domingo, 4 de mayo de 2014

Alicia en el país de las maravillas (España iba mal, ahora va bien y en los próximos años, según el gobierno, irá mejor). Sobre el Programa Nacional de Reformas 2014 y la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 (y II).



6. Un bloque del documento (IV) está dedicado a los progresos efectuados “para alcanzar los objetivos nacionales de la Estrategia Europea 2020”, si bien más exactamente aquello que se realiza en este apartado es reordenar las medidas adoptadas en 2013 y ya explicadas en el bloque anterior, según que encajen en uno u otro de los diversos objetivos, y dado que el primero es de índole preferentemente laboral (alcanzar una tasa de empleo del 74 % para las personas de 20 a 64 años) la mayor parte de las medidas quedan incorporadas a este objetivo.

No deja ser curiosa la forma como se explica la caída de la tasa de empleo de este colectivo en 2013 con respecto a 2012, desde el 59,3% al 58,2%, debido según el documento al mantenimiento de la economía española en recesión que era también el estado de la Unión Monetaria, si bien inmediatamente a continuación se realiza una comparación de las tasas del cuarto trimestre de los dos años, que era la misma, el 58,5 %, debido, “ al menos parcialmente, al impacto positivo en el mercado de trabajo de la reforma laboral aprobada en 2012, tal y como lo confirman las evaluaciones realizadas sobre la misma”. Lo malo, pues, por la situación global de nuestra economía y de buena parte de la europea, y lo bueno como consecuencia de las decisiones de política laboral del gobierno. Seguimos con la inexistente autocrítica de las decisiones adoptadas, y digo yo que alguna merecería, siquiera sea mínimamente, esa pequeña dosis de análisis autocrítico ¿no les parece?

Desde luego, nos queda bastante por hacer para, ya no digo alcanzar sino como mínimo acercarnos a los objetivos marcados en la Estrategia Europea en general y en España en particular,  como la demuestra la Tabla X, con casi 17 y 16 puntos de diferencia en la tasa de empleo, sin olvidar otro dato relevante y que afecta a la población juvenil cual es el de reducir la tasa de abandono escolar prematuro en un 10 % (UE) o 15 % (España) cuando en nuestro país nos situamos al finalizar 2013 en un preocupante (aunque haya mejorado ligeramente con respecto a años anteriores) 23,5 %

7. El V bloque del programa está dedicado a la explicación de las medidas que están siendo adoptadas o van a adoptarse en el año en curso, así como el uso que se hará de los recursos económicos ya referenciados que provienen de los fondos estructurales comunitarios y otras ayudas europeas, estructurándose alrededor de cinco áreas prioritarias identificadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión Europea.

A) El Programa de Reformas 2014 incluye en la primera área dedicada al “saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento”, y más concretamente en su eje 3 sobre “mejora de la gobernanza económica”, medidas para luchar contra el fraude, la economía sumergida y el trabajo no declarado, en  la línea de continuar con las actuaciones ya llevadas a cabo en el marco del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012 y 2013 cuyos bueno resultados cuantitativos han sido muy publicitados por el gobierno en reiteradas ocasiones y se encuentran en la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La evaluación del plan que ahora se anuncia llevará, en su caso, a la adopción de nuevas medidas (¿significarán  nuevas modificaciones de la LISOS?) que se incluirán en una nueva ley ordenadora de la ITSS que sustituya a la de 1998 y cuyo borrador actual es el secreto mejor guardado en el MEySS, dado que me consta que no lo conocen muchos responsables de la ITSS en las distintas autonomías.

No sé muy bien, dicho sea de paso, a qué responde la tesis de crear “una oficina nacional de lucha contra el fraude laboral” si no es para avanzar en las propuestas de recentralización formuladas por la CORA en noviembre de 2013, ya que no me parece que puedan entenderse de otra forma los objetivos del gobierno de “homogeneizar la labor inspectora desarrollada en el conjunto del Estado y reforzar la estabilidad de la colaboración institucional alcanzada en la materia”.

