1. Faltan pocos
días para el inicio de la 103ª reunión de la Conferencia Internacional delTrabajo, que se celebrará en Ginebra del 28 de mayo al 12 de junio. Uno de los
informes que se someterán a discusión es el titulado “Políticas de empleo parauna recuperación y un desarrollo sostenible”, en el que se aborda la situación
del período 2010-2013, y dicha discusión se llevará a cabo “en el marco de la
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa”.
Recomiendo la
lectura del documento, tanto por la importante documentación a la que te
permite tener acceso sobre la realidad económica y social a escala mundial como
también por el conjunto de argumentos y propuestas que se plantean para el
debate en la conferencia anual, partiendo de una constatación recogida,
directamente y sin contemplaciones, en las primeras líneas de su introducción: “Seis
años después del estallido de la crisis económica y financiera, los mercados de
trabajo de muchos países están sumidos en el caos, el déficit mundial de
empleos es superior al del inicio de la crisis en 2008, y el mundo se enfrenta
a la perspectiva de que la economía se recuperará de forma débil y desigual en
2014, y probablemente también en años venideros”. El Informe se muestra bastante crítico con las
políticas macroeconómicas puestas en marcha
en gran parte de los países desarrollados a partir de 2010 y su apuesta
por la estabilidad (control de la inflación y consolidación fiscal), con la
tajante afirmación de que estas políticas manifiestan una preocupación “que
suele estar desconectada de las consideraciones centrales en materia de
desarrollo, como la creación de empleo, la diversificación económica y la
reducción de la pobreza). Para la OIT, si bien es cierto que “la inestabilidad
macroeconómica extrema mata el crecimiento”, no lo es menos que “la
recuperación de la estabilidad no siempre promueve y sostiene el crecimiento a
largo plazo o la creación de empleo productivo y duradero”.
Por ello, y al
objeto de superar el bajo nivel de demanda agregada que dificulta la
recuperación, se apuesta por otras políticas económicas y sociales que apliquen
“un enfoque más equilibrado y centrado en el consumo, la inversión y los
mercados internos” para contrarrestar la debilidad de las exportaciones. Y en
cualquier caso, la OIT reivindica, y hace bien en hacerlo, la importancia del
diálogo social para poner en marcha políticas que repercutan positivamente en
beneficio de la mayor parte de la población; es decir, “el diálogo social es
crucial para alcanzar un consenso informado y esencial en torno a las difíciles
reformas estructurales necesarias para tomar la senda de una recuperación y un desarrollo
basados en el empleo”.
2. Para la OIT
sigue siendo necesario entender cómo está cambiando la realidad económica y
social a escala mundial para adoptar las medidas adecuadas para mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población.
A) Entre los factores
a los que se debe prestar especial atención se encuentra en primer lugar la
globalización, y los datos disponibles demuestran que se trata de un proceso
desigual porque “la inversión tiende a concentrarse en los países que pueden
proporcionar una masa crítica mínima y óptima de infraestructura, competencias
y servicios de apoyo que las empresas multinacionales requieren”.
B) También, el
nuevo contexto demográfico, con unos cambios en las edades que afectarán sin
duda al mercado de trabajo, ya que las proyecciones al año 2050 prevén “que la
población mayor de 65 años se habrá triplicado con respecto al nivel de 2010,
mientras que la población menor de 15 años de edad se mantendrá estable”, con
un estancamiento o disminución en los países desarrollados, dato que influirá
en las políticas migratorias; o mejor dicho, sin esperar al futuro influye ya
ahora, dado que como han demostrado diversos estudios, y es un ámbito de
estudio que ha merecido mi atención en varias entradas del blog, “la migración
por motivos de empleo se tiene cada vez más en cuenta en las políticas de
empleo de los países de origen y destino”, aún cuando el populismo existente en
algunos países europeos lleva a las fuerzas políticas gobernantes a aplicar
políticas restrictivas cuyos resultados se prevén en cualquier caso muy dudosos
en su impacto positivo, que es el teóricamente perseguido, en sus mercados de
trabajo.
