domingo, 4 de enero de 2015

¿Será verdad? “Un nuevo comienzo”. ¿Hacia dónde? A propósito del programa de trabajo de la nueva Comisión Europea para 2015.



1. La ComisiónEuropea publicó el 16 de diciembre su programa de trabajo para el año reciéniniciado, con un título, “Un nuevo comienzo”, indudablemente vinculado al hecho de la formación de la nueva dirección de la UE y el inicio de su mandato a partir del 1 de noviembre bajo la dirección de Jean-Claude Junker. La Comunicación se dirige al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. El programa de trabajo va acompañado de cuatro anexos. En el primero se explican las medidas concretas para aplicar las diez prioridades de las orientaciones políticas de la nueva Comisión para dar “un nuevo impulso a la creación de empleo, al crecimiento y a la inversión, incluida la continuación del plan de inversiones”. En el anexo II se relacionan las iniciativas aún en fase de tramitación que se propone retirar por considerar que ya han perdido interés (una de las prioridades de la nueva Comisión es “la reducción de la carga normativa”, recordando que la Comisión ha “heredado” 452 propuestas), en el anexo III se relaciona la lista de normas que serán objeto de evaluación como posible paso previo a la revisión, mientras que el último anexo incluye la relación de los actos legislativos que entrarán en vigor en 2015, al objeto, se afirma por la Comisión, de “mejorar la visibilidad de los próximos cambios para los ciudadanos y las empresas”.

En la notainformativa de presentación del documento se explica que “El Programa de trabajo se debate con el Parlamento Europeo y el Consejo antes y después de su adopción. La Comisión tiene en cuenta los pareceres de las demás instituciones al preparar sus prioridades para el año siguiente. No obstante, es la propia Comisión la que asume la responsabilidad política de sus propuestas, en consonancia con el derecho de iniciativa que le incumbe en virtud de los Tratados”, y se anuncia que “para reforzar nuestra colaboración con las demás instituciones y mejorar nuestra programación interinstitucional, la Comisión presentará en 2015 una propuesta de nuevo acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, con el fin de garantizar una dirección común, respetando al mismo tiempo la función que desempeña cada institución con arreglo a los Tratados”.

2. El programa de trabajo consta de una amplia introducción en la que se recogen las grandes declaraciones programáticas de la Comisión que se concretarán, con mayor o menor detalle, en los apartados posteriores y en los anexos, las medidas que deben adoptarse a escala europea para abordar los desafíos económicos y sociales ante los que se enfrenta la UE y que el texto concreta en “elevada tasa de desempleo, crecimiento lento, altos niveles de endeudamiento público, déficit de financiación y falta de competitividad en el mercado mundial”. El objetivo marcado es “volver a situar la UE en la senda del crecimiento, de manera que podamos mantener en el futuro el modelo social europeo y un medio ambiente saludable”.

A) El primer bloque del programa se centra en las propuestas para lograr “un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión”, y a este apartado ya dediqué atención en una anterior entrada del blog, con referencia a un documento anterior de la Comisión en estos términos:

“Según puede leerse en la introducción de la Comunicación presentada por la Comisión el 28 de noviembre “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento”, el EPAC, junto con los restantes documentos que lo acompañan, “establece el paquete de medidas a favor del empleo, el crecimiento y la inversión, anunciado como primera prioridad en las Orientaciones políticas de la nueva Comisión”, y en el que se propone que la política económica y social de la UE para el próximo año se sustente en tres pilares: en primer lugar, “impulso coordinado de la inversión”, con la utilización de los ya reseñados 315.000 millones de euros del plan de inversiones durante 2015-2017; en segundo lugar, “compromiso renovado de emprender reformas estructurales”, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar medidas que estimulen el crecimiento y el empleo, y sobre la necesidad de que Europa sea hecha más suya por los gobiernos y parlamentos nacionales (y supongo que también querrá decir, aunque no lo haga expresamente, de la ciudadanía, buena parte de la cual no mira precisamente con buenos ojos a las instancias europeas por considerarlas culpables de las políticas de austeridad y recortes de derechos sociales); en fin, “perseverancia en la responsabilidad presupuestaria”, con propuestas para mejorar la eficiencia del gasto y para dar prioridad a la inversión productiva, con una mención específica, y que sería muy de agradecer que se concretara de forma eficaz, a que la lucha contra el fraude y la evasión fiscales “es esencial para garantizar la equidad y permite a los Estados miembros recaudar los ingresos fiscales que se les adeudan”.  

