sábado, 12 de octubre de 2013

De la España oficial a la real. De los datos macroeconómicos a la difícil y dura realidad de muchas personas. El VIII Informe del Observatorio de la realidad social.



1. Hace ahora poco más de un año, el 21 de septiembre de 2012, publiqué una entrada enmi blog con el título “Una nota sobre el VII Informe del Observatorio de la realidad social. Una mirada muy cercana a la crisis.”, cuyo primer párrafo sigue siendo totalmente válido a día de hoy, incluso diría que más que hace doce meses, y que decía lo siguiente: “Leer los informes del Observatorio de la realidad social, elaborados por el equipo de estudios de Cáritas Española debería ser obligatorio para todos los responsables políticos y sociales. En pocas páginas, pero con una gran claridad, concreción y precisión, se aportan datos extraídos de la realidad cotidiana con la que trabajan las Cáritas Diocesanas y como está evolucionando una parte importante de la sociedad española durante la crisis iniciada en 2008”.

2. Me acerco ahora al comentario de los datos más relevantes del VIII Informe, presentado el pasado día 10, que leí en mi desplazamiento desde la UAB a Barcelona mientras escuchaba problemas laborales de personas que estaban a mi alrededor en el tren, y hay que reconocer que sus autores han dado, acertado, con un título, que ya nos da la pista de aquello que es su contenido, básicamente poner de manifiesto el incremento de las desigualdades y el empobrecimiento de una parte no poco importante de nuestra sociedad: “El empobrecimiento y desigualdad social. El aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece”. En la ficha técnica del Informe se explica que los datos utilizados provienen del 91 % de las Cáritas Diocesanas y que la mayor parte de la información utilizada se refiere a 2012, “ampliando las representaciones temporales de los indicadores que hemos venido recogiendo (en los siete informes anteriores) para ver su evolución hasta el año 2012”.

El documento trata cuatro grandes cuestiones: en primer lugar, la situación de desigualdad y empobrecimiento de la sociedad española; a continuación, las características de las personas empobrecidas; inmediatamente después, las condiciones de acceso a los derechos sociales; por fin, la acogida y asistencia de esas personas en Cáritas. En la presentación pública del Informe, y también de la Memoria 2012 de lainstitución, a cargo del obispo responsable de Cáritas en la CEPS (Comisión Episcopal de Pastoral Social), monseñor Alfonso Milián, y el presidente y secretario general de Cáritas Española, Rafael del Río y Sebastián Mora, respectivamente, se puso de manifiesto que el documento “constata la existencia en España de situaciones y hechos que indican un creciente empobrecimiento de la sociedad y el aumento del riesgo de fractura social. Más allá de la coyuntura de la crisis, este deterioro está consolidando una nueva estructura social donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad”.

A) Como acabo de indicar, en el primer capítulo se aborda el proceso de desigualdad y empobrecimiento de la sociedad española, que afecta más intensamente a las personas y familias más pobres y excluidas de la sociedad, y no sólo se acude a la información interna sino también a diversos estudios publicados en los últimos tiempos (del Consejo Económico y Social, de la Fundación Alternativas, FOESSA) que confirman el aumento de la desigualdad social en España, tanto respecto a la distribución de la renta como del acceso al empleo y a los derechos sociales (sanidad, educación, prestaciones públicas), proceso que va de la mano con una concentración  mayor de la riqueza puesta de manifiesto a partir de los datos de la Oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat: con datos de 2011, “el 20 % de la población más rica concentra 7,5 % veces más riqueza que el 20 % más pobre, cuando esta relación era de 5,5 veces más en el 2008…”.

En apoyo de la tesis del incremento de la desigualdad, y su especial impacto sobre una parte de la población, se aportan datos del período comprendido entre 2007 y 2012, tales como el incremento de la tasa de pobreza de los hogares (19,7 a 21,1 %), de la tasa de pobreza severa (3,5 a 6,4 %), del número de personas desempleadas (8,6 a 26 %), de las ejecuciones hipotecarias (25.943 a 91.622), y de las personas perceptoras de las rentas mínimas de inserción (103.072 a 223.940, en el bien entendido que los beneficiarios totales de las mismas pasan de 299.756 a 554.089).

Las situaciones de mayor dificultad afectan a diversos colectivos en proporción bastante superior a la media, de tal manera que se ven muy reflejadas entre las personas que viven en hogares donde la intensidad laboral es muy baja (se trata de hogares “en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su potencial durante el año de referencia), de los ciudadanos extracomunitarios (un 43,5 % bajo el umbral de pobreza en 2011, 13,5 % puntos más que en 2007), las familias monoparentales, personas con estudios primarios o inferiores, y los menores de 16 años. Hay un dato que merece especial atención a mi entender cuál es la mejora significativa (8 puntos) de las personas mayores de 65 años que han pasado por encima del umbral de pobreza en este período, y su contribución a la contención de los efectos de la crisis en las familias, algo que no sé si podrán seguir manteniendo los próximos informes que tomen ya en consideración, si no hay cambios de última hora, el nuevo marco normativo en materia de pensiones que está en fase de tramitación parlamentaria y al que me he referido críticamente en una anterior entrada del blog.

