domingo, 9 de marzo de 2014

Notas sobre las propuestas de contenido sociolaboral aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación, y también sobre las presentadas (y no aprobadas) por los grupos parlamentarios.



1. El debate sobre el estado de la Nación suele quedar reducido en los medios de comunicación a las intervenciones del Presidente del Gobierno y del máximo responsable del principal partido de la oposición, con algunas referencias según cuál sea su importancia de los restantes grupos políticos (los ejemplos del debate sobre la celebración de la consulta en Cataluña y del fin de ETA en el País Vasco son dos casos significativos). Después, la encuesta del CIS nos dice quién ha ganado el debate como si se tratara de una competición deportiva, cuando es bien sabido que la mayor parte de encuestados se rigen en sus respuestas por el medio o medios de comunicación que ven o escuchan, dado que en muy pocos caso han visto o escuchado el texto íntegro del debate. A continuación, se apagan los focos y desaparece dicho debate del escenario mediático, salvo parcialmente cuando el gobierno ha anunciado por boca de su presidente una “medida estrella”, tal como ha ocurrido este año con la importante reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por medio de la llamada “tarifa plana en las contingencias comunes empresariales” y que vio la luz pública en el terreno jurídico mediante la publicación del RDL 3/2014 en el BOE sólo cuatro días después de su anuncio en el Congreso.

Mucho menos conocidas, por no decir que sólo para las personas interesadas en el debate político, son las propuestas de resolución presentadas por los distintos gruposparlamentarios, contribuyendo a ello muy probablemente que ya es casi sabido que sólo se aprobarán las del grupo mayoritario de la cámara, y que algunas de los restantes grupos podrán ser aceptadas parcialmente en forma de enmiendas transaccionales, aún cuando en momentos políticos en los que no ha habido mayoría gubernamental las transacciones han sido mucho más numerosas que en la actualidad. Pero no por ser menos conocidas no deja de ser importante poner de manifiesto el esfuerzo de los grupos parlamentarios por aportar sus propuestas, que ciertamente en más de una ocasión pueden ir bastante más allá de lo que harían efectivamente si estuvieran en el gobierno. Ahora bien, no se trata, ni lo pretendo ahora, de prejuzgar actuaciones, sino de mirar y escudriñar con una mínima atención cuál es el contenido en materia laboral y de protección social de las propuestas presentadas en el debate de los días 25 a 27 de febrero, y obviamente de las que fueron aprobadas. A ello dedico esta entrada del blog, con la lógica concisión de lo que puede dar de sí un comentario en este sede, remitiendo a quien tenga interés en conocer el contenido íntegro de laspropuestas presentadas y aprobadas al Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del pasado jueves, 6 de marzo, que publica todas ellas (cuando, con toda sinceridad, creo que el debate ya ha pasado a ser historia).

2. Hay que iniciar el análisis por las propuestas aprobadas, todas ellas del grupo popular y con alguna transacción con Coalición canaria en materia de empleo, que no concreta en cualquier caso cuál sería el montante económico necesario para poner en marcha las políticas necesarias para la creación de empleo. Justamente las dos primera resoluciones aprobadas se refieren a Canarias, siendo su contenido el siguiente:

A)“Resolución número 1. Sobre el régimen económico y fiscal de Canarias.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cerrar con el Gobierno de Canarias un acuerdo para la renovación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para su presentación ante las autoridades comunitarias que contribuya, fundamentalmente, a la creación de empleo y al impulso de la inversión en el Archipiélago Canario, tomando como base la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias el 17 de julio de 2012.

Resolución núm. 2. Sobre el apoyo a las políticas de empleo en Canarias.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que los fondos destinados al impulso de la creación de empleo, políticas activas de empleo y formación de los trabajadores en Canarias sean consecuentes con las cifras de personas desempleadas en las islas, y con el cumplimiento de los objetivos acordados por todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, dado el elevado índice de paro entre los jóvenes de Canarias, insta al Gobierno a que garantice la máxima aplicación de los fondos para empleo juvenil, todo ello en coordinación con el Gobierno de Canarias”.

