1. La doctrina
jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de
procedimientos de despidos colectivos operados tras la reforma laboral de 2012
puede considerarse ya muy amplia y variada. Amplia, por el elevado número de
sentencias ya dictadas, algunas de ellas sobre asuntos de indudable
trascendencia no sólo jurídica sino también social; variada, porque se observan
diferentes planteamientos que un sector jurídico cercano al mundo empresarial
ve con preocupación por la “inseguridad jurídica” que provoca y que a mi
parecer no deja de ser una mera, y clara, manifestación, de la forma de
entender por cada magistrado y magistrada cómo resolver cada caso y cómo debe
aplicarse, e interpretarse, la normativa internacional, europea y estatal
aplicable.
Motiva esta
entrada el comentario de una sentencia ya lejana en el tiempo, pero de
contenido relevante, la dictada el 18 de febrero, a la que en seguida me
referiré con atención. Pero antes, dejo constancia de otras tres sentencias
dictadas por el alto tribunal y cuatro de la Audiencia Nacional (la última
consulta de la base de datos del CENDOJ ha sido efectuada el 14 de agosto), y
que la falta de tiempo me impide comentar con mayor extensión, al objeto de que
las personas interesadas puedan consultarlas si así lo desean. Igualmente, dejo
constancia de dos nuevas, y muy interesantes, aportaciones doctrinales sobre
los grupos de empresa y su impacto tanto sobre el Derecho del Trabajo en
general como sobre los despidos colectivos en particular, publicadas en el núm. 7 de la revista Actualidad Laboral: la del profesor
Ignacio García Perrote, referida al marco general y en la que aborda, al
estudiar la doctrina judicial, “el abandono del criterio de la dirección
unitaria como elemento determinante de la responsabilidad solidaria”, y la del
profesor Cristóbal Molina Navarrete, que al estudiar las extinciones
contractuales vía despidos colectivos analiza las “disfunciones prácticas de la
distinción entre usos patológicos y fisiológicos”, con un detallado examen de importantes
sentencias del TS y de la AN.
2. En primer
lugar, me refiero a la sentencia del TS dictada el 18 de febrero, de la que fue
ponente el magistrado Gonzalo Moliner, con voto particular de la magistrada
María Rosa Virolés al que se adhieren tres magistrados. El debate versa sobre
sucesión empresarial y responsabilidad solidaria empresarial, y más
concretamente sobre quién es el sujeto empresarial que ejerce el poder de
organización, control y dirección.
La segundasentencia es de 18 de marzo y ponente la magistrada Milagros Calvo, y confirma
la sentencia de instancia, en estos términos: “De lo anterior se desprende, tal
como afirma la sentencia impugnada, la concurrencia de las causas económicas y
organizativas que autorizan la extinción de los contratos, sin que la parte
recurrente haya desplegado una actividad eficaz al objeto de combatir tres
extremos esenciales, que las pérdidas son reales, que su alcance por si solo
incide en el supuesto contemplado en el artículo 51.1.c) del Estatuto de los Trabajadores
de situación negativa de la Empresa, y que, de forma añadida aunque no
indispensable para justificar la extinción, la peculiaridad de su ámbito de
mercado y las variaciones experimentadas en el mismo configuran una situación
incardinable en los supuestos extintivos del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores”.
