Examen de documentos internacionales sobre inmigración. Atención especial a la nueva Agenda Europea de Migración (UE).

1. La Comisión Europea presentó el pasado miércoles, 13 de mayo su esperada Comunicación sobre la Agenda Europeade Migración para los próximos años (disponible sólo en inglés cuando redacto este texto, y lógicamente disponible en otros idiomas muy próximamente), si bien a diferencia de los programas europeos anteriores de La Haya y Estocolmo, de momento hay un período cerrado para su desarrollo y puesta en práctica. Una buena síntesis de sus contenidos puede verse en los vídeos cuyos enlaces adjunto aquí y aquí. Por su parte, la propia Comisión facilita una muy amplia información sobre la AEM, en todos los idiomas, en su página web.

Sobre la política europea en materia de inmigración me permito remitir a los lectores y lectoras del blog a la recopilación de mis entradas desde 2007 a julio de 2014 en el texto “Lapolítica de inmigración en el ámbito internacional, europeo, español y catalán(septiembre de 2007 a julio de 2014). Recopilación de las reflexiones de unbloguero con interés jurídico y social sobre la materia”, así como a otras entradas posteriores dedicadas al mismo asunto.

2. La AEM encuentra un punto indudable de referencia histórico en  las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 26 y 27 de junio de 2014, donde se apuntaron las bases del nuevo programa o agenda en materia de inmigración a partir de 2015. La apuesta por políticas que refuercen las migraciones legales, con una estrecha implicación del mundo empresarial y sindical, y que potencien políticas de integración que fomenten la cohesión social y el dinamismo económico están en la base del programa del próximo quinquenio, llamando el Consejo una vez más a que las medidas que se adopten tengan en consideración y se guíen por los principios de solidaridad y distribución equitativa de la responsabilidad recogidos en el art. 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“Las políticas de la Unión mencionadas en el presente capítulo y su ejecución se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero. Cada vez que sea necesario, los actos de la Unión adoptados en virtud del presente capítulo contendrán medidas apropiadas para la aplicación de este principio”). En fin, una de las prioridades que se acuerda establecer para los próximos cinco años en la UE es la de “mejorar de la gestión de la migración en todos sus aspectos”. En las conclusiones sólo hay una mención genérica a la potenciación de la inmigración cualificada, en cuanto que las políticas comunitaria deberían mejorar la gestión de la inmigración “abordando las carencias de competencias específicas y atrayendo talento”, pero sí que hay varias referencias a políticas que apuestan sustancialmente por “más seguridad”, pues no de otra manera creo que deben entenderse las siguientes propuestas: mejora de la gestión de la inmigración “abordando con mayor determinación la migración irregular, también mediante la mejora de la cooperación con terceros países, por ejemplo en materia de readmisión; protegiendo a aquellos que lo necesitan mediante una firme política de asilo; reforzando y modernizando la gestión de las fronteras exteriores de la Unión”. 

La presentación de la AEM el día 13 estuvo a cargo de dos vicepresidentes de la CE, Frans Timmermans y Federica Mogherini, y del Comisario responsable de migración, asuntos de interior y ciudadanía, Dimitris Avramopoulos. La nueva AEM fue presentada oficialmente como un documento que esboza “tanto las medidas inmediatas que se adoptarán a fin de responder a la situación de crisis que existe en el Mediterráneo como los diversos pasos que deben darse en los próximos años para gestionar mejor la migración en todos sus aspectos”. F. Timmermans insistió en la tesis de la  responsabilidad compartida de todos los Estados “para poner a punto una política de migración efectiva”.

Por su parte, F. Mogherini puso el acento en que estamos delante ante una realidad que no afecta sólo a la UE sino que tiene un alcance mundial, y que adoptar decisiones como las propuestas en la AEM no debe dejar lado el reconocimiento de que “una respuesta real y a largo plazo sólo será posible si se solucionan las causas profundas”, con expresa mención a la crisis humanitaria provocada por guerras como las de Siria y Libia. Ya había avanzado estas tesis en su intervención el día 11 de mayoante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que manifestó lo siguiente: “It is an unprecedented situation, an exceptional situation that requires an exceptional and coordinated response. There is an urgent need to respond in an immediate and joint way. An emergency response to a structural phenomenon that will remain if we don't act effectively on its deep real causes: poverty, conflicts, crisis, human rights violations all the way through Africa and the Middle East and beyond, including the situations in Syria, Afghanistan or the Horn of Africa”.