B) Las restante Resoluciones aprobadas de contenido laboral son de “cosecha propia del grupo popular”, sin que deba olvidarme de sus propuestas en materia fiscal, de inmigración y de la presentada, y aprobada, sobre la política europea. Sobre las reformas fiscales, y a la espera de la presentación del “Informe de expertos” la próxima semana y de la acogida que haga el gobierno en un futuro proyecto de ley, la resolución presentada por el grupo popular marca bien claramente los trazos principales de la misma, en la perspectiva de su implantación en el año 2015, año electoral por si a alguno se le ha olvidado:

“Resolución número 8. Reforma fiscal. Más equidad, menos impuestos a las rentas del trabajo y una fiscalidad para el crecimiento.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de:

1. Establecer una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con efectos en 2015, favoreciendo especialmente a las rentas medias y bajas. En particular, los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros anuales no tributarán por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Beneficiar fiscalmente a la familia aumentando significativamente los mínimos personales por hijos y por ascendientes y discapacitados que convivan con el contribuyente.

3. Corregir el actual sistema que castiga más las rentas del trabajo que las del capital y desincentiva el empleo, así como simplificar la configuración y la estructura del actual sistema tributario.

4. Tener en cuenta en la reforma del impuesto de sociedades las particularidades de las pequeñas y medianas empresas, así como los incentivos fiscales en el gasto en I+D+i y el fomento de la capitalización empresarial”.  

C) En las relaciones con la Unión Europea, la propuesta aprobada insta, entre otras medidas, a potenciar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria. No está nada mal la petición, si no fuera porque gran parte de las medidas adoptadas en sede europea, y de las que es partícipe el gobierno español, no han ido precisamente en esta línea durante los años de la crisis. El texto es el siguiente.

“Resolución número 12. Compromiso de España con la Unión Europea.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Contribuir desde el Consejo Europeo a que se adopten las decisiones necesarias para la consecución de una auténtica Unión Económica y Monetaria, en sus pilares financiero, fiscal, económico y político, tal y como se solicitó al Gobierno en la Proposición no de Ley aprobada por la mayoría de los grupos de esta Cámara, antes del Consejo Europeo de junio de 2013.

2. Promover, en el ámbito de la unión bancaria, y una vez adoptado el Mecanismo Único de Supervisión Bancaria, un acuerdo de aprobación del Mecanismo Único de Resolución, que permita la aceleración de la mutualización del Fondo Único de Supervisión, y que se garantice la igualdad de trato a todos los países, con el fin de que se pueda crear un mercado más homogéneo, más transparente, más solvente y que, como resultado, disminuya la fragmentación del mercado financiero europeo.

3. Promover una mayor integración fiscal mediante el establecimiento de una política fiscal con una orientación común, tanto para los ingresos como para los gastos, y un presupuesto europeo que aumente paulatinamente su peso sobre el PIB europeo respecto al actual, y que disponga de mecanismos que permitan reducir los desequilibrios internos de la Unión.

4. Promover una mayor integración económica mediante la profundización en el mercado único y la articulación de un esquema de política económica integrada.

5. Promover el desarrollo de la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria con el fin de contribuir a la construcción de una futura unión política”.

D) La Resolución “estrella” aprobada en materia de empleo es la número 14, en la que se contiene la referencia a la tarifa plana que aprobaría el gobierno dos días después vía nuevo Real Decreto-Ley, y otras propuestas que ya están trabajándose en sede ministerial y cuyos resultados está por ver que sean operativos en términos tanto de creación de empleo como de puesta en marcha de políticas laborales que apuesten por un empleo estable y de calidad, que hacen referencia a la nuevas política de formación para el empleo,  a las relaciones entre sector público y privado para la gestión de la política de empleo, y a la aplicación de la garantía juvenil. El texto es el siguiente:

“Resolución núm. 14. Empleo.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas conducentes al refuerzo del mercado laboral y del modelo de formación para el empleo, y, entre ellas:

1. Fomentar la contratación indefinida de nuevos trabajadores con una tarifa plana de cotización empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes de 100 euros, siempre que se trate de creación de empleo neto y durante un plazo de dos años.

