1. El debate
sobre el estado de la Nación suele quedar reducido en los medios de
comunicación a las intervenciones del Presidente del Gobierno y del máximo responsable
del principal partido de la oposición, con algunas referencias según cuál sea
su importancia de los restantes grupos políticos (los ejemplos del debate sobre
la celebración de la consulta en Cataluña y del fin de ETA en el País Vasco son
dos casos significativos). Después, la encuesta del CIS nos dice quién ha
ganado el debate como si se tratara de una competición deportiva, cuando es
bien sabido que la mayor parte de encuestados se rigen en sus respuestas por el
medio o medios de comunicación que ven o escuchan, dado que en muy pocos caso
han visto o escuchado el texto íntegro del debate. A continuación, se apagan
los focos y desaparece dicho debate del escenario mediático, salvo parcialmente
cuando el gobierno ha anunciado por boca de su presidente una “medida estrella”,
tal como ha ocurrido este año con la importante reducción de cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social por medio de la llamada “tarifa plana en
las contingencias comunes empresariales” y que vio la luz pública en el terreno
jurídico mediante la publicación del RDL 3/2014 en el BOE sólo cuatro días
después de su anuncio en el Congreso.
Mucho menos
conocidas, por no decir que sólo para las personas interesadas en el debate
político, son las propuestas de resolución presentadas por los distintos gruposparlamentarios, contribuyendo a ello muy probablemente que ya es casi sabido
que sólo se aprobarán las del grupo mayoritario de la cámara, y que algunas de
los restantes grupos podrán ser aceptadas parcialmente en forma de enmiendas
transaccionales, aún cuando en momentos políticos en los que no ha habido
mayoría gubernamental las transacciones han sido mucho más numerosas que en la
actualidad. Pero no por ser menos conocidas no deja de ser importante poner de
manifiesto el esfuerzo de los grupos parlamentarios por aportar sus propuestas,
que ciertamente en más de una ocasión pueden ir bastante más allá de lo que
harían efectivamente si estuvieran en el gobierno. Ahora bien, no se trata, ni
lo pretendo ahora, de prejuzgar actuaciones, sino de mirar y escudriñar con una
mínima atención cuál es el contenido en materia laboral y de protección social de
las propuestas presentadas en el debate de los días 25 a 27 de febrero, y
obviamente de las que fueron aprobadas. A ello dedico esta entrada del blog,
con la lógica concisión de lo que puede dar de sí un comentario en este sede,
remitiendo a quien tenga interés en conocer el contenido íntegro de laspropuestas presentadas y aprobadas al Boletín Oficial del Congreso de los Diputados
del pasado jueves, 6 de marzo, que publica todas ellas (cuando, con toda
sinceridad, creo que el debate ya ha pasado a ser historia).
2. Hay que
iniciar el análisis por las propuestas aprobadas, todas ellas del grupo popular
y con alguna transacción con Coalición canaria en materia de empleo, que no
concreta en cualquier caso cuál sería el montante económico necesario para
poner en marcha las políticas necesarias para la creación de empleo. Justamente
las dos primera resoluciones aprobadas se refieren a Canarias, siendo su
contenido el siguiente:
A)“Resolución
número 1. Sobre el régimen económico y fiscal de Canarias.
El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a cerrar con el Gobierno de Canarias un acuerdo
para la renovación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para su
presentación ante las autoridades comunitarias que contribuya,
fundamentalmente, a la creación de empleo y al impulso de la inversión en el
Archipiélago Canario, tomando como base la resolución aprobada por el
Parlamento de Canarias el 17 de julio de 2012.
Resolución núm.
2. Sobre el apoyo a
las políticas de empleo en Canarias.
El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a garantizar que los fondos destinados al
impulso de la creación de empleo, políticas activas de empleo y formación de
los trabajadores en Canarias sean consecuentes con las cifras de personas
desempleadas en las islas, y con el cumplimiento de los objetivos acordados por
todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y
Seguridad Social. Asimismo, dado el elevado índice de paro entre los jóvenes de
Canarias, insta al Gobierno a que garantice la máxima aplicación de los fondos
para empleo juvenil, todo ello en coordinación con el Gobierno de Canarias”.
