Más sentencias, bien argumentadas, a favor del mantenimiento de la vigencia del convenio denunciado. Notas a la sentencia del TSJ del País Vasco de 26 de noviembre (con un voto particular favorable a la reforma).

1. Siguen dictándose sentencias sobre la vigencia de los convenios denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral (Ley 3/2012 de 6 dejulio), es decir sobre el mantenimiento de la ultraactividad del convenio mientras no se suscriba un nuevo acuerdo. Las polémicas versan, al igual que en sentencias anteriores que he tenido oportunidad de comentar en este blog, sobre el valor que debe darse a la cláusula del convenio denunciado que regula su vigencia, poniéndola en relación con el derecho a la negociación colectiva del art. 37.1 de la Constitución y la autonomía colectiva de las partes para regular sus relaciones laborales, si bien ya adelanto que otra tesis, defendida por un sector doctrinal, es planteada en un voto particular y se refiere a la necesidad de interpretar los textos enjuiciados con arreglo a aquello que se dice que es la finalidad de la reforma laboral.

2. Pero vayamos por partes. Encima de mi mesa tengo dos sentencias a las que se puede acceder hasta este momento vía CENDOJ o redes sociales. La primera, es la dictada el 19 denoviembre por el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria, y la segunda corresponde a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del PaísVasco de 26 de noviembre (justamente, la que tiene un voto particular). Tengo conocimiento a través de los medios de comunicación de otra sentencia dictada porel juzgado de lo social número 4 de Bilbao declarando la vigencia del convenio del metal de la provincia de Vizcaya, pero aún no podido acceder a su lectura íntegra.

3. A la espera de cómo resuelva el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 23 de julio por la Audiencia Nacional, sentencia que parece que podría dictarse el mes de enero según publica hoy el diario electrónicoInfolibre, paso a examinar los contenidos más destacados de ambas sentencias, que van en la misma  línea que otras ya analizadas.

4. La sentenciadictada por el TSJ del País Vasco el 26 de noviembre resuelve el conflicto colectivo interpuesto, vía diversas demandas, por varios sindicatos contra tres organizaciones empresariales del sector de enseñanza de iniciativa social de la Comunidad Autónoma, solicitando el mantenimiento de la vigencia del convenio colectivo 2008-2009 y sin que se haya suscrito un nuevo acuerdo hasta el momento desde que se constituyera la comisión negociadora el 13 de mayo de 2010, para todos los trabajadores afectados por el mismo “hasta la firma de un nuevo que lo sustituya, sea cual sea su naturaleza legal”.  El acto de juicio tuvo lugar el 15 de octubre tras procederse a la acumulación de todas las demandas presentadas.

A) En los hechos probados se deja constancia de cuál es el conflicto que ha motivado las acciones judiciales, esto es la decisión empresarial de dejar de aplicar a partir del 7 de julio de 2013 el convenio autonómico y pasar a regir sus relaciones laborales por el VI convenio colectivo estatal de empresas deenseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (con vigencia desde el 17 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019), por entender que el primero había perdido su vigencia por aplicación de lo dispuesto en el art. 86.3 de la Ley del Estatuto de los trabajadores y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012, si bien se indicaba, en el escrito remitido a cada trabajador afectado por cada centro concertado, “que era voluntad del Centro aplicar con carácter temporal limitado las condiciones salariales que derivan de las Tablas que se incluyen como Anexo a dichas comunicaciones, hasta el 31 de diciembre de 2013 o hasta que la Administración educativa modifique los módulos del concierto, de producirse esta modificación antes de la fecha indicada”, período que también se aplicaría en relación con el número de horas lectivas del personal docente.  

