1. La ComisiónEuropea publicó el 16 de diciembre su programa de trabajo para el año reciéniniciado, con un título, “Un nuevo comienzo”, indudablemente vinculado al hecho
de la formación de la nueva dirección de la UE y el inicio de su mandato a
partir del 1 de noviembre bajo la dirección de Jean-Claude Junker. La
Comunicación se dirige al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones. El programa de trabajo va acompañado de
cuatro anexos. En el primero se explican las medidas concretas para aplicar las
diez prioridades de las orientaciones políticas de la nueva Comisión para dar “un
nuevo impulso a la creación de empleo, al crecimiento y a la inversión,
incluida la continuación del plan de inversiones”. En el anexo II se relacionan
las iniciativas aún en fase de tramitación que se propone retirar por
considerar que ya han perdido interés (una de las prioridades de la nueva
Comisión es “la reducción de la carga normativa”, recordando que la Comisión ha
“heredado” 452 propuestas), en el anexo III se relaciona la lista de normas que
serán objeto de evaluación como posible paso previo a la revisión, mientras que
el último anexo incluye la relación de los actos legislativos que entrarán en
vigor en 2015, al objeto, se afirma por la Comisión, de “mejorar la visibilidad
de los próximos cambios para los ciudadanos y las empresas”.
En la notainformativa de presentación del documento se explica que “El Programa de
trabajo se debate con el Parlamento Europeo y el Consejo antes y después de su
adopción. La Comisión tiene en cuenta los pareceres de las demás instituciones
al preparar sus prioridades para el año siguiente. No obstante, es la propia
Comisión la que asume la responsabilidad política de sus propuestas, en
consonancia con el derecho de iniciativa que le incumbe en virtud de los
Tratados”, y se anuncia que “para reforzar nuestra colaboración con las demás instituciones
y mejorar nuestra programación interinstitucional, la Comisión presentará en
2015 una propuesta de nuevo acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la
legislación, con el fin de garantizar una dirección común, respetando al mismo
tiempo la función que desempeña cada institución con arreglo a los Tratados”.
2. El programa
de trabajo consta de una amplia introducción en la que se recogen las grandes
declaraciones programáticas de la Comisión que se concretarán, con mayor o
menor detalle, en los apartados posteriores y en los anexos, las medidas que
deben adoptarse a escala europea para abordar los desafíos económicos y
sociales ante los que se enfrenta la UE y que el texto concreta en “elevada
tasa de desempleo, crecimiento lento, altos niveles de endeudamiento público, déficit
de financiación y falta de competitividad en el mercado mundial”. El objetivo
marcado es “volver a situar la UE en la senda del crecimiento, de manera que
podamos mantener en el futuro el modelo social europeo y un medio ambiente
saludable”.
A) El primer
bloque del programa se centra en las propuestas para lograr “un nuevo impulso
al empleo, el crecimiento y la inversión”, y a este apartado ya dediqué
atención en una anterior entrada del blog, con referencia a un documento
anterior de la Comisión en estos términos:
“Según puede
leerse en la introducción de la Comunicación presentada por la Comisión el 28
de noviembre “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento”, el EPAC, junto
con los restantes documentos que lo acompañan, “establece el paquete de medidas
a favor del empleo, el crecimiento y la inversión, anunciado como primera
prioridad en las Orientaciones políticas de la nueva Comisión”, y en el que se
propone que la política económica y social de la UE para el próximo año se
sustente en tres pilares: en primer lugar, “impulso coordinado de la
inversión”, con la utilización de los ya reseñados 315.000 millones de euros
del plan de inversiones durante 2015-2017; en segundo lugar, “compromiso
renovado de emprender reformas estructurales”, haciendo hincapié en la
necesidad de adoptar medidas que estimulen el crecimiento y el empleo, y sobre
la necesidad de que Europa sea hecha más suya por los gobiernos y parlamentos
nacionales (y supongo que también querrá decir, aunque no lo haga expresamente,
de la ciudadanía, buena parte de la cual no mira precisamente con buenos ojos a
las instancias europeas por considerarlas culpables de las políticas de
austeridad y recortes de derechos sociales); en fin, “perseverancia en la
responsabilidad presupuestaria”, con propuestas para mejorar la eficiencia del
gasto y para dar prioridad a la inversión productiva, con una mención
específica, y que sería muy de agradecer que se concretara de forma eficaz, a
que la lucha contra el fraude y la evasión fiscales “es esencial para
garantizar la equidad y permite a los Estados miembros recaudar los ingresos
fiscales que se les adeudan”.