Desde la perspectiva laboral el programa pone el acento en el incremento de las personas ocupadas y en la mejora de las cualificaciones, algo que evidentemente no es nuevo (hay muchas iniciativas anteriores sobre la materia) pero que sigue siendo importante por el crecimiento del desempleo durante la crisis y por la salida, involuntaria, del mercado de trabajo de muchas personas ante la falta de expectativas de acceder a un empleo (y ya no me refiero al empleo “estable y de calidad”), así como también por el desfase o falta de adecuación de los conocimientos, destrezas y habilidades a los cambios operados en los procesos productivos y el impacto tecnológico. A tal efecto, la Comisión anuncia que en este año presentará un paquete de medidas “encaminadas a respaldar estos esfuerzos, con el fin de contribuir a mejorar la integración en el mercado de trabajo y promover las cualificaciones”. Se concreta en el anexo I que seguirá desarrollándose la iniciativa para el empleo juvenil, se adoptarán medidas a favor del desarrollo de las competencias y se presentará una “Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la inserción de los desempleados de largas duración”.

La aprobación por el Consejo del Plan de inversiones 2015-2017 mereció esta valoración de la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Segolene Royal: “"La aprobación del plan de inversión es un paso en la dirección correcta y yo animo a los Estados miembros a aumentar los fondos disponibles ya que la propuesta actual es demasiado pobre. Las propuestas de la Unión de Energía y de un mercado único digital son ambiciosas y podrían conducir a la creación de puestos de trabajo adicionales. También me gustaría ver aplicada la misma ambición a la protección de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, pero todavía lo estoy esperando. »

B) La anterior Comisión ya había concedido importancia al desarrollo del mercado único digital y la nueva apuesta aún más al respecto en atención al creciente proceso de digitalización de “todos los ámbitos de la economía y de la sociedad”, cobrando especial importancia en el ámbito jurídico, y desde luego también en las relaciones de trabajo, el avance en las propuestas existentes sobre una normativa europea común en materia de protección de datos. La nueva “estrategia digital” que prepara la Comisión constará de seis capítulos en los que se abordarán cuestiones de indudable importancia: “generar fiabilidad y confianza, suprimir las restricciones, asegurar el acceso y la conectividad, implantar la economía digital, promover la sociedad digital e invertir en investigación e innovación de excelencia a nivel mundial en el ámbito de las TIC”. La política de energía (tercer apartado) también seguirá mereciendo especial interés en sede comunitaria, apostando la Comisión por “una Unión de la energía resiliente con una política de cambio climático que mire hacia el futuro”, fijando como prioridades “una energía fiable y a precios asequibles” (viene a la cabeza en seguida el debate actual en España sobre la “pobreza energética” ¿verdad?).

C) El cuarto apartado del programa  versa sobre la potenciación del mercado interior, en el que deberá reforzarse su base industrial, y ello pensando en la creación de puestos de trabajo. En este punto la Comisión reitera las propuestas ya formuladas en el apartado primero respecto a las medidas a adoptar para mejorar el acceso al empleo de los jóvenes desempleados y aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo de larga duración (más de doce meses como demandantes de empleo) y mejorar sus cualificaciones. También se aborda en este bloque, en cuanto que estamos hablando del mercado interior europeo, es decir el que afecta a 28 Estados miembros de la UE, que hay que favorecer la movilidad laboral con una potenciación de la red EURES. En el documento de la Comisión se afirma que “será importante favorecer la movilidad laboral, sobre todo en los casos de vacantes persistentes e inadecuación de las cualificaciones, en particular a través de las fronteras, apoyando al mismo tiempo el papel de las autoridades nacionales en la lucha contra las pretensiones abusivas o fraudulentas”, y en el anexo I se concreta la necesidad de una mejor coordinación de los sistemas de Seguridad Social y de proceder a una revisión de la normativa sobre desplazamiento de trabajadores en el seno de la UE.

