial.

8- Concluyo. A buen seguro que me dejo por comentar algún o algunos preceptos de la Ley PGE 2016 que tiene interés para el ámbito laboral y de la protección social, pero como estoy seguro que muchos ojos ven más que dos, animo a los lectores y lectoras del blog que me los hagan saber, como forma eficaz de economía colaborativa tan de moda. Mientras tanto, buena lectura de la norma.