C) El aumento de
la desigualdad de ingresos y sus consecuencias, que afecta tanto a los
individuos y a los hogares como en la distribución de la renta nacional entre
beneficios y salarios. Es obligado referirse aquí a las aportaciones de TomasPiketty, en su obra “El capital en el siglo XXI”, sobre la materia, con su
análisis de la evolución de la desigualdad económica en una veintena de países
desde el comienzo de la revolución industrial hasta la actualidad, la importante
reducción operada en los años sesenta en Europa con la puesta en marcha del modelo social
europeo, y el cambio radical operado con el éxito de las políticas neoliberales
desde los años ochenta del pasado siglo, de tal manera que “tras los grandes
shocks acumulados al comienzo del siglo XXI, se estarían difuminando esos
efectos igualitarios y la riqueza está logrando durante los últimos años volver
a unos niveles de concentración no vistos desde la Primera Guerra Mundial”.
Los datos de la
OIT para un período menor de tiempo, ya que se inicia en los ochenta pero
finaliza en 2005 (con lo que cabe razonablemente pensar que las diferencias se
habrán incrementado) van en la misma línea que el libro de Piketty para los países
desarrollados, ya que la desigualdad de ingresos pasó de 28.7 a 30.1 en ese
período.
Otro dato que
avalaría el incremento de las desigualdades es la disminución de la importancia
del factor trabajo en la renta nacional, dato puesto de manifiesto en el
Informe mundial sobre salarios 2012-2013 de la propia OIT, que tomó como
referencia 26 economías desarrolladas, en las que ese factor “pasó de ser más
del 75 por ciento por término medio a
finales de 1970 a situarse en torno al 65 por ciento en los años que
precedieron a la crisis”. En este mismo
Informe la distancia entre el 10 % superior y el 10 % inferior de los
asalariados “aumentó en 23 de 31 países” y la proporción de ocupados con
salarios bajos, definidos conceptualmente como menos de 2/3 de la mediana
salarial, “también aumentó en 25 de 37 países”.
Por ello, cobra
sentido una política que potencie el crecimiento continuado de los salarios
mínimos ya que son estos “los que contribuyen significativamente a sostener el
consumo privado, y, por tanto, a gestionar, la demanda agregada”. Pero, por
ejemplo, en el ámbito español no es desde luego ésta la política practicada por
los poderes públicos en los últimos años, que ha merecido mi crítica en
anteriores entradas y que ahora se encuentra también en el editorial de la revistaRelaciones Laborales (núm. 4, abril 2014) suscrito por sus directores, los
catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y ex presidentes del
Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero y Mª Emilia Casas, que lleva
por título “El uso del Decreto-Ley como instrumento de las reformas laborales.
La garantía juvenil y la tarifa plana para el fomento del empleo y la
contratación indefinida”. En dicho artículo , los autores ponen de manifiesto
que las últimas reformas, en concreto el RDL 3/2014 conocido como el de la “tarifa
plana” a efectos de contratación, continúan el “intenso proceso de moderación y
devaluación salarial” iniciado con el RDL 3/2012, siguiendo con la apuesta por
una política social y económica que “refuerza el modelo de competitividad
sostenido sobre el bajo precio del trabajo y no sobre la productividad de los
trabajadores, el empleo de calidad, la formación, la innovación, la
modernización tecnológica y la internacionalización de las empresas”.
Justamente es la
desigualdad uno de los ámbitos donde el estudio de la OIT reconoce que hay “importantes
lagunas” en los conocimientos y los instrumentos de política que se utilizan
para su corrección, por lo que se requiere, y así se prevé hacerlo, avanzar y
profundizar en su estudio, junto también con otros ámbitos en los que sí hay
más conocimientos adquiridos pero cuyos cambios obligan a una actualización
permanente, tales como el desempleo estructural y de larga duración (con
especial atención a la situación de los jóvenes), el trabajo por cuenta propia
(de especial importante en los países en desarrollo y que hay que conocer mejor
al objeto de “generar posibles vías para mejorar los ingresos y la productividad
y reducir la vulnerabilidad”), o en fin los vínculos existentes entre la
tecnología, el empleo y las competencias, y más concretamente sobre algunas de
las cuestiones que más preocupan en la actualidad en los países desarrollados,
esto es “las repercusiones sobre las tendencias de la segmentación del mercado
laboral y el aumento de las formas atípicas de trabajo”.
