La importancia de las actas del período de consultas y el respeto de las reglas formales en los ERES. Comentario de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En mi seguimiento de la base de datos del CENDOJ he podido acceder a dos nuevas sentencias, dictadas por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, que resuelven las demandas interpuestas contra los despidos colectivos llevados a cabo en procedimientos de ERES. Destaco sus contenidos más relevantes.

1. La sentenciade 14 de diciembre de 2012, de la que fue ponente el magistrado Antonio Vicente Cots, versa sobre las demandas presentadas por la C.S. de CC OO del País Valenciano y por la Federación de Industria de la UGT del País Valenciano contra una empresa, en las que se solicitó la declaración de nulidad de la decisión de extinguir los contratos de trabajo de 90 trabajadores, y de manera subsidiaria la declaración de no ajustada a derecho de dicha decisión.

Queda constancia en los hechos probados del inicio de la tramitación del ERE por parte de la empresa el 6 de julio, con la propuesta de extinción de 96 contratos de trabajo de una plantilla integrada por 254 trabajadores, con alegación de causas económicas, productivas y organizativas, así como también la celebración de nueve reuniones durante el período de consultas y la finalización sin acuerdo. Especialmente interesante es el hecho probado cuarto, en el que la Sala efectúa un resumen de aquello que considera más importante del contenido de las actas de las reuniones del período de consultas, con mención a las propuestas y contrapropuestas de las partes, la aceptación por parte de la empresa durante la negociación de una propuesta de reducción del número de contratos a extinguir a cambio de contrapartidas salariales, a lo que el comité de empresa responde con otra contrapropuesta, y las explicaciones dadas por los representantes de la empresa a las diversas peticiones formuladas por la parte trabajadora. Queda constancia igualmente en los hechos probados que la situación negativa de la empresa, acreditada por la documentación presentada, “se consolida como crisis estructural y no como simple coyuntura adversa”, y que inicialmente fueron incluidos en el ERE algunos miembros del Comité de Empresa porque estaban asignados a líneas de producción que iban a desaparecer tras el ERE, si bien finalmente la empresa retiró a dichos representantes de la decisión de extinción.

El interés de la sentencia radica a mi parecer en las numerosas referencias que se contienen en los fundamentos de derecho al “contenido de las Actas” del período de consultas, y que pone de manifiesto una vez más que los debates, negociación, presentación de propuestas y contrapropuestas en dicho período, está teniendo una importancia de primer orden para resolver los conflictos que llegan a los tribunales (incluso en caso de no modificación de la propuesta inicial de la empresa, ya que en tal caso sólo se acepta su validez cuando esta acredita debidamente la gravedad de la situación económica empresarial que le impide formular otras propuestas alternativas o aceptar una o varias de la parte trabajadora).

La Sala no acepta, en primer lugar, determinadas alegaciones de las demandantes porque no fueron expuestas en la demanda y se presentaron por primera vez en el acto del juicio, y a continuación expone que “atendido el contenido de las actas” no puede deducirse que la empresa ejerciera presión sobre la representación de la parte trabajadora para la firma del ERE por no haberse pagado aún la nómina del mes de julio y anunciar que se pagaría con atraso, ya que dicha situación venía también acompañada de la apertura del período de consultas para la modificación sustancial de condiciones de trabajo (junto a la presentación del ERE). Obsérvese, dicho sea incidentalmente, que ya se han suscitado varios conflictos en los que las empresas presentan conjuntamente un ERE, extintivo o de suspensión, y una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y que en este caso concreto no se entrado a valorar sobre su conformidad a derecho, que si se ha aceptado por la Audiencia Nacional.

