4. Centro mi
atención a continuación en el PICE, documento que realiza un amplio análisis de
la situación social en Europa y que completa el EPAC, análisis que, tal como se
explica en su introducción “se basa en la evolución social y del empleo en Europa,
en la aplicación de las orientaciones para el empleo(2010- 2014), en el examen
de los programas nacionales de reforma que dieron lugar a las recomendaciones
específicas por país adoptadas por el Consejo el 8 de julio de 2014, así como
en la evaluación de la aplicación de dichas recomendaciones hasta el momento”, de las que cabe hacer lógicamente especial mención a las Recomendaciones realizadas para España. Destaco a continuación aquellos contenidos que me parecen más relevantes del
Informe y que se apuntan en la introducción.
A) Se considera
necesario seguir avanzando en la introducción de medidas que faciliten la
incorporación de los jóvenes al mundo laboral, y la efectiva implantación de la garantía
juvenil puede jugar un papel importante al respecto, así como también la instrumentación
de medidas como los contratos de aprendizaje que faciliten una adecuada
transición de la educación al empleo. Nuevamente se insiste en la vinculación
de las políticas activas y pasivas de empleo, con una mayor “activación” de las
mismas (que suele identificarse, aunque no hay esta vez mención expresa al
respecto, en un mayor control sobre la aceptación de las ofertas de empleo por
parte de la persona desempleada”.
A diferencia de
la EPAC, o más exactamente con mayor concreción, el PICE pide a los Estados
miembros de la UE que sigan aplicando, y que en algunos casos intensifiquen,
“las medidas destinadas a resolver el problema de la segmentación de los
mercados de trabajo mediante la simplificación de la legislación laboral”. El
uso de algunos términos no es desde luego casual ni neutro: hay un “problema” y
es necesario “simplificar”. Cómo se haga esa simplificación es una opción de
política legislativa y puede llevarse a cabo tanto reduciendo los niveles de protección de los trabajadores
estables, como acercando en positivo la protección de los trabajadores
temporales a la de los primeros, con un control mucho más estricto, tanto en el
plano sustantivo como procesal, de las causas que permitan la contratación de
duración determinada, y apostando también fuertemente por utilizar los
incentivos a la contratación sólo para aquellos contratos estables. ¿Cuál es la
tesis de la Comisión? Si nos hemos de atener a documentos anteriores, es la
primera, aunque no se mencione de forma expresa la reducción de la protección
de los trabajadores con contrato estable.
B) A
continuación el PICE procede al examen
del mercado de trabajo y las tendencias
y retos sociales en la UE, poniendo de relieve la difícil situación, a efectos
de tasas de desempleo, de la población joven
y de los trabajadores de baja cualificación, mientras que es mejor la
situación de los trabajadores de edad avanzada, aún cuando su salida del
mercado de trabajo les genera muchas más dificultades para volver a mismo que a
los dos colectivos anteriores. Existe especial preocupación por el desempleo de
larga duración entre los hombres, los jóvenes y los trabajadores poco
cualificados en relación con otros grupos del mercado de trabajo, siendo
especialmente preocupante su afectación “a quienes trabajan en sectores y
ocupaciones en declive”. Igualmente es motivo de mucha atención la situación de
los jóvenes ninis, entre 15 y 24 años, que ni estudian ni trabajan, que son un
porcentaje superior al 10 % de los
jóvenes en la mayor parte de Estados, aunque con importantes diferencias
porcentuales entre ellos, enfatizándose en el texto que dicho fenómeno “se debe
principalmente a un aumento del desempleo juvenil, pero también a una
inactividad vinculada a carencias educativas”.
C) En el
conjunto de la UE la tasa de actividad se ha mantenido, e incrementado, durante
el período de la crisis (primer trimestre 2008- primer trimestre 2014: 70,3 y 72 %, respectivamente) por la
mayor presencia de los trabajadores de edad y de las mujeres, ya que el
descenso de la población masculina ha sido significativo. No obstante el
crecimiento de la presencia femenina en el mercado de trabajo, su tasa de
actividad sigue estando bastante por debajo de la masculina, en concreto
11,7 puntos en el primer trimestre de
este año (77,9 y 66,2 %), con una mucha mayor presencia entre las personas que
trabajan a tiempo parcial. Por el contrario, disminuye la tasa de empleo en el
mismo período hasta quedarse ahora en el 68,4 %, muy lejos del objetivo marcado
del 75 % para las personas entre 20 y 64 años en la Estrategia Europea 2020.