En el ámbito de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y para conseguir una mayor efectividad en su control, siquiera sea por vía indirecta, el Programa de Reformas nos informa de la puesta en marcha durante este año del llamado programa CRET@, por el que se pretende simplificar el sistema de cotización y recaudación de las cotizaciones sociales. En la quinta línea prioritaria de actuación, “modernizar la Administración Pública”, y en su eje 1 sobre “racionalización y eliminación de duplicidades”, se nos informa de que con el nuevo sistema se pretende reducir las cargas administrativas para las empresas, de tal manera que “la liquidación de cuotas se llevará a cabo directamente por la Administración a través de un proceso de comunicación y cobro integrado telemáticamente, sustituyendo al tradicional modelo de autoliquidación y presentación de documentos por parte de las empresas”. 

B) Por cierto, en el marco de esta línea de actuación recentralizadora, si bien algunos la llamarán de eliminación de obstáculos para facilitar un entorno favorable a los emprendedores (eje 2 de la segunda línea principal, “restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía”) encontramos medidas que afectan a las políticas de empleo y que van en la misma dirección, con claro olvido (¿involuntario?) de las competencias de las autonomías en materia de políticas activas de empleo. La justificación de tales medidas se encuentra en la necesidad de proceder al desarrollo normativo de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (ya impugnada ante el TC), siendo una de las actuaciones que se considera necesario llevar a cabo por el gobierno español la que afecta a las agencias de colocación y a las empresas de trabajo temporal, de las que se dice lo siguiente: “se revisará su normativa para racionalizar los requisitos que se exigen actualmente y que encarecen el servicio de forma innecesaria. Asimismo, se revisarán los requisitos exigidos por las Administraciones a las empresas de formación en el marco de las políticas activas de empleo, para garantizar que no existe discriminación alguna por razón de residencia del operador”.

C) Ya me he referido con anterioridad a la próxima aprobación de la nueva normativa por la que se regulara el sistema de formación para el empleo y sus notas definidoras, y baste añadir ahora uno de los rasgos más relevantes que se pretende que tenga el nuevo sistema, según el borrador al que he tenido acceso: “Se debe superar el diseño institucional actual que permite el doble papel de las organizaciones representativas de los agentes sociales que es único entre los sistemas de países del entorno Europeo: actúan como participantes en la planificación programación, y diseño del subsistema y, asimismo, ejecutores de la formación y perceptores de fondos. Es necesario abandonar un modelo intermediado que no resulta compatible con un sistema de formación competitivo, para impulsar la participación directa de entidades prestadoras de los servicios en igualdad de condiciones en régimen de concurrencia”.

Por otra parte, y en desarrollo en el ámbito estatal de una Recomendación aprobada por la UE en 2008 sobre la creación de un marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente, España aprobará este año la creación del marco de cualificaciones para el aprendizaje a la lo largo de la vida.

La citada Recomendación, de carácter no vinculante y que deberá aplicarse de conformidad con la legislación y  prácticas nacionales, parte de la premisa previa de la valoración del desarrollo y el reconocimiento de los conocimientos, destrezas y competencias de los ciudadanos como “esenciales para el desarrollo individual, la competitividad, el empleo y la cohesión social de la comunidad”, que debe permitir impulsar la movilidad trasnacional de los trabajadores y potenciar el aprendizaje permanente. Su objetivo fundamental es crear un marco común de referencia “que sirva de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación, tanto para la educación general y superior como para la educación y formación profesionales”, y la puesta en marcha de este marco común debería contribuir a la mejora de la transparencia, comparabilidad y transferibilidad de las cualificaciones de los ciudadanos expedidas según las reglas de  cada Estado. Otro objetivo que persigue la Recomendación aprobada es contribuir a una interrelación más estrecha y fructífera entre la educación, la formación y el empleo, y ello pretende conseguirlo por la vía de la modernización de los sistemas de educación y formación.  Es importante destacar que el texto aprobado no reemplaza ni define sistemas de cualificaciones ni cualificaciones nacionales, y de ahí que simplemente se pida a los Estados miembros que traten de alinear sus sistemas nacionales al marco europeo de cualificaciones en el año 2010, y que se respalde a la Comisión en su intención de promover unos vínculos más estrechos entre ese marco y los sistemas europeos de educación que posibilite la mejora de la movilidad de los ciudadanos y que facilite el reconocimiento de los resultados del aprendizaje. Como puede comprobarse, España va a tardar “un poco más” de las previsiones fijadas en la Recomendación para su traslación a cada Estado.