2. Aprobar una Estrategia de Activación que agilice la transición de los trabajadores al empleo, refuerce su empleabilidad y contribuya a que la recuperación se traduzca, lo antes posible, en empleo de calidad.

3. Configurar un nuevo modelo de formación para el empleo que garantice la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y un compromiso con la evaluación, el impacto efectivo y la calidad de la formación.

4. Poner en marcha, en el mes de abril, el Portal Único de Empleo e implantar plenamente el Acuerdo Marco de colaboración con agencias privadas de colocación.

5. Promover, dentro del Plan de Garantía Juvenil, la contratación de 1.000 jóvenes licenciados o con grado superior de formación profesional para realizar tareas de Investigación y Desarrollo”.

E) En fin, no podía faltar una resolución en materia de inmigración tras los acontecimientos vividos en los últimos tiempos en las fronteras entre España y Marruecos y los intentos de acceso a las ciudades de Ceuta y Melilla por un número indeterminado de ciudadanos extranjeros procedentes en gran medida de países del África subsahariana. Añado por mi parte que sería preocupante que estos conflictos devolvieran el centro de las políticas de inmigración al ámbito preferente del Ministerio del Interior, y que se perdiera todo el ingente esfuerzo realizado durante muchos años por el propio gobierno estatal, las comunidades autonómas, las corporaciones locales y numerosas organizaciones sociales no gubernamentales en el ámbito de la integración de la población inmigrada.

“Resolución núm. 17. Inmigración.

A. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas en materia de inmigración, partiendo de la inequívoca consideración de esta materia como política de Estado.

2. Defender, de manera rotunda, ante la Unión Europea, la necesidad de:

I. Formalizar una política de inmigración que aplique, de manera real y efectiva, el principio de solidaridad y responsabilidad compartida, tanto a favor de los Estados miembros que deben hacer frente de manera singular a los flujos de inmigración irregular, soportando presiones migratorias extraordinarias, como a favor de los países de origen y tránsito de esos flujos migratorios, entre los que cabe mencionar especialmente a Marruecos.

II. Reforzar la lucha contra la inmigración clandestina y las mafias que trafican con seres humanos, haciendo efectivos los compromisos de solidaridad mediante la aportación de medios materiales, humanos y financieros destinados a garantizar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, contribuyan a reforzar las capacidades de FRONTEX y EUROSUR.

III. Promover acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito destinados, en primer lugar, a la cooperación para la erradicación de las causas profundas que provocan la migración; en segundo, a mejorar los mecanismos de control de sus respectivas fronteras, y, por último, a impulsar instrumentos que garanticen el retorno digno y seguro de los inmigrantes, fomentando, también, el retorno voluntario a sus países de origen.

3. Insta al Gobierno a estudiar e impulsar las medidas normativas, operativas y estructurales que sean precisas para que la política inmigratoria española esté adaptada a la realidad de un fenómeno dinámico y cambiante como es el migratorio, teniendo en cuenta las singularidades geográficas de nuestro país, todo ello con el fin de articular de la forma más eficaz la lucha contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos, la protección de nuestras fronteras y el pleno respeto a los derechos de los inmigrantes, así como la protección de su vida y su integridad. En este contexto, se hace pertinente la pronta aprobación del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros hasta ahora denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES).

B. El Congreso de los Diputados reconoce y agradece expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y control de las fronteras de España, que son también las fronteras de la Unión Europea”.

F) En la resolución número 20, sobre sanidad y servicios sociales, que parece el “cajón de sastre” donde caben las medidas dirigidas a colectivos específicos, merece destacarse la referencia al plan general de igualdad de oportunidades, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que habrá que esperar a conocer con detalle para saber si concreta medidas o son sólo propuestas soft law de actuación, así como también la dirigida a las personas con discapacidad, planteándose “aprobar y desarrollar el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad, así como consolidar las medidas de fomento del empleo de las personas con capacidades diferentes”.

