Una nota sobre el VII Informe del Observatorio de la realidad social. Una mirada muy cercana a la crisis.

Leer los informes del Observatorio de la realidad social, elaborados por el equipo de estudios de Cáritas Española, debería ser obligatorio para todos los responsables políticos y sociales. En pocas páginas, pero con una gran claridad, concreción y precisión, se aportan datos extraídos de la realidad cotidiana con la que trabajan las Cáritas Diocesanas y como está evolucionando una parte importante de la sociedad española durante la crisis iniciada en 2008.

El miércoles 19 se hizo público el VII Informe, cuya información cuantitativa se refiere en gran medida al año 2011, por lo que cabe razonablemente pensar que el próximo Informe contendrá aún datos más preocupantes. El documento trabaja con información recibida de casi el 90 % de las Cáritas diocesanas y  ofrece una muy interesante información sobre cuatro ámbitos: demandas de ayuda y respuestas de intervención desde los servicios de acogida y asistencia de la institución; la extensión, intensidad y cronificación de la pobreza; características y perfil de las personas que solicitan ayuda; en fin, cuáles son las condiciones de acceso a los servicios sociales y a las prestaciones públicas para las personas en situación de pobreza social. En su presentación pública, el secretario general de Cáritas,Sebastián Mora, manifestó con claridad que “Estamos erosionando de manera intensa los mecanismos sociales de protección de la dignidad de las personas”.

Los datos cuantitativos del informe son impactantes, pero también lo son las reflexiones y constataciones de la razón del incremento de personas atendidas, que han pasado de 370.251 en 2007 a 1.015.276 en 2011, algo que ha llevado a una cierta ralentización de la actividad por no poder asumir más demandas y tener necesidad de concentrarse en las situaciones más graves, que de continuar en esta línea podría llevar a que un sector de la población carente de recursos públicos y que antes era atendida por Cáritas pueda quedar fuera de los circuitos de protección social.

Otro dato numérico relevante es el incremento del número de solicitudes de ayuda por personas (que en 2011, ha sido de 2,7), consecuencia tanto de la pérdida de empleo como de imposibilidad de hacer frente a determinados gastos en los hogares y a la reducción de la protección social pública como consecuencia de las medidas adoptadas por los poderes públicos, algo que es un claro motivo de preocupación para el equipo redactor del Informe, ya que demuestra que la evolución de las solicitudes de ayudas “expresa la consolidación de una estructura social en la que un elevado número de personas y familias han quedado sin esperanza en su proyecto vital”.

Las solicitudes de ayudas, que se concentran en gran medida en la cobertura de necesidades económicas (alimentación y vivienda) encuentran su razón de ser  en la crisis económica y en las decisiones adoptadas por los poderes públicos. Por una parte, una situación de desempleo prolongado que lleva al incremento del número de personas desempleadas de larga duración, unido al agotamiento de las prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo, y añado aquí que basta acudir a los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para comprobar el descenso de la tasa de cobertura de la población desempleadas, y una cobertura que prácticamente se distribuye al 50 % entre quienes perciben las contributivas y quienes ya sólo disponen de los subsidios regulados en la Ley general de Seguridad Social. Por otra, la pérdida de recursos lleva a dificultades en ocasiones insalvables (el día a día lo pone de manifiesto) para poder hacer frente al pago de gastos obligatorios, señaladamente el de las hipotecas, y en este sentido cabe destacar los acuerdos de algunas Cáritas con los poderes públicos y entidades bancarias para buscar fórmulas de atenuar esta grave situación, aún cuando tampoco son menospreciables los problemas derivados de impago de los suministros de la vivienda como son el agua, luz o gas, que todos sabemos (y la mayor parte sufrimos) “que se han visto más aumentados por el incremento de los precios y de los impuestos”.

En fin, la reducción de las prestaciones sociales públicas no tiene sólo un rostro cuantitativo, sino también cualitativo en cuanto que el incremento de requisitos que se requieren para acceder a algunas prestaciones, señaladamente las asistenciales (me viene inmediatamente a la mente la reforma del programa PREPARA y la modificación de la normativa de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña) llevan a una disminución del número de personas que pueden acceder a ellas, y que el Informe recoge en términos de “retrasos, endurecimiento de requisitos y condiciones, baja intensidad de cobertura en necesidades básicas, y eliminación de ayudas y prestaciones”.

La foto de la crisis incluye cifras y personas, poniendo de manifiesto, por si alguien aún lo dudaba, que se centra en colectivos desfavorecidos y que no son una mínima parte de la población, y que su carácter estructural implica un riesgo innegable de dualización y de falta de cohesión social, ya que no puede calificarse de otra forma una situación de acumulación de desventajas en más del 25 % de la población española. De ahí que el Informe no sólo constate el incremento de la pobreza, sino también de las desigualdades, con el aumento del desempleo, la precarización de las relaciones laborales (algo que la reforma laboral de 2012 puede contribuir a incrementar aun cuando su deseo formalmente manifestado sea el contrario) y el incremento del número de trabajadores cuyos ingresos no permiten superar el umbral de pobreza, que el Informe sitúa ya en el 14,4 % (alrededor de 2,5 millones) con un umbral de pobreza que ha caído de 7980 € en 2009 a 7.818 € en 2010, y que no ha impedido, por ejemplo, que el número de perceptores de rentas mínimas en toda España se haya prácticamente duplicado en cuatro años, pasando de 103.071 personas en 2007 a 192.633 en 2010.

Estas realidades, que afectan sobremanera a hogares “con sustentadores principales jóvenes  y en los hogares con menores”, cada vez encuentran menos respuesta protectora en los sistemas de protección social, se perciben con mayor claridad en algunos territorios, y además encuentran menor protección igualmente en el ámbito familiar, tanto porque la crisis ya no afecta en muchas ocasiones a un solo miembro, sino también por el proprio proceso de debilitamiento de la red familiar (disminución del tamaño medio de la familia española, aumento de hogares unipersonales y de familias monoparentales, elevado número de separaciones y divorcios, etc), aun cuando no deja de ser significativo que sean ahora las pensiones de los mayores las que permitan la subsistencia de muchas unidades familiares en las que no hay otros ingresos, al menos regulares.  

No se olvida el informe de la situación de la población inmigrante en situación irregular, especialmente desfavorecida  por su estatus administrativos y las vinculaciones de gran parte de las ayudas y prestaciones a la situación de regularidad (autorización de residencia y, en su caso, de trabajo), que es un colectivo que ha incrementado sensiblemente sus peticiones de ayuda, calculándose que Cáritas atiende cada año a 130.000 personas en situación de irregularidad, personas que existen aunque algunos no quieren verlo ni saberlo.

La pobreza se concentra entre inmigrantes, desempleados y personas con baja formación académica, y la media de ingresos de una persona atendida es de 322 euros/mes cuando el umbral de pobreza para una persona es de 651.5 euros por personas. Son datos con los que cierro esta nota y animo a los lectores y lectoras del blog a leer el documento para conocer mejor, y muy de cerca, la realidad de la crisis.