La tercerasentencia es de 22 de mayo y ponente el magistrado Miguel Ángel Luelmo, que
estima el recurso de casación de la empresa en un litigio en el que se discute
sobre la justeza de los criterios de selección de los trabajadores afectados,
considerados no conformes a derecho por el TSJ de Andalucía (sede Granada) en
sentencia de 29 de noviembre de 2012 dictada con ocasión de la demanda interpuesta
por el sindicato de periodistas de Andalucía. Para la Sala, sí se cumplieron y
lo manifiesta en los siguientes términos: “porque si los representantes
unitarios de los trabajadores, con conocimiento, por la información facilitada
por la empresa, de la situación económica de ésta y de tales criterios -aunque
fuese del modo en que se expusieron por la misma- sólo plantearon su oposición
en cuanto al número de los afectados o de la cuantía de la indemnización y en
ningún momento manifestaron que aquéllos les parecieran insuficientes, poco
claros o incorrectos ni propusieron otros diferentes, habiéndolos presentado la
empresa aplicándolosa nombres, apellidos y categorías, sin que tampoco se
mencionase en ningún momento con alguna base que los tan repetidos criterios no
habían sido seguidos correctamente por la empresa al designar a esos trabajadores
ni pueda atribuirse con alguna justificación a la misma el empleo de unas
pautas indebidas en la selección, a todo lo cual se añade que los referidos
representantes debían tener conocimiento directo y personal de las concretas
personas afectadas y también de las excluidas, al tratarse de una empresa de
sólo 32 trabajadores, no puede entenderse que la información al respecto
generase un conocimiento trascendental y sustancialmente defectuoso o
insuficiente -ni teóricamente improcedente de no demostrarse así en algún caso,
constituyendo, en principio, el criterio, aunque con las cautelas necesarias,
una competencia empresarial- y, en consecuencia, tal y como propone sin
reservas el Mº Fiscal, el recurso ha de prosperar cuando tampoco el proceso ha
servido para acreditar decididamente otra cosa”.
3. Respecto a la
sentencias de la AN, la primera es de 14 mayo y ponente el magistrado Rafael
López Parada. Se trata de un litigio en el que se debate justamente la
existencia o no de despido colectivo, concluyendo la Sala que concurre un despido
colectivo de hecho, dado que se han superado los límites legales del art. 51.1
de la LET sumando todas las extinciones producidas en el período de 90 días
previos al despido por causas no imputables a los trabajadores. Para la Sala, “para
determinar si estamos ante un despido colectivo hemos de tomar como referencia
todos los despidos producidos en un periodo de noventa días consecutivos que no
sean por causa inherente a la persona del trabajador, lo que incluye, conforme
a las sentencias citadas del Tribunal Supremo y la posterior de 25 de noviembre
de 2013 (RCUD 97/2013), no solamente los despidos producidos alegando causas
objetivas al amparo del artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores , sino
también todos los despidos producidos en los cuales, aunque se alegaran causas
no inherentes a la persona del trabajador (y por tanto no computables ab
initio), hayan quedado desvinculados de tales causas por ser calificados como improcedentes
o nulos”. A los efectos del caso en cuestión deben computarse “las extinciones
de contratos temporales no solamente si los contratos se califican como
indebidamente temporales (para lo cual no se ha aportado aquí ninguna causa o
razonamiento), sino también si su extinción ha de calificarse como despido
improcedente por haberse producido antes de cumplirse su término”.
La segunda sentenciadata de 26 de mayo, de la que fue ponente el magistrado Rafael López Parada, en
un litigio en el que nuevamente la parte demandada es la empresa Liberbank SA,
en demandas interpuesta por el comité de oficinas de la empresa en Asturias y
la Confederación Sindical independiente de empleados de Cajas y afines (CSICA),
sobre impugnación de suspensión de contratos y reducción temporal de jornada,
modificación sustancial de condiciones de trabajo e inaplicación de convenio
colectivo. La Sala estima parcialmente la demanda y declara injustificada la
decisión empresarial de “declarar injustificada la decisión empresarial de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo en el punto II del
acuerdo recaído en el periodo de consultas adoptado por la decisión empresarial
en todo lo relativo a la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones ,
reconociendo el derecho de los trabajadores a ser repuestos en dichas
aportaciones de previsión social, así como al abono de los daños y perjuicios
que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que
ha producido efectos”. La sentencia cuenta con el voto particular de la
magistrada Emilia Ruiz Jarabo, que entendió que la Sala debió abstenerse de
entrar a conocer del asunto dada “la pendencia de un proceso entre las mismas
partes y con el mismo objeto y causa de pedir”. La magistrada se refiere al
recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala el 14
de noviembre de 2013 sobre impugnación de convenio colectivo, y afirma que “la
decisión que se tome en el primer proceso afecta en la presente litis pues, en
concreto, se declara probado que los gastos de personal se reducen a 19
millones de euros pero sólo reflejan una pequeña parte del impacto de las
medidas de ajuste laboral que se implantaron a lo largo del mes de junio y que
afectarán de forma significativa a los resultados del segundo semestre. Y es
obvio que lo que se resuelva en el anterior pleito afecta o condiciona este
procedimiento porque si el Acuerdo de junio se declara válido por el Tribunal
Supremo no serían necesarias las medidas contempladas en el Acuerdo objeto de
impugnación en el presente proceso que obedecen a la misma causa y muchas de
ellas se superponen a las adoptadas en el anterior Acuerdo”.