Según la Sala, a partir de los hechos probados se constata que la empresa presentó toda la documentación a que estaba obligada por la LET, la normativa reglamentaria entonces vigentes (RD 801/2011) y la LRJS, por lo que no procede aceptar la tesis de la parte demandante de incumplimiento de los requisitos formales, no siendo preceptiva la aportación del Plan de Negocio 2012-2015 elaborado por la empresa para la planificación de su futuro, en el bien entendido que sí se presentó, según las Actas, una primera versión de ese documento en las reuniones del período de consultas. La Sala entiende que debe ser de aplicación lo dispuesto en el art. 51 de la LET, aún cuando también se refiere a los requisitos previstos en el RD 801/2011 para afirmar que, en el supuesto de que se considerara de aplicación, también se han respetado por la empresa.

¿Ha existido proceso negociador? ¿Ha habido fraude de ley por parte de la empresa al haber extinguido 90 contratos, cuando durante el período de negociación había llegado a proponer sólo 69? La Sala responde a las dos preguntas en sentido favorable a las tesis empresariales, y nuevamente “atendido el contenido de las actas de las reuniones”. En especial, con respecto al hecho de haber extinguido un número de contratos superior al planteado en un momento determinado de la negociación, la Sala recuerda que esta es un juego de propuestas y contrapropuestas que finalmente llevarán a un acuerdo entre las partes, o que en caso de desacuerdo dejan libertad a la parte empresarial para adoptar la decisión que estime más adecuada a sus intereses, obviamente dentro del respeto a la normativa vigente. Para la Sala, y cito textualmente del fundamento de derecho cuarto, “el deber de negociar no obliga a pactar necesariamente, y si bien durante el periodo de consultas la negociación producida se encamina a la consecución de un acuerdo y se intenta aproximar las posturas, ofreciéndose soluciones o fórmulas con el objeto de fijar una postura final, si ésta no llega a producirse o producida no es aceptada, no queda la empresa vinculada por los ofrecimientos efectuados para conseguir el acuerdo y dado que en el presente supuesto no se alcanzó el acuerdo final no quedaban las partes vinculadas a las propuestas intermedias ofrecidas y por lo tanto no quedó consolidada la reducción del número de extinciones de puestos de trabajo formuladas a lo largo del proceso”.

Hay una cuestión ciertamente interesante en el litigio planteado, que versa sobre la alegación de discriminación hacia trabajadoras que habían cambiado de puesto de trabajo tras un parto o por reducción solicitada de jornada de trabajo, habiendo sido asignadas a líneas manuales de producción que se han visto afectadas por las extinciones. La Sala acude a las reglas de la LRJS y a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la traslación de la carga de la prueba a la parte demandada si la demandante aporta indicios suficientes de la existencia de dicha discriminación, algo que no se ha dado en este conflicto según la Sala, dado que el cambio de puesto de trabajo se produjo en su momento para atender, justamente, las peticiones de las trabajadoras y poder adecuarlas a su situación personal, manifestando la Sala que esa decisión empresarial “no fue cuestionada en su momento por las trabajadoras afectadas, ni consta hayan cuestionado tal adscripción como vulnerador de derechos fundamentales o discriminatorios, por lo que la alegación de la parte actora debe decaer”.

Por último, la sentencia pasa revista a la fundamentación de la causa económica alegada por la empresa, que considera suficientemente probada por los datos aportados en el expediente, y tratándose de un grupo de empresas se ha aportado la documentación que permite acreditar la situación negativa tanto del grupo como de la empresa, concurriendo el requisito requerido por el art. 51.1 de la LET, con independencia de cuál sea el volumen de negocios de las mercantiles o los préstamos concedidos (argumentos de las partes demandantes), ya que para la Sala “lo determinante son los resultados negativos con un nivel de pérdidas muy elevado en el Grupo y en la mercantil demandada”. Probada la existencia de la  causa económica, el ERE es conforme a derecho y por tanto se desestima la demanda formulada, si bien la Sala quiere dejar constancia de que no han quedado debidamente acreditadas las otras causas, organizativas y productivas, alegadas por la empresa, debiendo destacarse su aseveración de que los datos aportados en la Memoria e informe técnico “carecen de la objetividad necesaria al tratarse de medios elaborados por la propia parte interesada”.    