B) Las restante
Resoluciones aprobadas de contenido laboral son de “cosecha propia del grupo
popular”, sin que deba olvidarme de sus propuestas en materia fiscal, de
inmigración y de la presentada, y aprobada, sobre la política europea. Sobre
las reformas fiscales, y a la espera de la presentación del “Informe de
expertos” la próxima semana y de la acogida que haga el gobierno en un futuro
proyecto de ley, la resolución presentada por el grupo popular marca bien
claramente los trazos principales de la misma, en la perspectiva de su
implantación en el año 2015, año electoral por si a alguno se le ha olvidado:
“Resolución
número 8. Reforma fiscal. Más equidad, menos impuestos a las rentas del trabajo
y una fiscalidad para el crecimiento.
El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a impulsar y adoptar las medidas que resulten
necesarias a fin de:
1. Establecer
una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con efectos en
2015, favoreciendo especialmente a las rentas medias y bajas. En particular,
los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros anuales no tributarán por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Beneficiar
fiscalmente a la familia aumentando significativamente los mínimos personales
por hijos y por ascendientes y discapacitados que convivan con el
contribuyente.
3. Corregir el
actual sistema que castiga más las rentas del trabajo que las del capital y
desincentiva el empleo, así como simplificar la configuración y la estructura
del actual sistema tributario.
4. Tener en
cuenta en la reforma del impuesto de sociedades las particularidades de las
pequeñas y medianas empresas, así como los incentivos fiscales en el gasto en
I+D+i y el fomento de la capitalización empresarial”.
C) En las
relaciones con la Unión Europea, la propuesta aprobada insta, entre otras
medidas, a potenciar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria. No
está nada mal la petición, si no fuera porque gran parte de las medidas
adoptadas en sede europea, y de las que es partícipe el gobierno español, no
han ido precisamente en esta línea durante los años de la crisis. El texto es
el siguiente.
“Resolución
número 12. Compromiso de España con la Unión Europea.
El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contribuir
desde el Consejo Europeo a que se adopten las decisiones necesarias para la
consecución de una auténtica Unión Económica y Monetaria, en sus pilares
financiero, fiscal, económico y político, tal y como se solicitó al Gobierno en
la Proposición no de Ley aprobada por la mayoría de los grupos de esta Cámara,
antes del Consejo Europeo de junio de 2013.
2. Promover, en
el ámbito de la unión bancaria, y una vez adoptado el Mecanismo Único de
Supervisión Bancaria, un acuerdo de aprobación del Mecanismo Único de
Resolución, que permita la aceleración de la mutualización del Fondo Único de
Supervisión, y que se garantice la igualdad de trato a todos los países, con el
fin de que se pueda crear un mercado más homogéneo, más transparente, más
solvente y que, como resultado, disminuya la fragmentación del mercado
financiero europeo.
3. Promover una
mayor integración fiscal mediante el establecimiento de una política fiscal con
una orientación común, tanto para los ingresos como para los gastos, y un
presupuesto europeo que aumente paulatinamente su peso sobre el PIB europeo
respecto al actual, y que disponga de mecanismos que permitan reducir los desequilibrios
internos de la Unión.
4. Promover una
mayor integración económica mediante la profundización en el mercado único y la
articulación de un esquema de política económica integrada.
5. Promover el
desarrollo de la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria con el fin
de contribuir a la construcción de una futura unión política”.
D) La Resolución
“estrella” aprobada en materia de empleo es la número 14, en la que se contiene
la referencia a la tarifa plana que aprobaría el gobierno dos días después vía
nuevo Real Decreto-Ley, y otras propuestas que ya están trabajándose en sede
ministerial y cuyos resultados está por ver que sean operativos en términos
tanto de creación de empleo como de puesta en marcha de políticas laborales que
apuesten por un empleo estable y de calidad, que hacen referencia a la nuevas política
de formación para el empleo, a las
relaciones entre sector público y privado para la gestión de la política de
empleo, y a la aplicación de la garantía juvenil. El texto es el siguiente:
“Resolución núm.
14. Empleo.
El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas conducentes al refuerzo del
mercado laboral y del modelo de formación para el empleo, y, entre ellas:
1. Fomentar la
contratación indefinida de nuevos trabajadores con una tarifa plana de
cotización empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes de 100
euros, siempre que se trate de creación de empleo neto y durante un plazo de
dos años.