B) Los preceptos convencionales sobre los que gira el litigio son los arts. 4 a 6.  El Convenio Colectivo de los Centros deEnseñanza de Iniciativa Social de la CAPV para los años 2008-2009 fue publicado en el Diario Oficial autonómico el día 4 de agosto de 2009. El art. 4 regula su ámbito temporal, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, “período que, no obstante, se entenderá prorrogado expresa, temporal y accidentalmente hasta la entrada en vigor del Convenio correspondiente al año 2010”. El art. 5 aborda la prórroga del convenio, previendo la misma de año en año a partir del 31 de diciembre de 2009 “por la tácita, si no mediara expresa denuncia del mismo por cualquiera de las partes representativas con antelación, al menos, de 2 meses al término de su vigencia o al de cualquiera de sus prórrogas”. Por fin, el art. 6 regula la denuncia y dispone que “Denunciado en forma y tiempo tal el Convenio, las partes firmantes se comprometen a constituir la Comisión Negociadora del siguiente Convenio en un plazo no superior a un mes anterior a la fecha del vencimiento del Convenio o de la prórroga”.

C) La argumentación de las demandantes se centran en estos contenidos: no hubo denuncia del convenio; sigue siendo de aplicación el convenio autonómico por la previsión de prórroga prevista en el art. 4 y que puede entenderse que cumple con lo dispuesto en el art. 86.3 de la LET que regula una vigencia del convenio “salvo pacto en contrario”; en fin, los sindicatos plantean una segunda estrategia jurídica, y que ha sido ya objeto de atención y estudio por la doctrina iuslaboralista, con pareceres encontrados, sobre la vigencia de las cláusulas del convenio colectivo que han dejado de aplicar las empresas por haberse contractualizado los derechos recogidos en el texto convencional, esto es “por haber quedado incorporados al contrato de trabajo, y por tanto prevalecen sobre las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal”.

La argumentación de las demandadas es más simple y escueta, pero no por ello menos clara y, desde luego, categórica: el convenio perdió vigencia el 7 de julio de 2013 porque la voluntad del legislador en tal sentido se plasma en la nueva redacción del art. 86.3 de la LET, argumentando que  “el plazo de un año allí indicado es imperativo”.

D) Al haberse planteado por las demandantes la inexistencia de denuncia del convenio objeto del litigio, la Sala ha de pronunciarse en primer lugar sobre esta cuestión, un cierto galimatías jurídico si seguimos el razonamiento jurídico de la sentencia, ya que no consta la denuncia expresa del convenio (según declaración testifical de un responsable empresarial participante en la comisión negociadora, y certificación en el mismo sentido por el departamento autonómico de empleo y políticas sociales), pero la Sala sí cree, y no le falta razón a mi parecer, que el convenio está denunciado, pues poco sentido tendría que se constituyera la nueva comisión negociadora en 2010 para elaborar un nuevo convenio, y también cabe deducirlo, tesis que igualmente comparto, de la lectura de varias actas de las reuniones de dicha comisión, en especial de la 4ª y 5ª (19 de diciembre de 2012 y 25 de enero de 2013), tanto de las manifestaciones de la parte sindical como de la empresarial.

En efecto, de la lectura de dichas actas, o al menos de la transcripción que se contiene en el fundamento de derecho tercero queda bien claro que se está negociando un nuevo convenio y que la parte sindical desea que se alcance un acuerdo antes  de 8 de julio para evitar litigiosidad sobre su ultractividad, aún cuando defienda la prórroga si no hay acuerdo, mientras que de la parte empresarial se recoge, entre otras, la afirmación de que “no pretende utilizar el marco de la reforma laboral en cuanto a finalización de la ultraactividad”.  

No obstante, ese galimatías desaparece jurídicamente hablando al final del citado fundamento jurídico, ya que la Sala trae en defensa de su tesis, una sentencia anterior de15 de febrero de 2011, siendo las mismas partes las litigantes, en cuyo hecho probado segundo se dice que “Dicho convenio fue denunciado en tiempo y forma, estando en curso la negociación del convenio colectivo para el año 2010, de cuya comisión negociadora forman parte, de un lado, las asociaciones patronales Kristau Eskola y AICE, y, de otro, los Sindicatos ELA, CCOO y STEE-EILAS, con voz y voto, así como las centrales LAB y UGT, con voz pero sin voto, al no contar con el 10 % de los representantes unitarios del sector”.  Dado que ese hecho no fue discutido, tiene el efecto de cosa juzgada en sentido positivo o prejudicial y así lo afirma la Sala. Leída esta sentencia, y en concreto la manifestación, no negada, de la denuncia del convenio, no alcanzo a entender cuál fuera la estrategia jurídica de las partes demandantes al plantear una hipotética no denuncia, siendo así que sólo se me ocurre que fuera, junto con la tesis de la contractualización de las condiciones laborales, una estrategia de aportar el mayor número de argumentos jurídicos para tratar de defender la vigencia del convenio, estuviera o no denunciado, eso sí con más endeblez jurídica unas que otras.  

