Análisis de las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral.

Tras el examen de las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Convergència i Unió al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, continuo ahora, de forma más breve, con las del Partido Nacionalista Vasco (PNV), la mayor parte de las cuales tienen, a mi parecer, muy pocas posibilidades de prosperar porque tratan de introducir cambios sustanciales en algunos contenidos de la reforma que han sido calificados públicamente por el gobierno y portavoces parlamentarios del PP como “líneas rojas” en materia de expedientes de regulación de empleo y de negociación colectiva, y los lectores y lectoras del blog lo comprobarán en seguida. Sí que creo que pueden prosperar algunas enmiendas que van en la misma línea que las defendidas por CiU respecto al respeto de las competencias autonómicas en materia de políticas activas de empleo y que no dejan de ser una petición de respeto tanto a los marcos competenciales como a los Reales Decretos de traspasos de competencias, que en el caso del País Vasco, no se olvide, tienen especificidades sobre la recaudación y gestión en materia de bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Las enmiendasdel PNV (cito ya de acuerdo al texto disponible en el Boletín Oficial delCongreso de los Diputados de 27 de abril) son las números 231 a 300, y se publican en las páginas 283 a 304 del BOCD, y siguen el mismo orden que el texto del proyecto de ley. Como en entradas anteriores, me refiero sólo a las que considero más relevantes o que tienen un mayor interés a mi parecer.

1. El PNV propone que la indemnización de los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del RDL 3/2012 se calcule de acuerdo a la normativa anteriormente vigente, es decir sobre los 45 días salario/año y 42 mensualidades, y para ello propone tanto modificar la normativa sustantiva como, en lo que ahora me importa, modificar el preámbulo para que desaparezca la referencia a que la indemnización aplicable será la recogida en el RDL (33 días/año y 24 mensualidades) para los períodos de trabajo posteriores a su entrada en vigor. Por consiguiente, el PNV propone que todos los trabajadores despedidos, con independencia de la decisión empresarial que se adopte en punto a la readmisión o indemnización del trabajador en caso de despido improcedente, sean “titulares de los salarios de tramitación”. En la misma línea va la enmienda de supresión de los topes para la indemnización previstos en la disposición transitoria quinta del PL.

2. El deseo de fortalecer los servicios públicos de empleo pasa por pedir una modificación de la normativa sobre intermediación laboral al objeto de que todos los contratos que estén “afectados por actuaciones públicas de fomento de empleo” (y supongo que aquí caben desde la orientación hasta las medidas que incentivan la contratación) sean objeto de intermediación “por servicios público de empleo estatal o autonómicos”. Por otra parte, se persigue diferenciar la actividad de la empresa de trabajo temporal cuando actual propiamente como tal (con contratos de puesta a disposición)  y cuando lo pueda hacer como agencia de colocación, de acuerdo a la reforma operada por el RDL, pidiendo que en tal supuesto la modalidad contractual que deban utilizar sea “la fórmula del contrato laboral ordinario” (me imagino que la enmienda incluye dentro de este concepto todas las modalidades contractuales recogidas en la normativa vigente).

3. El PNV pretende mantener la duración del 75 % de tiempo de trabajo efectivo, como máximo, en los contratos para la formación y el aprendizaje, rechazando el nuevo marco normativo que la permite hasta un 85 % durante el segundo y tercer año, por entender, y no le falta parte de razón, que tal porcentaje “se aproxima mucho a la jornada de una persona contratada a través de un contrato laboral ordinario con las posibilidades de uso fraudulento que esta posibilidad confiere”.

4. Con relación al contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, y al igual que otros grupos parlamentarios, el PNV propone la supresión de la fijación del período de prueba en un año por entender que no es acorde a la jurisprudencia vigente sobre la relación entre la duración  y “la adaptación subjetiva y objetiva del trabajador al puesto de trabajo”. Rechaza la posibilidad que el contrato pueda resolverse unilateralmente por el empleador un día antes de la finalización del período de prueba y sin indemnización alguna. También rechaza que pueda compatibilizarse el percibo del salario con un 25 % de la prestación por desempleo a que tenga derecho, en su caso, el trabajador, por entender que no deben aceptarse legalmente retribuciones que califica de hibridas, “en las que se acumulan retribuciones privadas y prestaciones públicas”.