D) En fin, otros
factores a considerar son la igualdad de género en los mercados de trabajo (y
todo aquello que resta por hacer para conseguir que sea real y efectiva), la
transición hacia un desarrollo ecológicamente sostenible, y los desajustes
entre la oferta y la demanda de competencias profesionales.
3. El Informe constata
que los países que forman parte del grupo de economías avanzadas representan
menos del 16 % de la mano de obra mundial, pero han concentrado la mitad del
desempleo (31,8 millones de personas) producido desde el inicio de la crisis en
2008. Por cierto, un dato que conviene enfatizar es el incremento de la parte
del Producto Interior Bruto a escala mundial que ya detentan los llamados países
en desarrollo, que experimentó un crecimiento del 17 % en 1990 al 37 % en 2012, y aún más
importante que cerca del 75 % del crecimiento de la economía mundial producida
a partir de 2008 se debe a estos países (con una presencia muy importante de
China y Brasil).
Pero a pesar del
descenso en la tasa de participación de la fuerza de trabajo a escala mundial
(menos empleos, más personas desanimadas, más abandonos del mercado de trabajo),
las previsiones a diez años vista señalan la presencia de 400 millones de
personas más en el mercado de trabajo, es decir desde la perspectiva laboral “será
necesario crear más de 600 millones de empleos en todo el mundo para atender
tanto a las personas que en la actualidad carecen de un empleo como a las que
se incorporarán al mercado de trabajo”, debiendo prestar especial atención a
los jóvenes, ya que estos se ven afectados a escala mundial por unos elevados
índices de desempleo y acceso a empleos de poca calidad, de tal manera que debe
ser objeto de preocupación, y así lo manifiesta el documento, que “la brecha
entre las aspiraciones y las capacidades de los jóvenes y las posibles
oportunidades de empleo se han ampliado”, con especial preocupación para los
países menos adelantados, ya que en estos un muy elevado porcentaje de jóvenes
que están en el mundo laboral “están subempleados o trabajan en la economía
informal”. En el bien entendido, que la presencia en esa parcela económica no
es exclusiva, ni mucho menos, de los jóvenes, ya que estudios recientes ponen
de manifiesto que “más del 40 por ciento de los empleos no agrícolas en los
países en desarrollo se enmarcan en el sector informal”, y que esos empleos ya
se constató en el Informe mundial 2013 sobre el empleo que se trata
habitualmente de “trabajos de baja calidad, con condiciones deficientes y sin
apenas perspectivas de mejora en lo que respecta a las competencias profesionales
o a la creación de capacidad”.
Tampoco olvida
la OIT el preocupante incremento del desempleo de larga duración, producido en
los países de la OCDE y con especial relevancia en Estados Unidos (con lo que
ello implica de incremento de las desigualdades), ya que en el año 2012 su
duración era de alrededor de nueve meses, “un aumento del 140 por ciento con
respecto al nivel anterior a la recesión en 2007”, y de ahí que se llame a los
poderes públicos a adoptar las medidas que posibiliten tanto la creación de
empleo para estas personas como la puesta en marcha de medidas formativas que
eviten su apartamiento del mercado laboral, y también la existencia de
mecanismos de protección social adecuados para encarar esta cada vez más
preocupante realidad, con la sugerencia de que hay que encontrar el adecuado
equilibrio entre las llamadas políticas pasiva de empleo (protección económica)
y las activas (medidas tendentes a reincorporarles al mercado de trabajo) “para
conciliar igualdad de oportunidades y eficacia”, rechazando que las
prestaciones desincentiven el acceso al empleo y afirmando que “los datos de
que se dispone contradicen la opinión de que a más prestaciones por desempleo,
mayor es el lapso de tiempo que pasa antes de que una persona encuentre empleo”.