D) La cuarta línea prioritaria de actuación es la más importante a efectos de mi comentario y lleva por título “luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis”, más concretamente su Eje 1, dedicado a l mercado de trabajo y las políticas activas de empleo, mientras que el eje 2 se dedica a las políticas de inclusión social.

En primer lugar se pasa revista a las medidas ya adoptadas con los objetivos de “fomento de la contratación laboral y de activación de los desempleados”, que ya han sido analizadas con atención en otras entradas del blog, tales como el “impulso del trabajo a tiempo parcial y de la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo (también remito a mis análisis anteriores sobre las críticas a la neolengua utilizada en los títulos de las normas, sus exposiciones de motivos y en ocasiones también en los textos articulados), y el “fomento del empleo indefinido a través de una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social”.

A continuación ya se nos informa de un texto de próxima aprobación y en el que se plasmarán la experiencia y los resultados obtenidos en los planes anuales de políticas de empleo de 2012 y 2013, que lleva por título “Estrategia española de activación para el empleo 2014- 2016” y con la que, según los redactores del Programa que parecen ser amantes de las grandes frases, “culminará la transición hacia un sistema de evaluación y orientación a resultados de las políticas activas de empleo”. Para conocer con más detalle la valoración gubernamental de los PAPE 2012 y 2013 y de las medidas a incorporar en la nueva Estrategia me permito remitir a los lectores y lectoras del blog a la intervención de la Secretaria de Estado de Empleo, Sra. Engracia Hidalgo, en su comparecencia ante laComisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados el 24 deseptiembre de 2013, intervención que no mereció precisamente los parabienes de los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del grupo popular.

Los objetivos estratégicos comunes que se marcan a largo plazo  no me parece que difieran de aquellos que ya están presentes desde hace muchos años en las políticas de empleo estatales y autonómicas, ya que se está actuando desde hace mucho tiempo (con resultados dispares según las medidas adoptadas y el ámbito territorial de afectación) para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aunque no se dispusiera de la nueva garantía para el empleo juvenil; para mejorar la empleabilidad de colectivos especialmente afectados por el desempleo como son los mayores de 55 años y las personas desempleadas de larga duración; la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo; el reforzamiento de la vinculación entre las políticas activas y pasivas (con nombres de las dos que siguen sin gustarme, y lo digo desde hace mucho tiempo, porque parecen compartimentos separados cuando debe haber una estrecha relación entre ambas); en fin, el impulso del emprendimiento.

A la espera de la aprobación de la Estrategia, el gobierno ya nos “amenaza” con sus desarrollos normativos, tanto en el terreno de esa mayor vinculación de ambas políticas (y al que habrá que prestar mucha atención para saber si se dirige en el sentido de mejorar el acceso al empleo y la formación de los desempleados o bien en el de establecer más restricciones y limitaciones al acceso a las prestaciones económicas mientras dure su situación), como en el de reordenación más general de las políticas de empleo y que me lleva a pensar que quizás aquí también el gobierno pretenda introducir las medidas recentralizadoras propuestas por la CORA, aunque de momento se queden en un desarrollo normativo muy borroso e impredecible, ya que en el Programa sólo se habla de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Empleo para “para concretar los instrumentos y programas a utilizar para alcanzar los objetivos comunes de los distintos servicios públicos de empleo mejor los objetivos comunes de los diversos servicios públicos de empleo, y las medidas e instrumentos prioritarios para conseguir tales objetivos”. Para poner en marcha las “nuevas” políticas de empleo el gobierno dispondrá, además de las partidas presupuestarias propias, de los 3.901 millones de euros del Fondo Social Europeo, y en el marco del objetivo temático número 8 cuál es el de “promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral”, para el que también podrá disponer de una dotación de 62,8 millones de euros del FEDER. .      

8. Por último, el Programa incorpora diversos anexos que sintetizan toda la explicación anterior. En el I se recoge la aplicación de las recomendaciones específicas realizadas por las autoridades europeas; el II está dedicado a la evaluación de dichas recomendaciones y de las principales reformas estructurales; el III se dedica a los objetivos marcados por España en el marco de la Estrategia Europea 2020; en fin, el IV incluye todas la medidas adicionales para apoyar el crecimiento, siguiendo las líneas prioritarias de actuación propuestas en el Informe sobre crecimiento de la Comisión Europea.

Buena lectura de los documentos.