martes, 1 de mayo de 2012

Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales critican duramente la reforma laboral y los recortes de las libertades públicas en España.




JD y UPF han emitido un largo comunicado, tras la reunión celebrada por ambas organizaciones, con el que tratan de dar respuesta “a los anuncios y propuestas precipitados, incoherentes, innecesarios y propagandísticos que desde el Ministerio de Interior y el de Justicia se vienen haciendo sobre diversas materias”.

Una parte del comunicado está dedicado a la reforma laboral operada por el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, que en la actualidad se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y que no parece que vaya a sufrir modificaciones relevantes si hemos de hacer caso a las declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y a otros parlamentarios del Partido Popular.

Por su interés reproduzco ese fragmento del comunicado, junto con otras partes del texto en el que abordan también cuestiones de interés para el mundo del trabajo y las relaciones laborales, y remito a todas las personas interesadas (que espero que sean muchas) a la lectura íntegra del  documento.

Los asuntos examinados, han sido, en síntesis:

1.- El reciente anteproyecto de ley de implantación de tasas judiciales, que merma el derecho a la tutela judicial efectiva, sentando las bases de una justicia reservada para aquéllos que puedan pagársela.
2.- Los anuncios de reformas del Código Penal en materia de orden público, que pretenden criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales instrumentales para explicitar el desacuerdo político, como los derechos de reunión y manifestación.
3.- Las tasas de población penitenciaria y delincuencia en el ámbito de la Unión Europea, que evidencian la “paradoja española”, donde a menor tasa de delincuencia se da la mayor tasa de población reclusa, lo que contradice las declaraciones del Ministro de Interior que sigue insistiendo en la falsa idea de que el índice de delitos ha aumentado para justificar un innecesario incremento de penas.
4.- La insostenible situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, convertidos en reductos de control de la población extranjera que carece de autorización administrativa para residir en España.
5.- La “contrarreforma laboral”, que degrada las bases de la relación laboral.
6.- La decisión de no ofertar nuevas plazas de Jueces y Fiscales, al tiempo que se ofertan nuevas plazas de policías, lo que, como colofón, evidencia las prioridades del Ejecutivo, anteponiendo el control policial a la defensa de las garantías de la ciudadanía.
En un contexto generalizado de recortes de derechos sociales básicos para la convivencia ciudadana, afirmamos que este conjunto de medidas ejemplifica el tránsito del “Estado” Social al “Estado Penal”.

CRIMINALIZANDO LA DISCREPANCIA
Como asociaciones de Jueces y Fiscales comprometidas con la defensa del Estado Constitucional entendemos que nos corresponde compartir con la Sociedad los análisis que realizamos sobre la situación de los valores constitucionales, participando públicamente en los debates sobre la conformación de los espacios de libertad de la ciudadanía y los peligros que les acechan.
La situación de crisis económica y el desmantelamiento del Estado Social son vistas con preocupación por amplios sectores de la población. Las propias fuerzas impulsoras de las medidas de ajuste y recorte en los ámbitos social y económico reconocen la profundidad de las mismas y el cambio de modelo que suponen. En una sociedad democrática ello debe suponer la asunción de que modificaciones de tal calado deben ser sometidos a profundos debates públicos, en los que es de vital importancia, para poder seguir reconociéndonos como tal sociedad democrática, la participación ciudadana.
Los partidos políticos y las instituciones representativas son instrumentos fundamentales de participación política. No ostentan, sin embargo, el monopolio de esa participación. Los derechos de manifestación, reunión, huelga, expresión, información y, en general, de participación en los asuntos públicos, son instrumentos para transmitir ideas y propuestas en el debate colectivo, para intentar convencer a la ciudadanía de las mismas y para mostrar a quien decide el apoyo social con el que cuenta cada propuesta. Son, por ello, formas básicas de control social del poder político.
Los durísimos recortes sociales y la reforma laboral que, con el pretexto de la crisis, auguran la inminente firma del acta de defunción del Estado de bienestar, tras una prolongada pero sostenida agonía, han sembrado el desconcierto y el descontento de la ciudadanía, cristalizando en el surgimiento de movimientos sociales que han protagonizado numerosos actos de protesta en las calles. La proliferación de estas manifestaciones, que pretenden la conservación de instituciones y ordenamientos que estiman en peligro, y se oponen al cambio de modelo, debería constituir hondo motivo de preocupación para quienes lo abanderan y, por extensión, para toda la clase política. Pero, en modo alguno, puede ser vista como síntoma de anormalidad democrática sino, precisamente, lo contrario, pues no hay nada más democrático que el ejercicio de derechos fundamentales, como el de reunión y manifestación que, por constituir instrumentos de difusión colectiva de ideas y opiniones, son condiciones centrales de la legitimidad política democrática.