2. La sentenciadictada el 28 de diciembre de 2012, de la que fue ponente la magistrada Isabel Moreno, tiene especial interés por poner de manifiesto el cúmulo de defectos formales en los que incurrió la empresa demandada durante la tramitación del ERE y que llevaron al Tribunal a declarar la nulidad del despido colectivo, atendiendo así la petición principal formulada en la demanda por el delegado de personal de la empresa.

En efecto, queda constancia en los hechos probados de que la empresa inició la tramitación del ERE el 9 de julio y que la documentación económica aportada se presentó sin auditar, y que hubo peticiones por la parte trabajadora de entrega de documentación adicional por entender que la empresa estaba obligada a ello, con respuesta de que “era suficiente la documentación presentada”. Con respecto a las actas, en la primera el actor firma (no así su abogado) añadiendo que “Esta acta es falsa”, y en la segunda se critica por la parte trabajadora que no se dispone de la información sobre las causas alegadas por la empresa. En cualquier caso, la empresa finaliza el período con la decisión de extinción de contratos de 13 trabajadores.

En los hechos probados también queda debida constancia de la existencia de varias empresas con estrecha relación con la principal demandada, que no disponían de trabajadores, y que quedará acreditado, en fundamentos de derecho, que actuaban con el objetivo de eludir la responsabilidad jurídica de la principal. Más interesante aún, por decirlo de alguna manera y para poner de manifiesto el flagrante incumplimiento por parte empresarial de las obligaciones legales, es la referencia contenida en el hecho probado cuarto al informe de la ITSS tras haber escuchado a las dos partes, en el que se pone de manifiesto que “Tras varias citaciones, el representante de la empresa no aportó la documentación requerida por la Inspectora que explique la partida de 630.443,22 € que se refleja como pérdida en la contabilidad de la empresa que la deja sin fondos propios y justifica su disolución, haciendo constar la Inspectora la falta de buena fe en la negociación del periodo de consultas, la desproporción de la medida extintiva y el incumplimiento empresarial consistente en la falta de solicitud del informe a que se refiere el art. 65.4 a) del Estatuto de los Trabajadores”.

En los fundamentos de derecho, la Sala concreta en primer lugar cuál es la normativa aplicable al litigo, esto es el art. 51 de la LET y el RD 801/2011, con mención a una sentencia anterior de la Sala en la que cuestionó la aplicación de la Orden ESS/487/2012, cuya obligatoriedad “es ciertamente dudosa cuando no claramente ilegal, porque no deja de ser una interpretación ministerial que pretende dotar de vigor a una norma, en principio inaplicable a un supuesto en el que se ha producido un cambio de competencia y procedimiento y que expresamente prevé la posterior redacción de un Reglamento, ámbito que una Orden no puede cubrir". Sobre la admisión de una prueba pericial propuesta por la parte actora, que es aceptada por la Sala con concesión de un plazo muy breve, 10 minutos, antes de la práctica de la prueba, por entender que el documento contenía datos suficientemente conocidos por la parte demandada, es importante la referencia al artículo 32.2 del Código de Comercio, que excluye de la protección del derecho empresarial al secreto contable los supuestos de ERES; derecho empresarial, que además debe cohonestarse con el derecho de los trabajadores a la tutela judicial efectiva y “el propio interés judicial de ordenación del litigio, que debe vigilar que el proceso no se hinche con pruebas irrelevantes que entorpezcan el avance del juicio en aras a la celeridad procesal y que debe reconducir el mismo evitando dilaciones innecesarias”.