Desde la
perspectiva laboral el programa pone el acento en el incremento de las personas
ocupadas y en la mejora de las cualificaciones, algo que evidentemente no es
nuevo (hay muchas iniciativas anteriores sobre la materia) pero que sigue
siendo importante por el crecimiento del desempleo durante la crisis y por la
salida, involuntaria, del mercado de trabajo de muchas personas ante la falta
de expectativas de acceder a un empleo (y ya no me refiero al empleo “estable y
de calidad”), así como también por el desfase o falta de adecuación de los
conocimientos, destrezas y habilidades a los cambios operados en los procesos
productivos y el impacto tecnológico. A tal efecto, la Comisión anuncia que en
este año presentará un paquete de medidas “encaminadas a respaldar estos
esfuerzos, con el fin de contribuir a mejorar la integración en el mercado de
trabajo y promover las cualificaciones”. Se concreta en el anexo I que seguirá
desarrollándose la iniciativa para el empleo juvenil, se adoptarán medidas a
favor del desarrollo de las competencias y se presentará una “Propuesta de
Recomendación del Consejo sobre la inserción de los desempleados de largas
duración”.
La aprobación
por el Consejo del Plan de inversiones 2015-2017 mereció esta valoración de la
secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Segolene Royal: “"La
aprobación del plan de inversión es un paso en la dirección correcta y yo animo
a los Estados miembros a aumentar los fondos disponibles ya que la propuesta
actual es demasiado pobre. Las propuestas de la Unión de Energía y de un mercado
único digital son ambiciosas y podrían conducir a la creación de puestos de
trabajo adicionales. También me gustaría ver aplicada la misma ambición a la
protección de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, pero
todavía lo estoy esperando. »
B) La anterior
Comisión ya había concedido importancia al desarrollo del mercado único digital
y la nueva apuesta aún más al respecto en atención al creciente proceso de
digitalización de “todos los ámbitos de la economía y de la sociedad”, cobrando
especial importancia en el ámbito jurídico, y desde luego también en las
relaciones de trabajo, el avance en las propuestas existentes sobre una normativa
europea común en materia de protección de datos. La nueva “estrategia digital”
que prepara la Comisión constará de seis capítulos en los que se abordarán
cuestiones de indudable importancia: “generar fiabilidad y confianza, suprimir
las restricciones, asegurar el acceso y la conectividad, implantar la economía
digital, promover la sociedad digital e invertir en investigación e innovación
de excelencia a nivel mundial en el ámbito de las TIC”. La política de energía (tercer
apartado) también seguirá mereciendo especial interés en sede comunitaria,
apostando la Comisión por “una Unión de la energía resiliente con una política
de cambio climático que mire hacia el futuro”, fijando como prioridades “una
energía fiable y a precios asequibles” (viene a la cabeza en seguida el debate
actual en España sobre la “pobreza energética” ¿verdad?).
C) El cuarto
apartado del programa versa sobre la
potenciación del mercado interior, en el que deberá reforzarse su base
industrial, y ello pensando en la creación de puestos de trabajo. En este punto
la Comisión reitera las propuestas ya formuladas en el apartado primero
respecto a las medidas a adoptar para mejorar el acceso al empleo de los
jóvenes desempleados y aquellas personas que se encuentran en situación de
desempleo de larga duración (más de doce meses como demandantes de empleo) y
mejorar sus cualificaciones. También se aborda en este bloque, en cuanto que
estamos hablando del mercado interior europeo, es decir el que afecta a 28
Estados miembros de la UE, que hay que favorecer la movilidad laboral con una
potenciación de la red EURES. En el documento de la Comisión se afirma que “será
importante favorecer la movilidad laboral, sobre todo en los casos de vacantes
persistentes e inadecuación de las cualificaciones, en particular a través de
las fronteras, apoyando al mismo tiempo el papel de las autoridades nacionales
en la lucha contra las pretensiones abusivas o fraudulentas”, y en el anexo I
se concreta la necesidad de una mejor coordinación de los sistemas de Seguridad
Social y de proceder a una revisión de la normativa sobre desplazamiento de
trabajadores en el seno de la UE.