En fin, el comisario responsable de inmigración, recalcó la importancia de adoptar medidas que frenen la actuación de quienes se aprovechan de las situaciones de necesidad de los migrantes, y de poner en marcha “un enfoque global que mejorará considerablemente la gestión de la migración en Europea”. El propio comisario Avramopoulos escribió el día 14 un artículo en el diario El Mundo en el que calificaba las medidas adoptadas en la AEM de “realistas y audaces”, en cuanto que “contempla acciones que ofrecen respuestas rápidas a la situación de emergencia en el Mediterráneo y en otras zonas de nuestras fronteras exteriores que están bajo presión. Presenta medidas estructurales para que el sistema actual desarrolle todo su potencial, y ofrece la posibilidad de una mayor integración de las políticas migratorias a escala de la UE”.

Conviene recordar que en su comparecencia en el Parlamento europeo el 30 de septiembre de 2014 para presentar sus líneas de actuación, el comisario europeo había ya señalado cuáles serían las tres líneas de trabajo durante la legislatura: en primer lugar, “hacer frente de una manera eficaz a la presión inmigratoria en nuestras fronteras”, con la posible creación de un sistema europeo de guardia de fronteras; en segundo término, la mejora de los canales de acceso de los migrantes, “atrayendo a trabajadores altamente cualificados y talentos específicos al mercado de trabajo europeo”; por fin, permitir que las personas viajen sin controles en las fronteras interiores”. En una primera valoración de la nueva política migratoria, y que sigue teniendo plena vigencia a la vista de los contenidos de la AEM, la investigadora principal del CIDOB Elena Sánchez Montijano afirmaba en octubre del pasado año lo siguiente: “El nombramiento de Avramopoulos ha llenado de preocupación a quienes rechazan una visión securitaria del fenómeno migratorio, ya que de él, aunque no exclusivamente, depende que, bajo su dirección, se aborden otras muchas prioridades como son la gestión de una cada vez más diversa Europa, una eficaz movilidad interna no solo para los europeos, sino también para los nacionales de terceros países, o hacer frente a los discursos anti-inmigración basados en el odio. Todos ellos son temas que deberían aparecer con la misma relevancia que los ya mencionados, sin embargo, si la nueva Comisión les hará frente, y cómo, es hoy todavía una incógnita”.

3. La primera valoración de una organización sindical española, la UGT, de la AEM no ha sido precisamente positiva. Con el título, “La Agenda Europea de Migración que no necesitan ni losmigrantes ni la Unión Europea”, se afirma que “no solo es insuficiente en relación al que debería ser el objetivo principal, evitar la pérdida de vidas, sino también preocupante en cuanto al futuro de la política de migración europea que se apunta en ella”, ya que “a partir de la situación excepcional de las muertes en el Mediterráneo, llega a la conclusión de que hay que cuestionarse la política de migración europea, incluidas las políticas de regulación de flujos migratorios laborales y la política de integración”, de tal manera que “la Comisión Europea no ha hecho otra cosa que tomar la parte por el todo y, aprovechando esto, ha dejado bien claro qué tipo de migración laboral y residente es la que desea y la que va a potenciar, la de los trabajadores de alta cualificación y los inversores”.

Por el contrario, la portavoz de ACNUR en España Mª Jesús Vega ha calificado de gran avance las propuestas contenidas en la AEM por lo que supondrá, si se aplica, de ampliación los recursos destinados a la vigilancia y salvamento de inmigrantes en el mar y de ampliación del  ámbito geográfico en el que se desarrollaban hasta ahora estas acciones, destacando que "si en los países de tránsito hubiera unas condiciones adecuadas, la mitad no vendría", y subrayado destacado la necesidad de "trabajar a varias bandas", también en los países de tránsito y en los lugares de origen, en lugar de limitarse a luchar contra las mafias.

