La política de inmigración. Especial atención a la realidad laboral de la población trabajadora española y catalana (II).

IV. Ámbito español y catalán

1. Llega el momento de entrar en la realidad española y catalana, y como reza el título de la entrada en prestar atención al impacto de la crisis y del marco normativo (preferentemente laboral, aunque no de forma exclusiva) sobre la población extranjera, en el bien entendido que no sólo hay que tomar en consideración aquellos normas dirigidas a esa población, sino que también el análisis de la realidad laboral debe hacerse desde el estudio y crítica de las normas que afectan al conjunto de la población, habiendo tenido también un impacto indudable sobre la población extranjera la reforma laboral iniciada en febrero de 2012 por el gobierno del Partido Popular y cuya valoración crítica por mi parte ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones en este blog (aunque el TC haya validado recientemente su constitucionalidad, que no es lo mismo que afirmar que ha sido positiva para la población trabajadora).

He procedido a la lectura, y en algunos casos relectura, de informes elaborados por el Foro para la integración social de los inmigrantes, y he prestado especial atención a los informes elaborados sobre el mercado de trabajo de los extranjeros en España por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, así como a las estadísticas de trabajo de autorizaciones a extranjeros que facilita periódicamente el MEySS, sin olvidar el estudio de los datos sobre estructura salarial y decil de salarios de empleo principal que publica el Instituto Nacional de Estadística, referidos a la población en general pero que permiten conocer, si se ponen en relación con las ocupaciones en las que tiene mayoritaria presencia la población extranjera, cuáles son los salarios de dicha población.

No está de más, por cierto, subrayar en esta nota inicial el diferente trato que el gobierno español otorga a los extranjeros según su nivel de renta, concretado en las facilidades para adquirir la nacionalidad a quienes realicen importantes inversiones económicas en nuestro país, así como también en las facilidades que posiblemente se concedan en un próximo futuro para extranjeros que deseen realizar compras por un volumen importante de dinero cuando viajen a España (así se recoge en el Plan de turismo de compra 2015).

Por otra parte, las medidas de fomento de empleo de la población inmigrante (sin entrar ahora en el debate de si conviene que existan o bien deben tratarse dentro de las dirigidas al conjunto de la población trabajadora) se cuentan, valga la redundancia, con cuentagotas, habiendo criticado un reciente informe elaboradopor el gabinete técnico confederal de la UGT sobre la Estrategia Española de Activaciónpara el Empleo 2014-2016 la ausencia de referencias en este texto a los inmigrantes, a diferencia de las recomendaciones explícitas de la UE sobre las políticas de empleo en España, algo que califica de “alergia” al uso de esa palabra, criticando duramente que el gobierno español “pretenda no sólo ignorar su presencia en España, sino esconderla presentando un diagnóstico de situación del mercado de trabajo muy deficiente, sesgado y carente de matices, sin desagregar por colectivos o situaciones que en el mercado de trabajo ocupan posiciones muy diferenciadas”.     

2. De los Informes de Foro sobre la situación laboral de la población trabajadora de nacionalidad extranjera en 2011 y 2013 (no se ha podido elaborar el de 2014 para ser incluido en el Informe anual 2014 de la situación de la integración deinmigrantes y refugiados en España aprobado por el Pleno el 23 de junio, por no disponer en aquel momento – ahora ya sí se han publicado – de los datos sobre extranjeros con registro o tarjeta de residencia, y por haberse difundido muy poco antes el informe 2013 sobre mercado de trabajo del SPEE, remitiéndose por ello a una monografía posterior), me quedo con los siguientes datos de interés:

A) En el Informede 2011, destaca el incremento de mujeres demandantes de empleo y regreso a la demanda de servicio doméstico interno; incremento importante de la población masculina afectada por el desempleo; crecimiento de la economía irregular o sumergida, como por ejemplo trabajar a tiempo completo cuando estás contratado a tiempo parcial, con lo que ello supone (la cita es de 2011 y estoy en condiciones de afirmar, desgraciadamente, que se refuerza en el momento actual) “de retroceso en derechos laborales y sociales”; incremento de los períodos de desempleo y carreras cortas de empleo y cotización, cuando existen legalmente, que dificultan las posibilidades de renovación de la autorización laboral para poder seguir residiendo regularmente en España.