G) En fin, tantas veces hemos hablado de la formación profesional que no puede sorprender una propuesta más en un nuevo debate político, si bien en realidad aquello que se requiere es la concreción de las medidas y no nuevas referencias a la importancia de la formación profesional y a su puesta en práctica en el futuro. En el texto de la Resolución número 21 sobre “Educación de Calidad y Fortalecimiento de la Formación Profesional”, se  insta al Gobierno a mejorar las oportunidades de futuro de los jóvenes mediante: “1. El desarrollo de un sistema educativo de más calidad, con una estructura dinámica, adaptado al siglo XXI, con un sistema de evaluaciones que garantice que todos los alumnos adquieren las competencias adecuadas, que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades y que proporcione una oferta educativa mejor a los jóvenes que permita reducir el abandono educativo temprano. 2. El fortalecimiento y la dignificación de la Formación Profesional, especialmente de la Formación Profesional Dual, el diseño de la nueva Formación Profesional Básica y el impulso de los niveles de Formación Profesional de Grado Medio y Superior”.

3. De las propuestas que no fueron aprobadas y que tienen un importante contenido laboral, me permito recomendar la lectura de las siguientes:

A) Del grupo socialista la número 2 con el título “Para una Unión Social”, de la que destaco su petición de que a escala de la UE en materia de empleo  se fijen “niveles vinculantes objetivos de empleo y desempleo, que tengan en cuenta la situación de partida y los ciclos económicos de los países y que se revisen periódicamente. Los Parlamentos de cada Estado miembro deberán aprobar planes de trabajo anuales para darles cumplimiento”, así como también la de la un SMI para todos los países de la UE, “calculado en base al coste de la vida y al salario medio de cada Estado miembro y que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos”. También, la número 6, que recoge sustancialmente las propuestas aprobadas en la conferencia política del PSOE y que lleva por título “Mercado de trabajo: recuperar el diálogo social, las políticas activas de empleo y la cobertura de los desempleados”, en la que se pide expresamente derogar la reforma laboral del Partido Popular y abrir inmediatamente “un proceso de diálogo social para acordar, entre otras cuestiones, un nuevo marco de relaciones colectivas equilibrado que respete la autonomía colectiva, la ultra actividad de los convenios colectivos, así como la articulación y estructura de la negociación colectiva, en los términos del Acuerdo bipartito de 25 de enero de 2012”. La número 7 sobre el sistema público de pensiones pide la derogación de la Ley 23/2013 y  volver a la revalorización automática de las pensiones de acuerdo al sistema anterior. En el ámbito sanitario (Resolución número 10) se pide recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, “incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y los españoles que salgan de España, derogando lo establecido al efecto en el Real Decreto-ley 16/2012 y las disposiciones que niegan ese derecho a los que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días”.

B) De las propuestas presentadas por el diputado por Compromis-Equo Joan Baldoví me quedo, por su indudable impacto laboral, con la de “acordar apoyar la reapertura inmediata de las emisiones de RTVV”. De las presentadas por la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, destaca la petición de transferencia de competencias plenas “en materia de políticas activas y políticas pasivas, y en materia de inspección de trabajo”, que van de la mano con la del “impulso del marco autonómico de relaciones laborales”. Por su parte, ERC mantuvo su propuesta de fijar una escala salarial máxima de 1:12 en una empresa privada y también en el sector público, debiéndose adoptar las reformas legislativas oportunas para que pudiera ser operativa.

C) Por parte de UPyD, su resolución estrella, que también refunde muchas propuestas ya presentadas con anterioridad en el Congreso es la número 33 dedicada a “las reformas necesarias para mejorar la situación del mercado laboral en España”, y en la que se incluye su recurrente petición del contrato único indefinido, en la siguiente redacción:  “Los nuevos contratos únicos tendrán una indemnización por despido inicial más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los contratos temporales (que constituyen la inmensa mayor parte, el 93 %, de las nuevas contrataciones). A partir del valor inicial, la indemnización por despido irá aumentando progresivamente en años sucesivos hasta alcanzar un valor máximo”.  