E) El núcleo duro del conflicto gira una vez más sobre la vigencia o no del convenio colectivo denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012 a partir del 7 de julio de 2013. La Sala procede al estudio de la normativa de aplicación, siendo especialmente relevante, y acertado, a mi parecer  que el marco legal (art. 86.3 de la LET) se vincule muy estrechamente al derecho constitucional de negociación colectiva, un derecho que forma parte del contenido esencial del de libertad sindical, con lo que se resalta jurídicamente la importancia del pleno ejercicio de dos derechos constitucionales en los que está plenamente reforzada la autonomía colectiva para regular intereses contrapuestos, autonomía que se recoge de forma explícita en el marco legal al prever el art. 86.3 que la vigencia máxima del convenio lo será “en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio”, siendo esta regla la que debe prevalecer, si existe, frente a la duración máxima de un año incorporada por la reforma laboral.

La defensa de esta tesis lleva a validar la defendida por las partes demandantes, ya que la dicción del art. 4 del convenio sobre su  prórroga hasta la entrada en vigor de otro convenio (con independencia de que la redacción literal del precepto se refiriera al convenio de 2010, dado que el mismo no existe) llevará a la Sala a defender la tesis que “está claro… que el propio Convenio pactó que su vigencia se extendería hasta la entrada en vigor de un nuevo Convenio”. Insiste la Sala en reforzar el valor jurídico de la autonomía colectiva de los sujetos negociadores para disponer sobre la vigencia de los convenios, y sólo en caso de falta de cláusula al respecto, sea antes como después de la entrada en vigor de la reforma, operaría la nueva vigencia máxima, y así enfatizan que la propia redacción del art. 86.3 de la LET tras la reforma “configura esta materia nuevamente como disponible por las partes, al atribuir al pacto la posibilidad de fijar un régimen distinto de aplicación del convenio”. En apoyo de su tesis acude a la  primera y bien fundamentada y argumentada sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio y su defensa de la vigencia del convenio denunciado que “ha regulado expresamente la aplicación de su contenido hasta la firma del nuevo convenio que lo sustituya”.

5. La misma tesis se defiende en la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria de 14 de noviembre. La lectura de esta sentencia tiene especial interés por la argumentación de la empresa para proceder a la inaplicación matizada o limitada del convenio colectivo propio en dos centros de trabajo a partir del 7 de julio de  2013, ya que la tesis de inaplicación a partir de esa fecha es la defendida por la empresa, y así se pone de manifiesto en la comunicación remitida a todos los trabajadores, si bien inmediatamente, y con la misma estrategia negociadora seguida por otras empresas y organizaciones empresariales, matiza que no dejará de aplicar el convenio inmediatamente, sino que lo hará a partir del 30 de septiembre, respetando mientras tanto, “exclusivamente a título individual” las mismas condiciones laborales que existían antes de aquella fecha. Por decirlo con las propias palabras del escrito empresarial, “Por todo ello, a falta de un pacto en contrario, el actual convenio colectivo de los centros de Vitoria y Urbina perderá su vigencia el día 7 de julio de 2013, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores . No obstante lo anterior, y a la vista de la predisposición de las dos partes al diálogo y a la voluntad de alcanzar un acuerdo, la Dirección de la empresa ha decidido aplicar a todo el personal activo, y exclusivamente a título individual, las mismas condiciones laborales que han regido hasta la actualidad, de manera temporal y hasta el 30 de septiembre del presente año como máximo, aplicándose a partir de esta fecha el régimen legal y, en su caso convencional, que proceda".

