6. Un bloque del
documento (IV) está dedicado a los progresos efectuados “para alcanzar los
objetivos nacionales de la Estrategia Europea 2020”, si bien más exactamente
aquello que se realiza en este apartado es reordenar las medidas adoptadas en
2013 y ya explicadas en el bloque anterior, según que encajen en uno u otro de
los diversos objetivos, y dado que el primero es de índole preferentemente
laboral (alcanzar una tasa de empleo del 74 % para las personas de 20 a 64
años) la mayor parte de las medidas quedan incorporadas a este objetivo.
No deja ser
curiosa la forma como se explica la caída de la tasa de empleo de este
colectivo en 2013 con respecto a 2012, desde el 59,3% al 58,2%, debido según el
documento al mantenimiento de la economía española en recesión que era también el
estado de la Unión Monetaria, si bien inmediatamente a continuación se realiza
una comparación de las tasas del cuarto trimestre de los dos años, que era la
misma, el 58,5 %, debido, “ al menos parcialmente, al impacto positivo en el
mercado de trabajo de la reforma laboral aprobada en 2012, tal y como lo
confirman las evaluaciones realizadas sobre la misma”. Lo malo, pues, por la
situación global de nuestra economía y de buena parte de la europea, y lo bueno
como consecuencia de las decisiones de política laboral del gobierno. Seguimos
con la inexistente autocrítica de las decisiones adoptadas, y digo yo que alguna
merecería, siquiera sea mínimamente, esa pequeña dosis de análisis autocrítico
¿no les parece?
Desde luego, nos
queda bastante por hacer para, ya no digo alcanzar sino como mínimo acercarnos
a los objetivos marcados en la Estrategia Europea en general y en España en
particular, como la demuestra la Tabla
X, con casi 17 y 16 puntos de diferencia en la tasa de empleo, sin olvidar otro
dato relevante y que afecta a la población juvenil cual es el de reducir la
tasa de abandono escolar prematuro en un 10 % (UE) o 15 % (España) cuando en
nuestro país nos situamos al finalizar 2013 en un preocupante (aunque haya
mejorado ligeramente con respecto a años anteriores) 23,5 %
7. El V bloque
del programa está dedicado a la explicación de las medidas que están siendo
adoptadas o van a adoptarse en el año en curso, así como el uso que se hará de
los recursos económicos ya referenciados que provienen de los fondos
estructurales comunitarios y otras ayudas europeas, estructurándose alrededor
de cinco áreas prioritarias identificadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento de la Comisión Europea.
A) El Programa de
Reformas 2014 incluye en la primera área dedicada al “saneamiento fiscal
diferenciado y favorecedor del crecimiento”, y más concretamente en su eje 3
sobre “mejora de la gobernanza económica”, medidas para luchar contra el
fraude, la economía sumergida y el trabajo no declarado, en la línea de continuar con las actuaciones ya
llevadas a cabo en el marco del plan de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social 2012 y 2013 cuyos bueno resultados cuantitativos
han sido muy publicitados por el gobierno en reiteradas ocasiones y se
encuentran en la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La evaluación
del plan que ahora se anuncia llevará, en su caso, a la adopción de nuevas
medidas (¿significarán nuevas
modificaciones de la LISOS?) que se incluirán en una nueva ley ordenadora de la
ITSS que sustituya a la de 1998 y cuyo borrador actual es el secreto mejor
guardado en el MEySS, dado que me consta que no lo conocen muchos responsables
de la ITSS en las distintas autonomías.
No sé muy bien,
dicho sea de paso, a qué responde la tesis de crear “una oficina nacional de
lucha contra el fraude laboral” si no es para avanzar en las propuestas de recentralización
formuladas por la CORA en noviembre de 2013, ya que no me parece que puedan
entenderse de otra forma los objetivos del gobierno de “homogeneizar la labor
inspectora desarrollada en el conjunto del Estado y reforzar la estabilidad de
la colaboración institucional alcanzada en la materia”.
En el ámbito de
lucha contra el fraude en la Seguridad Social y para conseguir una mayor
efectividad en su control, siquiera sea por vía indirecta, el Programa de
Reformas nos informa de la puesta en marcha durante este año del llamado
programa CRET@, por el que se pretende simplificar el sistema de cotización y
recaudación de las cotizaciones sociales. En la quinta línea prioritaria de
actuación, “modernizar la Administración Pública”, y en su eje 1 sobre “racionalización
y eliminación de duplicidades”, se nos informa de que con el nuevo sistema se
pretende reducir las cargas administrativas para las empresas, de tal manera
que “la liquidación de cuotas se llevará a cabo directamente por la
Administración a través de un proceso de comunicación y cobro integrado
telemáticamente, sustituyendo al tradicional modelo de autoliquidación y
presentación de documentos por parte de las empresas”.