5. También se manifiesta rechazo a la posibilidad abierta por el RDL de realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial además de las horas ordinarias y las complementarias, argumentándose tal rechazo desde una perspectiva muy práctica de lo que puede significar su realización para dificultar la conciliación de la vida familiar y laboral ya que un elevado porcentaje de personas con esta modalidad contractual son trabajadoras, de tal manera que a juicio del PNV “la incorporación de horas extras a estos contratos elimina esta posibilidad y confiere al proyecto de ley un severo reparo desde la perspectiva de las políticas de género”.

6. No está de acuerdo el grupo nacionalista vasco con el nuevo marco legal que limita a las empresas de menos de 50 trabajadores las bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos, y pide que se extienda este beneficio a todas las empresas.

7. De mayor calado, y de rechazo seguro por el grupo popular, es la propuesta de “recuperar” la referencia a la categoría profesional como elemento central del sistema de clasificación profesional de los trabajadores, frente al de “grupo profesional” fijado en el RDL y en el posterior PL. El argumento utilizado, y que también se acoge por otros grupos, es el de las amplias facultades que esta ampliación confiere al empleador para proceder tanto a supuestos de movilidad funcional como geográfica, pudiendo entonces el trabajador quedar obligado a realizar funciones o trabajos de inferior categoría a la que tenga reconocida, “circunstancia prohibida por el Derecho del Trabajo hasta el momento”. Se trata sin duda de un debate muy interesante y en el que las organizaciones sindicales y empresariales de algunos sectores ya han tomado cartas en el asunto y establecido en convenios colectivos sectoriales estatales una regulación que combina la flexibilidad deseada por la parte empresarial y el respeto a los derechos profesionales y económicos del trabajador.

8. En varias enmiendas relativas a la regulación de la movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo (artículos 39, 40 y 41 de la Ley del Estatuto de los trabajadores) el PNV pretende reforzar la intervención de la administración laboral, y más concretamente de la Inspección de Trabajo que deberá emitir informe preceptivo y no vinculante, para garantizar que queden debidamente acreditadas las causas justificativas de la decisión empresarial, reforzándose igualmente la intervención de la Inspección en los supuestos de presentación de expediente de regulación de empleo de reducción de jornada, suspensión o extinción de contratos. La petición de un mayor intervencionismo y control administrativo de las decisiones empresariales van en la línea totalmente opuesta al RDL y al PL, que recuérdese que conceden muy amplias posibilidades al sujeto empleador para adoptar medidas de flexibilidad interna y externa. Fíjense que el PNV da un valor máximo al informe de la Inspección, aunque lo califique de no vinculante (supongo que para la parte empresarial) en cuanto que le otorga mucho valor cuando se planteen acciones ante los tribunales, ya que en tal caso estos podrán disponer de un documento elaborado “por un funcionario cualificado e independiente” en el que se dirá, y supongo que argumentará, “si las causas invocas son legítimas o alternativamente arbitrarias”.

9. Al objeto de dotar de mayor protección a los trabajadores afectados por una decisión empresarial de modificación sustancial de condiciones de trabajo, el PNV propone diversas medidas: en primer lugar, la aplicación de la misma protección a todas las modificaciones, sin diferenciar por razón del número de personas afectadas; en segundo término, la obligación empresarial, tanto en supuestos de conflictos individuales como colectivos en sede judicial, de justificar debidamente la existencia de la causa o causas alegadas, su “razonabilidad” o “concurrencia de condiciones” que justifiquen la modificación.

10. De importancia indudable son las propuestas formuladas sobre las causas que pueden justificar la presentación de un ERE de reducción de jornada o suspensión de contratos, por una parte, y de extinción por otra. En ambos supuestos el PNV plantea que desaparezca del texto que finalmente se apruebe la referencia a la “disminución persistente de ingresos o ventas” durante dos o tres trimestres consecutivos, como posible causa económica, justificando de forma muy detallada su propuesta y manifestando con claridad, y así se ha defendido también por destacados economistas, que “la mera disminución de ingresos o ventas no supone necesariamente una pérdida de poder competitivo de la empresa o no provoca la necesidad de reducir su plantilla”. Con respecto a la extinción, el PNV vincula obligatoriamente la decisión empresarial, que deberá acreditarse “de forma fehaciente” con la remoción de una situación económica “negativa”.