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DESINCENTIVANDO EL ACCESO A LA JUSTICIA
Jueces para la Democracia y a la Unión Progresista de Fiscales muestran su frontal rechazo al anteproyecto de tasas judiciales aprobado el pasado día 30 de marzo por el Gobierno.
La configuración anunciada, gravando sin distinción a particulares y empresas y extendiéndose a todas las jurisdicciones a excepción de la penal, se pretende justificar en la necesidad de evitar la “litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados,” pero la realidad es que en el Estado español la gran mayoría de asuntos que efectivamente saturan nuestros órganos judiciales, infradotados y no suficientemente modernizados, no es en absoluto artificiosa.
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Por lo que respecta a la jurisdicción social, si bien quedan exentos de pago aquéllos a los que se reconoce la asistencia jurídica gratuita (trabajadores, beneficiarios de la SS, Entidades Gestoras y quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar), quedando obligados al abono de la tasa, junto a las personas jurídicas, las personas físicas con recursos económicos, como los empresarios o aseguradoras, lo que podría parecer, a primera vista equitativo, se está estrechando injustificadamente el acceso al recurso en lugar de invertirá en una justicia ágil y eficaz. La saturación de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Juzgados de lo Social no se verá disminuida por el establecimiento de tasas, que tendrán un impacto puramente testimonial. El verdadero problema de la jurisdicción social es que su carga de trabajo se ha visto exponencialmente incrementada por las recientes reformas de la ley reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/11) y por la reforma laboral (RD-Ley 3/12), que implican la asunción de competencias por el Orden Social (v.gr: accidentes de trabajo, infracciones administrativas, desaparición de los ERE), que, siendo lógicas, no han venido acompañadas del correspondiente y razonable incremento de la planta judicial. De hecho el CGPJ solicitó la creación de 105 nuevos órganos judiciales, lo que no ocurrirá, al menos a medio plazo. A título de ejemplo, la nueva Ley 36/11, en la reforma operada por el RD-Ley 3/12 suprime las autorizaciones administrativas para los despidos colectivos (ERE) que ahora pasan directamente a la jurisdicción social, con la correlativa disminución de los expedientes con acuerdo (no litigioso). Si observamos los datos que facilita el propio Ministerio de Empleo, en el Boletín de Estadística laborales comprobamos que en 2011 hubo 21.167 ERE autorizados de los que terminaron con acuerdo 17.172 y sin acuerdo 1.796. Sin embargo, la nueva reforma laboral apunta a un incremento de los casos sin acuerdo, por lo que es previsible que exista una sobresaturación de las Salas y de los órganos de instancia que habrán de conocer de las acciones individuales de despido.
Tal saturación a pesar de que "formalmente" no se imponga tasas a los trabajadores, les perjudicará de forma directa pues, al suprimirse los salarios de tramitación, todos los que no tengan derecho a prestación o subsidio de desempleo habrán de soportar los costes de la demora en la resolución del despido.

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REFORMA LABORAL

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales quieren trasladar a la opinión pública su profunda preocupación por el panorama social que las últimas reformas laborales están perfilando en nuestro país.
El Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral ha ahondado en las mismas soluciones ya adoptadas por la Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social. Y ello aún cuando éstas, planteadas también en su día como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado éste, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.
Mientras la Estrategia Europea 2020 incluyó entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y el crear más y mejores puestos de trabajo, garantizando una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, España ya era en 2009 uno de los países con mayor pobreza monetaria de la Unión Europea, relacionándose aquella tasa de pobreza con las características del mercado de trabajo español, de alta temporalidad y baja calidad en el empleo. Actualmente aquellas estadísticas ponen de relieve cómo se ha producido un incremento exponencial de número de hogares sin ingresos, que reflejan la pobreza más extrema y, paralelamente al aumento de la pobreza se está produciendo un aumento de la desigualdad social, que sitúa a España en uno de los países de la Unión Europea con mayores índices de incremento de ésta, cuando en la mayoría de los países de nuestro entorno se ha producido incluso un descenso.
Este panorama supone el incremento de la conflictividad social, de la intolerancia y de la violencia, con fundamento en la destrucción del tejido comunitario y asistencial, de la carencia de perspectivas y medios de subvenir a las necesidades más básicas de alimentación, vestido y cobijo.
Por ello una reforma como la introducida, ni se justifica en la urgencia de su adopción en la situación del empleo, ni responde a las exigencias de un nuevo modelo económico. Los déficits del sistema, compensador de la desigualdad originaria entre trabajador y empresario, imprescindible en todo Estado social y democrático de Derecho para promover el desarrollo de la libertad e igualdad de los ciudadanos, sus corruptelas o la perversión del modelo sindical y sus defectos, como sucede en otros sectores, no pueden utilizarse para invalidar el sistema mismo, sino que debe ser detonante de la lucha contra sus prácticas desviadas. Para ello deben emplearse medios útiles, evitando ceder ante las presiones de los poderes fácticos que toman como pretexto la crisis para tratar de desmantelar el modelo, a favor de sus propios intereses económicos.
Reclamamos por ello un cambio en la línea actual de la legislación laboral que refuerce la estabilidad en el empleo y el equilibrio entre las partes, como medio para mantener la paz social, indispensable para el progreso vital y económico de cualquier comunidad política. Ratificamos, por último, nuestro compromiso como operadores jurídicos, garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores, de continuar postulando la aplicación y aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo en su caso freno a los posibles abusos que tan amplias y desproporcionadas posibilidades de disposición del contrato de trabajo, otorgan al empresario....."

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