D) El apartado
quinto estás dedicado a “una unión económica y monetaria más profunda y más
justa”, con las obligadas referencias (que tanto y tanto está costando de
llevar a la práctica) al reforzamiento de la arquitectura de la UEM en la
perspectiva, entre otras finalidades, de “crear condiciones para un crecimiento
y empleo sostenibles”; se trataría pues de avanzar en el espinoso asunto (jurídica
y políticamente hablando) de la soberanía compartida en materia de gobernanza
económica, y también de “revitalizar” (obsérvese el verbo utilizado que pone de
manifiesto las carencias prácticas existentes en los últimos tiempos en el
ámbito comunitario) el diálogo social “a todos los niveles”. Desde la
perspectiva de la lucha contra la evasión fiscal y de prácticas fraudulentas
tiene importancia el anuncio (de momento sólo esto) de un plan de acción para
pasar a un sistema “en virtud del cual el país en que se genera el beneficio es
también el país de imposición, en particular en la economía digital, lo que
requiere asimismo un acuerdo sobre una base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades”.
E) El documento
pasa de puntilla sobre un asunto que está despertando, a pesar del secretismo
con el que se ha intentado ocultar la negociación durante cerca de un año hasta
que se produjo la desclasificación de algunos documentos, grandes debates y
grandes críticas por parte de movimientos y organizaciones sociales, cual es el
de la negociación UE-EE UU sobre un nuevo tratado transatlántico de libre
comercio e inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).
Dicho secretismo
es reconocido explícitamente por el nuevo gobierno europeo al afirmar en su
programa que “ya ha adoptado medidas para mejorar la transparencia en las negociaciones
sobre la ACTI”, en concreto la Comunicación de 25 de noviembre de 2014, C(2014) 9052 final. Las, al menos aparentes, preocupaciones de la nueva
Comisión por lograr un acuerdo “razonable y equilibrado” se ponen de manifiesto
en el texto, que en caso de alcanzarse no debería impedir en modo alguno sino
preservar “las normas europeas en los ámbitos de la salud, los derechos
sociales, el medio ambiente y la protección de datos, así como la diversidad
cultural de Europa”.
Las “Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlánticasobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos deAmérica” fueron aprobadas el 17 de julio de 2013 pero ha sido necesario esperar
más de un año, en concreto la decisión del Consejo se produjo el 9 de octubre,
para aprobar su desclasificación. Hay que ser forzosamente escépticos, o algo
más, sobre las bondades del acuerdo para los ciudadanos europeos en general y
para los trabajadores en particular, conociendo el menor grado de protección
laboral, social y medioambiental existente en EE UU, y si todo fuera tan claro
y positivo para aquellos no se entiende la falta de transparencia, mucho más cuanto,
otra vez al menos aparentemente, el acuerdo debería ser positivo para todos si
se repara en la lectura de uno de sus objetivos: “El Acuerdo debe reconocer que
el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes y que estas
tendrán como objetivo garantizar y facilitar el respeto de los acuerdos y
normas internacionales, medioambientales y laborales, a la vez que se fomentan
unos elevados niveles de protección medioambiental, laboral y de los
consumidores compatible con el acervo de la UE y la legislación estadounidense.
El Acuerdo debe reconocer que las Partes no alentarán el comercio o la
inversión extranjera directa mediante una suavización de la legislación y las
normas internas en materia de medio ambiente, trabajo o salud y seguridad en el
trabajo, ni de las normas laborales básicas ni las políticas y la legislación
destinadas a proteger y promover la diversidad cultural”.