El debate jurídico se sitúa en términos casi idénticos a los planteados en la reciente sentencia de la AN de 19 de noviembre y que he analizado de forma detallada en una anterior entrada del blog. Se alega  por la parte empresarial que no se ha dejado de aplicar el convenio, sino que se comunica que así se hará a partir de una fecha más lejana en el tiempo, por lo que  la defensa procesal versará sobre la inexistencia de una modificación de condiciones de trabajo, si así se alega por la parte demandante, dado que se trata de un supuesto “ad futurum”; por otra lado, la parte demandante afina su estrategia jurídica para plantear la demanda por la vía del procedimiento de conflicto colectivo pero dentro del plazo de caducidad fijado por la Ley reguladora de la jurisdicción social para aquellas que versen sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo.

En efecto, la parte demandada alegó en el acto de juicio que “no hay interés jurídico protegible”, porque cuando se presentó la demanda, el 6 de agosto no se había producido alteración alguna de condiciones de trabajo, mientras que la parte demandante basó su estrategia, aceptada jurídicamente por la Sala al desestimar la excepción procesal propuesta por la demandada, en el hecho de estar ante un debate jurídico en el que se cuestiona la vigencia de un convenio colectivo, por lo que hay que articular la demanda a través del procedimiento elegido. Para la Sala, que rechaza la tesis empresarial, “la cuestión se plantea, en realidad en otros términos, puesto que la vigencia o no del convenio colectivo, en régimen de ultraactividad, constituye una premisa con relación a la pretensión, pues tal modificación sustancial impugnada, lo es, sobre la base de considerar vigente el convenio colectivo, en base a la voluntad debidamente manifestada por ambas partes”.

Tras realizar un cuidado estudio de la normativa vigente tanto con anterioridad a la reforma laboral como con posterioridad a la misma, la Sala pasa a examinar la redacción del convenio cuestionado, concluyendo que se mantiene su vigencia, y también se apoya en la sentencia de la AN de 23 de julio, por considerar que su dicción es clara a favor de la vigencia del convenio hasta la suscripción de uno nuevo que lo sustituya. Con las propias palabras de la sentencia, “el propio Convenio colectivo disponía en su art. 3, que "se mantendrá el régimen establecido, hasta que las partes afectadas se rijan por un nuevo texto, con independencia de las facultades reservadas a la autoridad laboral por la Ley", por lo que bien puede entenderse que el pacto al que hace referencia el art. 86.3 ET es aquél, incluido en el convenio y que se extingue por razón de la denuncia, en el que las partes establecieron las cláusulas y condiciones que estimaron pertinentes (plazo, materias afectadas por la ultraactividad, etc.) regulando de ese modo y en esos términos, la ultraactividad de su contenido normativo”.

En suma, el juzgador entiende que no hay un incumplimiento de la normativa prevista para la modificación sustancial de condiciones de trabajo o de inaplicación de convenio, puesto que ha quedado debidamente acreditado “un previo proceso de negociación para la renovación del convenio colectivo y la decisión final de la empresa de poner término a la vigencia del convenio anterior en régimen de ultraactividad, cuestión ésta que, más allá de cuáles puedan ser las verdaderas intenciones de la empresa, y de su real situación ha constituido el objeto del debate”.

6. Para finalizar esta entrada es obligado hacer referencia al primer voto particular que he encontrado en una sentencia de Sala sobre la vigencia del convenio una vez denunciado, ya que las dos sentencias de la AN, la del TSJ de Madrid de 18 de noviembre y la del TSJ de Murcia de 28 de octubre se dictaron por unanimidad.

El citado voto aparece en la sentencia del TSJ del País Vasco explicada en esta entrada, y está a cargo del magistrado Pablo Sesma. Su tesis, expresada de forma tajante en cuanto que entiende que los “términos literales” del art. 86.3 de la LET, relacionado con la disposición transitoria cuarta y disposición final vigésima primera (“La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado”) “no ofrecen duda alguna de interpretación”, le lleva a la utilización del art. 3.1 del Código Civil,  es decir a cómo deben interpretarse las normas (en el voto se refiere a “instrumento hermético” y creo que debe referirse a “instrumento hermenéutico”) para defender que el convenio colectivo enjuiciado (y añado yo ahora que esta tesis la puede aplicar a todos los convenios denunciados con anterioridad al 8 de julio de 2013) ha perdido definitivamente su vigencia, y rechazando que la expresión “salvo pacto en contrario” que tanta atención, estudio, análisis y debate ha merecido por un amplio sector de la doctrina laboralista, en el que me incluyo, así como también en las cuidadas y rigurosas argumentaciones de las sentencias dictadas hasta el presente por la AN, dos TSJ y varios Juzgados de lo Social, pueda aplicarse a los convenios colectivos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, es decir todos los que se negociaron con anterioridad, sino que se aplicaría a los convenios que se hayan negociado, y suscrito a partir del 8 de julio de 2012.