La tercerasentencia se dictó el 9 de julio y fue ponente el magistrado Rafael López
Parada, desestimando la demanda interpuesta por la CGT contra la empresa
Ferrovial y los miembros de la representación trabajadora en el procedimiento
de despido colectivo que se llevó a cabo en marzo y abril de 2014 y que
concluyó con acuerdo. La sentencia rechaza la tesis de inexistencia de causa
para proceder a los despidos, basada en negar que la reducción de una contrata
sea causa suficiente para reducir plantilla, recordando que tal reducción o
reducciones ha sido estimada como causa válida de extinción contractual al
amparo de los arts. 51 y 52 c) de la LET, “salvo que se acredite que de forma
simultánea a la reducción o pérdida de una contrata la empresa suscribe otras
en la misma zona geográfica que exijan la contratación de nuevos trabajadores y
en la que puedan razonablemente ser recolocados los que habrían de ser
despedidos aquellos excedentes provocados por la reducción o pérdida de esa
primera contrata. Algo que aquí no se ha acreditado y ni siquiera es
controvertido por la parte demandante…”.
Por fin, lacuarta y última sentencia de la AN es de fecha 29 de julio y ponente el
magistrado José Pablo Aramendi, que estima la demanda formulada por la CIG y
declara la nulidad de los despidos efectuados y condena a la empresa a la
readmisión y al pago de los salarios dejados de percibir. Las cuestiones
abordadas en el litigio versan sobre la pretendida insuficiencia de información
en el período de consultas y la mala fe negociadora por parte empresarial, y el
elemento más destacado de la resolución versa sobre el cambio de decisión
empresarial respecto al número de despidos (ampliándolo hasta afectar al total
de la plantilla) después de haber finalizado el período de consultas en el que
se debatió sobre la extinción de contratos de una parte de la plantilla. Se
trata de una alteración cuantitativa de la decisión empresarial que va en
contra del objetivo del período de consultas cual es, de acuerdo al art. 51.2
de la LET, evitar o reducir los despidos y atenuar sus consecuencias, y de ahí
que la Sala entienda, correctamente a mi parecer, que no hubo un período de
consultas propiamente dicho sobre la decisión empresarial adoptada, y de ahí
que quepa calificar la decisión como nula de acuerdo al art. 124.2 b) de la
LRJS. Para evitar esta nulidad hubiera sido necesario a juicio de la Sala “abrir
un nuevo período consultivo desde su inicio, no sólo para entablar la
correspondiente negociación sino para permitir que el empresario fundamente
adecuadamente las nuevas causas invocadas y la proporcionalidad de la decisión
ahora adoptada”.
4. La sentencia objeto
de comentario detallado, dictada el 18 de febrero y de la que fue ponente el magistrado Jesús
Gullón, desestima, en sintonía con el informe del Ministerio Fiscal, los
recursos de casación interpuesto por la representación del personal y por la
Federación de servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha contra la
sentencia dictada el 19 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia dedicha Comunidad Autónoma, que declaró ajustada a derecho la decisión
empresarial de extinción de 17 contratos. La sentencia cuenta con el voto
particular del magistrado Fernando Salinas, al que se adhieren dos magistrados
y dos magistradas.
5. La sentenciadel TSJ mereció un breve comentario por mi parte en una anterior entrada delblog, cuyo contenido más relevante reproduzco a continuación.
“A) El conflicto
versa sobre la demanda interpuesta por el comité de empresa del Instituto
TécnicoAgronómico Provincial y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC
OO de Castilla-La Mancha contra dicha empresa, integrada en el sector público
autonómico, solicitando la nulidad de los despidos efectuados, o
subsidiariamente su improcedencia.