F) Los dos siguientes apartados del programa están dedicados a las
políticas de justicia y de inmigración, apostando en el primero por un espacio
de justicia y derechos fundamentales “basado en la confianza mutua”. Hay dos
cuestiones que deseo resaltar; la primera, la relativa a la posible adhesión de
la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos “teniendo en cuenta las
orientaciones que dará el Tribunal de Justicia”. Pues bien, el TJUE no se lo
pone nada fácil a la nueva Comisión ya que considera, en su Dictamen 2/2013 hecho
público el 18 de diciembre de 2014, que el Proyecto de acuerdo de adhesión de
la Unión Europea al CEDH “no es compatible con las disposiciones del Derecho de
la Unión”. Del complejo dictamen del TJUE me interesa destacar especialmente un
argumento cuya síntesis es bien recogida en la nota de prensa sobre elDictamen: “El Tribunal de Justicia considera que el enfoque adoptado en el
Proyecto de acuerdo, consistente en asimilar la Unión a un Estado y reservarle
un papel de todo punto idéntico al de cualquier otra Parte Contratante, ignora
precisamente la naturaleza intrínseca de la Unión. En particular, este enfoque
no tiene en cuenta que los Estados miembros, en lo que atañe a las materias que
han sido objeto de un traspaso de competencias a la Unión, han aceptado que sus
relaciones se rijan por el Derecho de la Unión, con exclusión de cualquier otro
Derecho. Al imponer que se considere que la Unión y los Estados miembros son
Partes contratantes, no sólo en sus relaciones con las Partes que no son
miembros de la Unión, sino también en sus relaciones recíprocas, el CEDH
exigiría que cada Estado miembro verificase el respeto de los derechos
fundamentales por parte de los demás Estados miembros, pese a que el Derecho de
la Unión impone la confianza mutua entre esos Estados miembros. En esas
circunstancias, la adhesión puede poner en peligro el equilibrio en que se basa
la Unión y la autonomía del Derecho de la Unión. Ahora bien, en el acuerdo
proyectado no se ha previsto nada para prevenir este resultado”.
No soplan buenos tiempos para la protección de la maternidad en la UE.
Llevamos más de seis años sin avanzar en la propuesta presentada en octubre de2008 de ampliar el permiso de maternidad de 14 a 18 semanas, que modificaría la Directiva 92/85/CEE, reforma que
incluía también recomendar a los Estados miembros que abonen a las mujeres el
100 % del su salario durante dicho período. La nueva Comisión toma nota del
impasse en que se encuentra esta propuesta y anuncia (¿Cómo medida para
presionar en la búsqueda de un acuerdo o simplemente como una estrategia para
dar carpetazo al asunto) que la retirará en seis meses “si no es posible
desbloquear las negociaciones”, dando a entender que buscaría otro camino no
especificado, para avanzar en la protección de la maternidad, es decir “un
nuevo enfoque en un contexto más amplio” que debería tener en cuenta, sin mayor
concreción, “la realidad de las sociedades actuales, y tomará en consideración
los progresos realizados en este campo en los Estados miembros”.
G) Con respecto a la nueva política migratoria, o
quizás sea mejor decir la política migratoria de la nueva Comisión (no es un
juego de palabras sino una manifestación de que no parecen observarse grandes
cambios en el horizonte con respecto a la política vigente), cabe decir lo
siguiente:
Durante la
campaña electoral al Parlamento Europeo, el entonces candidato Jean Claude Junker
defendió la construcción de una política europea de inmigración basada en cincopilares: la implementación “sin demora”
del sistema europeo común de asilo aprobado en junio de 2013; la
intensificación de la asistencia práctica proporcionada por la Oficina de Apoyo
al Asilo Europeo, “cuya misión es apoyar a los Estados miembros en virtud de la
presión especial”; en tercer lugar, y con un pragmatismo ciertamente descarnado
que combinaba, a mi parecer, deseos y realidades, proponía la intensificación
de la cooperación con terceros países y ponía el acento en los del norte de
África, afirmando que” para hacer frente al reto de la inmigración, es ingenuo
que Europa sea sólo abierta y hospitalaria. Incluso Europa, como el continente
más rico del mundo, no será capaz de dar cabida a la angustia y el dolor de
todo el mundo. No sólo debemos lidiar con los síntomas, tenemos que ir a la
raíz del problema y ayudar a lograr un cambio en los países de origen”. En
cuarto lugar, una apuesta clara por potenciar la inmigración legal o regular,
justamente para desincentivar la que se lleva a cabo de forma ilegal o
irregular, pero no sólo por seguridad de los migrantes sino también por razones
de índole económica en beneficio de la UE, debido al proceso de envejecimiento
de la población europea, enfatizando que “a partir de 2015, la disminución demográfica de la UE
significará dos cosas: uno, que tendremos que sustituir a los pensionistas en
el mercado de trabajo; y dos, que necesitaremos cubrir nuevos puestos de
trabajo para servir a un número cada vez mayor de pensionistas, en particular
en el sector de la atención. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una política
de inmigración legal común para satisfacer la creciente demanda de habilidades
y talentos”, y manifestando su deseo de que Europa “sea, al menos, tan
atractiva como los destinos preferidos por los inmigrantes: Australia, Canadá y
EE.UU” (es decir, tomen nota, inmigración cualificada). En quinto y último
lugar, las propuestas del entonces candidato no olvidaban en modo alguno las
políticas de seguridad de la “fortaleza Europa”, con propuestas de incremento
de las capacidades operativas de Frontex y aplicación de la normas contra
traficantes de personas, ya que “esos delincuentes que explotan el dolor y las
necesidades de las personas en peligro o perseguidas, tienen que saber que
Europa está en guardia y los llevará ante la justicia”.