La parte demandante alegó la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales, algo rechazado por una de las demandadas. La Sala parte de los hechos probados para poner de manifiesto que existe ese grupo y que, bajo la apariencia de empresas diferentes, se están operando verdaderamente como empresario real único, si bien se rechaza la extensión de la condición de empresario, y la subsiguiente responsabilidad jurídica, a las personas físicas demandadas, ya que a juicio de la Sala en ninguna de ellas concurre la condición de tal y sí la de administradores y arrendatarios de la sociedad. En el fragmento del fundamento de derecho segundo que transcribo a continuación queda exhaustivamente explicada la existencia del complejo entramado empresarial en términos laborales con arreglo a la jurisprudencia del TS: “De los datos que arrojan los hechos probados no cabe sino concluir que estamos ante un grupo de empresas a efectos laborales, ante una realidad única, centro de imputación de las obligaciones y responsabilidades frente a los trabajadores de la empresa Fazmotor que en su actividad de concesionario de coches carece de patrimonio y cuyos ingresos son objeto de descapitalización en favor de las otras empresas patrimoniales y sin trabajadores mediante la cesión de créditos sin contraprestación o el pago de arrendamientos sobrevalorados, con lo que aparecen claramente las notas que caracterizan estos grupos como son la caja única y la confusión de patrimonios, y si a ello se añade la unidad de dirección, y que el trabajador Dionisio lleva la contabilidad de las tres empresas cuyos socios coinciden o están unidos por relación de parentesco, no hay duda de que todas constituyen un único empresario real de los trabajadores afectados por el despido colectivo que ahora nos ocupa…”.

Pasemos ahora a examinar la alegación de la parte demandante sobre el incumplimiento de la parte empresarial de aportar la documentación debida y de no negociar durante el período de consultas. La Sala concede especial importancia a la Directivacomunitaria de 1998 sobre despidos colectivos, así como también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con cita de sentencias en la que se enfatiza la importancia de que los representantes de los trabajadores dispongan de la información adecuada para la defensa de los intereses colectivos, y también que las consultas deben iniciarse “cuando el empresario tenga intención de efectuar despidos colectivos”, que cuando se trata de un grupo empresarial adquiere especial relevancia al objeto de evitar “que decisiones estratégicas dentro del grupo impidan la efectividad del derecho de información y consultas”.

Sobre la importancia de disponer de la información adecuada para poder negociar con conocimiento de la situación, la Sala se remite a la doctrina sentada por la ANen su sentencia de 25 de julio, que también se refiere ampliamente a la Directiva y que pone de manifiesto que la obligación de negociar es de medio y no de resultado, “pero para que pueda considerarse realizada legalmente, los representantes de los trabajadores deben tener en su poder toda la documentación establecida legal o reglamentariamente”. Dicha información, por lo que respecta a la documentación a presentar debe referirse a las empresas del grupo cuando haya una situación de unidad empresarial, con cita de la sentencia del TS de 23 de enero de 2007, en la que se afirma que tal sería la obligación empresarial “ya que se considera que el verdadero empleador del empresario no sería la sociedad a cuya plantilla se encuentra formalmente adscrita, sino el conjunto formado por todas las empresas que configuran la situación de la unidad empresarial”.

Tras recordar el contenido de la normativa aplicable respecto a la documentación a presentar la Sala es clara y contundente, a partir de los hechos probados, en su crítica a la falta de entrega de parte de la misma, “pese a ser reiteradamente requerida”, por lo que la representación de los trabajadores no ha estado en las condiciones adecuadas para negociar con la parte empresarial durante el período de consultas; o dicho en otros términos, se acepta la tesis de la parte demandante de inexistencia real de negociación, y que el hecho de no disponer de la información económica adecuada ha impedido, no sólo que este período de consultas cumpliera su función de acercar las posiciones de las partes, sino también que se pudiera entrar a analizar si la decisión de la empresa era proporcionada o no a los objetivos perseguidos,  además de razonable. Por consiguiente, se declara la nulidad de la decisión empresarial, y no se acepta una sorprendente, a mi parecer, petición de la demandante, consistente en acordar la Sala la extinción de los contratos afectados por el conflicto, ya que la Sala sólo puede, y lo recuerda con buen criterio, “analizar la legalidad del procedimiento colectivo”.

Buena lectura de las sentencias.