En los hechos
probados queda debida constancia de la creación del ITAP en 1986 por parte de
la Diputación Provincial de Albacete, con suscripción inicial del 70 % de su
capital, las funciones encomendadas y los criterios sobre las subvenciones
anuales por parte de la Diputación, siendo en el momento de presentación del
ERE titular la Diputación del 99 % del capital social de la entidad.
También,
lógicamente, se da cuenta del inicio de la tramitación del ERE para extinguir
24 contratos de trabajo, que finalmente quedaron reducidos a 17. El período de
consultas se prorrogó durante una semana más del plazo máximo legalmente
previsto, según se indica en el hecho probado tercero “por acuerdo entre el
ITAP y la representación de los trabajadores”. La negociación se desarrolló por
el comité de empresa de la entidad, si bien participó también una representante
del sindicato CC OO con voz y sin voto,
recibiendo la misma documentación que la empresa entregó a los miembros del
Comité.
En los hechos
probados también se recoge una amplia referencia al informe de la ITSS, en el
que se hace constar que “se ha respetado parcialmente el procedimiento debido a
la superación del máximo legal del período de consultas de 30 días naturales”,
y una muy detallada explicación del déficit económico del ITAP que ha sido
sufragado por subvenciones de la Diputación desde el año 2000, las pérdida
económicas, el índice de endeudamiento, la muy importante disminución de la
aportación de la Diputación para el año 2012 (600.000 euros menos que en 2011),
y el dato, que será relevante para la resolución que adoptará la Sala, de que
el importe de gastos de personal en 2011 “supone el 95,10 % sobre el total de
ingresos y un 123 % sobre los ingresos por actividad propia de la entidad
demandada”.
B) Las
cuestiones suscitadas son algunas de índole formal y otras de fondo, todas
ellas desestimadas por el Tribunal, cuyo
fallo es “que debemos declarar y declaramos ajustada a derecho la decisión
extintiva decretada por la empresa demandada Instituto Técnico Agronómico
Provincial (ITAP, S.A.)”.
En las primeras,
cabe citar la alegación por la empresa de falta de legitimación activa del
sindicato demandante, desestimada por un doble motivo: por tener una
implantación del 12,07% en la empresa (número de afiliados sobre el total de la
plantilla), y porque la propia empresa aceptó su presencia en la comisión
negociadora; también, la superación del período máximo de consultas de treinta
días naturales, desestimada porque la decisión de la prórroga se adoptó por
mutuo acuerdo de las partes (después de que los trabajadores afectados así
también lo pidieran), por lo que “en ningún caso puede extenderse tal causa de nulidad
al hecho de haberse superado el plazo máximo de duración del período de
consultas, mediando acuerdo de ambas partes negociadoras”.
La Sala tampoco
considera que la empresa haya faltado al deber de buena fe negocial y que no
haya aportado toda la documentación a que legalmente estaba obligada, ya que
queda suficientemente probado a su juicio que se aportó toda la información
obligatoria, y que hubo diferentes propuestas y contrapropuestas por las partes
en el período de consultas, en especial la reducción del número de trabajadores
afectados, no siendo obligatorio llegar a un acuerdo en el período de
negociación. Algunas dudas sí le suscita a la Sala el cumplimiento de la
fijación de los criterios de selección de los trabajadores afectados por el ERE,
que califica de “no precisos” en su fase
inicial pero que entiende que quedaron mejor concretados durante el período de
negociación; falta de precisión, además, expone la Sala, que “no resulta ajena
a la peculiar organización y contenido de la entidad demandada, que engloba
servicios de muy distinta índole, desde actuaciones de mera explotación de
fincas agrícolas a otras de investigación y transferencia de sus resultados a
usuarios agrícolas y ganaderos, pasando por la mera gestión administrativa de
la entidad…”.
C) Desestimadas
las cuestiones formales, la Sala analiza con mucho detalle si concurren las
causas económicas alegadas por la empresa, aunque también hiciera mención en la
presentación del ERE a otras de índole organizativa y productiva pero luego no
desarrolladas en la memoria.
