martes, 17 de diciembre de 2013

Europa sigue queriendo más reformas laborales en España. Me pregunto si conocen la realidad del día al día del mundo del trabajo.



1. El Diario Oficial de la Unión Europea publica hoy el Dictamen delConsejo, de  10 de diciembre, sobre elprograma de asociación de España, presentado ante la Comisión Europea el 1 de octubre. Dicho programa incluye aquellas medidas con las que se pretende dar respuesta a las Recomendaciones dirigidas por el Consejo a España en su Recomendación de 9 de julio de este año, y que según el Dictamen son las siguientes: “i) saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento (REP n o 1 y n o 2); ii) restablecimiento de las condiciones de préstamo a la economía (REP n o 3); iii) lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis (REP n o 4, n o 5 y n o 6); iv) fomento del crecimiento y la competitividad (REP n o 7 y n o 8), y v) modernización de la Administración Pública (REP n o 9)”.

Recuerdo ahora, con más detalle, cuáles eran las recomendaciones de contenido sociolaboral:

“1. ….Culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, incluso aumentando la edad efectiva de jubilación mediante el ajuste de la edad de jubilación o las pensiones de jubilación a los cambios en la esperanza de vida.

2. … Intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado.

4. Finalizar la evaluación de la reforma del mercado de trabajo de 2012, abarcando todos sus objetivos y medidas en julio de 2013 a más tardar, y presentar modificaciones, si es necesario, en septiembre de 2013 a más tardar. Adoptar el Plan Nacional de Empleo de 2013 a más tardar en julio de 2013, y realizar rápidamente una reforma de las políticas activas del mercado de trabajo, orientadas a la consecución  de resultados, por ejemplo fortaleciendo la focalización y la eficiencia de las orientaciones. Reforzar y modernizar los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación. Reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y de escasa cualificación. Poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo y acelerar la aplicación de la colaboración público-privada en los servicios de colocación para garantizar una aplicación efectiva ya en 2013.

5. Aplicar y hacer un seguimiento estrecho de la eficacia de las medidas de lucha contra el desempleo juvenil expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, por ejemplo mediante una garantía juvenil. Proseguir la labor encaminada a reforzar que la educación y la formación sea adecuada a las necesidades del mercado de trabajo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos al final de 2013 a más tardar.

6. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza y/o exclusión social reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado de trabajo, y mejorando el objetivo, la eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo, incluidos servicios de ayuda de calidad a las familias…”.

El Dictamen del Consejo pasa revista a las medidas propuestas por el gobierno español, buena parte de las cuales han sido objeto de atención en anteriores entradas de este blog cuando afectan a materias laborales y de protección social. Respecto a la reforma del sistema de pensiones, cuya ley se aprueba esta semana por el Congreso de manera definitiva, el Consejo aprueba esa medida, por otra parte tan insistentemente demandada desde hace varios años, no sólo para España sino para otros países, y lo hace en estos términos: “Los cambios introducidos y por introducir en el sistema de pensiones son de gran calado. La regulación propuesta del factor de sostenibilidad y la nueva fórmula de actualización de las pensiones, junto con la reforma de la jubilación anticipada adoptada en el mes de marzo de 2013, son importantes medidas de aumento de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de contención del galopante aumento del gasto en pensiones”. Me gustaría que el Consejo se preocupara también por otros “galopantes” gastos que sólo benefician a una parte muy reducida de la población europea, pero no estoy seguro, dejémoslo aquí, de que sea precisamente así.

El Dictamen hace referencia a las medidas adoptadas por el gobierno español para proseguir con la aplicación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, y manifiesta su confianza con que esta medida, junto con la de plan de control tributario y aduanero, “generen ingresos suplementarios, contribuyendo con ello al esfuerzo de saneamiento presupuestario”.  No hay que negar, desde luego, el esfuerzo desplegado desde el MEySS para luchar contra las prácticas empresariales ilegales (empresas ficticias) y el control sobre el empleo irregular y la percepción indebida de prestaciones sociales, pero no tengo, ni creo que la tengan muchos ciudadanos, la percepción de que se esté actuando con la misma intensidad en los altos niveles de las finanzas donde algunas decisiones tienen un coste económico para el erario público muchísimo mayor que las irregularidades o ilegalidades en el ámbito laboral.   