B) En 2013, el Foro constataba ya el crecimiento de la población comunitaria y el descenso de la población de terceros países, con el descenso de las cifras de autorizaciones de residencia y trabajo iniciales, al mismo tiempo que destacaba un dato a mi entender especialmente relevante: “aumenta el porcentaje que suponen, respecto  al total de autorizaciones, las de larga duración, demostrando una vez más que la migración que recibió España tiene vocación de permanencia”. La pérdida de empleo en el sector de la construcción ha implicado un trasvase hacia el sector agrario, y el incremento de la población (femenina) en el empleo domestico. Además, la segmentación del mercado de trabajo afecta sobremanera a la población extranjera, de tal manera que, dado que también afecta a su encuadramiento en regímenes de la Seguridad Social con diferentes niveles de protección social, ello conlleva mayor precariedad tanto en este ámbito “como en condiciones de trabajo, especialmente en materia salarial”. Refiriéndose en concreto al empleo doméstico, ello ha conllevado, tanto para nacionales como para extranjeros, y en la medida en que se trata de trabajos de baja cualificación y temporales, “un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”.

3. Centra ahora mi atención el Informe 2014 (con datos 2013) del Informe estatal del mercado de trabajo de los extranjeros,realizado por el Observatorio de las Ocupaciones del SPEE. Me interesa destacar los datos sobre contratación, es decir los contratos registrados en 2013 en las oficinas de los servicios públicos de empleo, que fueron un total de 2.565.800, el 17,5 % del total de los formalizados en España durante ese año, y 2,11 puntos porcentuales inferior al del número que se celebraron en 2012 (siendo el 66,83 % suscritos con ciudadanos de Estados no UE), una cifra la de 2013 muy lejana de la del año 2007, en el que se alcanzó el número máximo de contratos, un total de 3.957.327, por el importante peso que en aquel momento tenía la construcción en el modelo productivo español.

La relación entre la ubicación territorial, la afiliación a la Seguridad Social y el número de contratos formalizados en las distintas Comunidades Autónomas, pone de manifiesto que son cuatro Comunidades donde se concentra el peso numérico, afiliativo y de contratación de los extranjeros, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, con el añadido en materia contractual de la Región de Murcia, muy probablemente por el peso del sector agrícola, siendo justamente la provincia de Murcia la que concentra el mayor porcentaje de contratación de extranjeros sobre el total de los contratos formalizados en su territorio, un 43,73 %, a la que sigue, y tampoco es de extrañar por el importante peso, igualmente, del sector agrario, Lleida con un 42,94 %. En las otras tres provincias catalanas, Barcelona (18,51 %) queda por detrás de Girona (24,95 %) y Tarragona (24,79 %), siendo el porcentaje global autonómico del 21,18 %.

En cuanto a los datos cuantitativos por países, guardan estrecha relación con el número de extranjeros de cada nacionalidad residentes en España, pues entre la población de la UE predomina de largo la contratación de rumanos (458.583), seguida muy de lejos por los búlgaros (92.674) e Italia (67.821). En el ámbito extracomunitario, Marruecos se sitúa en primera posición, por delante de Ecuador y Colombia (456.668, 202.344 y 110.333, respectivamente), siendo un dato especialmente relevante a destacar que el descenso de contratados entre los ciudadanos extracomunitarios es muy superior al de los de otros Estados de la UE (-8,91 y – 4,25). Otro dato estadístico a destacar es la importante caída en la contratación de la población boliviana, ya que el número total de 98.582 personas supone un descenso del 29,57 % con respecto al año anterior.

Sobre el nivel académico de las personas contratadas hay un dato que llama la atención, cual es que el 30,23 % de las personas contratadas o bien no tienen estudios o no están acreditados, mientras que el 28,13 % no ha terminado la ESO, destacándose en el informe con respecto a la no acreditación, y creo que con acierto, que si bien los niveles formativos citados superan al porcentaje de representación de los mismos en la contratación total, “... tenemos que tener en  cuenta las dificultades que suelen tener los extranjeros a la hora de homologar los estudios realizados en los países”.

La contratación se concentra mayoritariamente en el sector servicios (67,24 %) y en la agricultura (23,14 %), con un peso sensiblemente inferior de la construcción (6,60 %) y de la industria (3,02 %). Son los dos últimos sectores los más afectados por los cambios en la situación económica y su correspondiente impacto sobre la destrucción de empleo, mientras que la agricultura crece ligeramente y también lo hace el sector servicios. La presencia mayoritaria de la población extranjera (en especial de la extracomunitaria) en determinados sectores y más concretamente en determinadas actividades económicas va de la mano con salarios bajos y prestaciones sociales reducidas, siendo reseñable que la actividad económica más relevante en la contratación de extranjeros sea la de “agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas”, un total de 582.476, con una tasa de participación de extranjeros del 29,55 % , a la que siguen las “actividades relacionadas con el empleo”, los “servicios de comidas y bebidas” y las “actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con un total este último de 138.740 contratos y una tasa de participación extranjera del 59,89 %. Si concretamos más algunos de estos datos, y nos referimos a las ocupaciones en donde esa tasa sea más significativa, nos encontramos con que es del 64,73 % en empleados domésticos, 58,25 % en peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines; 47,78 % en trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino, y del 36,34 % en peones agrícolas (excepto en los ámbitos citados más arriba).