En efecto la
Sala desarrolla extensamente su análisis y estudio de la posible concurrencia
de la causa económica, para concluir en sentido favorable a la tesis
empresarial, tras pasar revista a la normativa aplicable y recuperar aquellos
hechos probados a los que me he referido con anterioridad y que ponen de
manifiesto la gravedad de la situación económica, concluyendo que de todos los
datos disponibles, y probados, muy en especial la importante disminución de la
aportación presupuestaria de la Diputación en 2012, “aboca a la entidad a una
situación insostenible económicamente, que justifica la decisión adoptada del
despido colectivo, en la medida en que los gastos de personal es la partida más
gravosa en las cuentas de la entidad”.
Creo que la Sala
es consciente de que cabe argumentar que si se ha sufragado el déficit de la
empresa durante tantos años por parte de la Diputación podría igualmente
hacerse en la actualidad y no abocar a la empresa al ERE, y es aquí donde la
Sala sí hace una clara manifestación de que aquello que debe juzgar es sólo si
la decisión de la empresa demandada fue conforme a derecho, y que “no compete a
la Sala valorar la oportunidad de la decisión de la Diputación al establecer la
disminución de la cantidad con la que se subvenciona al ITAP para su
mantenimiento, ni puede compelerse a tal entidad, que además no es parte en
este proceso, a que mantenga inalterable la necesaria cobertura presupuestaria
por vía de subvención de esta entidad, con abstracción de las dificultades
económicas o minoración de recursos financieros que pueda afectarle, puesto que
aquella tiene potestad legal autónoma para determinar la estrategia en la
distribución de su presupuesto y la determinación de qué concretas partidas
presupuestarias son prioritarias en su mantenimiento…”.
6. El TS analiza
en primer lugar el recurso de casación interpuesto por el comité de empresa al
amparo del art. 207 b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social. Rechaza
la alegación de infracción del art. 81.1 de la citada norma, entendiendo la
recurrente que el tribunal de instancia debió apreciar de oficio la indebida
integración de litisconsorcio pasivo necesario en cuanto que “el último párrafo
de la sentencia… parece vincularse la existencia de las causas económicas a
determinadas actuaciones de la Diputación en relación con la asignación del
presupuesto o de las subvenciones al ITAP”. Para el TS, en la demanda, y en el
acto de juicio, se debatió sólo sobre la actuación de “una Sociedad Anónima dotada
de personalidad jurídica independiente.. única empleadora….”, argumentando
además a efectos procesales formales que fue únicamente en el momento de
interponer el recurso cuando se suscitó “esta alegación relativa a la
intervención procesal de la Diputación como demandada”.
A) La revisión
de los hechos probados (art. 207 d LRJS) , al objeto de demostrar la falta de
criterios objetivos en la selección de los afectados y también de cómo impactó
el cambio en los criterios de contabilidad operados en 2011 sobre las pérdidas
de la sociedad y los posteriores despidos, es igualmente rechazada por la Sala
en aplicación de la doctrina general sobre el necesario cumplimiento de
diversos requisitos para que pueda prosperar la adición solicitada, en especial
que “tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia”. A juicio de la
Sala la recurrente no pretende una revisión de los hechos sino una aportación
de su propia valoración, siendo así que esta corresponde al tribunal de
instancia, que a juicio del TS ha cumplido con los requisitos establecidos en
el art. 94.2 de la LRJS, esto es se ha realizado a partir “de la apreciación
razonada y completa de todos los elementos de convicción que se aportaron en el
proceso”.
