Reproduzco el artículo que publiqué yer domingo en La Vanguardia, que dedicó un amplio reportaje a la reforma de las pensiones (texto sólo disponible para suscriptores), escrito por su redactor Lalo Agustina.
"La Recomendación
del Consejo de 29 de mayo pide al
gobierno español “culminar al final de 2013 a más tardar la regulación del
factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo
plazo del sistema de pensiones, estableciendo, entre otras cosas, que la edad
de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida”.
Como buen y
aplicado alumno el gobierno español presenta una reforma que cuestiona frontalmente
la Ley 27/2011, aprobada con vocación de garantizar un tránsito prudente y
equilibrado del sistema público de pensiones, reformas que deben realizarse con
previsiones a muchos años vista. Se basa, para ello, en un informe de un comité
de doce expertos, en su mayoría economistas y con algún jurista de prestigio
(que, por cierto, se abstuvo en la votación final del texto), informe que ya
tiene su réplica clara y contundente en otro reciente informe de veinticuatro economistas
y juristas que ponen sobre la mesa las medias verdades y las reales finalidades
del proyecto gubernamental.
Un proyecto de
reforma que adelanta el factor de sostenibilidad muchos años y que argumenta la
necesidad de adoptar medidas por el incremento del gasto cuando el dato
fundamental y que debería revisarse es por qué han caído los ingresos y qué hay
que hacer para incrementarlos. ¿No es necesario preguntarse cómo ha impactado
la reforma laboral en la disminución del empleo, el incremento del trabajo a
tiempo parcial y la citada caída de ingresos de la Seguridad Social? ¿No es
necesario plantearse la necesidad de revisar el marco jurídico de las cuotas a
la Seguridad Social y cuestionarse los topes, las bases máximas y mínimas de
cotización?
Una reforma que
cambia la fórmula de revalorización de las pensiones y que las deja a la
evolución de la economía y con unas previsiones (memoria de impacto) que están
por debajo de los datos con los que trabaja la propia Unión Europea a medio
plazo, y que implicarán, dicho sea sin tapujos, pérdida de poder adquisitivo de
los pensionistas durante varios años.
Juristas y
economistas, y obviamente los políticos, debemos hacer un esfuerzo para saber
cómo abordar un problema crucial, cual es la calidad (ya no dijo mejora) de
vida de la población jubilada, y el gobierno ser consciente de que cruzar una
línea roja puede suponer una quiebra importante del consenso social. No sé si
esto lo que pretende, pero desde luego parece que vaya por este camino".
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