JD y UPF han emitido un largo comunicado, tras la
reunión celebrada por ambas organizaciones, con el que tratan de dar respuesta “a
los anuncios y propuestas precipitados, incoherentes, innecesarios y
propagandísticos que desde el Ministerio de Interior y el de Justicia se vienen
haciendo sobre diversas materias”.
Una parte del comunicado está dedicado a la reforma laboral operada por
el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, que en la actualidad se encuentra
en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y que no
parece que vaya a sufrir modificaciones relevantes si hemos de hacer caso a las
declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social y a otros parlamentarios
del Partido Popular.
Por su interés reproduzco ese fragmento del comunicado, junto con otras
partes del texto en el que abordan también cuestiones de interés para el mundo
del trabajo y las relaciones laborales, y remito a todas las personas
interesadas (que espero que sean muchas) a la lectura íntegra del documento.
Los asuntos examinados, han sido, en síntesis:
1.- El reciente anteproyecto de ley de implantación de
tasas judiciales, que merma el derecho a la tutela judicial efectiva, sentando
las bases de una justicia reservada para aquéllos que puedan pagársela.
2.- Los anuncios de reformas del Código Penal en
materia de orden público, que pretenden criminalizar el ejercicio de derechos
fundamentales instrumentales para explicitar el desacuerdo político, como los
derechos de reunión y manifestación.
3.- Las tasas de población penitenciaria y
delincuencia en el ámbito de la Unión Europea, que evidencian la “paradoja
española”, donde a menor tasa de delincuencia se da la mayor tasa de población
reclusa, lo que contradice las declaraciones del Ministro de Interior que sigue
insistiendo en la falsa idea de que el índice de delitos ha aumentado para
justificar un innecesario incremento de penas.
4.- La insostenible situación de los Centros de
Internamiento de Extranjeros, convertidos en reductos de control de la
población extranjera que carece de autorización administrativa para residir en
España.
5.- La “contrarreforma laboral”, que degrada las bases
de la relación laboral.
6.- La decisión de no ofertar nuevas plazas de Jueces
y Fiscales, al tiempo que se ofertan nuevas plazas de policías, lo que, como
colofón, evidencia las prioridades del Ejecutivo, anteponiendo el control policial
a la defensa de las garantías de la ciudadanía.
En un contexto generalizado de recortes de derechos
sociales básicos para la convivencia ciudadana, afirmamos que este conjunto de
medidas ejemplifica el tránsito del “Estado” Social al “Estado Penal”.
CRIMINALIZANDO LA DISCREPANCIA
Como asociaciones de Jueces y Fiscales comprometidas
con la defensa del Estado Constitucional entendemos que nos corresponde
compartir con la Sociedad los análisis que realizamos sobre la situación de los
valores constitucionales, participando públicamente en los debates sobre la
conformación de los espacios de libertad de la ciudadanía y los peligros que
les acechan.
La situación de crisis económica y el desmantelamiento
del Estado Social son vistas con preocupación por amplios sectores de la
población. Las propias fuerzas impulsoras de las medidas de ajuste y recorte en
los ámbitos social y económico reconocen la profundidad de las mismas y el
cambio de modelo que suponen. En una sociedad democrática ello debe suponer la
asunción de que modificaciones de tal calado deben ser sometidos a profundos
debates públicos, en los que es de vital importancia, para poder seguir
reconociéndonos como tal sociedad democrática, la participación ciudadana.
Los partidos políticos y las instituciones
representativas son instrumentos fundamentales de participación política. No
ostentan, sin embargo, el monopolio de esa participación. Los derechos de
manifestación, reunión, huelga, expresión, información y, en general, de
participación en los asuntos públicos, son instrumentos para transmitir ideas y
propuestas en el debate colectivo, para intentar convencer a la ciudadanía de
las mismas y para mostrar a quien decide el apoyo social con el que cuenta cada
propuesta. Son, por ello, formas básicas de control social del poder político.
Los durísimos recortes sociales y la reforma laboral
que, con el pretexto de la crisis, auguran la inminente firma del acta de
defunción del Estado de bienestar, tras una prolongada pero sostenida agonía,
han sembrado el desconcierto y el descontento de la ciudadanía, cristalizando
en el surgimiento de movimientos sociales que han protagonizado numerosos actos
de protesta en las calles. La proliferación de estas manifestaciones, que
pretenden la conservación de instituciones y ordenamientos que estiman en
peligro, y se oponen al cambio de modelo, debería constituir hondo motivo de
preocupación para quienes lo abanderan y, por extensión, para toda la clase
política. Pero, en modo alguno, puede ser vista como síntoma de anormalidad
democrática sino, precisamente, lo contrario, pues no hay nada más democrático
que el ejercicio de derechos fundamentales, como el de reunión y manifestación
que, por constituir instrumentos de difusión colectiva de ideas y opiniones,
son condiciones centrales de la legitimidad política democrática.
………………………………………………………………………………….
DESINCENTIVANDO EL ACCESO A LA JUSTICIA
Jueces para la Democracia y a la Unión Progresista de
Fiscales muestran su frontal rechazo al anteproyecto de tasas judiciales
aprobado el pasado día 30 de marzo por el Gobierno.
La configuración anunciada, gravando sin distinción a
particulares y empresas y extendiéndose a todas las jurisdicciones a excepción
de la penal, se pretende justificar en la necesidad de evitar la “litigiosidad
artificiosa que satura actualmente los juzgados,” pero la realidad es que en el
Estado español la gran mayoría de asuntos que efectivamente saturan nuestros
órganos judiciales, infradotados y no suficientemente modernizados, no es en
absoluto artificiosa.