Por su parte, Médicos sin Fronteras celebra que la CE tome nota de la situación de emergencia en sus fronteras, pero mantiene una prudente espera a la espera de la que las medidas propuesta en la AEM se traduzcan en medidas concretas, afirmando que “el aumento, tanto en materia de financiación como en el alcance geográfico de la misión de Frontex Triton, es una señal positiva de que Europa da, por fin, un paso adelante y asume la responsabilidad en el Mediterráneo”, pero manifestando al mismo tiempo  su preocupación porque “las consecuencias del marcado enfoque militar en la lucha contra los traficantes podrían tener un impacto importante tanto en los esfuerzos de búsqueda y rescate conducidos por organizaciones humanitarias, como MSF y MOAS, como en las personas que estamos tratando de ayudar”.

También ha sido valorada positivamente, aunque con reservas, la AEM por Save the Children, cuyo director general Andrés Conde ha afirmado que “Damos la bienvenida al compromiso de la Unión Europea de trabajar en una respuesta conjunta que asegure que las personas migrantes tienen medios seguros y legales para llegar a Europa. Dado el gran número de solicitantes de asilo y refugiados que se embarcan en el peligroso viaje en busca de una vida mejor –entre ellos muchos niños- los Estados miembros de la UE deben fortalecer los programas de reasentamiento y admisión humanitaria.También damos la bienvenida al compromiso de la UE de reforzar las operaciones Tritón y Poseidón, triplicando su presupuesto y expandiendo su alcance geográfico. Sin embargo, es necesaria una operación robusta y multi-estado de búsqueda y rescate, con un mandato claro y directo de salvar personas en peligro y de búsqueda proactiva, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de la actual crisis en el Mediterráneo y los riesgos que afrontan miles de personas migrantes en el viaje, entre ellos la muerte. Los Estados miembros de la UE deben comprometerse a destinar los recursos suficientes para llevar a cabo esta operación”.

En el plano académico, la Comunicación ha merecido un análisis muy critico por la  socióloga y demógrafa en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Amparo González Ferrer, en su artículo "La nueva estrategia migratoria de la UE: ¿Valiente y audaz?", publicado el 15 de mayo en el diario electrónico Eldiario.es, en el que hace una dura y documentada crítica a las propuestas comunitarias, para concluir en estos términos: 

“El verdadero drama de la gestión de la crisis en el Mediterráneo y de la migración internacional en Europa es que sigue basándose en presupuestos insostenibles o abiertamente erróneos: en materia de asilo y refugio parece como si el cumplimiento de la ley fuese voluntario, y por eso se invoca simplemente la solidaridad y no la obligación de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas voluntariamente por todos y cada uno de los Estados; se sigue considerando el tráfico de personas como la causa de la migración, y no como la reacción al cierre a la inmigración legal; se confunde a menudo el diagnóstico para personas que huyen de conflictos y las que emigran exclusivamente por razones económicas, y se aplica a todos la misma medicina; se insiste, en contra de toda la evidencia disponible, que la emigración económica proviene de los países más pobres del mundo, y dentro de ellos, que emigran más los más pobres; y se acaba concluyendo que el desarrollo económico en esos países de origen frenará la emigración a medio plazo y que por eso hay que recuperar los niveles presupuestarios de ayuda y cooperación al desarrollo anteriores a la crisis”.

4. El documento comunitario no sólo aborda, ni mucho menos, la política de inmigración en sentido estricto y relacionado con el acceso regular y ordenado a los Estados miembros y a sus mercados de trabajo, sino que dedica especial atención a la política de asilo y a la posible redistribución de los refugiados entre todos los Estados miembros, desde la constatación de que la política migratoria ha de basarse a escala europea en los principios de solidaridad y de responsabilidad compartida, afirmándose en la introducción de la Comunicación que “No Member State can effectively address migration alone. It is clear that we need a new, more European approach. This requires using all policies and tools at our disposal – combining internal and external policies to best effect. All actors: Member States, EU institutions, International Organisations, civil society, local authorities and third countries need to work together to make a common European migration policy a reality”.