Poco después de
celebradas las elecciones, el ya candidato a la presidencia presentó ante el
Parlamento Europeo, que le daría su aprobación, las “Orientaciones políticas”
en caso de ser elegido, como así fue Presidente de la Comisión. La número ocho
llevaba por título “Hacia una nueva política sobre migración”, en donde reiteró
sustancialmente sus propuestas de la etapa electoral, no sin olvidar mencionar
los dramas humanos vividos periódicamente en las aguas del Mediterráneo para
enfatizar la importancia de gestionar mejor la
política de inmigración, al objeto de que no vuelvan a sucederse “situaciones
como la de Lampedusa”. Resalto que el
candidato insistió en su deseo de impulsar una nueva política europea en
materia de migración legal “que pueda ayudarnos a corregir la escasez de
cualificaciones específicas y atraer talento para afrontar mejor los retos
demográficos de la Unión Europea”, y anunció ya que “empezaré por revisar la
legislación sobre la «Tarjeta Azul» y la insatisfactoria situación de su
aplicación”.
En el programa
de trabajo de la Comisión sólo hay ocho líneas dedicadas a la “nueva política
migratoria”, en las que se anuncia que se está trabajando en la elaboración de “una
agenda europea de inmigración” que recogerá todas las orientaciones y
propuestas explicadas con anterioridad, con potenciación de la inmigración
cualificada y una lucha más intensa contra la inmigración irregular, que pasará
por una mejor coordinación de la política migratoria y de la política exterior
de la UE, con la cooperación con los Estados de
origen y en el marco de una política europea, entre los Estados
miembros, de “responsabilidad y solidaridad” (la distribución de los
solicitantes de asilo viene inmediatamente a la cabeza). Esperaremos, pues, a
la aprobación de la nueva agenda para examinar esa llamada “nueva política
migratoria”.
H) Por último,
el programa de trabajo apuesta por adoptar las medidas necesarias para que la
UE sea “un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial”, y también
porque las decisiones que se adopten en su seno sean lo más democráticas y
participadas posibles. Respecto al primer punto, se argumenta que “la utilización coherente y coordinada” de todos los instrumentos de que
dispone, en particular su
política exterior y de seguridad común (PESC), y la
proyección exterior sistemática de las políticas
interiores de la UE serán indispensables para promover los objetivos políticos
de la
UE en la escena mundial”. Respecto al segundo, se
anuncia que “buscamos la mayor apertura
posible en lo que respecta al trabajo de la Comisión y cooperaremos con las
demás instituciones a fin de reforzar la responsabilización y la accesibilidad
de las acciones de la UE”, así como también que “va a presentar propuestas
sobre un acuerdo interinstitucional relativo a un registro de transparencia
obligatorio, en virtud del cual todas las instituciones europeas deberán ser
transparentes en lo que respecta a las personas o lo grupos que influyen en el
proceso decisorio”.
Buena lectura del documento... aunque mucho más
importante será saber cómo lo llevará a la práctica la Comisión Europea.
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