…………………………………………………………….
Por lo que respecta a la jurisdicción social, si bien
quedan exentos de pago aquéllos a los que se reconoce la asistencia jurídica
gratuita (trabajadores, beneficiarios de la SS, Entidades Gestoras y quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar), quedando obligados al abono
de la tasa, junto a las personas jurídicas, las personas físicas con recursos
económicos, como los empresarios o aseguradoras, lo que podría parecer, a
primera vista equitativo, se está estrechando injustificadamente el acceso al
recurso en lugar de invertirá en una justicia ágil y eficaz. La saturación de
las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de los Juzgados de lo
Social no se verá disminuida por el establecimiento de tasas, que tendrán un
impacto puramente testimonial. El verdadero problema de la jurisdicción social
es que su carga de trabajo se ha visto exponencialmente incrementada por las
recientes reformas de la ley reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/11) y
por la reforma laboral (RD-Ley 3/12), que implican la asunción de competencias
por el Orden Social (v.gr: accidentes de trabajo, infracciones administrativas,
desaparición de los ERE), que, siendo lógicas, no han venido acompañadas del
correspondiente y razonable incremento de la planta judicial. De hecho el CGPJ
solicitó la creación de 105 nuevos órganos judiciales, lo que no ocurrirá, al
menos a medio plazo. A título de ejemplo, la nueva Ley 36/11, en la reforma
operada por el RD-Ley 3/12 suprime las autorizaciones administrativas para los
despidos colectivos (ERE) que ahora pasan directamente a la jurisdicción
social, con la correlativa disminución de los expedientes con acuerdo (no
litigioso). Si observamos los datos que facilita el propio Ministerio de
Empleo, en el Boletín de Estadística laborales comprobamos que en 2011 hubo
21.167 ERE autorizados de los que terminaron con acuerdo 17.172 y sin acuerdo
1.796. Sin embargo, la nueva reforma laboral apunta a un incremento de los
casos sin acuerdo, por lo que es previsible que exista una sobresaturación de
las Salas y de los órganos de instancia que habrán de conocer de las acciones
individuales de despido.
Tal saturación a pesar de que "formalmente"
no se imponga tasas a los trabajadores, les perjudicará de forma directa pues,
al suprimirse los salarios de tramitación, todos los que no tengan derecho a
prestación o subsidio de desempleo habrán de soportar los costes de la demora
en la resolución del despido.
………………………………………………………………….
REFORMA LABORAL
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de
Fiscales quieren trasladar a la opinión pública su profunda preocupación por el
panorama social que las últimas reformas laborales están perfilando en nuestro
país.
El Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral ha ahondado en las mismas soluciones ya
adoptadas por la Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad
Social. Y ello aún cuando éstas, planteadas también en su día como
imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de
protección, no sólo no han generado éste, sino que han contribuido a su
imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la
incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis
bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la
economía sumergida.
Mientras la Estrategia Europea 2020 incluyó entre sus
prioridades la lucha contra la pobreza y el crear más y mejores puestos de
trabajo, garantizando una distribución más equitativa de los beneficios del
crecimiento, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, España ya era en
2009 uno de los países con mayor pobreza monetaria de la Unión Europea,
relacionándose aquella tasa de pobreza con las características del mercado de
trabajo español, de alta temporalidad y baja calidad en el empleo. Actualmente
aquellas estadísticas ponen de relieve cómo se ha producido un incremento
exponencial de número de hogares sin ingresos, que reflejan la pobreza más
extrema y, paralelamente al aumento de la pobreza se está produciendo un
aumento de la desigualdad social, que sitúa a España en uno de los países de la
Unión Europea con mayores índices de incremento de ésta, cuando en la mayoría
de los países de nuestro entorno se ha producido incluso un descenso.
Este panorama supone el incremento de la
conflictividad social, de la intolerancia y de la violencia, con fundamento en
la destrucción del tejido comunitario y asistencial, de la carencia de
perspectivas y medios de subvenir a las necesidades más básicas de
alimentación, vestido y cobijo.
Por ello una reforma como la introducida, ni se
justifica en la urgencia de su adopción en la situación del empleo, ni responde
a las exigencias de un nuevo modelo económico. Los déficits del sistema,
compensador de la desigualdad originaria entre trabajador y empresario, imprescindible
en todo Estado social y democrático de Derecho para promover el desarrollo de
la libertad e igualdad de los ciudadanos, sus corruptelas o la perversión del
modelo sindical y sus defectos, como sucede en otros sectores, no pueden
utilizarse para invalidar el sistema mismo, sino que debe ser detonante de la
lucha contra sus prácticas desviadas. Para ello deben emplearse medios útiles,
evitando ceder ante las presiones de los poderes fácticos que toman como
pretexto la crisis para tratar de desmantelar el modelo, a favor de sus propios
intereses económicos.
Reclamamos por ello un cambio en la línea actual de la
legislación laboral que refuerce la estabilidad en el empleo y el equilibrio
entre las partes, como medio para mantener la paz social, indispensable para el
progreso vital y económico de cualquier comunidad política. Ratificamos, por
último, nuestro compromiso como operadores jurídicos, garantes de los derechos
fundamentales de los trabajadores, de continuar postulando la aplicación y
aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores
constitucionales, poniendo en su caso freno a los posibles abusos que tan
amplias y desproporcionadas posibilidades de disposición del contrato de
trabajo, otorgan al empresario....."
No hay comentarios:
Publicar un comentario