Es decir, por una parte, se trata de conjugar las necesidades propias de cada Estado, que en virtud de lo dispuesto en el TFUE tiene la decisión final sobre el número de migrantes por razones económicas que desea admitir en su territorio, con las necesidades colectivas de la economía de la UE; por otra, se trata de dar una respuesta adecuada a escala europea frente a la llegada masiva de refugiados,  “con un mecanismo de distribución dentro de la UE de los demandantes de asilo (reubicación), trayendo un mayor número de refugiados desde terceros países (reasentamiento) de forma legal y segura a la UE, y usando las herramientas operativas y financieras de la UE para ayudar a los Estados miembros situados en primera línea”.

Sus cuatro pilares, según la Comunicación y la información facilitada por la propia CE, en la que se detalla la financiación prevista para cada uno de ellos, son los siguientes:

A) En primer lugar, reducir los incentivos para la migración irregular, mediante un plan de acción dirigido esencialmente contra los traficantes de personas, de tal manera que se pongan en práctica acciones con medidas “encaminadas a transformar el tráfico de personas en una actividad delictiva de alto riesgo y bajo rendimiento", y ello unido estrechamente al abordaje de las causas profundas de la migración irregular “mediante la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria”;

B) En segundo lugar, una gestión de las fronteras que permita tanto salvar las vidas de los migrantes como asegurar las fronteras exteriores de la UE (me pregunto si es una forma más edulcorada de referirse a la “Europa fortaleza”), y a tal efecto la CE propone reforzar Frontex, reforzar la capacidad de los terceros países (aquellos de donde proviene gran parte de la inmigración irregular) para gestionar sus fronteras, y “poniendo más en común, cuando proceda, determinadas  funciones de vigilancia costera a escala de la UE”.

C) En tercer lugar, se plantea la mejora del sistema europeo de asilo, “en particular promoviendo la detección sistemática y la toma de huellas dactilares y haciendo esfuerzos para reducir los abusos que se hacen de él mediante el refuerzo de las disposiciones relativas al país de origen seguro de la Directiva relativa a los procedimientos de asilo”. Para justificar estas medidas, se afirma por la CE que demasiadas solicitudes presentadas carecen de fundamento, ya que  “en 2014 el 55 % de las solicitudes de asilo obtuvieron una respuesta negativa…. lo que dificulta la capacidad de los Estados miembros para dar una rápida protección a los que la necesitan”.

Sobre el número de solicitantes de protección jurídica de asilo (estatuto de refugiado, protección subsidiaria o protección por razones humanitarias) en la UE de nacionales de terceros países, en 2014, los datos facilitados por la oficina estadística Eurostat señalan que fueron un total de 185.000, siendo en su gran mayoría provenientes de Siria (37 %, 68.400 personas), seguidos a mucha distancia por nacionales de Eritrea (8 %, 14.600) y Afganistán (8 %, 14.100). Cuatro países acogieron a dos tercios de las personas protegidas: Alemania (47.000), Suecia (33.000), Francia (20.600) e Italia (20.600). España sólo acogió a 1.600, en su gran mayoría ciudadanos de Siria (72, 7 %, 1.160).

Para hacer frente a la situación en el Mediterráneo, la Comisión anuncia en la Comunicación que  propondrá, a finales de mayo, la puesta en marcha del mecanismo de respuesta de emergencia previsto en el artículo 78.3 del TFUE (“Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo”), de tal manera que “La propuesta incluirá un mecanismo de reubicación temporal para los demandantes de asilo que claramente necesiten protección internacional, con el fin de garantizar que todos los Estados miembros participen de forma equilibrada y equitativa en este esfuerzo común. El Estado miembro de llegada será responsable del examen de la solicitud de asilo, de conformidad con las normas establecidas de la UE. La Comisión definirá un cálculo de redistribución basado en criterios tales como PIB, población, tasa de desempleo y número de demandantes de asilo y refugiados reasentados con anterioridad (vid Anexo de laComunicación).