Igualmente, el Dictamen se refiere a la información facilitada por el gobierno español sobre la reforma laboral de 2012 y su evaluación, así como también a “la reforma en curso de las políticas activas de empleo, la aplicación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y la introducción de asociaciones público-privadas en los servicios de colocación”, criticándose desde el poder europeo que no haya “ más allá de esta colaboración con las agencias de empleo privadas, planes concretos para profundizar en la modernización de los servicios de empleo público”. No deja de ser curiosa (¿desconocimiento de la realidad laboral, tanto normativa como del día al día de aquello que ocurren en los centros de trabajo y de la negociación colectiva?) la tesis del Consejo de que “tras la evaluación de la reforma laboral de 2012, el programa de asociación económica no contempla medidas que abunden en la consolidación de esa reforma”.

Bueno, parece que el gobierno español hará parcialmente caso a esta crítica, aunque no sea con la rotundidad (¿contrato único?) que el Consejo desearía, ya que se anuncian inminentes reformas en materia de contratación a tiempo parcial, con la ampliación del contrato indefinido de fomento de empleo de apoyo a emprendedores a esta modalidad contractual (hasta ahora sólo se permite su formalización a tiempo completo), y la “simplificación” de los modelos (de momento se insiste en que no se trata de reducir tipos o modalidades contractuales) de contratos, al objeto de facilitar un incremento del volumen de contratación (que yo sepa, es la actividad económica es la que genera empleo, y no las reformas administrativas). Sobre este último punto, la prensa económica se hace eco hoy de información facilitada por responsables del MeYSS según la cual en pocos días “lanzará una página de Internet que permitirá a las empresas elegir por sí mismas, en sólo cinco pasos y de forma personalizada, cuáles son los tipos de contratos que se adecuan a sus necesidades”.

Pero en fin, formuladas las críticas a la lentitud de las reformas de las políticas de mercado de trabajo (creo que el Consejo, insisto, no se refiere sólo a las medidas de políticas activas o pasivas de empleo y protección del desempleo, sino también a la ordenación de las relaciones contractuales y a la introducción de aquello que denominan “mayor flexibilidad” en la relación contractual empresario – trabajador), el Consejo reconoce que la reforma “parece haber propiciado la flexibilidad interna de las empresas y la moderación salarial, y por tanto limitado –ceteris paribus– la destrucción de empleo”. Creo que el Consejo podría suprimir su precaución (“parece”) sobre el incremento de la flexibilidad interna de las empresas y  la moderación salarial, ya que los datos estadísticos del MEySS avalan suficientemente esta tesis. Que se haya limitado la destrucción de empleo es algo más complejo de determinar si se repara en cómo se evalúa la reforma tanto por el gobierno como por los agentes sociales.

2. Junto al Dictamen del Consejo hay que citar también la “Declaración dela Comisión Europea y el Banco Central Europeo tras la conclusión del Quinto examendel Programa de Asistencia Financiera a España”, hecha pública en el día de ayer tras la visita efectuada a España del 2 al 13 de diciembre, en la que se manifiesta que nuestro país “ha superado graves problemas en algunos ámbitos de su sector bancario gracias a las reformas y medidas adoptadas, con el apoyo de la zona del euro y de iniciativas europeas más amplias”, expone que el proceso de reestructuración de las entidades que han recibido ayudas públicas “avanza por buen camino, guiado por los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea”, y que los  esfuerzos para aplicar las medidas acordadas “deben continuar según lo previsto”.

La Declaración no olvida efectuar referencias a la situación macroeconómica de la economía española, y cuya evolución (no sé si optimista en términos cuantitativos, pero con muchas dudas por mi parte de que dicho optimismo pueda aplicarse en términos cualitativos de la realidad cotidiana laboral de las condiciones de trabajo) califica de “alentadora” porque a su parecer “refleja el avance en el proceso de ajuste de la economía española y corrobora la expectativa de una recuperación gradual de la actividad y de que la destrucción de empleo se acerca a su fin”. No obstante, alerta de la existencia de riesgos que podrían alterar tal situación, e insiste una vez más que “el respeto pleno de los objetivos de saneamiento presupuestario acordados ―con el fin de revertir el aumento de la deuda pública― y la conclusión del programa de reformas siguen siendo imperativos para la que la economía vuelva a una senda de crecimiento sostenible, solicitando entre otras medidas el mantenimiento del impulso “para finalizar las reformas actuales y previstas —entre ellas… el mayor fortalecimiento de las políticas sobre el mercado de trabajo..”.

Les confieso que me voy a comprar un diccionario (si existe, que lo dudo) para comprender el significado de algunas expresiones utilizadas en documentos comunitarios, aunque quiero pensar, y lo digo sólo desde mi experiencia de persona conocedora, jurídicamente hablando, del mundo laboral, que se pretende lo mismo que en el Dictamen de la Comisión, esto es una muy superior flexibilidad en la regulación de tales políticas y un papel mucho más activo del sector privado. ¿Es esa la solución mágica para nuestro mercado laboral?

Buena lectura de los documentos.