Piénsese, por otra parte, en la importancia de estas prestaciones en particular, y de la familia en general, para atenuar, a modo de colchón protector, la situación de crisis en aquellas hogares donde sólo existe ese ingreso o los demás son reducidos y precarios, y cómo se está trasladando desde los poderes públicos al ámbito familiar la solución de muchos problemas, siendo así que de esta manera, tal como constata el informe, se incrementa y mucho la carga económica y emocional de las familias, “sosteniendo en el tiempo una situación que a veces les lleva al desbordamiento y al deterioro de los valores al convertirse en urgente y prioritaria la subsistencia”.

B) ¿Cuáles son las características de las personas empobrecidas? Sigue siendo, al igual que en informes anteriores, un rostro preferentemente femenino, con un mayor número de personas desempleadas de larga duración, parejas solas jóvenes (20-40 años) con hijos, y familias monoparentales (preferentemente con una mujer al frente).

Otro dato de especial interés es la comparación que realiza el documento entre diversos colectivos de la población atendida por Cáritas y su peso en la población total en España, de tal manera que podemos comprobar que la proporción de personas inmigrantes atendidas es 5 veces superior (9,2 y 46,3 % respectivamente), que la de personas desempleadas en 2,7 veces superior, que la población sin ingresos es 10 veces superior, o que el número de personas atendidas con estudios primarios o inferiores es el doble, por lo que se constata que el mundo de la pobreza, el que es bien conocido por Cáritas, “se desarrolla especialmente entre los inmigrantes, los parados y las personas con baja formación académica”.

Un dato de especial interés, y vuelvo a resaltarlo, es el hecho de que casi la mitad de las personas atendidas por Cáritas son inmigrantes, una circunstancia vinculada sin duda a la situación de crisis del empleo y de aumento del número de personas desempleadas y que lleva a una parte de la población extracomunitaria (sin olvidar tampoco los problemas de una parte de aquella de la UE) a pasar a situación de irregularidad sobrevenida y a la pérdida, si hubiera tenido derecho a ellas, de las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo, algo que en el Informe se califica “como uno de los rasgos más distintivos de la vulnerabilidad y del riesgo de exclusión social en España”. Repárese en este dato para confirmar la gravedad de la situación: el 21,5 % de los inmigrantes atendidos en 2012 estaban indocumentado o en situación de irregularidad, estimándose que Cáritas “atiende al año alrededor de 100.000 personas en situación de irregularidad”.

La situación económica de las personas empobrecidas es ciertamente preocupante; su media de ingresos es de 345 euros mensuales (el umbral de pobreza se sitúa en 625,6 euros/mes en 2011), y un tercio de las personas atendidas no disponen de ingresos, mientras que estos ingresos sólo provienen del trabajo (en gran medida precario o de la economía irregular) para un 19,7 % de las personas que acuden a los servicios de Cáritas. La información obtenida de las Cáritas diocesanas permite constatar que la situación económica de las personas atendidas durante el período 2007-2012 “ha empeorado mucho” (paso de una pobreza coyuntural a estructural), y que los motivos de ello son el desempleo, la precarización de las condiciones laborales, el endeudamiento de los hogares, la insuficiencia del sistema de protección social y la falta de apoyo familiar.

En suma, los datos disponibles, tanto los oficiales que provienen de las instituciones y organismos públicos internacionales y españoles, como el conocimiento directo de la realidad de las personas que sufren la crisis, lleva a los autores del Informe a afirmar que “la cronicidad está aumentando, y que se está reforzando no sólo la precarización social, sino también el proceso de consolidación de una sociedad dual”, dado que un tercio de las personas que demandan ayuda de la institución lo vienen haciendo durante más de tres años consecutivos, abarcando el perfil de estas personas un amplísimo espectro de la  población española: “desempleados de larga o muy larga duración; jóvenes desempleados en busca del primer empleo; mujeres solas con cargas familiares; familias jóvenes encabezadas por padres de 20 a 40 años de edad con uno o dos hijos pequeños; e inmigrantes en situación de irregularidad, especialmente sobrevenida”.

C) Un rasgo específico de la crisis es el recorte de derechos sociales (en la neolengua política se habla de “ajustes”, aunque no se dice si es para que el cinturón sea más amplio o más estrecho, si bien la respuesta a favor de la segunda opción es clara y manifiesta), cuestión que es abordada en el tercer capítulo, dedicado a las condiciones de acceso a los derechos sociales. El impacto es especialmente negativo en las personas atendidas por Cáritas, y puedo afirmar que también para una parte de la sociedad (no es casualidad que existan las mareas verdes y las mareas blancas, por referirme a la situación conflictiva en el mundo de la educación y de la sanidad).

El informe constata que en materia de sanidad los recortes operados están provocando un aumento del gasto en medicamentos, situaciones de desatención sanitaria (en buena medida, pero no de forma exclusiva, para población inmigrante y muy especialmente para la que se encuentra en situación irregular – piénsese en el endurecimiento de los requisitos de empadronamiento, por ejemplo --), el abandono de tratamientos médicos por su elevado coste, y algo que no es directamente producto de los recortes pero que sí encuentra su razón de ser en los mismos, cuál es la situación de “miedo y estrés en inmigrantes en situación de irregularidad” ante las dificultades (y las diferencias de trato existentes en las diversas Comunidades Autónomas) para poder acudir a la sanidad pública.