Igualmente, la CE planteará la puesta en marcha de un sistema permanente para compartir la responsabilidad entre los Estados miembros frente al elevado número de refugiados y demandantes de asilo, y “presentará una propuesta legislativa a finales de 2015 para permitir, cuando se produzca una llegada masiva, un sistema obligatorio y automáticamente activado de reubicación para distribuir a las personas que claramente necesiten protección internacional dentro de la UE. El sistema tendrá en cuenta los esfuerzos ya realizados de forma voluntaria por los Estados miembros” (Vid Anexo de la Comunicación).

D) Por fin, en cuarto lugar, se apuesta (aunque creo que este planteamiento ya estaba presente en buena parte de los documentos europeos sobre inmigración desde la puesta en marcha del programa de Estocolmo), por lo que se califica de “nueva política europea en materia de inmigración legal”, que ha de tomar en consideración la necesidad de atraer inmigrantes cualificados hacia Europa, con modificaciones en la normativa de la tarjeta azul que así lo permita, para corregir los déficits demográficos consecuencia del proceso de envejecimiento de su población, adoptar medidas éticas que impidan que los países de donde provienen mayoritariamente los migrantes queden desprovistos de una mano de obra cualificada en sectores de especial atención y necesidad para las personas (el sanitario es el más significativo), y aprovechar los beneficios de  la migración para las personas y los países de origen, “facilitando por ejemplo, transferencias de fondos más baratas, rápidas y seguras”.

En el ámbito laboral, la CE se propone reforzar la aplicación y el cumplimiento de la Directiva que sanciona a los empleadores que den ocupación a los trabajadores en situación irregular, al mismo tiempo que se fortalecen y mejoran los canales de acceso regular al mercado de trabajo, pero, insisto, poniendo el acento en la incorporación de trabajadores cualificados.

La concreción de estas propuestas se encuentra recogida en la Comunicación en los siguientes términos: “The Commission will also establish a platform of dialogue to include input from business, the trade unions, and other social partners, to maximise the benefits of migration for the European economy and the migrants themselves. The EU needs the tools to identify those economic sectors and occupations that face, or will face, recruitment difficulties or skill gaps. Existing tools already provide some information, but a more complete picture is needed. Existing web portals, such as the EU Migration portal and Europe’s Job Mobility Portal (EURES) can also play an important role in facilitating job matching for third country nationals already in the EU. In matching migrants' skills, a particular problem is the lack of recognition of qualifications acquired by migrants in their home country. The EU can help to improve understanding of qualifications gained outside the EU”.

En fin, plantea un interrogante la manifestación contenida en la Comunicación de que en el futuro, por tanto sin concretar fecha alguna, la CE quiere estudiar (es decir analizar la posibilidad de poner en práctica, pero no de hacerlo inmediatamente) la posibilidad de desarrollar (obsérvese la extremada prudencia con la que los redactores de la Comunicación se mueven) junto con los Estados miembros (que son, no se olvide, los que tienen la competencia exclusiva según el TFUE para fijar el número de entrada de inmigrantes económicos en su territorio) “un sistema de manifestación de interés donde los potenciales migrantes candidatos podrían entrar en contacto con empresarios interesados de toda la UE”. Parece una propuesta digna de estudio para canalizar ordenadamente la migración por motivos laborales, en el bien entendido que deberán funcionar muy eficazmente los canales de conocimiento de las ofertas y demandas de trabajo para que ello funcione bien (¿sistema EURES?, ¿nuevo sistema?).

5. Me refiero ahora a otros recientes documentos internacionales sobre inmigración que he tenido oportunidad de conocer y cuya difusión considero conveniente realizar.

A) En primer lugar, la “Declaración de Bogotá de laprimera cumbre iberoamericana sobre derechos humanos, migrantes y trata depersonas,  de la federacióniberoamericana del ombudsman (FIO)", suscrita el 13 de mayo al finalizar dicha cumbre y suscrita por los 28 defensores de América Latina, España y Portugal.  En el documento, los firmantes manifiestan que “La trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, que en su aumento desmedido afecta de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados, y que para su erradicación es necesario definir e implementar  estrategias globales eficaces; que existe una gran preocupación de los Estados por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el  establecimiento de diversas políticas de inmigración, que no resultan armónicas en materia de flujo migratorio; que la trata y tráfico ilegal de personas afectan la integridad, dignidad y libertad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas, personas migrantes, indígenas, etc.”.