Hay un dato especialmente importante, y preocupante en cuanto que marca una
clara línea de tendencia de cómo está disminuyendo la calidad del empleo (si el
trabajo a tiempo parcial se presta involuntariamente) y el número de horas
trabajadas: “el empleo a tiempo completo se ha reducido en aproximadamente 8,1
millones entre el primer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2014”,
mientras que por el contrario “se ha producido un aumento constante del empleo
a tiempo parcial: 4 millones más de puestos de trabajo desde el primer
trimestre de 2008”. Desde luego, muy optimista, y desconozco su fundamentación,
me parece la tesis del PICE de que en el contexto macroeconómico actual, “el
trabajo temporal y el trabajo a tiempo parcial, involuntarios en cierta medida,
pueden contribuir a crear empleo y, a medio plazo, puede constituir un
trampolín para los contratos indefinidos o a tiempo completo (por ejemplo para
los jóvenes)”.
D) Es bien
sabido que el debate sobre la desigualdad y su impacto sobre la vida política,
económica y social está siendo cada vez más importante, en especial a partir de
las aportaciones de Thomas Picketty en su obra “El capital en el siglo XXI”,
habiendo manifestado en una entrevista publicada el 19 de noviembre en "Eldiario.es" que “la desigualdad puede
ayudar al crecimiento hasta cierto punto, pero más allá de un determinado nivel
de desigualdad se obtiene, sobre todo, un efecto negativo que reduce la
movilidad en la sociedad y conduce a la perpetuación en el tiempo de la
estratificación social. Esto tiene una impacto negativo sobre el crecimiento”,
así como también que otro efecto negativo de la desigualdad muy fuerte es que
“puede conducir a la captura de las instituciones democráticas por parte de una
pequeña élite que no va necesariamente a invertir en la sociedad pensando en el
conjunto de la población”. Pues bien, el
PICE constata, previa afirmación de que la evolución de la economía “afecta a
los distintos grupos de la población de diferentes maneras”, que en muchos
Estados miembros los niveles de desigualdad han aumentado, especialmente en los
del Sur, con mención expresa a España, Grecia, Italia y Chipre, algo a lo que
desde luego no será ajeno el hecho de que desde 2011 el gasto social ha ido
disminuyendo, constatando el Informe que tal disminución se ha producido “en
particular por lo que respecta a las prestaciones en especie y los servicios, a
pesar de que las condiciones económicas y sociales han seguido deteriorándose”.
E) Más adelante,
el PICE pasa revista a la aplicación de las orientaciones para el empleo, o lo
que es lo mismo qué reformas se han operado en el ámbito de las políticas
sociales y de empleo desde el anterior informe, en desarrollo de las
recomendaciones sobre empleo aprobadas para cada Estado. Se pasa, pues, revista
a cómo se han concretado tales recomendaciones u orientaciones.
a) Recuerdo que
la número 7 propugna el aumento de la participación en el mercado laboral y la
reducción del desempleo estructural, y en este bloque se efectúa mención
expresa a España por haber “simplificado los modelos de contratos para las
empresas” (tengo fundadas dudas de que la reducción de modelos haya
simplificado la tramitación), “aclarado los procedimientos de despido
colectivo” (no debe haber ocurrido así a juzgar por los numerosos conflictos
que siguen suscitándose en sede judicial), y “promovido el trabajo a tiempo
parcial por medio de incentivos contributivos y una mayor flexibilidad en el
uso de las horas complementarias” (más bien aquello que se ha dado en realidad
es una desarticulación de la ordenación del tiempo de trabajo, hasta tal punto
que la llamada flexibilidad en el TTP puede significar contratar formalmente un
número determinado de horas y trabajar muchas más hasta acercarse a las de
quienes trabajan a tiempo completo).
El PICE explica
con detalle las medidas adoptadas por diversos Estados para facilitar el empleo
de los jóvenes, en especial con la puesta en marcha de la garantía juvenil, y
se manifiesta optimista al respecto, vinculando algunas medidas adoptadas con
otras que han promovido la reforma de los servicios públicos de empleo “para
mejorar el nivel de la prestación (de la garantía juvenil) y la coordinación
entre los distintos niveles regionales”.
b) La
orientación número 8 versa sobre la necesidad de conseguir una población cualificada
que responda a las necesidades del mercado laboral y la promoción del
aprendizaje permanente, y en el Informe se constata que buena parte de los
países han puesto en marcha medidas con las que se trata de mejorar la oferta
de cualificaciones y fomento del aprendizaje, que han ido de la mano con
reformas paralelas en el ámbito de la formación profesional.
c) En cuanto a
la orientación núm 9 trataba sobre la mejora de la calidad y los resultados de
los sistemas educativos y de formación en todos los niveles, y de incremento de
la participación en la enseñanza superior, donde encontramos una nueva
referencia a España en la que se afirma que “ha puesto en marcha una reforma
para introducir un sistema dual de formación profesional adaptado a las
necesidades del mercado de trabajo (cobra aquí sentido el viejo refrán “del
dicho al hecho hay gran trecho”).
d) En fin,
recuerdo que la orientación número 10 se refiere a la promoción de la inclusión
social y la lucha contra la pobreza, en
donde el PICE pone de manifiesto varias líneas de tendencia que están
apareciendo o consolidándose en los Estados miembros (no en todos,
ciertamente), una de las cuales es el reforzamiento de las políticas activas
del mercado de trabajo (con especial acento en las políticas de activación) y
la reforma de las políticas contributivas y asistenciales de protección de las
personas desempleadas, con especial atención a la protección de quienes se
encuentran ante el riesgo de verse afectados por situaciones de pobreza o
exclusión social.