B) Por cierto,
en el marco de esta línea de actuación recentralizadora, si bien algunos la
llamarán de eliminación de obstáculos para facilitar un entorno favorable a los
emprendedores (eje 2 de la segunda línea principal, “restablecer las
condiciones normales de préstamo a la economía”) encontramos medidas que
afectan a las políticas de empleo y que van en la misma dirección, con claro
olvido (¿involuntario?) de las competencias de las autonomías en materia de
políticas activas de empleo. La justificación de tales medidas se encuentra en
la necesidad de proceder al desarrollo normativo de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (ya impugnada ante el TC),
siendo una de las actuaciones que se considera necesario llevar a cabo por el
gobierno español la que afecta a las agencias de colocación y a las empresas de
trabajo temporal, de las que se dice lo siguiente: “se revisará su normativa
para racionalizar los requisitos que se exigen actualmente y que encarecen el
servicio de forma innecesaria. Asimismo, se revisarán los requisitos exigidos
por las Administraciones a las empresas de formación en el marco de las
políticas activas de empleo, para garantizar que no existe discriminación
alguna por razón de residencia del operador”.
C) Ya me he
referido con anterioridad a la próxima aprobación de la nueva normativa por la
que se regulara el sistema de formación para el empleo y sus notas definidoras,
y baste añadir ahora uno de los rasgos más relevantes que se pretende que tenga
el nuevo sistema, según el borrador al que he tenido acceso: “Se debe superar
el diseño institucional actual que permite el doble papel de las organizaciones
representativas de los agentes sociales que es único entre los sistemas de
países del entorno Europeo: actúan como participantes en la planificación
programación, y diseño del subsistema y, asimismo, ejecutores de la formación y
perceptores de fondos. Es necesario abandonar un modelo intermediado que no resulta
compatible con un sistema de formación competitivo, para impulsar la participación
directa de entidades prestadoras de los servicios en igualdad de condiciones en
régimen de concurrencia”.
Por otra parte,
y en desarrollo en el ámbito estatal de una Recomendación aprobada por la UE en
2008 sobre la creación de un marco europeo de cualificaciones para el
aprendizaje permanente, España aprobará este año la creación del marco de
cualificaciones para el aprendizaje a la lo largo de la vida.
La citada
Recomendación, de carácter no vinculante y que deberá aplicarse de conformidad
con la legislación y prácticas
nacionales, parte de la premisa previa de la valoración del desarrollo y el
reconocimiento de los conocimientos, destrezas y competencias de los ciudadanos
como “esenciales para el desarrollo individual, la competitividad, el empleo y
la cohesión social de la comunidad”, que debe permitir impulsar la movilidad
trasnacional de los trabajadores y potenciar el aprendizaje permanente. Su
objetivo fundamental es crear un marco común de referencia “que sirva de
mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de
cualificación, tanto para la educación general y superior como para la
educación y formación profesionales”, y la puesta en marcha de este marco común
debería contribuir a la mejora de la transparencia, comparabilidad y
transferibilidad de las cualificaciones de los ciudadanos expedidas según las
reglas de cada Estado. Otro objetivo que
persigue la Recomendación aprobada es contribuir a una interrelación más
estrecha y fructífera entre la educación, la formación y el empleo, y ello pretende
conseguirlo por la vía de la modernización de los sistemas de educación y
formación. Es importante destacar que el
texto aprobado no reemplaza ni define sistemas de cualificaciones ni
cualificaciones nacionales, y de ahí que simplemente se pida a los Estados
miembros que traten de alinear sus sistemas nacionales al marco europeo de
cualificaciones en el año 2010, y que se respalde a la Comisión en su intención
de promover unos vínculos más estrechos entre ese marco y los sistemas europeos
de educación que posibilite la mejora de la movilidad de los ciudadanos y que
facilite el reconocimiento de los resultados del aprendizaje. Como puede
comprobarse, España va a tardar “un poco más” de las previsiones fijadas en la Recomendación
para su traslación a cada Estado.
D) La cuarta
línea prioritaria de actuación es la más importante a efectos de mi comentario
y lleva por título “luchar contra el desempleo y las consecuencias sociales de
la crisis”, más concretamente su Eje 1, dedicado a l mercado de trabajo y las
políticas activas de empleo, mientras que el eje 2 se dedica a las políticas de
inclusión social.