  

Los defensores de la ciudadanía se comprometen a “Incrementar nuestros esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación del tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos, pongan siempre en el centro a la persona, evitando aquellas actuaciones que, en su lucha contra estos delitos, olviden la protección y el derecho a la reparación de cada víctima.  Instar a que los Estados cumplan los contenidos del Protocolo de Palermo, por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género.  Visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos. Adelantar las acciones que sean necesarias para que dentro del ordenamiento jurídico se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma. Tener en cuenta, asimismo, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios como así también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad. Impulsar la consagración por los Estados de los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal, cuando este delito se estructure como de lesa  humanidad en los términos del Estatuto de Roma. Intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de nuestras instituciones para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas”.

B) Me refiero ahora al sexto informe periódico deEspaña  elaborado por el Comité contra latortura de la Organización de las Naciones Unidas, examinado en las reuniones celebradas los días 28 y 29 de abril y aprobado en el día de ayer, 15 de mayo. El citado informe aborda cuestiones muy concretas que afectan a la política de inmigración en España, como son las llamadas “devoluciones en caliente” y el debate jurídico suscitado a partir de la nueva regulación introducida en la Ley orgánica de extranjería por medio de una disposición adicional en la Ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana, los centros de estancia temporal de los inmigrantes (CETIs) y sus condiciones de habitabilidad, y la situación particularmente preocupante de las mujeres migrantes indocumentadas.

a) Respecto a las llamadas “devoluciones en caliente, el Comité manifiesta que “se muestra seriamente preocupado ante las devoluciones sumarias que se realizan desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, conocidas como “devoluciones en caliente”, las cuales se practican sin una evaluación previa del riesgo de retorno e impiden el acceso a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado. Al respecto, el Comité observa con preocupación que la Disposición Final Primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, adoptada en marzo de 2015, enmienda la Ley de Extranjería a fin de dar cobertura legal a dichas devoluciones sumarias bajo la nueva figura jurídica del “rechazo en frontera” (art. 3)”. Después de manifestar sus preocupaciones sobre la nueva normativa y su impacto, el Comité insta al Estado español “a que revise la legislación en materia de inmigración e asilo con miras a respetar incondicionalmente el derecho de no devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención, y a que tome todas las medidas necesarias para poner en práctica plenamente dicho derecho en todas las circunstancias. Asimismo, debe asegurar la evaluación individual de cada caso, incluida la identificación de posibles víctimas de tortura, y garantizar que todas las personas necesitadas de protección internacional tengan acceso a los procedimientos de asilo, incluida la determinación de la condición de refugiado”.

b) Respecto a los CETIs, el Comité valora positivamente la existencia de un programa de reformas para hacer frente al fuerte incremento de llegadas desde mediados de 2014, pero al mismo tiempo expresa su preocupación “por los altos niveles de hacinamiento que estos centros siguen registrando y las deplorables condiciones materiales de sus instalaciones, que a juicio del Comité representan una amenaza para la seguridad, la salud y la integridad física y psicológica de las personas que allí se encuentran. El Comité valora la información proporcionada por la delegación según la cual desde 2014 los CETI han recibido visitas de varias organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos. No obstante, si bien se le propuso que solicitara una nueva visita en una fecha posterior, al menos en una ocasión se habría denegado el acceso a una organización no gubernamental internacional (art. 11)”. El Comité formula las siguientes propuestas dirigidas a las autoridades españolas: “Como cuestión de urgencia, el Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para reducir los niveles de hacinamiento en los CETI y adoptar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones materiales de sus instalaciones, en particular aquellas destinadas a personas con necesidades especiales como las mujeres solas o con hijos. Debe también asegurar la integridad física y psicológica de todos los individuos en esos centros. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a facilitar las actividades de vigilancia que realizan las organizaciones no gubernamentales en los CETI”.