No menos preocupantes son los recortes en educación, que conllevan (y no creo desde luego que la nueva Ley Orgánica denominada de “mejora de la calidad educativa” lo resuelva) aumento de gasto de las familias, restricción de becas, falta de atención a necesidades educativas especiales y situaciones de desigualdad (siendo el ejemplo más significativo el poder realizar o no actividades extraescolares).

Respecto a las prestaciones sociales públicas, los recortes en los servicios sociales están provocando situaciones de mayor desprotección social como consecuencia de la reducción de la calidad de los servicios (véanse los datos de la encuesta de población activa para comprobar el importante recorte de personal en este sector) y el retraso y endurecimiento de los requisitos de acceso a tales prestaciones, cuando no, lisa y llanamente, la supresión del acceso. Piénsese especialmente, y así lo hace el informe, en las medidas restrictivas adoptadas en el ámbito de la dependencia, que han llevado a la pérdida de la ayuda económica de los cuidadores familiares, el aumento de la población dependiente sin cobertura, la reducción de las prestaciones concedidas o revisadas, y, como ya he apuntado, los retrasos en la valoración y en la concesión efectiva de la cuantía económica concedida”. La situación es aún más preocupante en cuanto que sólo un tercio de las personas atendidas por Cáritas perciben algún tipo de prestación económica pública (es decir, prestaciones contributivas o asistenciales, rentas mínimas y ayudas de emergencia).

Dicho sea incidentalmente, un dato que demuestra la gravedad de la situación, y al que se refiere el Informe, es que el sistema de las RMI, es decir el mecanismo que cubre a las personas que no tienen derecho a otro tipo de prestaciones, y además sujeto a diversas condiciones, alcanza sólo al 17 % de la población bajo el umbral de la pobreza severa. Las Cáritas diocesanas constatan que, como media en toda España, se ha incrementado el período que media entre la solicitud y el cobro efectivo, que alcanzaba 198 días en 2012, unido a un endurecimiento de los requisitos para poder percibirla (ej: exigencia de empadronamiento y aumento del tiempo mínimo que debe estar en el municipio); también, el endurecimiento y ampliación de los requisitos sociales y económicos; las importantes diferencias por razón de la cuantía básica, que van desde los 658,5 euros mensuales en el País Vasco a los 300 de la Región de Murcia según el Informe del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad del año 2011; en fin, la falta de liquidez y la insuficiencia de un presupuesto suficiente por cada autonomía para atender a todas las solicitudes (el debate producido en Cataluña durante el segundo semestre de 2012 es un claro ejemplo de esta dificultad).

D) Por último, el cuarto capítulo está dedicado a la acogida y asistencia en Cáritas, sintetizando toda la problemática actual en tres grandes aspectos: de una parte, el mantenimiento de la tendencia de crecimiento del número de personas atendidas; de otra, la constatación de que quedan necesidades básicas por cubrir que no lo hace nuestro actual de modelo de bienestar; en fin, que las situaciones de pobreza y exclusión social no responden a una única problemática.

La frialdad de los datos esconde que detrás de los números hay personas, pero esa misma frialdad ayuda a entender las dificultades por las que pasan muchas personas, siendo significativo que desde 2007 a 2012 el número de personas atendidas ha pasado de 370.251 a 1.300.914, con un importante número (340.000) que han acudido a Cáritas por primera vez en 2102. En la España de 2013, en un país del llamado mundo desarrollado, nos encontramos con que la demanda de subsistencia, es decir de alimentación, es la más importante, seguida de otra no menos importante para esa subsistencia como es la vivienda, y las dos antes de la petición de empleo. Las ayudas económicas para personas solas (26 %) y familias (74 %) alcanza casi los 44 millones de euros, con un peso muy importante, como acabo de indicar de la alimentación (40 %) y vivienda (25 %).

A modo de síntesis del informe, hay una reflexión-constatación en esta cuarta parte del Informe que me parece muy relevante: durante la primera parte de la crisis (iniciada en 2008) los efectos de las crisis fueron amortiguados por las prestaciones públicas (señaladamente las prestaciones por desempleo) y por la protección familiar: en el momento actual, el hecho del mantenimiento del desempleo (con la importancia que tiene el de larga duración), las políticas de recortes de prestaciones sociales, y el correlativo impacto sobre las familias de la crisis y de dichos recortes, han creado, para los autores del Informe, “un caldo de cultivo para el comienzo de una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social con efectos más intensos”.

3. Concluyo. Mi comentario es sólo una breve síntesis (o así lo he intentado) del contenido más relevante a mi parecer del Informe. Para conocer todos los datos, y la magnitud de la gravedad de la situación, lean por favor todo el documento, y después piensen en cómo es y cómo se está estructurando (o mejor dicho desestructurando) nuestra sociedad.