D) El apartado quinto estás dedicado a “una unión económica y monetaria más profunda y más justa”, con las obligadas referencias (que tanto y tanto está costando de llevar a la práctica) al reforzamiento de la arquitectura de la UEM en la perspectiva, entre otras finalidades, de “crear condiciones para un crecimiento y empleo sostenibles”; se trataría pues de avanzar en el espinoso asunto (jurídica y políticamente hablando) de la soberanía compartida en materia de gobernanza económica, y también de “revitalizar” (obsérvese el verbo utilizado que pone de manifiesto las carencias prácticas existentes en los últimos tiempos en el ámbito comunitario) el diálogo social “a todos los niveles”. Desde la perspectiva de la lucha contra la evasión fiscal y de prácticas fraudulentas tiene importancia el anuncio (de momento sólo esto) de un plan de acción para pasar a un sistema “en virtud del cual el país en que se genera el beneficio es también el país de imposición, en particular en la economía digital, lo que requiere asimismo un acuerdo sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades”.

E) El documento pasa de puntilla sobre un asunto que está despertando, a pesar del secretismo con el que se ha intentado ocultar la negociación durante cerca de un año hasta que se produjo la desclasificación de algunos documentos, grandes debates y grandes críticas por parte de movimientos y organizaciones sociales, cual es el de la negociación UE-EE UU sobre un nuevo tratado transatlántico de libre comercio e inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

Dicho secretismo es reconocido explícitamente por el nuevo gobierno europeo al afirmar en su programa que “ya ha adoptado medidas para mejorar la transparencia en las negociaciones sobre la ACTI”, en concreto la Comunicación de 25 de noviembre de 2014, C(2014) 9052 final. Las, al menos aparentes, preocupaciones de la nueva Comisión por lograr un acuerdo “razonable y equilibrado” se ponen de manifiesto en el texto, que en caso de alcanzarse no debería impedir en modo alguno sino preservar “las normas europeas en los ámbitos de la salud, los derechos sociales, el medio ambiente y la protección de datos, así como la diversidad cultural de Europa”.

Las “Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlánticasobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos deAmérica” fueron aprobadas el 17 de julio de 2013 pero ha sido necesario esperar más de un año, en concreto la decisión del Consejo se produjo el 9 de octubre, para aprobar su desclasificación. Hay que ser forzosamente escépticos, o algo más, sobre las bondades del acuerdo para los ciudadanos europeos en general y para los trabajadores en particular, conociendo el menor grado de protección laboral, social y medioambiental existente en EE UU, y si todo fuera tan claro y positivo para aquellos no se entiende la falta de transparencia, mucho más cuanto, otra vez al menos aparentemente, el acuerdo debería ser positivo para todos si se repara en la lectura de uno de sus objetivos: “El Acuerdo debe reconocer que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes y que estas tendrán como objetivo garantizar y facilitar el respeto de los acuerdos y normas internacionales, medioambientales y laborales, a la vez que se fomentan unos elevados niveles de protección medioambiental, laboral y de los consumidores compatible con el acervo de la UE y la legislación estadounidense. El Acuerdo debe reconocer que las Partes no alentarán el comercio o la inversión extranjera directa mediante una suavización de la legislación y las normas internas en materia de medio ambiente, trabajo o salud y seguridad en el trabajo, ni de las normas laborales básicas ni las políticas y la legislación destinadas a proteger y promover la diversidad cultural”.