B) En relación
con la infracción de la normativa y jurisprudencia aplicable (art .207 e LRJS),
se alega en primer lugar el desconocimiento de los criterios tenidos en consideración
por la empresa para proceder a los despidos. Sobre esta importante cuestión,
que ya ha merecido la atención detallada del TS en otras sentencias que han
sido objeto de comentario en el blog, la Sala aplica la tesis antiformalista,
aceptando que los criterios genéricos aportados por la empresa al iniciarse el
período de consultas (y concretados en reuniones posteriores, sin queja alguna
por parte de la representación del personal) no descalifican la decisión
empresarial por incumplimiento de requisitos formales, ya que han de ponerse en
relación con las circunstancias y características concretas de cada caso, ya
que no es lo mismo “una empresa que cuente con un gran número de trabajadores
que otra, como la demandada, que sólo
tenía 58 empleados y los despidos afectarían en principio a 24 de ellos –
finalmente a 17”, añadiendo que las particularidades de la actividad de la
empresa “hacían mucho más complicada la precisión de estos criterios”. En
segundo término, la alegación de mala fe negocial es rechazada a partir del
examen del contenido de las actas de las reuniones, sin que la reducción del
número de despedidos (por motivos expuestos por la recurrente pero que no se
especifican en la sentencia) pueda constituir esa mala fe, y concluyendo la
Sala que la tramitación del procedimiento no se ha llevado a cabo “con
ocultación de datos relevantes o de información alguna” por parte de la
empresa.
En este punto la
Sala analiza un motivo del recurso presentado por CC OO, consistente en la
vulneración del art. 51.2 de la LET “por ausencia de buena fe negociadora y
ausencia de la aportación de la documentación exigible”. Sobre la buena fe, se
remite a su tesis ya referida al analizar el recurso del comité de empresa, y
respecto a la insuficiencia de documentación, tras el estudio de la normativa
aplicable, de su doctrina sentada en la sentencia de 27 de mayo de 2013, y de los hechos probados en instancia,
concluye que la documentación aportado por la empresa “fue suficiente a los
efectos de cumplir con el requisito exigido por el art. 51.2 ET…”.
La Sala examina
a continuación el segundo motivo del recurso presentado por la organización sindical,
basado en la vulneración de la disposición adicional vigésima de la LET por no haberse
aportado documentación relativa a la insuficiencia presupuestaria y
sobrevenida. La tesis de la recurrente parte de la premisa de la aplicación del
párrafo segundo de la citada disposición adicional (relativo a las causas de
despidos en las Administraciones Públicas), no aceptada ni por el TSJ ni por el
TS, que expone que estamos en presencia de una sociedad mercantil participada
por la Administración y a la que le es aplicable la Ley de contratos del sector
público, en concreto su art. 3.1 d), no teniendo la empresa “la condición, en
ningún caso, de Administración Pública”, no siendo pues tampoco de aplicación
las reglas previstas en la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Para la Sala, “No hay entonces previsión legal
alguna para que se aporte una documentación de ajuste presupuestario o plan de
reequilibrio que fuera exigible a la sociedad demanda en caso de despido
colectivo, sin perjuicio de que los principios de prevención o corrección que
se contienen es la normativa de estabilidad presupuestaria sean tenidos en
cuenta con carácter general como elementos generales de actuación”.
La tesis
anterior servirá también de base para rechazar el tercer motivo del recurso del
sindicato, y cuarto del comité de empresa, dado que en instancia y ahora en casación
los tribunales entienden que las causas que justifiquen el despido han de respetar
lo dispuesto en el art. 51.1 de la LET, algo que a su juicio ha quedado plenamente
acreditado. Nuevamente aquí aparece el “margen de actuación política”, y la
subsiguiente discusión jurídica, de una Administración Pública a la hora de
adoptar sus decisiones sobre cómo distribuir los recursos económicos
disponibles. La tesis de los recurrentes se basaba en la inexistencia de las
pérdidas alegadas, ya que la Diputación se hacía cargo anualmente de las mismas
desde el acuerdo adoptado el 4 de abril de 2000, tesis que es rechazada por la
Sala porque “ese Acuerdo no solo no es una norma jurídica invocable como infringida
en el extraordinario recurso de casación, sino que tampoco es una decisión
petrificada en el tiempo o inamovible, sino que es una manifestación de la
voluntad colegiada del Órgano susceptible de ser sustituida a por otra, como de
hecho ha sucedido cuando en diversos y sucesivos Plenos de la Diputación se han
ido minorando las subvenciones en un marco económico y una situación de déficit
presupuestario público y notorio a nivel del Estado”.