En cuanto a las modalidades contractuales, tienen mayor presencia los contratos de obra o servicio (22,04 % de tasa de extranjeros), los indefinidos ordinarios (22,72 %), los temporales convertidos en indefinidos (17,56 %) y los eventuales por circunstancias de la producción (14,19 %). Sobre la diferencia entre el número de personas contratadas y el número de contrataciones efectuadas, es reseñable que la media en 2013 sea de 2,33 contratos por cada trabajador, con diferencias aplastantes que van desde el 56,92 % del total (627.832) que formalizaron únicamente un contrato al 1,12 % (12.305 personas) que suscribieron más de 15. En fin, según jornada de trabajo, el 69,33 % se formalizaron a tiempo completo y el 29,36 % a tiempo parcial.

Dada la ubicación de buena parte de la población extracomunitaria en actividades y ocupaciones con perfil de baja cualificación, no es de extrañar que la mediasalarial de dicha población sea inferior (datos del año 2012) a la de la población española y a la de trabajadores comunitarios. Mientras que la ganancia media anual por trabajador fue de 22.726,44 euros en 2012, los datos de la estructura salarial facilitados por el INE constatan que el percibido por los extracomunitarios fue un 36 % menor que la media (14.482,50 € para los de Europa no UE, 14.280, 32 € para trabajadores de América Latina, y 14.396,72 % para los del resto del mundo), porcentaje que se reduce al 23,2 % (17.442,86 €) para trabajadores de Estados de la UE. La citada ubicación es la que determina igualmente que la población extranjera se ubique en su gran mayoría entre el 30% de los asalariados que perciben menos de 1.217,4 € mensuales, ya que justamente ahí se concentran quienes trabajan en el sector doméstico y en la agricultura.

4. Los datos de 2013 relativos a contratación de trabajadores extranjeros en España deben completarse con otros que apuntan en la misma línea de disminución del peso de la población extranjera en el mercado de trabajo en España. Por una parte, el IImonitor anual de ocupación de la empresa Adecco, en el que se analiza la evolución del empleo en España durante los tres primeros trimestres del año, a partir de los datos del Encuesta de Población Activa, y se realiza una comparación en serie interanual entre los datos de septiembre 2013 y septiembre 2014, para reseñar que de los 274.000 personas que incrementaron el número de empleados en dicho período (+ 1,6), el incremento fue debido en su totalidad a la población española (+ 2%, 310.700), ya que el peso de la población trabajadora extranjera disminuyó en un 1,9 % (- 36.700) como consecuencia de la caída entre los trabajadores extracomunitarios (-4,9 %), ya que creció entre los trabajadores de Estados de la UE (2,9 %). Estas cifras llevan a que la población ocupada extranjera suponga el 10,7 % del total, más de tres puntos por debajo del porcentaje máximo alcanzado al iniciarse 2008, el 14 %. Más impactante es la caída de la población extracomunitaria, que sólo alcanza ahora el 6,4 % del total de ocupados, más de cinco puntos por debajo del 11,6 % que tenía a finales de 2008, destacándose en el estudio de Adecco a que “ hay que retroceder hasta marzo de 2003 para encontrar una proporción tan baja como la actual”. En el caso concreto de Cataluña, la caída de la participación de los trabajadores extranjeros en su empleo total ha sido de 4,7 puntos entre el tercer trimestre de 2008 (17 %) y el mismo trimestre de 2014 /12,3 %).

Con todos estos datos puestos encima de la mesa, no sorprenderá tampoco en absoluto comprobar como desde 2008 han ido descendiendo (con un muy ligero repunte en 2011), y con mayor impacto desde 2012, las autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros.