D) Del grupo parlamentario vasco destaco la número 51, en la que se pide que la integridad del fondo destinado a la garantía de empleo juvenil se redistribuya “de forma equilibrada y atendiendo al contenido en materia de Políticas Activas de las CCAA”, tras criticar que de los 1800 millones de euros previstos sólo se hayan atribuido 23 millones al País Vasco.

E) Por parte del grupo catalán, tiene especial importancia a mi parecer la propuesta número 56 “para la creación y el mantenimiento del empleo”, en la que se pide disponer de mayores recursos económicos para la puesta en prácticas de políticas activas de empleo en Cataluña, y en el ámbito de las relaciones laborales su propuesta concreta de “Impulsar un gran pacto social entre sindicatos, organizaciones empresariales y Gobierno que se materialice en la presentación de un Proyecto de Ley que incluya las reformas necesarias para la implantación en España de un modelo similar al fondo de capitalización austríaco como alternativa a la vigente regulación de la indemnización por despido”. Por cierto, en época de ajustes presupuestarios, sorprende que el grupo que apoya al gobierno catalán pida que se adopten las medidas oportunas, tanto a corto como a medio plazo, para el incremento progresivo del SMI “hasta alcanzar el 60 % del salario medio neto estatal”. No deja de ser curioso, además, encontrar algunas propuestas muy específicas (¿muy corporativas?) dentro de las de carácter general, habiéndome llamado la atención, y supongo que le ocurrirá lo mismo a muchos lectores y lectoras del blog, la petición en su resolución número 58 sobre mejora de la calidad educativa de “excluir del cómputo en las bases de cotización de la Seguridad Social todas aquellas ayudas contempladas en el convenio colectivo del sector educativo y de colegios privados”.

F) Las diputadas del Bloque Nacionalista Galego, Olaia Fernández y Rosana Pérez, piden la derogación de la reforma laboral, de las pensiones y de la ley de tasas judiciales, y en muy parecidos términos se pronuncia el grupo vasco Amaiur.

G) Importantes también, y de mucho calado, son las propuestas de la Izquierda Plural, que no merecieron ni la más mínima consideración por el grupo mayoritario de la Cámara Baja. Destaco, en la número 76, la petición de “1. Iniciar los trámites para la anulación de la reforma que modificó el artículo 135 de la Constitución y establecer la prioridad del gasto en servicios públicos fundamentales frente a cualquier otro gasto”, en la número 78 la de promoción a nivel europeo de una política de migración “que sitúe en el centro los derechos de las personas migrantes”, y el incremento del salario mínimo hasta alcanzar los 1.100 euros/mes en octubre de 2015, con el objetivo de llegar, como mínimo, al 60 % del salario medio meto. Por cierto, también en la Izquierda Plural hay propuestas que  indudablemente son de interés para la mejora del sistema educativo pero que no dejan de tener un cierto corte específico-corporativo como es la recogida en la propuesta número 81, en la que se pide que el Congreso inste al gobierno a “comprometerse a evitar cualquier tipo de despido colectivo que afecte al personal universitario, sea de profesorado, de personal de investigación o personal de administración y servicios”. Desde el plano laboral estricto, la propuesta de mayor interés es la número 82, que lleva el significativo título de “Sobre el impacto negativo sobre el empleo de la reforma laboral”, en la que se pide su derogación y al mismo tiempo “impulsar un modelo de relaciones laborales basado en el trabajo estable y con derechos, con mayor protección de las personas asalariadas, mejores salarios, fortaleciendo la negociación colectiva y con democracia real dentro de las empresas”.

4. Concluyo. Para quien tenga interés, y tiempo, buena lectura de todas las propuestas aprobadasy de las presentadas por todos los grupos parlamentarios. Después, si le quedan tiempo y ganas, hay que comparar qué se ha hecho cuando se ha estado en el gobierno, central o autonómico 8y en el ámbito de las competencias propias).