2. Aprobar una
Estrategia de Activación que agilice la transición de los trabajadores al
empleo, refuerce su empleabilidad y contribuya a que la recuperación se
traduzca, lo antes posible, en empleo de calidad.
3. Configurar un
nuevo modelo de formación para el empleo que garantice la adecuación de la
formación a las necesidades del mercado laboral, el uso eficiente y
transparente de los recursos públicos y un compromiso con la evaluación, el
impacto efectivo y la calidad de la formación.
4. Poner en
marcha, en el mes de abril, el Portal Único de Empleo e implantar plenamente el
Acuerdo Marco de colaboración con agencias privadas de colocación.
5. Promover,
dentro del Plan de Garantía Juvenil, la contratación de 1.000 jóvenes
licenciados o con grado superior de formación profesional para realizar tareas
de Investigación y Desarrollo”.
E) En fin, no
podía faltar una resolución en materia de inmigración tras los acontecimientos
vividos en los últimos tiempos en las fronteras entre España y Marruecos y los
intentos de acceso a las ciudades de Ceuta y Melilla por un número
indeterminado de ciudadanos extranjeros procedentes en gran medida de países
del África subsahariana. Añado por mi parte que sería preocupante que estos
conflictos devolvieran el centro de las políticas de inmigración al ámbito
preferente del Ministerio del Interior, y que se perdiera todo el ingente
esfuerzo realizado durante muchos años por el propio gobierno estatal, las
comunidades autonómas, las corporaciones locales y numerosas organizaciones
sociales no gubernamentales en el ámbito de la integración de la población
inmigrada.
“Resolución núm.
17. Inmigración.
A. El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un
amplio acuerdo entre las fuerzas políticas en materia de inmigración, partiendo
de la inequívoca consideración de esta materia como política de Estado.
2. Defender, de
manera rotunda, ante la Unión Europea, la necesidad de:
I. Formalizar
una política de inmigración que aplique, de manera real y efectiva, el
principio de solidaridad y responsabilidad compartida, tanto a favor de los
Estados miembros que deben hacer frente de manera singular a los flujos de
inmigración irregular, soportando presiones migratorias extraordinarias, como a
favor de los países de origen y tránsito de esos flujos migratorios, entre los
que cabe mencionar especialmente a Marruecos.
II. Reforzar la
lucha contra la inmigración clandestina y las mafias que trafican con seres
humanos, haciendo efectivos los compromisos de solidaridad mediante la
aportación de medios materiales, humanos y financieros destinados a garantizar
la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea y que, al mismo
tiempo, contribuyan a reforzar las capacidades de FRONTEX y EUROSUR.
III. Promover
acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito destinados, en
primer lugar, a la cooperación para la erradicación de las causas profundas que
provocan la migración; en segundo, a mejorar los mecanismos de control de sus
respectivas fronteras, y, por último, a impulsar instrumentos que garanticen el
retorno digno y seguro de los inmigrantes, fomentando, también, el retorno
voluntario a sus países de origen.
3. Insta al
Gobierno a estudiar e impulsar las medidas normativas, operativas y
estructurales que sean precisas para que la política inmigratoria española esté
adaptada a la realidad de un fenómeno dinámico y cambiante como es el
migratorio, teniendo en cuenta las singularidades geográficas de nuestro país,
todo ello con el fin de articular de la forma más eficaz la lucha contra las
organizaciones criminales que trafican con seres humanos, la protección de
nuestras fronteras y el pleno respeto a los derechos de los inmigrantes, así
como la protección de su vida y su integridad. En este contexto, se hace
pertinente la pronta aprobación del Reglamento de funcionamiento y régimen
interior de los centros hasta ahora denominados Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIES).
B. El Congreso
de los Diputados reconoce y agradece expresamente la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y control de las fronteras de
España, que son también las fronteras de la Unión Europea”.
F) En la
resolución número 20, sobre sanidad y servicios sociales, que parece el “cajón
de sastre” donde caben las medidas dirigidas a colectivos específicos, merece
destacarse la referencia al plan general de igualdad de oportunidades, aprobado
el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que habrá que esperar a conocer
con detalle para saber si concreta medidas o son sólo propuestas soft law de
actuación, así como también la dirigida a las personas con discapacidad,
planteándose “aprobar y desarrollar el Plan de Acción de la Estrategia Española
de Discapacidad, así como consolidar las medidas de fomento del empleo de las
personas con capacidades diferentes”.