5. Ahora bien, antes de abordar estos datos  (los últimos que he podido consultas son los del mes de junio de este año), es conveniente referirse a otros datos más generales, los de extranjeros concertificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2014, facilitados el pasado día 20 por el Observatorio permanente de la inmigración de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del MEySS. En tal fecha había 4.905.495 extranjeros con dicho certificado en vigor, más exactamente 2.724.189 personas acogidas al régimen comunitario y 2.181.306 al régimen general, con un incremento en el primer  grupo de 36.701 residentes respecto al trimestre anterior (1,52 %) y 73.321 personas en serie anual (2,48 %), y un descenso en el segundo de 71.144 (- 1,52) y 137.957 (- 5,95), en series trimestral e interanual respectivamente, poniendo de manifiesto el informe que el descenso de la población extracomunitaria “se debe principalmente al impacto que ha tenido el Plan intensivo de tramitación de expedientes de Nacionalidad”.   El porcentaje de ciudadanos extranjeros a los que se aplica el derecho de libre circulación y residencia, es decir, el Régimen Comunitario, es del 55,53 % sobre el total, frente al Régimen General que se sitúa en el 44,47 % % Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, concentran el 65,52 % del total de la población extranjera (1.085.093, 799.167, 669.023 y 657.557, respectivamente)

A) Paso al análisis de los datos más importantes de los extranjeros acogidos al régimen comunitario (incluye ciudadanos de la UE, de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y sus familiares). A 30 de junio de 2014 hay un total de 2.724.189, con 73.321 nuevas personas acogidas en serie interanual, siendo en la actualidad la proporción de hombres y mujeres nacionales de la UE-ALC del 52,95 y 47,05 %, respectivamente,  si bien estos porcentajes cambian cuando se trata sólo de familiares de ciudadanos comunitarios, ya que el 41,59 % son hombres y el 58,41 % mujeres. Del total antes referenciado, 2.357.627 son ciudadanos comunitarios y de la AELC-EFTA (86,54 % del total), mientras que el resto son familiares de los anteriores y de españoles con nacionalidad de un tercer país, un total de 366.562 (13,46 %), con un peso muy importante de personas nacionales de América central y del Sur, y de Marruecos (Colombia, 38703; Marruecos, 35.411;  República Dominicana, 31.341). La población rumana, que había accedido en el segundo semestre de 2010 a la primera posición de todos los países con ciudadanos en España, se mantiene en el primer lugar de manera muy destacada con respecto a otras poblaciones, con 940.252 personas, es decir el 34,52 % del total de las nacionalidades presentes en este régimen comunitario (incremento trimestral del 0,80 % y aumento interanual del 3,21 %).

Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral entre los ciudadanos de la UE-AELC, ya que residen 1.942.694 extranjeros con edades comprendidas entre 16 y 64 años (82,40 % del total), con un peso menor de los de 65 y más años (214.117, 9,08 %) y de los menores de 16 años, (200.816, 8,52 %). Entre los familiares nacionales de terceros países los datos son los siguientes: 314.342 personas de 16 a 64 años (85,75 %), 23.935 de 65 y más años (6,53 %), y 28.285 menores de 16 años (7,72 %). La edad media es de 38,7 años, 6,6 años mayor que la del régimen general (32,1), destacando la elevada edad de los nacionales de Suiza (53,9 años) y Noruega (51,7).

B) Sobre los datos de la población extranjera acogida al régimen general, es decir los nacionales de terceros países “salvo que les sea de aplicación el Régimen Comunitario”, a 30 de junio de 2014 hay un total de 2.181.306, con un descenso del 5,95 % (137.957 residentes) en serie interanual. Por sexo, hay más diferencias entre hombres y mujeres que en el régimen comunitario, ya que los porcentajes son del 54,44 y 45,56 %.   

La población marroquí es la primera en este régimen y la segunda en el conjunto de todas las nacionalidades, con 738.984 personas, con un descenso del 0,85 y 2,63  % en serie trimestral e interanual respectivamente, representando el 33,89 % del total de la población de este régimen. A bastante distancia siguen los chinos (184.268, 8,45 %),  ecuatorianos (183.241, 8,40 %), bolivianos (111.297, 5,10 %),  colombianos (109.283, 5,01 %), y ucranianos (75.368, 3,46 %). Por continentes, el peso porcentual de los ciudadanos de Iberoamérica ha disminuido considerablemente como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española por un importante número de tales ciudadanos (el informe menciona que los descensos observados con respecto al anterior de 31 de diciembre de 2013 “se deben principalmente al impacto que ha tenido el Plan intensivo de tramitación de expedientes de nacionalidad”), siendo en la actualidad del 32,30 %, inferior en más de 12 puntos al de los africanos (44,51 %), quedando la población asiática en tercer lugar con el 16,33 %.

Destaca el peso de la población extranjera en edad laboral, ya que el 78,83 % de la población se encuentra en edades comprendidas entre 16 y 64 años (1.719.540), el 1,62 % es población de 65 y más años (35.354), y el 19,55 % menor de 16 años (426.412). La edad media es de 32,1 años, los marroquíes son los más jóvenes, con una media de 29,0 años, seguidos por los pakistaníes y chinos con 29,9 y 30,3 años.