c) En fin, sobre la preocupante situación de las mujeres migrantes indocumentadas manifiesta su satisfacción por la reforma de la normativa de extranjería mediante la LO 10/2011, norma que tiene por finalidad “favorecer la presentación de denuncias de hechos constitutivos de violencia de género por parte de mujeres extranjeras”, pero al mismo tiempo manifiesta su preocupación porque dichas mujeres “sólo logran evitar el expediente sancionador por estancia irregular si se acredita judicialmente su condición de víctima, lo cual puede disuadirlas de presentar denuncias de violencia de género por temor a ser expulsadas del territorio del Estado parte (arts. 2, 13 y 16)”. El Comité pide a las autoridades españolas “revisar las disposiciones legislativas relativas a mujeres migrantes en situación irregular, para garantizar la protección de aquellas mujeres migrantes que hayan sido víctimas de violencia de género frente a la incoación de un expediente sancionador por estancia irregular contra ellas, o la continuación de uno inicialmente suspendido, tras la presentación por éstas de una denuncia por violencia de género”.

C) Por último, y aunque no se trata de un documento de ámbito internacional, sí quiero referirme por su importancia, ya que estamos hablando del país, EE. UU, que sigue siendo considerado en el ámbito político y económico como uno de los más poderosos, si no el que más, del planeta, al Informepresentado el pasado lunes, 11 de mayo por la Conferencia de Obispos Católicos de dicho país y por el Centro de Estudio de las Migraciones, en el que piden una reforma en profundidad, una transformación del sistema jurídico vigente de detención de los inmigrantes, con una reducción sustancial de las organizaciones privadas que gestionan prisiones con ánimo de lucro, tratando a los migrantes como seres especialmente necesitados de protección y no como criminales, solicitando a las Cámaras legislativas y a la Administración estadounidense que construyan “un sistema que permita protecciones judiciales, honre la dignidad humana y reduzca la práctica de detenciones”, posibilitando el acceso de los migrantes a protecciones judiciales y legales.  

En la nota de prensa difundida con ocasiónde la presentación del informe se recogen estas importantes declaraciones de obispos y de responsables del Centro de Estudios: “La presunción es detener a inmigrantes como una herramienta de administración, ejecución y disuasión en vez de tomar decisiones individuales sobre las detenciones basadas en la familia y lazos comunitarios,”, dijo Monseñor Elizondo. Bajo el sistema actual, hay prolongada detención de solicitantes de asilo, las víctimas de la trata de personas, los sobrevivientes de la tortura, y ahora, jóvenes madres con sus hijos.” Las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que hasta 34,000 inmigrantes son detenidos diariamente y más de 400,000 son detenidos anualmente”.

Por su parte, el Obispo Nicholas DiMarzio de Brooklyn, New York, miembro del comité y presidente de la junta de directores de CMS, “señaló la disponibilidad de alternativas a la detención, como asistencia de instituciones comunitarias, las cuales han comprobado ser efectivas en costo y exitosas en asegurar que los inmigrantes se presenten a sus citas ante jueces de inmigración. “Estas son formas de crear un sistema humanitario y que también asegure que los inmigrantes están cumpliendo con la ley,” dijo el Obispo DiMarzio. “Pero en este país hemos creado una industria de detención que asedia las vulnerabilidades de nuestros hermanos, que en su gran mayoría no son criminales,” agregó”.

Por fin, Donald Kerwin, director ejecutivo del Center for Migration Studies, resaltó la prevalencia de compañías con fines de lucro, que consideran la detención como una oportunidad de negocios, en la administración de los centros de detención en estos términos: “Las políticas de detención las cuales impactan directamente a los derechos humanos y la dignidad de las personas, no deberían de ser impulsadas por motivos de ganancias. Las detenciones desperdician no solo fondos del gobierno, pero también el potencial humano de cientos de miles de personas anualmente”.

Buena lectura de los documentos. Sobre la nueva AEM habrá que proceder, sin duda, a su atento seguimiento a medida que sus propuestas de actuación se vayan concretando en propuestas normativas y, en su caso, posterior aprobación.