G) En fin,
tantas veces hemos hablado de la formación profesional que no puede sorprender
una propuesta más en un nuevo debate político, si bien en realidad aquello que
se requiere es la concreción de las medidas y no nuevas referencias a la
importancia de la formación profesional y a su puesta en práctica en el futuro.
En el texto de la Resolución número 21 sobre “Educación de Calidad y
Fortalecimiento de la Formación Profesional”, se insta al Gobierno a mejorar las oportunidades
de futuro de los jóvenes mediante: “1. El desarrollo de un sistema educativo de
más calidad, con una estructura dinámica, adaptado al siglo XXI, con un sistema
de evaluaciones que garantice que todos los alumnos adquieren las competencias
adecuadas, que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades y que
proporcione una oferta educativa mejor a los jóvenes que permita reducir el
abandono educativo temprano. 2. El fortalecimiento y la dignificación de la
Formación Profesional, especialmente de la Formación Profesional Dual, el
diseño de la nueva Formación Profesional Básica y el impulso de los niveles de
Formación Profesional de Grado Medio y Superior”.
3. De las
propuestas que no fueron aprobadas y que tienen un importante contenido
laboral, me permito recomendar la lectura de las siguientes:
A) Del grupo
socialista la número 2 con el título “Para una Unión Social”, de la que destaco
su petición de que a escala de la UE en materia de empleo se fijen “niveles vinculantes objetivos de
empleo y desempleo, que tengan en cuenta la situación de partida y los ciclos
económicos de los países y que se revisen periódicamente. Los Parlamentos de
cada Estado miembro deberán aprobar planes de trabajo anuales para darles
cumplimiento”, así como también la de la un SMI para todos los países de la UE,
“calculado en base al coste de la vida y al salario medio de cada Estado
miembro y que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los
ciudadanos”. También, la número 6, que recoge sustancialmente las propuestas
aprobadas en la conferencia política del PSOE y que lleva por título “Mercado
de trabajo: recuperar el diálogo social, las políticas activas de empleo y la
cobertura de los desempleados”, en la que se pide expresamente derogar la
reforma laboral del Partido Popular y abrir inmediatamente “un proceso de
diálogo social para acordar, entre otras cuestiones, un nuevo marco de
relaciones colectivas equilibrado que respete la autonomía colectiva, la ultra
actividad de los convenios colectivos, así como la articulación y estructura de
la negociación colectiva, en los términos del Acuerdo bipartito de 25 de enero
de 2012”. La número 7 sobre el sistema público de pensiones pide la derogación
de la Ley 23/2013 y volver a la
revalorización automática de las pensiones de acuerdo al sistema anterior. En
el ámbito sanitario (Resolución número 10) se pide recuperar el carácter
universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a
todos los ciudadanos, “incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y
los españoles que salgan de España, derogando lo establecido al efecto en el
Real Decreto-ley 16/2012 y las disposiciones que niegan ese derecho a los que
se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días”.
B) De las
propuestas presentadas por el diputado por Compromis-Equo Joan Baldoví me quedo,
por su indudable impacto laboral, con la de “acordar apoyar la reapertura
inmediata de las emisiones de RTVV”. De las presentadas por la diputada de
Geroa Bai, Uxue Barkos, destaca la petición de transferencia de competencias
plenas “en materia de políticas activas y políticas pasivas, y en materia de
inspección de trabajo”, que van de la mano con la del “impulso del marco
autonómico de relaciones laborales”. Por su parte, ERC mantuvo su propuesta de
fijar una escala salarial máxima de 1:12 en una empresa privada y también en el
sector público, debiéndose adoptar las reformas legislativas oportunas para que
pudiera ser operativa.
C) Por parte de
UPyD, su resolución estrella, que también refunde muchas propuestas ya
presentadas con anterioridad en el Congreso es la número 33 dedicada a “las
reformas necesarias para mejorar la situación del mercado laboral en España”, y
en la que se incluye su recurrente petición del contrato único indefinido, en
la siguiente redacción: “Los nuevos
contratos únicos tendrán una indemnización por despido inicial más baja que la
de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los contratos
temporales (que constituyen la inmensa mayor parte, el 93 %, de las nuevas
contrataciones). A partir del valor inicial, la indemnización por despido irá
aumentando progresivamente en años sucesivos hasta alcanzar un valor máximo”.
