D) Cuarta idea:
acercarse a la realidad de la inmigración debe hacerse con especial atención a
los importantes cambios operados en los últimos años, tanto en términos de menor
presencia de los flujos de entrada como de una mayor consolidación jurídica de
la población inmigrada al ser cada vez más relevante el número de aquellas
personas que disponen de la residencia de larga duración. Tampoco conviene
olvidar, por su impacto sobre las políticas laborales dirigidas a la población
inmigrada, el importante número de personas que han adquirido la nacionalidad
española en los últimos años como consecuencia de la aplicación de la Ley52/2007 de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura”, y más concretamente de su disposición
adicional 7ª relativa a la adquisición de la nacionalidad española (“1. Las
personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a
la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite
de un año.2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes
perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia
del exilio”); en fin, en el debate sobre las políticas de migración circular y
las políticas de retorno, convendrá recordar que buena parte de la población
que ha abandonado España en los últimos tres años posee la doble nacionalidad,
y por consiguiente podrán reincorporarse al mercado de trabajo español en
igualdad de condiciones que aquellos residentes en nuestro país. Al respecto,
es interesante el dato hecho público por el Instituto Nacional de Estadística
sobre la población española residente en el extranjero, un total de 1.816.835
personas a 1 de enero de 2012, con un incremento de 114.057 (6,7 %) sobre la
misma fecha del año anterior, y más exactamente que “el 36 % de los españoles
residentes en el extranjero nacieron en España, el 58,2 % en su actual país de
residencia, y el 5,1 % en otros países” (654.395, 1.057.730 y 92.473,
respectivamente), así como también que el 62,4 % (1.133.228 personas) tienen su
residencia en América”.
En relación con
los “nuevos españoles”, aquí están los datos oficiales facilitados por elMinisterio de Justicia el 30 de marzo: se han presentado un total de 503.439
solicitudes de opción a la nacionalidad española, y de ellas el 94,84%
(477.462) de las solicitudes presentadas en el mundo lo fueron en las Oficinas
Consulares de España en Iberoamérica. Por el tipo de solicitudes presentadas,
el 92.34% del total (464.858) corresponden a hijos de padre o madre
originariamente español, mientras que el 6,32 % (32.141) de las solicitudes
corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la
nacionalidad española por motivo del exilio. El restante 1,28% (6.440)
“corresponde a las solicitudes de transformación en nacionalidad española de
origen de aquellos casos en que la opción dio lugar a una nacionalidad española
no de origen”. El Ministerio de Justicia aporta el dato de la aprobación de un
48,02 % de la solicitudes, es decir 241.763 personas, al mismo tiempo que
recuerda, y debemos tenerlo en cuenta, que “Es preciso tener en cuenta que hay
un número importante de solicitudes que se encuentran en fase de estudio o
pendientes de presentación de documentación, caso este último no infrecuente al
ser necesaria la presentación de documentación (especialmente certificados de
nacimiento de padres y abuelos) no siempre fácil de conseguir”.
Quinta idea: El
debate sobre cómo articular una adecuada política migratoria adquiere una gran
importancia, tanto en el ámbito español como en el europeo e internacional,
pues parece muy difícil pensar que la inmigración se reducirá drásticamente o
desaparecerá aún cuando se establezcan numerosas medidas restrictivas y de
control. Al respecto, un informe de la prestigiosa Fundación Ceimigra expone
que la baja natalidad, el envejecimiento de la población y mantener el sistema
de Seguridad Social hará que la economía española necesite que lleguen unos 4,1
millones de inmigrantes en el año 2034.
El fenómeno
migratorio es uno de los fenómenos más característicos encuadrables en el
proceso de globalización económica y que se ve seriamente afectado por los
procesos de transnacionalización, si bien se ha producido a lo largo de toda la
historia e incluso en muchas ocasiones impulsado por los gobiernos para evitar
conflictos sociales y reducir los niveles de desempleo. Hay que acercarse a
este fenómeno sin creer que tiene naturaleza básicamente temporal, pues la
realidad nos demuestra que cada vez más tiene una vocación de permanencia
estable, tanto para el inmigrante como para la familia que se incorporará
después una vez que tenga derecho a ello, y las secuelas posteriores en
términos de generaciones de hijos e hijas de inmigrantes y que se encuentran
plenamente integradas en la sociedad que acogió a sus mayores. Cuestión
diferente, y cada vez de mayor importancia es cómo facilitar la migración
circular y evitar la pérdida de derechos para la población extranjera que
abandone el país de acogida (en este caso España) durante un determinado
período de tiempo, a fin y efecto de que pueda regresar cuando lo considere
oportuno.
Con respecto a
la integración laboral de las personas inmigrantes en España en la primera década
de este siglo, se ha publicado un interesante estudio de la Fundación Primerode Mayo, dirigido por Jorge Aragón, del que extraigo algunas de las tesis que
me han parecido más relevantes: en nuestro país, y también en otros países
europeos, “los procesos migratorios se encuentran íntimamente ligados a las
transformaciones y demandas del mercado de trabajo, a los déficits de mano de
obra y a los desajustes registrados a lo largo de las últimas décadas”. Esto es
muy importante porque “el acceso a los derechos y la integración social de las
personas inmigrantes descansa, en parte, en el acceso al mercado de trabajo y
en la garantía de unas condiciones laborales dignas”. Coincido plenamente con
la importancia de la calidad del empleo como elemento clave de la integración.