En primer lugar
se pasa revista a las medidas ya adoptadas con los objetivos de “fomento de la
contratación laboral y de activación de los desempleados”, que ya han sido
analizadas con atención en otras entradas del blog, tales como el “impulso del
trabajo a tiempo parcial y de la flexibilidad en la gestión del tiempo de
trabajo (también remito a mis análisis anteriores sobre las críticas a la
neolengua utilizada en los títulos de las normas, sus exposiciones de motivos y
en ocasiones también en los textos articulados), y el “fomento del empleo
indefinido a través de una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social”.
A continuación
ya se nos informa de un texto de próxima aprobación y en el que se plasmarán la
experiencia y los resultados obtenidos en los planes anuales de políticas de
empleo de 2012 y 2013, que lleva por título “Estrategia española de activación
para el empleo 2014- 2016” y con la que, según los redactores del Programa que
parecen ser amantes de las grandes frases, “culminará la transición hacia un
sistema de evaluación y orientación a resultados de las políticas activas de
empleo”. Para conocer con más detalle la valoración gubernamental de los PAPE
2012 y 2013 y de las medidas a incorporar en la nueva Estrategia me permito
remitir a los lectores y lectoras del blog a la intervención de la Secretaria
de Estado de Empleo, Sra. Engracia Hidalgo, en su comparecencia ante laComisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados el 24 deseptiembre de 2013, intervención que no mereció precisamente los parabienes de
los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del grupo popular.
Los objetivos
estratégicos comunes que se marcan a largo plazo no me parece que difieran de aquellos que ya
están presentes desde hace muchos años en las políticas de empleo estatales y
autonómicas, ya que se está actuando desde hace mucho tiempo (con resultados
dispares según las medidas adoptadas y el ámbito territorial de afectación) para
mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aunque no se dispusiera de la nueva garantía
para el empleo juvenil; para mejorar la empleabilidad de colectivos
especialmente afectados por el desempleo como son los mayores de 55 años y las
personas desempleadas de larga duración; la mejora de la calidad de la
formación profesional para el empleo; el reforzamiento de la vinculación entre
las políticas activas y pasivas (con nombres de las dos que siguen sin
gustarme, y lo digo desde hace mucho tiempo, porque parecen compartimentos
separados cuando debe haber una estrecha relación entre ambas); en fin, el
impulso del emprendimiento.
A la espera de
la aprobación de la Estrategia, el gobierno ya nos “amenaza” con sus
desarrollos normativos, tanto en el terreno de esa mayor vinculación de ambas
políticas (y al que habrá que prestar mucha atención para saber si se dirige en
el sentido de mejorar el acceso al empleo y la formación de los desempleados o
bien en el de establecer más restricciones y limitaciones al acceso a las
prestaciones económicas mientras dure su situación), como en el de reordenación
más general de las políticas de empleo y que me lleva a pensar que quizás aquí también
el gobierno pretenda introducir las medidas recentralizadoras propuestas por la
CORA, aunque de momento se queden en un desarrollo normativo muy borroso e
impredecible, ya que en el Programa sólo se habla de los desarrollos
reglamentarios de la Ley de Empleo para “para concretar los instrumentos y
programas a utilizar para alcanzar los objetivos comunes de los distintos
servicios públicos de empleo mejor los objetivos comunes de los diversos
servicios públicos de empleo, y las medidas e instrumentos prioritarios para
conseguir tales objetivos”. Para poner en marcha las “nuevas” políticas de
empleo el gobierno dispondrá, además de las partidas presupuestarias propias,
de los 3.901 millones de euros del Fondo Social Europeo, y en el marco del
objetivo temático número 8 cuál es el de “promover la sostenibilidad y la
calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral”, para el que también podrá
disponer de una dotación de 62,8 millones de euros del FEDER. .
8. Por último,
el Programa incorpora diversos anexos que sintetizan toda la explicación
anterior. En el I se recoge la aplicación de las recomendaciones específicas
realizadas por las autoridades europeas; el II está dedicado a la evaluación de
dichas recomendaciones y de las principales reformas estructurales; el III se
dedica a los objetivos marcados por España en el marco de la Estrategia Europea
2020; en fin, el IV incluye todas la medidas adicionales para apoyar el
crecimiento, siguiendo las líneas prioritarias de actuación propuestas en el
Informe sobre crecimiento de la Comisión Europea.
Buena lectura de
los documentos.
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