7. El votoparticular sustenta tesis contraria a la de la sentencia, entendiendo que los
despidos deberían haber sido declarados nulos por no haberse llevado a cabo de
forma regular el período de consultas, en cuanto que no se realizó “con el verdadero
empresario de los trabajadores afectados”.
De manera subsidiaria, considera que la decisión empresarial debió ser
declarada no ajustada a derecho porque no ha quedado justificada “la situación económica
negativa o… la disminución persístete en el nivel de ingresos o ventas”.
A partir de los
hechos probados de instancia el voto argumenta que la relación entre la
sociedad mercantil y la Diputación “no era la normal u ordinaria entre una
sociedad con su socio mayoritario ni siquiera la habitual existente entre una
sociedad y un organismo público del que pudiera recibir subvenciones con mayor
o menor regularidad o en mayor o en menor cuantía para todas o para parte de
sus actividades”. Tras exponer que la constitución del ITP la promueve la
Diputación, y que el referido Instituto “no tiene una finalidad propia desvinculada
de los servicios o actividades que debe realizar la DPA”, y de cuestionar que
pueda ser calificada de subvención “la cantidad que un ente público local
entregue directamente a una sociedad de la que es socio mayoritario para cubrir
los gastos de su actividad”, argumenta
que “En esta situación podría entenderse que el ITAP y la DPA forman una
verdadera unidad y que la ITP (como se deduce de los hechos probados y se
refleja en la sentencia mayoritaria, como se ha trascrito anteriormente) se
limita a gestionar los servicios agropecuarios de la DPA (" tal
Institución encarga al ITAP la gestión integrada de sus servicios agropecuarios
") sin verdadero patrimonio propio y a cargo prácticamente de forma plena
de la DPA, por lo que pudiera entenderse que ambos constituirían el verdadero
empresario de los trabajadores afectados”. En este punto el voto particular
reitera la tesis expuesta en votos anteriores, y también acogida ya en alguna
sentencia, sobre la importancia de determinar quien es realmente el “verdadero
empresario” ex art. 1.2 de la LET, y al concluir que la Diputación entraría en
este concepto afirma que el período de consultas debió realizarse con los dos
empleadores, y “ante la falta de los interlocutores empresariales verdaderos no
pudo llevarse a cabo – el periodo de consultas—y debería haber comportado la
nulidad del despido colectivo”.
Respecto a la
falta de justificación de la situación económica negativa o de la disminución
persistente en el nivel de ingresos o ventas, el voto concluye su falta de
prueba partiendo de la base de que “Aunque
no estuviera demandada la DPA, dado su expreso compromiso de cobertura de
gastos del ITAP, el que expresamente creó para gestionar sus servicios
agropecuarios, la representación de los trabajadores tendría derecho a conocer
las causas del cambio de criterio de la DPA de ir reduciendo o suprimiendo las
denominadas " subvenciones " y el órgano judicial también debía que
conocer dichos motivos, que se alega ser la que ha motivado la decisión de la
sociedad de gestión, para determinar si el despido está o no fundado en una
causa justa”. No se comparte, pues, el
criterio de la sentencia, ni tampoco el de instancia, de no entrar a valorar el
“margen político” de actuación de la Diputación para distribuir sus recursos.
Al contrario, el voto no acepta dar por bueno “el que una decisión de la DPA,
de la que no se permite el control judicial ni siquiera prejudicialmente,
comporte la amortización por causas económicas de los puestos de trabajo de los
trabajadores despidos colectivamente por el ITAP sin poder determinar el
carácter justificado o no de la modificación o supresión del compromiso de
abono de gastos que asumió, en su día, la DPA. Cuando, como he indicado,
entiendo que no se trataba de verdaderas subvenciones y no pudiéndose
justificar de forma abstracta la conducta de la no demandada DPA de reducción
de éstas, como se efectúa en la sentencia mayoritaria, afirmando, lo que no
figura en los hechos probados y se construye a modo de presunción, que "
se han ido minorando las subvenciones en un marco económico y una situación de
déficit presupuestario público y notorio a nivel del Estado".
Buena lectura de
las sentencias.
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