Por lo que
respecta a la inseguridad laboral de carácter objetivo gran parte de la misma
se concentra en el incremento del empleo temporal no voluntario (ante la falta
de poder acceder a un empleo permanente) y el trabajo a tiempo parcial con
carácter involuntario, en cuanto que buena parte de quienes se acogen al mismo
desearían trabajar a tiempo completo, siendo precisamente España citada en este
punto, con datos de 2010 y que se han incrementado en sus porcentajes en años
venideros, afirmándose que en nuestro país, y en esa fecha, “el 56,2 por ciento
de los hombres y el 49,8 por ciento de las mujeres que trabajaban a tiempo
parcial lo hacían porque no habían conseguido encontrar un trabajo a tiempo
completo”.
Especial
atención dedica el Informe al que califica de “trabajo marginal”, entre los que
cita los minijobs alemanes o el contrato de cero horas británico,
conceptuándolo con carácter general como “una organización del trabajo
profundamente atípica que se caracteriza por un número muy reducido de horas de
trabajo (a menudo, 15 horas semanales o menos), una duración de los turnos muy
variable y la imposibilidad de predecir los horarios o los turnos de trabajo”.
Justamente sobre los problemas, tanto sociales como económicos, que plantea en
el Reino Unido ese contrato “de cero horas o a la llamada”, o dicho en lenguaje
menos técnico tanto te pago por tantas horas trabajadas cuando lo necesite, se
ha abierto un interesante debate en el que incluso acaba de participar TheEconomist poniendo de manifiesto no sólo sus, a su juicio, aspectos positivos,
sino destacando también , y esto es más sorprendente, los aspectos negativos que
puede tener tanto para los trabajadores como para las empresas. Por su interés
reproduzco un párrafo del artículo publicado ayer: “But the recovery will not
cause unwanted zero-hours contracts to disappear. Some workers will never have much negotiating power: they are
constrained by geography, family commitments and lack of competition for their
skills among a small number of big employers. Zero-hours contracts make it
easier for employers to abuse their labour-market power. Some use them to avoid
statutory obligations such as sick and maternity pay. Workers are penalised for
not being available when requested. And some contracts contain exclusivity
clauses which prevent workers from taking additional jobs. These can harm other
employers as well as workers, and actually reduce labour market flexibility. That, at least,
is worth doing away with”.
4. Por último,
dejo constancia, por el interés que tiene para las políticas de empleo a escala
europea, y sus consiguientes repercusiones tanto a escala mundial como de cada
Estado en particular, de la Decisión aprobada por el Consejo de la UE el pasadodía 8 de mayo por la que se crea la red europea de los servicios públicos deempleo, integrada por los servicios de cada Estado y la Comisión, en el bien
entendido, y esto es especialmente importante para España, en donde las
Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de políticas activas de
empleo, que los Estados miembros con SPE autónomos regionales “deberán
garantizar una adecuada representación de los mismos en las iniciativas
específicas de la Red”.
Con la creación
de esta Red se pretende la aplicación de estas iniciativas: “a) Desarrollar y
aplicar a escala europea sistemas de evaluación comparativa basada en datos
entre los servicios públicos de empleo, que se sustenten en la utilización de
indicadores cuantitativos y cualitativos, para evaluar los resultados de los
servicios públicos de empleo, y obtener datos con vistas a establecer un medio
adecuado de aprendizaje mutuo. También deberá participar activamente en la
puesta en práctica de estas actividades mediante el intercambio de datos,
conocimientos y prácticas. b) Facilitar la ayuda mutua, ya sea en forma de
actividades de grupo o entre iguales, a través de la cooperación, los
intercambios entre sus miembros de información, experiencia y personal,
incluido el apoyo a la aplicación de recomendaciones específicas del Consejo
para cada país en relación con los servicios públicos de empleo. c) Adoptar
y aplicar un concepto para modernizar y reforzar los SPE en ámbitos clave. d) Elaborar informes en el ámbito del empleo, ya
sea a petición del Consejo, de la Comisión, o por propia iniciativa. e) Contribuir a la aplicación de
iniciativas políticas en el terreno del empleo.
f) Adoptar y aplicar un
programa anual que defina sus métodos de trabajo, los resultados que debe ofrecer
y detalles adicionales relacionados con la aplicación de los sistemas de
evaluación comparativa”.
Buena lectura
del documento.
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