11. No menos importante, y con casi toda seguridad objeto de rechazo por el grupo popular al igual que en el supuesto anterior, es la propuesta de recuperación de la normativa anterior, y de ampliación en algún caso, que permitía la negociación colectiva en sede autonómica para modificar lo dispuesto en convenios de ámbito estatal, supuesto permitido para todos los sindicatos y asociaciones empresariales que cumplan los requisitos de legitimación para negociar según lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la LET y que encontraría su base jurídica si la decisión para negociar en sede autonómica obtiene “el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación”, reiterando el PNV su ya conocida tesis de que “la estructura de la negociación colectiva debe gravitar sobre los criterios de prevalencia de convenio autonómico y provincial sobre el estatal y el de empresa”.

12. No es muy favorable, pero tampoco totalmente contrario, el PNV a la posibilidad de que un tercero resuelva sobre cuáles deben ser las condiciones de trabajo aplicables a una empresa o sector una vez que haya finalizado la vigencia del convenio según la nueva normativa (dos años desde la denuncia del convenio), apostando por conceder facultades a la autoridad administrativa laboral para proceder a la extensión o adhesión a otro convenio, o bien confiriéndole ese poder a la Comisión Consultiva nacional de convenios colectivos. No deja de ser curiosa la posibilidad prevista de intervención de la citada Comisión cuando en la propia justificación de la enmienda se acepta que esa intervención “en exclusiva” aproxima el procedimiento a “la obligatoriedad de someterse a un laudo de los declarados inconstitucionales”.

13. También se encuentran auténticas sorpresas entre las enmiendas presentadas, como la que plantea la supresión total del llamado “despido por absentismo”, que va en dirección totalmente opuesta a las enmiendas presentadas durante la tramitación de la reforma laboral de 2010 del gobierno socialista. Desconozco las razones que llevan al PNV a este cambio de criterio y sólo puedo guiarme por lo dicho en la justificación de la enmienda: “resulta manifiestamente desproporcionada utilizar como criterio extintivo de la relación laboral faltas de asistencia al trabajo justificadas pero intermitentes”.

14. El PNV rechaza que el FOGASA  sólo proteja económicamente a trabajadores con contrato de trabajo indefinido (no se dice nada en la enmienda sobre la limitación a las empresas de menos de 25 trabajadores), por entender que ello afectará negativamente a los trabajadores contratados con vocación de estabilidad. Aunque no se diga de forma expresa en la enmienda, parece que el PNV opta por posibilitar el abono de una parte (¿o toda?) de la indemnización a trabajadores con contratos de trabajo de duración determinada y que tienen prevista una indemnización (que en 2015 será de doce días) a su finalización.

15. Igualmente relevantes son las propuestas de supresión de la posibilidad plasmada en el RDL y el PL de extinguir contratos de trabajo para el personal de las Administraciones Públicas por entender que la regulación jurídica aplicable no puede ser la misma que aquella que lo es para una empresa privada, puesto que la situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente “es en todo caso atribuible a poderes públicos del Estado”. También va en la misma línea la propuesta de suprimir la disposición final tercera del PL por entender que una determinada forma de financiación con ingresos obtenidos en el mercado “no permite la desvinculación de las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho Público de su normativa específica aplicable”.

16. En donde sí mantiene coherencia la enmienda del PNV con respecto a anteriores propuestas es en su petición, que podría ser aceptada en trámite parlamentario, de atribución de mayores competencias a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para “una más eficaz gestión de la incapacidad temporal”. Se puede decir más alto pero no más claro: en caso de gestión de prestación de IT por contingencias comunes se propone la modificación de la normativa vigente para que los servicios médicos de las Mutuas “dispongan de las mismas competencias que los de las entidades gestoras de la Seguridad Social para emitir un alta médica a todos los efectos en los procesos de incapacidad temporal”.   

17. Por último, cabe decir que el PNV no se olvida de la problemática de las personas con discapacidad y más concretamente de quienes prestan sus servicios en Centros Especiales de Empleo, proponiendo la recuperación de la subvención del coste salarial de un trabajador en el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional y durante toda la vigencia del contrato, así como también que las Comunidades Autónomas puedan mejorar las prestaciones fijadas por la Administración del Estado para este colectivo, siempre partiendo de un mínimo común para todo el Estado, ya que según la enmienda “se trata de evitar el dumping en la aplicación de estas medidas y la eventual incorporación de empresas con ánimo de lucro”.

Continuará… seguro.