F) Los dos siguientes apartados del programa están dedicados a las políticas de justicia y de inmigración, apostando en el primero por un espacio de justicia y derechos fundamentales “basado en la confianza mutua”. Hay dos cuestiones que deseo resaltar; la primera, la relativa a la posible adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos “teniendo en cuenta las orientaciones que dará el Tribunal de Justicia”. Pues bien, el TJUE no se lo pone nada fácil a la nueva Comisión ya que considera, en su Dictamen 2/2013 hecho público el 18 de diciembre de 2014, que el Proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al CEDH “no es compatible con las disposiciones del Derecho de la Unión”. Del complejo dictamen del TJUE me interesa destacar especialmente un argumento cuya síntesis es bien recogida en la nota de prensa sobre elDictamen: “El Tribunal de Justicia considera que el enfoque adoptado en el Proyecto de acuerdo, consistente en asimilar la Unión a un Estado y reservarle un papel de todo punto idéntico al de cualquier otra Parte Contratante, ignora precisamente la naturaleza intrínseca de la Unión. En particular, este enfoque no tiene en cuenta que los Estados miembros, en lo que atañe a las materias que han sido objeto de un traspaso de competencias a la Unión, han aceptado que sus relaciones se rijan por el Derecho de la Unión, con exclusión de cualquier otro Derecho. Al imponer que se considere que la Unión y los Estados miembros son Partes contratantes, no sólo en sus relaciones con las Partes que no son miembros de la Unión, sino también en sus relaciones recíprocas, el CEDH exigiría que cada Estado miembro verificase el respeto de los derechos fundamentales por parte de los demás Estados miembros, pese a que el Derecho de la Unión impone la confianza mutua entre esos Estados miembros. En esas circunstancias, la adhesión puede poner en peligro el equilibrio en que se basa la Unión y la autonomía del Derecho de la Unión. Ahora bien, en el acuerdo proyectado no se ha previsto nada para prevenir este resultado”.

No soplan buenos tiempos para la protección de la maternidad en la UE. Llevamos más de seis años sin avanzar en la propuesta presentada en octubre de2008 de ampliar el permiso de maternidad de 14 a 18 semanas, que modificaría la Directiva 92/85/CEE, reforma que incluía también recomendar a los Estados miembros que abonen a las mujeres el 100 % del su salario durante dicho período. La nueva Comisión toma nota del impasse en que se encuentra esta propuesta y anuncia (¿Cómo medida para presionar en la búsqueda de un acuerdo o simplemente como una estrategia para dar carpetazo al asunto) que la retirará en seis meses “si no es posible desbloquear las negociaciones”, dando a entender que buscaría otro camino no especificado, para avanzar en la protección de la maternidad, es decir “un nuevo enfoque en un contexto más amplio” que debería tener en cuenta, sin mayor concreción, “la realidad de las sociedades actuales, y tomará en consideración los progresos realizados en este campo en los Estados miembros”.

G) Con respecto a la nueva política migratoria, o quizás sea mejor decir la política migratoria de la nueva Comisión (no es un juego de palabras sino una manifestación de que no parecen observarse grandes cambios en el horizonte con respecto a la política vigente), cabe decir lo siguiente:

 Durante la campaña electoral al Parlamento Europeo, el entonces candidato Jean Claude Junker defendió la construcción de una política europea de inmigración basada en cincopilares:  la implementación “sin demora” del sistema europeo común de asilo aprobado en junio de 2013; la intensificación de la asistencia práctica proporcionada por la Oficina de Apoyo al Asilo Europeo, “cuya misión es apoyar a los Estados miembros en virtud de la presión especial”; en tercer lugar, y con un pragmatismo ciertamente descarnado que combinaba, a mi parecer, deseos y realidades, proponía la intensificación de la cooperación con terceros países y ponía el acento en los del norte de África, afirmando que” para hacer frente al reto de la inmigración, es ingenuo que Europa sea sólo abierta y hospitalaria. Incluso Europa, como el continente más rico del mundo, no será capaz de dar cabida a la angustia y el dolor de todo el mundo. No sólo debemos lidiar con los síntomas, tenemos que ir a la raíz del problema y ayudar a lograr un cambio en los países de origen”. En cuarto lugar, una apuesta clara por potenciar la inmigración legal o regular, justamente para desincentivar la que se lleva a cabo de forma ilegal o irregular, pero no sólo por seguridad de los migrantes sino también por razones de índole económica en beneficio de la UE, debido al proceso de envejecimiento de la población europea, enfatizando que “a partir de 2015,  la disminución demográfica de la UE significará dos cosas: uno, que tendremos que sustituir a los pensionistas en el mercado de trabajo; y dos, que necesitaremos cubrir nuevos puestos de trabajo para servir a un número cada vez mayor de pensionistas, en particular en el sector de la atención. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una política de inmigración legal común para satisfacer la creciente demanda de habilidades y talentos”, y manifestando su deseo de que Europa “sea, al menos, tan atractiva como los destinos preferidos por los inmigrantes: Australia, Canadá y EE.UU” (es decir, tomen nota, inmigración cualificada). En quinto y último lugar, las propuestas del entonces candidato no olvidaban en modo alguno las políticas de seguridad de la “fortaleza Europa”, con propuestas de incremento de las capacidades operativas de Frontex y aplicación de la normas contra traficantes de personas, ya que “esos delincuentes que explotan el dolor y las necesidades de las personas en peligro o perseguidas, tienen que saber que Europa está en guardia y los llevará ante la justicia”.