La crisis (a partir de 2008) está afectando más intensamente a la población
extranjera que a la española y, por otra parte, la población inmigrante
“registra niveles de sobre cualificación superiores, un salario medio muy
inferior y un menor porcentaje de participación en formación continua que la
población española”. Justamente con ocasión de la crisis se constata que los
inmigrantes han ampliado el uso de los recursos que ofrecen los Servicios
Públicos de Empleo, y ha superado a la población española “en demandas de empleo,
beneficiarios de prestaciones por desempleo, contratación y formación
ocupacional”. Desde una perspectiva internacional, los estudios de la
Organización Internacional del Trabajo siempre han de sernos útiles como punto
de referencia, y los dedicados a las migraciones laborales internacionales
contienen varias tesis que creo que son de utilidad: “la gobernanza nacional e
internacional de la migración laboral debería reconocer que la mayor parte de
los migrantes busca trabajo decente, y ofrecer mayores oportunidades legales
para la movilidad laboral; que las políticas deberían basarse en el
reconocimiento de los beneficios mutuos, tanto para los países de origen como
para los de destino; que la protección de los derechos de los migrantes es
fundamental para que todas las partes obtengan los beneficios de desarrollo que
acarrea la migración; que son necesarios enfoques integrales para la migración
irregular, incluso que aborden sus causas básicas”.
4.
Pasemos ahora al estudio y análisis de todas las cifras y datos disponibles,
para entender la realidad actual de la inmigración en España.
A)
Analicemos en primer lugar, los datos demográficos más generales. Según los datos provisionales delpadrón municipal facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, que se hicieron públicos el mes de abril, del total de la población
empadronada a 1 de enero de 2012, 47.212.990 personas, con un incremento anual
de 22.947, 5.711.040 personas son extranjeras, o lo que es lo mismo el 12,1 %
del total de inscritos. Destaca el descenso de la población extranjera en
40.447 personas (0,7 %), mientras que por el contrario se incrementa la
población autóctona en 62.944 (0,2 %), y también me parece significativo (y
creo que es tanto producto de la crisis como de la nacionalización de una parte
de la población que proviene de América del Sur) que la población no comunitaria
se haya visto reducida en 85.941 personas, quedándose en 3.270.188, mientras
que la comunitaria se ha incrementado en 45.494, siendo en la actualidad
2.440.852 personas. Para ayudar a confirmar esta apreciación, cabe destacar que
la población extranjera que ha experimentado un mayor crecimiento absoluto en
2011 ha sido la rumana (30263 personas), mientras que el descenso más destacado
se ha producido en tres países latinoamericanos, Ecuador (54.330), Colombia
(28.506) y Bolivia (14.374). Como consecuencia de los cambios operados en la
composición de la población extranjera la presencia de la población europea
comunitaria ha crecido del 41,6 % de 2011 al actual 42,7 %, y la sudamericana
ha descendido desde el 24,8 al 22,6 %. En cuanto a las poblaciones africanas y
asiáticas, el cambio positivo ha sido mínimo (0,3 y 0,4 décimas
respectivamente).
Por sexos,
la distribución es bastante equilibrada, ya que la diferencia a favor de los
varones es de sólo 3,8 puntos (51,9 y 48,1 %, respectivamente), si bien sí se
diferencia de la española en cuanto que en esta la presencia femenina supera en
1,4 puntos a la masculina (50,7 y 49,3 %). La presencia extranjera en los
tramos de edad vinculados a la presencia en el mercado de trabajo es abrumadora
(59,9 % en personas de 16 a 44 años, y 18,5 % entre las de 45 y 64), siendo
también significativa la de los jóvenes menores de 16 años (15,4 %) y mucho
menos la de los comprendidos entre 65 y más años (6,2%). La diferencia con la
población autóctona es especialmente significativa en la franja laboral (41,1 y
25,7 %), mientras que también lo es, pero en este caso porque el porcentajes es
muy superior, entre la población de mayor edad (17,4 %, es decir más de 11
puntos superior a la extranjera).
Por
Comunidades Autónomas, destacan porcentualmente dos en las que el peso de la
población comunitaria es muy significativo, Islas Baleares (21,6 %) y Comunidad
Valenciana (17,2%), mientras que en la tercera en el ranking porcentual, la
Región de Murcia (16,1 %) sí que es significativa la presencia de personas de
nacionalidades extracomunitarias. Las dos Comunidades Autónomas con mayor
presencia cuantitativa de población extranjera, Cataluña y Madrid, ocupan los
dos lugares posteriores en la lista, con el mismo porcentaje, el 15,6 %.
Con respecto
a la Comunidad Autónoma de Cataluña, según los datos facilitados por IDESCAT,
la población empadronada es de 7.655.603, con un incremento absoluto de 25.985
personas sobre 2011 y porcentual del 0,3 %. La población extranjera disminuye
por segundo año consecutivo, ahora en 1.945 personas, y es en la actualidad el
15,6 % del total de la población, una décima menos que en 2011, siendo la cifra
total de 1.183.907 personas.
Datos más
recientes de los flujos migratorios enEspaña durante los meses de enero a septiembre de 2012, también facilitados por
el INE, ponen de manifiesto, y el impacto de la crisis en estos datos es
indudable, que aumenta la emigración y disminuye la inmigración. Si el saldo
entre las personas que abandonan España y las que llegan era positivo para la
inmigración en 47.362 y 62.156 personas en 2009 y 2010, respectivamente, en
2.011 se han invertido los términos y han salido de España 50.990 personas más
de las que han llegado. Además, la inmigración se ha reducido en un 19,4 %, ya
que de los 314.191 inmigrantes llegados
en los nueve primeros meses de 2011 se ha pasado a 253.149 en el mismo período
de 2012.
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