La tesis del voto particular, que sin duda merecerá el elogio del MEySS y de un sector de la doctrina, se alinea claramente con la reforma al decir que de aplicarse la norma tal como ha hecho la sentencia cuestionada “la norma quedaría vacía de contenido” ya que no podría aplicarse a aquellos convenios que se negociaron y denunciaron antes de la entrada en vigor de la reforma (reconociendo el voto particular que no necesariamente es siempre así, y añado yo que habría que acudir en su caso a cada texto convencional, aunque sí afirme que se trata de un número “muy elevado”), “lo que es evidente que no ha querido el legislador y que resultaría contrario a lo expresado por el mismo en la exposición de motivos de la Ley que dio la actual redacción al art. 86.3, párrafo 4ª”.

No es esta la tesis de todas las sentencias que he ido estudiando hasta ahora en el blog ni de gran parte de la doctrina laboralista que pone el acento en el valor constitucional del derecho de negociación colectiva y de la autonomía colectiva de las partes, e incluso desde una perspectiva de interpretación integradora del precepto con los restantes párrafos del mismo artículo 86 de la LET y con la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 hay una cuidada y rigurosa argumentación en la sentencia del TSJ de Murcia de 28 de octubre que va en una dirección contraria a la aquí expuesta.

Por otra parte, y frente a los reiterados intentos de argumentar que la exposición de motivos de la ley ya nos da la respuesta simple y sencilla a todo problema interpretativo de la norma, afirmo que no seré yo quien cuestiones cuál pudiera ser la voluntad (mens legislatoris), pero que la redacción de los preceptos litigiosos abona de forma clara y contundente la tesis de que la autonomía colectiva sigue teniendo un valor de primera categoría para acordar los términos de la negociación y en concreto de la vigencia del convenio, y que los preceptos litigiosos (mens legis) no han efectuado ninguna distinción (pudiendo hacerlo, con independencia del juicio de constitucionalidad que pudiera merecer tal tesis) entre convenios anteriores y posteriores a la reforma laboral.

Por ello, me sorprende que el voto particular acuda la tesis de la no vulneración del derecho a la negociación colectiva por el precepto en cuestión con la ya conocida alegación, recogida en sentencias del Tribunal Constitucional y del TS, que “cualquier ley puede modificar lo previsto por convenio colectivo tanto por vigencia como durante su prórroga”, de tal manera que el voto particular considera que la sentencia del TSJ del País Vasco, y añado yo que con el mismo criterio entrarían todas las dictadas hasta este momento, o al menos de las que he tenido conocimiento, “la considero vulneradora de la línea jurisprudencial reseñada”. No cuestiono la primacía de la ley, y así lo explico a mis alumnos y alumnas al estudiar los principios de interpretación y aplicación del Derecho del Trabajo, y sí que defiendo que la interpretación de un precepto legal ha de ser plenamente respetuoso con los derechos constitucionales en juego, mucho más cuando uno de ellos, el de negociación colectiva es contenido sustancial de un derecho fundamental, el de libertad sindical, y el TC ha reiterado en numerosas ocasiones que las normas deben interpretarse en términos que respondan al mejor ejercicio de tales derechos, y esto es lo que, con pleno amparo en el marco  constitucional y legal, y con una visión integradora y global de los criterios de interpretación del art. 3.1 del Código Civil han hecho hasta ahora todas las sentencias dictadas y que he ido analizando en mi blog…, pero desde luego habrá que esperar si esta tesis que defiendo es la acogida por el TS cuando se pronuncie en el recurso de casación contra la sentencia de la AN de  23 de julio.

Mientras tanto, buena lectura de la sentencia.