Poco después de celebradas las elecciones, el ya candidato a la presidencia presentó ante el Parlamento Europeo, que le daría su aprobación, las “Orientaciones políticas” en caso de ser elegido, como así fue Presidente de la Comisión. La número ocho llevaba por título “Hacia una nueva política sobre migración”, en donde reiteró sustancialmente sus propuestas de la etapa electoral, no sin olvidar mencionar los dramas humanos vividos periódicamente en las aguas del Mediterráneo para enfatizar la importancia de gestionar mejor la  política de inmigración, al objeto de que no vuelvan a sucederse “situaciones como la de Lampedusa”.  Resalto que el candidato insistió en su deseo de impulsar una nueva política europea en materia de migración legal “que pueda ayudarnos a corregir la escasez de cualificaciones específicas y atraer talento para afrontar mejor los retos demográficos de la Unión Europea”, y anunció ya que “empezaré por revisar la legislación sobre la «Tarjeta Azul» y la insatisfactoria situación de su aplicación”. 

En el programa de trabajo de la Comisión sólo hay ocho líneas dedicadas a la “nueva política migratoria”, en las que se anuncia que se está trabajando en la elaboración de “una agenda europea de inmigración” que recogerá todas las orientaciones y propuestas explicadas con anterioridad, con potenciación de la inmigración cualificada y una lucha más intensa contra la inmigración irregular, que pasará por una mejor coordinación de la política migratoria y de la política exterior de la UE, con la cooperación con los Estados de  origen y en el marco de una política europea, entre los Estados miembros, de “responsabilidad y solidaridad” (la distribución de los solicitantes de asilo viene inmediatamente a la cabeza). Esperaremos, pues, a la aprobación de la nueva agenda para examinar esa llamada “nueva política migratoria”.

H) Por último, el programa de trabajo apuesta por adoptar las medidas necesarias para que la UE sea “un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial”, y también porque las decisiones que se adopten en su seno sean lo más democráticas y participadas posibles. Respecto al primer punto, se argumenta que “la utilización coherente y coordinada” de todos los instrumentos de que dispone, en particular su política exterior y de seguridad común (PESC), y la proyección exterior sistemática de las políticas interiores de la UE serán indispensables para promover los objetivos políticos de la UE en la escena mundial”. Respecto al segundo, se anuncia que “buscamos la mayor apertura posible en lo que respecta al trabajo de la Comisión y cooperaremos con las demás instituciones a fin de reforzar la responsabilización y la accesibilidad de las acciones de la UE”, así como también que “va a presentar propuestas sobre un acuerdo interinstitucional relativo a un registro de transparencia obligatorio, en virtud del cual todas las instituciones europeas deberán ser transparentes en lo que respecta a las personas o lo grupos que influyen en el proceso decisorio”.

Buena lectura del documento... aunque mucho más importante será saber cómo lo llevará a la práctica la Comisión Europea.