D) Del grupo
parlamentario vasco destaco la número 51, en la que se pide que la integridad
del fondo destinado a la garantía de empleo juvenil se redistribuya “de forma
equilibrada y atendiendo al contenido en materia de Políticas Activas de las
CCAA”, tras criticar que de los 1800 millones de euros previstos sólo se hayan
atribuido 23 millones al País Vasco.
E) Por parte del
grupo catalán, tiene especial importancia a mi parecer la propuesta número 56 “para
la creación y el mantenimiento del empleo”, en la que se pide disponer de
mayores recursos económicos para la puesta en prácticas de políticas activas de
empleo en Cataluña, y en el ámbito de las relaciones laborales su propuesta
concreta de “Impulsar un gran pacto social entre sindicatos, organizaciones
empresariales y Gobierno que se materialice en la presentación de un Proyecto
de Ley que incluya las reformas necesarias para la implantación en España de un
modelo similar al fondo de capitalización austríaco como alternativa a la
vigente regulación de la indemnización por despido”. Por cierto, en época de
ajustes presupuestarios, sorprende que el grupo que apoya al gobierno catalán
pida que se adopten las medidas oportunas, tanto a corto como a medio plazo,
para el incremento progresivo del SMI “hasta alcanzar el 60 % del salario medio
neto estatal”. No deja de ser curioso, además, encontrar algunas propuestas muy
específicas (¿muy corporativas?) dentro de las de carácter general, habiéndome
llamado la atención, y supongo que le ocurrirá lo mismo a muchos lectores y
lectoras del blog, la petición en su resolución número 58 sobre mejora de la
calidad educativa de “excluir del cómputo en las bases de cotización de la
Seguridad Social todas aquellas ayudas contempladas en el convenio colectivo
del sector educativo y de colegios privados”.
F) Las diputadas
del Bloque Nacionalista Galego, Olaia Fernández y Rosana Pérez, piden la derogación
de la reforma laboral, de las pensiones y de la ley de tasas judiciales, y en
muy parecidos términos se pronuncia el grupo vasco Amaiur.
G) Importantes también,
y de mucho calado, son las propuestas de la Izquierda Plural, que no merecieron
ni la más mínima consideración por el grupo mayoritario de la Cámara Baja. Destaco,
en la número 76, la petición de “1. Iniciar los trámites para la anulación de
la reforma que modificó el artículo 135 de la Constitución y establecer la
prioridad del gasto en servicios públicos fundamentales frente a cualquier otro
gasto”, en la número 78 la de promoción a nivel europeo de una política de
migración “que sitúe en el centro los derechos de las personas migrantes”, y el
incremento del salario mínimo hasta alcanzar los 1.100 euros/mes en octubre de
2015, con el objetivo de llegar, como mínimo, al 60 % del salario medio meto.
Por cierto, también en la Izquierda Plural hay propuestas que indudablemente son de interés para la mejora
del sistema educativo pero que no dejan de tener un cierto corte
específico-corporativo como es la recogida en la propuesta número 81, en la que
se pide que el Congreso inste al gobierno a “comprometerse a evitar cualquier
tipo de despido colectivo que afecte al personal universitario, sea de
profesorado, de personal de investigación o personal de administración y
servicios”. Desde el plano laboral estricto, la propuesta de mayor interés es
la número 82, que lleva el significativo título de “Sobre el impacto negativo
sobre el empleo de la reforma laboral”, en la que se pide su derogación y al
mismo tiempo “impulsar un modelo de relaciones laborales basado en el trabajo
estable y con derechos, con mayor protección de las personas asalariadas,
mejores salarios, fortaleciendo la negociación colectiva y con democracia real
dentro de las empresas”.
4. Concluyo. Para
quien tenga interés, y tiempo, buena lectura de todas las propuestas aprobadasy de las presentadas por todos los grupos parlamentarios. Después, si le quedan
tiempo y ganas, hay que comparar qué se ha hecho cuando se ha estado en el gobierno,
central o autonómico 8y en el ámbito de las competencias propias).
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