F) La última
parte del Informe está dedicado al análisis de las tendencias puestas de
manifiesto al aplicar el cuadro de indicadores sociales y de empleo clave, que
se presentó por primera vez en el proyecto de informe de 2013 y que fue
aprobado en el Consejo europeo de marzo de 2014. Remito al documento para que
los lectores y lectoras del blog se detengan con detalle en el análisis de
tales indicadores, que en el PICE 2014 han sido ligeramente revisados para
tomar en consideración en el análisis de los datos “las perspectivas de género
y de edad”.
Del análisis
general de todos los indicadores, el PICE 2014 constata que la situación más
problemática del mercado laboral se encuentra en Italia y Rumania, con una
situación ambivalente en países fuertemente afectados por la crisis como son
Grecia, Portugal y España, ya que si los indicadores de empleo muestran una
cierta mejora o estabilidad, los indicadores sociales “siguen señalando índices
de pobreza y desigualdades en aumento y ya bastante elevados, y un descenso de
la renta de los hogares en términos reales”. A partir del análisis de todos los
datos disponibles y de los indicadores de aplicación, el PICE constata que se
ha detenido en la UE el crecimiento del desempleo con respecto a su edición
anterior, pero que aún así se mantienen, y sin signo de mejoras, importantes
diferencias entre los países, y califica de “alarmantes” las tasas de desempleo
de siete países, en comparación con la media comunitaria, entre los que se
encuentre España. Respecto a los jóvenes en concreto, las tasas globales de
desempleo juvenil mejoran ligeramente a escala global, pero con importantes
diferencias entre los Estados, y sobre los “ninis” se pone de manifiesto que su
número sólo ha sufrido un ligero retroceso con respecto al año anterior, y que
los países del sur de Europa tienen un elevado porcentaje de jóvenes que se
encuentran en dicha preocupante situación, calificándose de “dramática” la
situación de los jóvenes en general (y no sólo de los ninis) en el mercado de
trabajo de siete países, entre los que nuevamente aparece España, ya que en
todos ellos la tasa de desempleo está, como mínimo, siete puntos por encima de
la media de la UE.
G) Más
preocupante aún, y confirma datos recogidos con anterioridad en el propio
Informe, y sobre los que se manifestaba también preocupación en el EPAC, es el estancamiento o reducción importante de
la renta de los hogares operada desde 2011 en varios Estados, aquellos “más
afectados por la agravación del deterioro de las condiciones económicas”, poniéndose
de manifiesto que en comparación con el año 2012 “no menos de dieciséis Estados
miembros han experimentado importantes evoluciones negativas en la renta bruta
disponible de los hogares”. Sería bueno que el gobierno español, que siempre
afirma estar muy atento a las manifestaciones de las organizaciones
internacionales sobre las reformas laborales y de protección social, sin duda
sobre todo cuando le son favorables, prestara atención también a las que no van
en esa línea, como la que se encuentra en el Informe PICE sobre el incremento
en 2011 y 2012 de la tasa de riesgo de pobreza de la población en situación laboral
(si no recuerdo mal, permítanme la ironía, 2012 fue el año de aprobación de la
reforma laboral), ya que España fue uno de los países de la UE en el que más
aumentó la misma, constatando el documento que estoy ahora analizando que en la
mayoría de los países que experimentaron incremento de las tasas de riesgo de
pobreza, “el prolongado período de crecimiento del PIB negativo o cercano a
cero, el creciente desempleo de larga duración y el debilitamiento a lo largo
del tiempo del efecto de las transferencias sociales han generado un mayor
riesgo de pobreza”. Añádase a este dato, a modo de conclusión, el crecimiento
de las desigualdades de renta en tales Estados, y en ello tiene un papel no
menospreciable el deterioro de las condiciones laborales (entre ellas
obviamente el salario), desigualdades particularmente relevantes en España y
otros seis Estados en 2013, “donde la participación en la renta del 20 % con
renta más alta es al menos seis veces mayor que la del 20 % de renta más baja”.
Buena lectura de
todos los documentos.
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