De los extranjeros del régimen general, el 76,55 %, es decir 1.669.780 personas, disponen de autorización de residencia de larga duración (con un elevado porcentaje, superior al 49 y 28 % de ciudadanos africanos y de América Central y del Sur, destacando que los colectivos más numerosos son los nacionales de Marruecos, Ecuador y China, “con porcentajes respecto del total de residentes en este régimen del 87,78 %, 85,65 % y 80, 43 %, respectivamente”. El número de estas autorizaciones ha descendido en 12.297 en serie interanual (0,73 %), descenso atribuido nuevamente en el Informe “a la incidencia que ha tenido en el último año el acceso a la nacionalidad española”.  

Las autorizaciones temporales (511.526) suponen el 23,45 % del total, continuando su  disminución. De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo (41,71 %), 213.343 son por cuenta ajena (con un descenso del 27,47 %, es decir 80.813 personas, en serie interanual), 6.102 por cuenta propia, y 6.137 otro tipo de autorizaciones (como tarjeta azul UE y para investigación). De las autorizaciones de residencia temporal, 174.818 son por reagrupación familiar, 67.269 por residencia no lucrativa, 38.650 por circunstancias excepcionales de arraigo, y 5.027 por “razones humanitarias y otras”, poniendo de manifiesto el documento ahora comentado que el número de autorizaciones por arraigo “no alcanza el 8 % de los extranjeros que residen con carácter temporal” y dando cuenta de la importante reducción operada en serie interanual (-17,62 %, es decir 8.266 personas).  

En el segundo trimestre de 2014 se concedieron 76.020 autorizaciones iniciales, (14,86 % del total, 158.102 de primera renovación, (30,91 %, + 12,58 y + 18,86 % % en series semestral e interanual) y 121.317 de segunda renovación (-29,10 y – 48,97 en series semestral e interanual). Queda por analizar qué parte del importante descenso de la segunda autorización es debida a la adquisición de la nacionalidad española por ciudadanos iberoamericanos y cuál es la que corresponde a la situación de crisis económica y la imposibilidad de solicitar la renovación por no poder cumplir los requisitos exigidos para ello (contratación, cotización..).

6. Ahora sí, me refiero a los datos sobre autorizaciones iniciales de trabajo para poner de manifiesto que de las 790.205 concedidas en 2008 hemos pasado a las 175.610 de 2013 (171.066 por cuenta ajena y 3.807 por cuenta propia), que previsiblemente serán menos en 2014 ya que el número de concedidas durante el primer semestre ha sido de 71.516 (frente a las 89.478 del mismo período del año anterior), destacando este año la caída hasta el momento de las autorizaciones a la población boliviana (-4.783, es decir un 33,9 % sobre 2013) y el impacto en el sector servicios, que concentra un número inferior de 10.124 sobre 2013. En Cataluña, la caída ha sido poco significativa hasta el presente, ya que las autorizaciones concedidas, 17.990, sólo han disminuido en 849, un 4,5 %, sobre 2013. Siempre con los datos del año anterior, se concedieron un total 33.773 autorizaciones por arraigo y otras circunstancias excepcionales.

En fin, otros dato muy significativo de cómo se está moviendo (muy poco) el mercado de trabajo de los extranjeros en cuanto a posibilidades de acceso regular al mismo, se demuestra en que del total de 69.049 autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena en los seis primeros meses del año, casi la mitad (33.237) se agrupan en la ocupación de “empleados domésticos y otro personal de limpieza”, seguidos muy de lejos por los peones agrarios, forestales y de pesca (8.394) y los trabajadores de servicios de restauración (6.044). Entre los empleados domésticos (lo adivinan ¿verdad?) la gran mayoría son mujeres extranjeras, un total de 27.451. Por nacionalidades, siguen en cabeza globalmente los países de América del Sur (37.852), con Bolivia en primer lugar (9.222), seguido de Marruecos con 8.760 y Paraguay con 7.095. En Cataluña, como ya he indicado, el número de autorizaciones iniciales en los primeros seis meses ha sido de 17.990, concentradas en gran mayoría en Barcelona (13.384) y seguida muy de lejos por Girona (2092), Tarragona (1292) y Lleida (825). Conviene por último mencionar que en estos datos no se incluyen los del contigente de trabajadores extranjeros (2008 y 2009) y los de gestión colectiva de contrataciones en origen (desde 2010), si bien el dato aún provisional de 2013 es ciertamente muy poco relevante (2.963).